Ha transcurrido un año después del operativo fiscal que le dio un golpe certero a la corrupción municipal encabezada por Roberto Torres Gonzales, algo nunca antes visto en Chiclayo.

Torres Gonzales fue el ciudadano elegido por voto popular para gobernar la ciudad por dos períodos ediles. Nadie nunca imaginó –o tal vez sí- cómo y en qué acabaría el personaje cajamarquino afincado por varios años en esta tierra progresista llamada Capital de la Amistad, afecto mal entendido por quien manejó millones de soles y - según la investigación fiscal – los derivó para su uso personal.

Roberto Torres Gonzáles, un ciudadano cuestionado por su léxico, pobre cultura y conocimiento en el manejo público, manipuló a su antojo el municipio provincial de Chiclayo con la complacencia de un grupo de profesionales que creyeron que la justicia no los tocaría.

Fue su primo hermano Carlos Gonzales, quien como regidor de la comuna, inició las respectivas denuncias de corrupción en su primer gobierno edil. También fue la socióloga Merly Berrios, autora del Plan de Gobierno Municipal 2007 -2010, quien públicamente renunció y denunció no solo el abuso del poder del alcalde, sino la malversación de fondos y los primeros indicios de corrupción de su pésimo gobierno.

En el primer gobierno de Torres acabaron detenidos dos ex funcionarios sobre quienes siempre quedará la duda, pues se dice que se inmolaron para salvarlo.

Pero, ¿quién o quiénes son culpables de la elección de una pésima autoridad como Roberto Torres Gonzales? ¿Por qué Chiclayo se equivocó si se supone que tiene ciudadanos preparados, educados, cultos y que quieren lo mejor para sus familias? Recordemos que un representante municipal debe garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad, responsabilidad que durante el gobierno de Torres Gonzales estuvo ausente por la deficiente calidad de obras que desarrolló. Hoy vemos pavimentos y pistas   muy deterioradas, sin  considerar el direccionamiento de las compras de diversos bienes en los casi ocho años que duró su administración.

Qué duda cabe que en el caso Torres hay responsabilidad de la Contraloría General de la República, que pese a las alertas periodísticas no actúo, es obvio que también hay responsabilidad en el Ministerio Público, porque en el primer gobierno de la ex autoridad edil muchas denuncias se archivaron.

Hay también responsabilidad del Poder Judicial, porque a través de un amañado recurso de amparo el juez Óscar Tenorio le devolvió legalidad y lo repuso en el cargo del que fue separado por sentencia judicial. También es  responsabilidad de la institucionalidad chiclayana, ya que por su desorganización y falta de fiscalización sobre el manejo público, permitió que obraran con libertad autoridades como Torres Gonzales.

No queda duda que sino concientizamos a nuestro pueblo, sino lo educamos, tendremos en los próximos procesos electores a más personajes como Roberto Torres, seguiremos con representantes carentes de ética y de conocimiento, y lamentando tener la ciudad que tenemos, donde el atraso es evidente en comparación a otras ciudades que nos rodean.

Un año después de la caída de Roberto Torres el tiempo no ha sido suficiente para desenmarañar este complejo caso de corrupción, tipificado como el más grande en la historia política de Lambayeque. Más 30 mil escuchas por analizar, varias docenas de personas involucradas desde funcionarios públicos, trabajadores, proveedores, familiares y gravísimas acusaciones contra personas que laboran en el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial están en curso. No sabemos si las afirmaciones de los colaboradores eficaces que acusan a magistrados de alto nivel de haber recibido grandes sumas de dinero para torcer la ley podrá o no demostrarse.

Lo cierto es que los fiscales al mando del hombre de leyes Sergio Zapata Orosco tienen la ineludible responsabilidad y tarea de demostrar cada uno de los delitos que se  imputa a esta presunta organización delictiva, delitos que van desde coecho pasivo, tráfico de influencias, asociación ilícita, colusión agravada hasta lavado de activos.

En tanto este caso se resuelve, lo que puede durar entre ocho o más meses, según las recientes declaraciones a Expresión del fiscal Juan Carrasco Millones, urge que la sociedad civil organizada de Chiclayo vuelque su mirada fiscalizadora al manejo de la actual gestión municipal, que se sepa que estamos ejerciendo ciudadanía, que la ley nos ampara y que hacemos uso de lo que señala la Constitución Política.

Ejemplo de empoderamiento ciudadano hay, para muestra las regiones del sur, las regiones de la macro región norte como La Libertad, Piura y Cajamarca, que  de manera organizada y sostenida hacen valer sus derechos en defensa de su población.

Corresponde a los medios de comunicación estar atentos, seguir con responsabilidad cruzando información de manera profesional y consultando con los especialistas. Los periodistas no somos fiscales ni jueces, los periodistas contribuimos a la búsqueda de la verdad, a tratar los temas sin apasionamientos, con el deber ineludible de entregar investigaciones objetivas, veraces que orienten bien a nuestro pueblo.

Este caso debe dejarnos como lección la recuperación de la dignidad ciudadana, de velar por Chiclayo, de nunca más tener en cargos públicos a personas carentes de valores. Volverlo a hacer significaría que nuestro pueblo siga sumiéndose en la pobreza y abandono y no lo merecemos. En Chiclayo somos más los que queremos el cambio. Esta lección es para nunca olvidar.