El 25 de julio los lambayecanos confirmamos lo que hace meses se decía en calles y plazas: La Universidad de Chiclayo no pasó el licenciamiento por la serie de denuncias en que constantemente durante años incurrió la gestión de Alberto Ortiz Prieto, quien desde el rectorado y la Escuela de Post Grado de esta casa de estudios hizo a libre albedrío, sin respetar la ley y mucho menos a las personas fundadoras de este claustro universitario, profesores, padres de familia y trabajadores.

Las razones de la SUNEDU para negar el licenciamiento institucional a la UDCH son varias y están fundadas en la fuerza de la razón, así esta casa de estudios suma a la lista de 11 universidades a las que se les ha denegado el pase para seguir operando en el sistema universitario.

La UDCH no fue capaz de demostrar el cumplimiento de ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad que exige la Ley Universitaria y deberá cesar progresivamente sus actividades en el plazo de dos años.

La SUNEDU ha sido muy clara: la Universidad Particular de Chiclayo no cumple con las condiciones básicas de Calidad, requisitos indispensables y esenciales  para brindar el servicio educativo de nivel universitario en el Perú.

Como recordamos, la UDCH es una universidad privada de naturaleza asociativa, fundada en 1985, con 34 años de funcionamiento. A la fecha de negársele el licenciamiento institucional, atiende a seis mil 234 estudiantes distribuidos en su sede principal y su filial en Jaén.

A partir de la denegatoria del licenciamiento, la UDCH deberá iniciar un proceso de cese paulatino de sus actividades, el cual no podrá superar los dos años. La SUNEDU supervisará que durante este proceso se respeten los derechos de sus estudiantes, así como la reglamentación vigente, quiere decir que todas las operaciones no deberán exceder de julio del 2020.

Si bien la universidad de Chiclayo presentó solicitud de licenciamiento institucional el 17 de octubre de 2016, se conoció que durante el proceso de licenciamiento la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria le remitió observaciones, le requirió un Plan de Adecuación – PDA, y realizó actuaciones probatorias en los locales de la universidad, a fin de recoger evidencias in situ del cumplimiento de las Condiciones Básicas de la Calidad. A partir de todas estas diligencias y la información recogida, se determinó que la UDCH no cumplió prácticamente la totalidad (90 %) de los indicadores evaluados.

En un comunicado de prensa irrefutable, la SUNEDU dio a conocer que entre las principales deficiencias encontradas identificó debilidades en la gestión institucional y planificación interna, que se materializa en deficiencias en el diseño de sus instrumentos de gestión para el logro de sus objetivos institucionales. Es decir, la universidad no cuenta con un proyecto institucional articulado, cohesionado y consistente para la adecuada prestación del servicio educativo.

No se evidenció una gestión académica clara, definida y consistente que redunde en una propuesta alineada con los objetivos, recursos y procesos internos dentro de la universidad. Al respecto, se identificó inconsistencias entre las horas efectivas de dictado y los planes de estudio, así como la organización de los cursos, lo cual no permite contar con información confiable y oportuna para la toma de decisiones de postulantes, alumnas y alumnos sobre sus estudios.

La universidad declaró contar con 30 laboratorios y talleres (23 en la sede y siete en la filial). Sin embargo, el 80 % de ellos no cuenta con instrumentos de gestión para la identificación de peligros y control de riesgos. A esto se le suma que no logró evidenciar la disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por sus laboratorios y talleres, a pesar de contar con programas de ciencias de la salud e ingeniería con más de veinte años de funcionamiento.

Más del 50 % de los programas ofertados no cuentan con ambientes de enseñanza pertinentes para la prestación del servicio educativo ni garantizan los recursos para el desarrollo de los cursos dictados. Asimismo, se constató que, en los programas ofertados en la sede central y la filial, hay notorias diferencias en el equipamiento y los ambientes, lo cual va contra el derecho de sus estudiantes a acceder a las mismas condiciones de calidad.

La universidad no ha demostrado el desarrollo sostenido y articulado de la investigación, como consecuencia de una débil capacidad de gestión, inconsistencia normativa y falta de una estructura orgánica claramente definida e institucionalizada. Adicionalmente, no fomenta acciones orientadas a promover la actividad investigadora, pues los docentes encargados de desarrollar investigación no cuentan con la disponibilidad horaria para ejecutar los proyectos ni se evidenció la ejecución de proyectos de investigación financiados por la universidad.

El porcentaje de docentes a tiempo completo está por debajo del 25 % que exige la Ley Universitaria. Además, todavía tiene profesores con grado de bachiller que no están comprendidos en el proceso de adecuación para alcanzar el grado de magíster. Tampoco asegura procedimientos específicos para la gestión docente.

