El vacado expresidente afronta una pena de 15 años  de cárcel al ser acusado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en su rol de exgobernador regional de Moquegua. El fiscal Germán Juárez, a cargo de sustentar la acusación, dijo que están convencidos de probar la responsabilidad penal del exmandatario.

Martín Vizcarra se convierte en el cuarto expresidente peruano en sentarse frente al banquillo de los acusados, imputado de presunta corrupción. El Ministerio Público lo acusa de haber recibido una coima de S/ 2.3 millones en su condición de exgobernador de la región Moquegua, entre el 2011 al 2014, de las empresas Obrainsa e ICCGSA.

El dinero ilícito sería el monto que Vizcarra Cornejo habría solicitado para quebrantar la ley y la confianza que se le otorgó como funcionario público, a cambio de entregarles de manera irregular, respectivamente, la licitación para la construcción de dos proyectos: “Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua” y “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2″.

Por la primera obra licitada al consorcio ‘Obrainsa Astaldi’ ha solicitado seis años de cárcel y otros nueve años de cárcel más por la segunda obra licitada al ‘Consorcio Hospitalario Moquegua (Iccgsa e Incot)’, bajo el concurso real de delitos. La fiscalía también ha solicitado que Vizcarra Cornejo sea inhabilitado por seis años para ejercer cualquier cargo público.

El exmandatario ya ha sido sometido a dos juicios políticos ante el Congreso de la República que lo han inhabilitado por cinco años (en su rol de ex nministro de Transportes y Comunicaciones) y diez años (por vacunarse irregularmente contra el Covid-19) ; sin embargo, aún le espera el juicio penal, que establecerá si fue o no un funcionario corrupto.

Según la acusación del Ministerio Público, a finales del 2013, cuando Martín Vizcarra tomó conocimiento que la empresa Obrainsa, consorciada con la empresa Astaldi, estaban participando como postores en la licitación del proyecto “Construcción de la Línea de Conducción N. ° 1 Jaguay – Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua”, supervisada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Por ello, se contactó con el gerente comercial de la empresa Obrainsa, Elard Paúl Tejeda Moscoso, al que conocía previamente, a fin de concertar una reunión para ayudarle a ganar la buena pro de la referida licitación. La comunicación fue mediante una llamada directa de Vizcarra a Tejeda entre el 4 y 6 de noviembre de ese año, donde el funcionario le hizo saber que estaba en Lima, ofreciéndose a ir personalmente hasta las oficinas de Obrainsa, ubicadas en San Isidro, para coordinar aspectos referentes a la mencionada licitación.

La reunión se concretó en las oficinas de Obrainsa, entre los días 5 y 6 de noviembre del 2013. Allí, el exmandatario le brindó información privilegiada y clave para que el consorcio pueda adjudicarse el proyecto sin contratiempos.

El ex gobernador regional le informó a Tejeda Moscoso que el monto máximo a ofertar para la construcción, no debía exceder de S/81′000.000, por lo que su propuesta económica -que inicialmente había sido observada- debía ajustarse a dicha cifra. Además, le aseguro que, una vez concluida la evaluación de la Unops, él iba a ser informado de los resultados para que exprese su no objeción sobre la adjudicación.

A cambio de haberle proporcionado dicha información y por las acciones ilícitas que realizaría posteriormente, Vizcarra Cornejo habría solicitado un beneficio económico consistente en el 2 % del valor de la obra establecida en S/1′016. 212,76, según relató el colaborador eficaz 10-2018. Las empresas consorciadas aceptaron entregar el pago ilícito.

Fue así que el 12 de noviembre del 2013, Unops le informó al consorcio Obrainsa-Astaldi que su propuesta por un monto total de S/80′981.137,34 por “Lomas de Ilo” había sido seleccionada y la había recomendado al Gobierno Regional de Moquegua para que se les adjudique la obra.

Con esos resultados, Vizcarra Cornejo llamó a Tejeda el 2 de diciembre del 2013, solicitando que “a cuenta de lo pactado” le alquile una avioneta para viajar a Lima y reunirse con unas personas que luego debían ser trasladadas a Ilo. Obrainsa pagó S/35, 985.65 por el alquiler de una avioneta para el traslado de personas de Lima a Ilo con retorno.

Los pagos en efectivo se habrían realizado de manera personal a Vizcarra Cornejo en las oficinas de Obrainsa: S/400,000.00 fue entregado entre el 27 o 28 de enero de 2014 y S/600,000.00 entre la primera semana de abril de 2014.

En el segundo hecho, Vizcarra Cornejo también es acusado de usar su cargo como gobernador regional para obtener un beneficio económico ilegal de S/1′300,000, para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra: “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2″ a favor del “Consorcio Hospitalario Moquegua” que integraban las empresas Iccgsa e Incot.

Según la acusación fiscal, Vizcarra habría realizado el requerimiento indebido al gerente comercial de Iccgsa, Rafael Granados Cueto, a través de su amigo y hombre de confianza, José Manuel Hernández Calderón, aprovechando que estos dos últimos participaban en Ica de una reunión de la Cade 2013 entre los días 28 y 29 de noviembre de 2013.

Similar al primer caso, la propuesta se hizo cuando se encontraba en trámite la presentación de una nueva propuesta económica por parte del consorcio integrado por Iccgsa e Incot, en relación al proceso de licitación llevado a cabo por Unops.

Una vez que el referido consorcio salió ganador se llevó a cabo la suscripción del contrato el 18 de diciembre del 2013 y un adelanto para la obra. Fue luego de ello, indica la fiscalía, que se comenzó a materializar la entrega del dinero a Vizcarra Cornejo.

Los pagos se habrían realizado en efectivo a través de Hernández Calderón con sumas que oscilaban entre S/100.000 a S/200.000. Algunas veces fueron entregadas personalmente al amigo de Vizcarra en las oficinas de Iccgsa y otras eran entregadas al chofer de Calderón en el domicilio del expresidente.

La fiscalía señala que, en dos oportunidades, el mismo Vizcarra Cornejo habría recibido el dinero de manera personal por parte de los directivos de Iccgsa.

Al juicio oral han sido citados 27 testigos, entre los que se encuentran colaboradores eficaces con identidad develada, que han participado en los presuntos actos de corrupción por los cuales es acusado Martín Vizcarra.

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