La decana del Colegio de Abogados de Lima y presidente de la Junta Nacional de Colegios de Abogados del Perú, María Elena Portocarrero Zamora, conversó con Expresión sobre la coyuntura nacional, señalando que en la lucha frontal contra la corrupción es necesario fortalecer a las instituciones y garantizar que los investigados tengan garantías del debido proceso.
La lucha contra la corrupción es una de las demandas más fuertes que tiene la ciudadanía. Sin embargo, ¿considera que en su nombre se están cometiendo excesos?
Nosotros como abogados rechazamos todo concepto o todo acto relacionado con la corrupción. Tenemos que mantener y resguardar las principales instituciones del Estado y dar seguridad, porque ello es lo que va a garantizar que en la sociedad todos crean en las instituciones y no surja el desgobierno.
En ese sentido, de manera conjunta todos los colegios de abogados del Perú alzamos la voz y levantamos la lucha frontal contra la corrupción, pero para ello tenemos que garantizar el debido proceso. ¿Qué quiero decir? Que los instrumentos que tenemos deben estar normados y ello deriva de un análisis exhaustivo de las políticas de Estado. Es necesario que se resguarde cada acción de la lucha frontal contra la corrupción con la garantía del debido proceso, de la transparencia y celeridad con la que tenemos que actuar en estos casos.
El Código Procesal Penal se implementó desde el 2004 en Huaura y de manera progresiva se ha ido aplicando a nivel nacional, y en este tiempo se ha dado una serie de modificaciones de orden legislativo, como la emisión del decreto para la persecución del crimen organizado, que ha permitido prolongar las prisiones preventivas. ¿Hay excesos?
Ha surgido un acuerdo plenario respecto a las prisiones preventivas, que es reciente. Recordemos que el derecho es una ciencia social dinámica. Los marcos normativos surgen a clamor o ante la necesidad de la propia sociedad. Nunca se va a dar un marco normativo antes de.
Antes los niveles de corrupción o de manejo arbitrario de la ley que vemos ahora eran impensable y esas conductas han dado origen a una variación de las normas. Sin embargo, esta variación debe ir amparada del marco constitucional. No podemos nosotros, levantando banderas de lucha contra la corrupción, cometer actos que se convertirán en excesos o, que por ser arbitrarias y estar reñidas con el ordenamiento jurídico, vicien el proceso, porque luego el resultado será negativo.
El acuerdo plenario de los jueces supremos, estableciendo parámetros para la aplicación de la prisión preventiva en la lucha contra la criminalidad organizada, ¿es suficiente para atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha dicho que en el Perú hay excesos en el uso de dicha medida cautelar?
El marco está dado, lo que falta es la aplicación concreta. Tenemos que ser objetivos, ponderados, actuar sin apasionamientos, porque aquí lo que está en juego realmente es el destino del país. La sociedad, para que esté tranquila, debe entender y reconocer que sus autoridades actúan en legalidad, al amparo de normas que son adecuadas para cada situación.
En ese sentido, nosotros tenemos que analizar que la prisión preventiva es una excepcionalidad y no podemos luego cambiar o confundir. He escuchado a algunas personas decir: “Son responsables, denles pena”. La pena no es la prisión preventiva. Esta es una medida para que se salvaguarde el proceso, no es una pena anticipada.
Cuando señala que se debe actuar sin apasionamiento, ¿es porque considera que hay fiscales y jueces que investigan y procesan con ciertas direccionalidades?
Sería muy irresponsable si yo hablo de personas. Lo que siempre digo es que cada uno de nosotros tenemos responsabilidades muy importantes en el rol que nos desempeñamos. Siendo humanos, podemos estar expuestos a las pasiones, pero debe primar siempre la salvaguarda del debido proceso, en garantía, inclusive, de aquella persona que ha trasgredido la norma.
¿Qué opinión le merece la decisión del Poder Judicial de enviar bajo mandato de prisión preventiva a 14 de los 16 árbitros investigados por el caso Odebrecht, quienes además son miembros, en su mayoría, del Colegio de Abogados de Lima?
La mayoría son abogados de nuestra orden, nosotros como colegio de abogados ya hemos iniciado las acciones dentro del campo ético de manera inmediata. Se ha abierto un proceso investigatorio dentro del área ética en el Colegio de Abogados de Lima. Ya se inició de oficio.
Al margen de ello, consideramos que la aplicación de la medida de prisión preventiva debe individualizar las conductas de cada uno de los involucrados en estos hechos. Debe revisarse con profundidad cuáles han sido los argumentos que se han tenido en consideración para emitir 18 meses de prisión preventiva.
Ha dicho que la aplicación de las normas procesales debe ir acompañada del componente constitucional, entendiendo que si estos se desvinculan se producirá la vulneración de los derechos de los investigados. ¿Es posible cautelar ello cuando se ve intereses manifiestos por copar, por ejemplo, instituciones como el Tribunal Constitucional?