La universidad no garantiza la continuidad de los servicios complementarios tanto en sede como en la filial, al no contar con los recursos necesarios. Tampoco cuenta con mecanismos de inserción laboral para sus estudiantes y egresados.

A las deficiencias encontradas por la SUNEDU se suma una serie de sanciones y amonestaciones impuestas por la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de Lambayeque a la universidad entre 2016 y 2019. Estas sanciones están relacionadas con el incumplimiento en la regularización en el registro de notas de algunas alumnas y alumnos, el incumplimiento del otorgamiento de grados y títulos dentro los plazos establecidos y la no prestación del servicio educativo, pese a que los estudiantes habrían cumplido con la realización de sus pagos, entre otros aspectos. Por estas faltas, la universidad recibió multas por un total de 445 UIT.

Como consecuencia de la denegatoria de licenciamiento, la UDCH deberá iniciar un proceso de cese de actividades para concluir sus actividades académicas. Como parte de esta decisión, la universidad debe cumplir desde la notificación con suspender de manera inmediata y definitiva la convocatoria a nuevos procesos de admisión y/o matrícula de nuevos estudiantes, en cualquier modalidad.

La UDCH, después de haber sido notificada de la denegatoria del licenciamiento, tiene hasta el  25 de septiembre como tiempo máximo para informar a la SUNEDU el plazo de cese definitivo de sus actividades. También deberá remitir la información del estado de matrícula de sus estudiantes y los mecanismos que hayan elegido para continuar sus estudios.

La universidad tiene hasta el 25 de octubre para enviar a la SUNEDU la información académica de los estudiantes egresados, así como de los grados y títulos conferidos. También deberán indicar, en el mismo plazo, si ha brindado servicios educativos en programas diferentes a los señalados en el informe técnico de licenciamiento y si es que hubiese estudiantes con matrícula en dichos programas.

También deberá  informar sobre los convenios de traslado de estudiantes a otras universidades licenciadas, en el plazo máximo de 15 días desde su fecha de suscripción.

La universidad con licencia denegada deberá remitir a la SUNEDU la documentación que sustente los grados y títulos ya inscritos, así como la de aquellos pendientes de inscribir en el Registro Nacional de Grados y Títulos.

La universidad podrá otorgar grados y títulos por un plazo máximo de 24 meses adicionales contados desde la fecha de su cese definitivo.

Los egresados que no hayan obtenido su grado académico en dicho plazo, podrán solicitar el traslado, matrícula y/o convalidación de estudios en otra universidad licenciada que cuente con una carrera similar. Los estudiantes que hayan concluido sus estudios en la UDCH solo podrán obtener su título a través de dicha casa de estudios.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá considerarse como infracción a la Ley Universitaria, con posibilidad de sanción. Asimismo, la UDCH está obligada a cumplir con el Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado en los términos, plazos y condiciones establecidas.

Más claro ni el agua que bebe Ortiz Prieto. La SUNEDU ha sido contundente con su decisión. Lo advirtieron los docentes que fueron injustamente despedidos, muchos de ellos con maestrías y doctorados, trabajadores que se opusieron a los gastos administrativos indebidos y que advirtieron en su oportunidad que los ingresos a la UDCH no se reinvertían, alumnos que denunciaron tráfico de notas, acoso, maltrato y más.

En mi opinión, el caso de la UDCH no se acaba con la privación del licenciamiento, se tiene que investigar a fondo a su actual rector por la negligente gestión, tal como lo ha resumido la SUNEDU. ¿Sus faltas configurarían en agravios administrativos, civiles o penales? ¿Quién puede poner el pecho por la UDCH a estas alturas? Una pregunta que ojalá tenga respuesta.

Hasta donde he podido investigar, la UDCH tendría una deuda aproximada de 25 millones de soles entre bancos, deuda laboral y terceros. Su patrimonio estaría valorizado en más de 53 millones de dólares. ¿Quién heredará el excedente? En esta edición precisamente hemos acudido a un reconocido laboralista como Carlos Palomino Guerra para que nos responda a las interrogantes de los derechos laborales de quienes por años han formado parte de esta casa de estudios.

Entre tanto, quiero desde aquí instar a todas las personas a ayudar a informar bien a alumnos y padres de familia sobre esta irreversible situación. A estas alturas los padres de familia deberían estar buscando la mejor opción para la continuidad de estudios de sus hijos. En nuestro departamento están licenciadas las universidades Santo Toribio de Mogrovejo, San Martín de Porres, César Vallejo y Tecnológica del Perú, a quienes la SUNEDU las acredita por haber cumplido con las Condiciones Básicas de Calidad para una enseñanza garantizada.