Jennie Dador Tozzini es abogada y experta en género y derechos humanos. Con ella, Expresión analiza la situación de la violencia contra la mujer y el grupo familiar en el país, que pareciera haber evolucionado a prácticas mucho más crueles pese a la carga punitiva que establece el marco normativo peruano.
Las leyes peruanas, en el tiempo, se han ido perfeccionando para frenar la violencia a partir de la promulgación de la ley que protege a la mujer y al entorno familia, pero aún quedan vacíos que permiten a los agresores, como a sus defensores, esquivar a la justicia o invocar los atenuantes. ¿No se termina de entender a nivel legislativo el grave problema de la violencia en el Perú o es que esta evoluciona tan rápido que es imposible que la sola norma la frene?
Un poco de las dos cosas. En principio, los marcos normativos se han perfeccionado, hemos avanzado e intentamos colocarnos siempre de acuerdo a los estándares internacionales. Vamos siguiendo la pista de lo que va evolucionando. Sin embargo, hay que entender que las formas de violencia también van mutando, se van perfeccionando y, por más que la ley sea bonita y perfecta, nunca se podrá colocar en todos los supuestos humanos de situaciones de violencia que se pueden dar.
Entonces, la ley, fundamentalmente, tiene que ser clara y tener un marco de principios adecuados que permitan la interpretación de la norma. La ley no es una matemática, no es como que 2+2 es igual a 4. Necesitamos, en ese sentido, jueces que manejen la interpretación adecuada del derecho y que no lo usen para reproducir la desigualdad o los estereotipos de género, que es lo que está pasando con el caso símbolo que es el de Arlette Contreras, por ejemplo.
Lo que hemos visto, en ese caso, es que las juzgadoras, siendo mujeres, han reproducido estereotipos de género. Eso también es peligroso. Nuestros magistrados deben tener claro que los márgenes para la interpretación de las leyes no pueden ser tan amplios como para la arbitrariedad.
¿En el caso de Arlette Contreras se podría percibir un efecto búmeran? Es un caso que ha recibido mucha atención de los medios de comunicación y eso, en algunos casos, podría motivar a los jueces a mostrar resistencia o rechazo.
Eso puede pasar en algunos casos, pero creo que Arlette Contreras, particularmente, sin la presión mediática ni el apoyo de las organizaciones de mujeres y los movimientos y las marchas, no se habría convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia. Se hubiera quedado en Huamanga, su caso hubiera terminado en la justicia local, con influencia del condenado, de Adriano Pozo.
Ella, producto de un gran esfuerzo, logró que su caso se ventile en Lima y aun con todo miremos el resultado que se ha obtenido.
Lo que ocurre sí, es que a veces la mediatización de un caso, cuando todavía se encuentra en etapa de investigación, hace que se contamine, haya versiones contradictorias o no se ayude a la estrategia de defensa, pues se coloca a la víctima en una situación que después puede ser usada en su contra.
O se faranduliza…
O se faranduliza o se le resta seriedad e importancia, o sirve para exculpar al violador y vender esa idea de que se le está malogrando la vida al agresor porque para algunas personas es buena gente.
Si bien hay avances normativos en la lucha contra la violencia en general, también hay retrocesos. Un ejemplo de ello es la no penalización de los crímenes de odio contra las personas de la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales – LGTBI.
El Congreso se dedicó a perseguir todo o lo poco que se había logrado a nivel legislativo para dar protección para las distintas orientaciones sexuales y las identidades de género. La consigna era que cada vez que aparecía la palabra género había que eliminarla.
En el caso de crímenes de odio hubo un entrampamiento porque el Congreso, efectivamente, ordenó hacer la modificación del código penal, la entregó al Ejecutivo, este la observó, retornó al Congreso, se votó, se aprobó y ahí se quedó. Nunca se siguió el trámite para completar con la modificatoria de la norma y publicarla. Es decir, en este momento todavía podríamos aplicar la figura de crimen de odio que está dentro del delito de discriminación y el Artículo 46 que agravaba las penas. Lo que no hay es el crimen de odio como tipo penal, sino como agravante.
