Con el Decreto de Urgencia 003, promulgado el 11 de febrero pasado, el gobierno nacional busca la continuidad de las inversiones y ejecución de los grandes proyectos en el país, pero además garantizar que el Estado no se perjudique con la venta de la participación de las empresas comprometidas en actos de corrupción y aplicar un fideicomiso para asegurar montos estimados de reparación civil. La medida es una nueva ruta para resolver la controversia generada en torno al Proyecto Olmos, donde el Consejo Regional de Lambayeque se he negado en dos oportunidades a la venta de las acciones que mantiene Odebrecht en las operadoras de los componentes de trasvase e irrigación.
Informar a los consejeros regionales sobre el mecanismo legal motivó la llegada a inicios de semana de los ministros de Economía y Finanzas y Justicia y Derechos Humanos, Alfredo Thorne y Marisol Pérez Tello, respectivamente, quienes se reunieron con el colegiado de Lambayeque para exponer las ventajas que ofrece el Decreto de Urgencia 003, a fin de permitir que la constructora brasilera venda su participación accionarial a las compañías Brookfield y Suez, interesadas desde el 2015 en ingresar al Proyecto Olmos.
“Hemos venido a invitación del gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, para hablar del Decreto de Urgencia 003, como lo hemos venido haciendo en varios foros. La semana pasada estuvimos en un foro que organizó ProInversión, donde hubo muchos inversionistas y que lo que quieren es claridad con respecto a los alcances del dispositivo. Algunos de los consejeros tenían algunas dudas, ha sido una presentación absolutamente técnica en la que explicamos los alcances del decreto”, informó el titular de Economía.
Alfredo Thorne calificó a la sesión de trabajo como “muy esclarecedora” y dijo que ahora dependerá al Consejo Regional de Lambayeque dar su opinión.
“Es nuestra labor como ejecutivo explicar los alcances de la legislación que hemos adoptado”, precisó.
EL MECANISMO
De acuerdo al dispositivo dado por el Ejecutivo, el procedimiento para concretar la transferencia deberá ser el mismo; es decir, Odebrecht elavará al Consejo Regional de Lambayeque la solicitud de autorización para la venta y este, a nombre del concedente de las concesiones de trasvase e irrigación, se pronunciará a favor o en contra. De lograrse la luz verde, la constructora acudirá al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos que tendrá la responsabilidad de suscribir los contratos y acuerdos del fideicomiso.
Acto seguido, el despacho ministerial solicitará al Procurador Público del Estado que corresponda la cifra estimada que correspondería de la reparación civil a favor del Estado por concepto de daños y perjuicios en caso de confirmarse la existencia de actos de corrupción en los procesos seguidos para la obtención de las concesiones del Proyecto Olmos. Dicho monto será depositado en una cuenta del Banco de la Nación y tendrá naturaleza de intangible e inembargable, y se conservará hasta que concluyan los procesos judiciales seguidos contra la compañía constructora.
“El decreto busca resguardar los intereses del Estado y garantizar la cadena de pago y la continuidad de los servicios que se estaban brindando en determinadas concesiones y obras, así como la continuidad de los proyectos de inversión pública. Este decreto se aplica a personas sentenciadas por corrupción o lavado de activos, a personas que hayan asumido responsabilidad públicamente por estos dos supuestos delitos, y empresas que estén vinculadas a una persona jurídica o natural que hayan asumido estas responsabilidades”, explicó Pérez Tello.
La ministra de Justicia añadió que se ha publicado una relación de 55 empresas que están incursas en el Decreto Supremo 003, una de ellas Odebrecht.
EL DINERO SE QUEDA
“Lo que se hace con el dispositivo es impedir que saquen dinero del país. Pueden mover el dinero de sus cuentas al interior, pero no sacarlo fuera salvo que haya alguna autorización por determinados supuestos, como, por ejemplo, por alguna deuda contraída con alguna entidad financiera. Segundo, si ellos quieren vender parte de sus acciones o hacer algún tipo de transferencia superior a 50 mil soles, deben realizar la negociación en la que no nos metemos porque son contratos ley que tienen protección constitucional, y luego informar al Ministerio de Justicia para que este señale cuál es el monto de retención que deberá aplicarse para hacer un fondo y garantizar el pago de la reparación civil”, señaló la ministra.
Pérez Tello añadió que “no se quiere empresas corruptas en el Estado Peruano”.
“Las empresas corruptas se van, no vamos a volver a contratar con empresas que hayan sido sentenciadas por corrupción o que haya asumido su responsabilidad en estos temas. Odebrecht termina sus obras y se va”, afirmó.
EL FIDEICOMISO
El monto de la retención será estimado en base a una cifra aproximada o un porcentaje calculado en relación a los porcentajes fijados en otros países como parte de una reparación civil, tal como ha sucedido en Brasil, Estados Unidos y Suiza.
“Ese es un criterio que determinará la procuraduría, nosotros ya hemos remitido un documento y finalmente será el Ministerio de Justicia el que asumirá eso, porque aunque la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado se haya delegado en la persona de la señora Julia Príncipe, sigue siendo responsabilidad del sector”, dijo.
Los ministros añadieron que son respetuosos del procedimiento interno del Consejo Regional de Lambayeque, toda vez que su función ha sido absolver las dudas que se hayan generado en relación al Decreto de Urgencia 003.
La vigencia del fideicomiso es de un año, tal como lo señala el dispositivo legal y esa era una de las inquietudes de los consejeros regionales, quienes preguntaban qué pasaría si al término de ese período la justicia peruana no concluye el proceso contra Odebrecht.
“Es muy difícil que se determine el monto de la reparación antes del año, pero hay varias alternativas. La primera, que es la que hemos pensado, es presentar un proyecto de Ley para que el fideicomiso sea a plazo indeterminado, un decreto de urgencia no puede ser indeterminado. La segunda, en caso el proyecto de ley no prospere, es renovar el decreto en función en la que nos encontremos en los próximos años”, explicó Pérez Tello.
Finalmente, la ministra precisó que todas las delaciones de los exfuncionarios de Odebrecht se han dado en el extranjero y todas las negociaciones que existen con el Ministerio Público se encuentran a nivel de preacuerdo. “Todavía no se ha firmado ningún acuerdo, así que sobre la base del reconocimiento de responsabilidad de Odebrecht fuera del país es que se ha trabajado”, refirió.
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