Tenemos que actuar con ponderación, responsabilidad, objetividad y respeto. Así se cuida a las instituciones. Cuando se actúa en salvaguarda de la institución y no de las personas que están en ellas, garantizando no solamente por el individuo, sino también por el respeto que se le debe a la institución, es que se hace salvaguarda de los derechos.
Hay que proteger a las instituciones, ese es el criterio que debe primar en las autoridades.
¿Frente a los grandes casos de corrupción que se investigan en el país, qué es lo que se debe mejorar a nivel procesal? ¿Qué trabas encuentran los abogados para ejercer la correcta defensa de los investigados?
La defensa debe ser irrestricta, salvaguardando el derecho de las partes. Al abogado no se le puede limitar en ese derecho que tiene de ejercer la profesión. Si no vulneramos las garantías y derechos de las partes intervinientes se está respetando el proceso. Al abogado no se le puede limitar porque está actuando en defensa de un tercero, de instituciones. Si se restringe al abogado en la defensa se va a restringir el derecho de la persona y la sociedad se va a sentir vulnerada.
Todos los abogados debemos trabajar para que ello no suceda.
Si bien el Colegio de Abogado de Lima está actuando de oficio para iniciar procesos éticos a sus agremiados, ¿se puede decir que lo mismo están haciendo los demás colegios de abogados del país? ¿Qué puede informar al respecto en su condición de presidente de la junta nacional?
El acuerdo de la Junta Nacional de Colegios de Abogados del Perú es que cada colegio debe accionar de manera inmediata ante hechos relacionados con corrupción, esto a través de sus áreas deontológicas y éticas. Tienen que actuar con celeridad para esclarecer los hechos y la sanción que se imponga debe regir a nivel nacional. Eso quiere decir, que aquel abogado que esté sancionado con exclusión definitiva del colegio de abogados de una jurisdicción ya no podrá incorporarse en otra localidad.
Sobre la reforma judicial, ¿están conformes con los pasos dados o consideran que son aún insuficientes?
Es necesaria la reforma judicial y creo que el propio Poder Judicial está coadyuvando y adoptando los mecanismos para lograr esta reforma. Hay un punto muy importante que es el referido a la celeridad y las garantías para el ejercicio de la defensa.
Los aspectos procedimentales están dados, las normas están dadas, ahora debemos centrarnos en las garantías que deben tener los abogados en el ejercicio de la profesión.
¿OCMA y la Fiscalía de Control Interno deben ser independientes al Poder Judicial y al Ministerio Público, respectivamente? Se cuestiona que existe espíritu de cuerpo entre los magistrados para investigar y sancionar inconductas funcionales en la administración de justicia.
Nuevamente cabe el análisis de si es una cuestión de la institución o de las personas. Nosotros tenemos que separar lo que es la institución de las personas que las dirigen. Creo que si se ha dado algún cuestionamiento es en base a las personas, no propiamente a la institución ‘per se’. Debería mejorar el filtro de quienes ingresan a dirigir estas instituciones.
Es cierto también que OCMA ha desarrollado una buena función, pero ha tenido limitaciones de infraestructura y logística, se ha cuestionado hasta cierto punto la celeridad y la ejecución que ha tenido. Pero creo que más allá de la propia institución, el problema está en el apoyo que se da a la función que esta cumple.
¿Podría decir que la Fiscalía Suprema de Control Interno también ha desarrollado una buena función?
Dadas las acciones que hemos visto de un tiempo a esta parte, pienso y espero, porque esa es la expectativa que tiene la ciudadanía en pleno, que se actúe con celeridad y transparencia.
¿La manera en la que se ha concebido la creación de la Junta Nacional de Justicia es la adecuada para mejorar la evaluación, nombramiento y ratificación de magistrados en el país?
Espero que así sea. El Consejo Nacional de la Magistratura se vio resquebrajado por las personas que estaban ahí. Se está evaluando a los postulantes a la Junta Nacional de Justicia, se están dando los medios y los caminos para que así sea. Confiamos que se logre tener una institución a la altura de las necesidades del país.
¿Qué expectativas despierta el próximo Congreso que se elegirá el 26 de enero?
Este Congreso tendrá breve tiempo. Sin embargo, tendrá tareas muy fuertes y de mucha envergadura. Más que el tiempo que durará el próximo Congreso, lo importante es ver la elección que harán los ciudadanos de sus representantes. Sin menospreciar a ninguno de los candidatos, quienes están en su derecho absoluto de participar, tenemos que ser muy responsables de analizar el perfil de cada uno de ellos y, sobre todo, si están a la altura de la situación.
Se necesita a congresistas con mucha técnica y criterio. Será un período muy intenso e histórico para el Perú.
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