¿Cómo evitar la revictimización institucional de las personas que sufren de violencia, como sucede en comisarías, en medicina legal o en la fiscalía, con las preguntas que hacen los fiscales?
Hay un poco de prejuicio, pero también mucha pereza mental de nuestros funcionarios. Ya tienen su plantilla, ya saben en un caso de violación que tienen que preguntar a, b, c, d y de pronto se olvidan que la víctima que tienen frente a ellos tiene 30, 50 o 5 años. Juntan la pereza mental y el prejuicio, que por supuesto es de discriminación de género, racial, sexual, clasista y sexista. En este sistema, hay autoridades que pueden tratar a las personas como cosas u objeto.
Para eso son importante no solo las capacitaciones, con las que llegamos eventualmente a un grupo que en ese momento está ejerciendo la función, pero sucede que en el Perú existe una alta rotación de todo y los que fueron capacitados hoy ya no están el próximo año. Para eso es fundamental que la posibilidad de investigar y resolver un caso se haga desde la perspectiva de género y ese proceso formativo parta desde las escuelas de Derecho y policía.
¿Es en las universidades donde la temática de género debe constituirse en aspecto trasversal para la aplicación del Derecho?
Actualmente se lleva, a lo mucho, como un curso electivo o que tiene uno o dos créditos, por eso no existe la posibilidad de abordar al género como un conjunto dentro de la formación profesional.
El Derecho muchas veces es utilizado como una herramienta de opresión y de reproducción de las discriminaciones, por eso no en vano quienes están en los espacios en los que se hacen las normas representan muchas corrientes que van en contra de la igualdad.
Con la publicación de su libro “El otro lado de la historia: Violencia sexual contra hombres – Perú 1980 – 2000”, ¿se puede concluir que en el país no se ha cumplido con la recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de atender a todas las víctimas, no solo de los enfrentamientos armados, sino también de abusos como los cometidos contra la libertad sexual?
Efectivamente, es una tarea pendiente el tema de reparaciones. Se avanzó mucho más en las reparaciones colectivas y de comunidades, en menor medida en las individuales y en las específicas, que tienen que ver con violencia sexual, es casi nada lo avanzando. El registro está todavía en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación propuso una serie de medidas institucionales y esas son las que nos iban a ayudar a evitar que, en una nueva situación de conflicto, se repitan violaciones o vulneraciones de derechos humanos como los que hemos vivido. Por eso es importante que entremos a las escuelas de formación, que quienes se encargan de aplicar la ley y de cuidarnos en tiempos de conflictos internos o externos no sean formados mediante la despersonalización y deshumanización. Si se encuentra a un enemigo no se le puede tratar como si fuera uno cosa, independientemente de si es mujer, hombre o niño.
No nos olvidemos que los vulneradores de derecho, los agresores, están viviendo entre nosotros. Quizá vemos a un comandante, a un capitán o un exsubersivo que se sienta a nuestro lado y cometió violencia sexual contra muchas personas durante el conflicto. ¿Qué hemos hecho como sociedad para trabajar con estos sujetos que vulneraron derechos y que hoy andan como sujetos escindidos?
El sistema penitenciario peruano, ¿permite la resocialización y readaptación de las personas que incurren en violencia?
Hay que hacer un trabajo específico. Lamentablemente tenemos que considerar las condiciones en las que están las cárceles, el poco personal que existe… la falta de personal especializado.
La experiencia nos dice que para reeducar a sujetos que cometen este tipo de crímenes se necesita trabajar en procesos y terapias en las que, además, se involucre la familia del sujeto. Se necesita todo un equipo para cada delincuente o vulnerador de derechos. En el Perú, es imposible en este momento.
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