Tensa es la situación que se vive en el distrito de Tumán por la confrontación generada a partir de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial, una, la del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, que ordenó la reinstalación del IV Directorio en la empresa agroindustrial, presidido por Wilberto Cabrejos Flores, y la segunda, dada por el Juzgado Mixto de Bongará, Amazonas, que dispone el ingreso de una administración judicial a favor de la empresa Alimenta Perú. En enfrentamiento que ha dejado ya varios heridos y a la población de la zona polarizada, motivó al gobierno nacional a declarar el estado de emergencia.
El IV Directorio, respaldado por el Grupo Oviedo, que durante ocho años mantuvo la administración judicial de la azucarera, ha convocado a Junta General de Accionistas para el próximo mes, a fin de cumplir con lo ordenado por la jueza Karina Fabián Palomino, del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, de que se designe a un nuevo directorio y que este asuma la conducción de la empresa.
Sin embargo, en oposición, parte de los trabajadores apoyan la resolución del juez José Antonio Bravo Soto, del juzgado de Bongará, quien entrega la administración de la empresa a Daniel Rioja Sánchez y Martín Martínez Valdivieso, decisión que se encuentra inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP.
Con su decisión, el juez Bravo Soto valida la acreencia de 19 mil bolsas de azúcar a favor de Alimenta Perú, empresa que se vincula a Ernesto Flores Vílchez.
ESTADO DE EMERGENCIA
A inicios de semana la Presidencia del Consejo de Ministros publicó el Decreto Supremo N° 064-2017-PCM, que declara el estado de emergencia en el distrito de Tumán, en atención al Artículo 44 de la Constitución Política que señala que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
La PCM ha declarado el estado de emergencia por el término de 30 días calendario, disponiendo que la Policía Nacional mantenga el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
En tanto, han quedado suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio del distrito, autorizando a la policía y a las Fuerzas Armadas a las intervenciones que se consideren competentes.
El decreto lleva la rúbrica del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; del presidente del Consejo de Ministro, Fernando Zavala, y de los ministros de Defensa, Justicia e Interior.
DESOBEDIENCIA CIVIL
Pese al exhorto del IV Directorio, que mantiene el control de la azucarera, para que los trabajadores se reincorporen de manera progresiva a sus labores, estos se han declarado en desobediencia civil y han convocado a una serie de manifestaciones, fuera de la jurisdicción de Tumán, para rechazar la medida adoptada por el gobierno nacional, pero además para insistir en su disconformidad a la permanencia del Grupo Oviedo en la empresa.
El martes el gerente legal del Grupo Oviedo, José Carlos Isla Montaño, en conferencia de prensa, responsabilizó al juez de Bongará de haber generado el clima de inestabilidad en el distrito, al pronunciarse sobre una empresa fuera de su competencia territorial, razón por la que es actualmente investigado por el órgano de control.
“Este juez, so pretexto de cobrar una deuda que es inexigible e ineficaz, ya que quien supuestamente endeuda a la empresa Tumán es el señor César Sandoval, ex administrador judicial, cuando ya no tenía facultades para hacerlo, pretende arrebatar el manejo de la empresa a sus accionistas y entregarla a Alimenta Perú SAC para que se cobre una deuda ficticia”, aseveró.
Isla Montaño aseveró que la solución al problema que actualmente se vive en Tumán es la realización de la Junta General de Accionistas y la designación de un nuevo directorio al amparo de la Ley General de Sociedades. Indicó que el Grupo Oviedo tiene una importante participación accionarial en la agroindustrial, y que por ello busca la solución del conflicto de manera pacífica.
Sin precisar el número de acciones que tiene la firma en la empresa, José Carlos Isla anotó que se esperará un tiempo prudencial para que los trabajadores se reincorporen a las actividades productivas, en tanto dijo que la administración respalda el estado de emergencia.
MANIFESTACIONES EN CHICLAYO
El jueves se realizó una masiva marcha en Chiclayo convocada por las organizaciones azucareras y respaldada por la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP, que a través de un comunicado ha expresado su solidaridad con los sindicalistas de Tumán y ha denunciado la interferencia política de congresistas de Fuerza Popular, puntualmente de Héctor Becerril Rodríguez, a favor del Grupo Oviedo.
Los azucareros denuncian la inconstitucionalidad del estado de emergencia y demandan a los actores políticos un pronunciamiento a favor de la restitución de las garantías constitucionales en Tumán.
Un día antes, el miércoles, la Policía Nacional detuvo a cuatro trabajadores de la empresa al encontrarles bombas caseras, avellanas y aletas de tiburón.
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