El 27 de enero el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo llegó hasta la Reserva Ecológica de Chaparrí, donde constató el avance de los invasores de tierras sobre el área de conservación. Horas después sus familiares recibieron una amenaza directa, por lo que se ha visto obligado a pedir garantías al Ministerio del Interior.
Ese mismo día Rodríguez Tineo encabezó una audiencia pública en la Corte de Justicia de Lambayeque, solicitada por los comuneros de Chongoyape, en la que se dieron a conocer una serie de hechos irregulares en la actuación de fiscales, jueces, agentes de la Policía Nacional del Perú y funcionarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, frente a la invasión de la reserva y el asesinato del líder local Napoleón Tarrillo Astonitas, sucedido en el último día del 2017.
“Convoqué a la audiencia para conocer qué es lo que estaba pasando en Chaparrí y después realizamos la visita con el señor prefecto, Rafael Aita; la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Mariana Vásquez; el presidente de la Corte de Lambayeque, Aldo Zapata, y el congresista Marvin Palma. Verificamos que se habían producido dos incendios por mano dolosa, no por acción de la naturaleza, y constatamos que se tienen más de mil hectáreas lotizadas, prácticamente medidas”, comentó Rodríguez Tineo el fin de semana.
VENDER LAS TIERRAS
Según detalló, el trasfondo de la invasión es la posterior venta de las tierras. Chaparrí posee más de 34 mil hectáreas destinadas a la conservación natural.
Actualmente una hectárea de territorio sin irrigación tiene un valor de cinco mil dólares y lo particular a Chaparrí es que parte de la reserva sería afectada por la construcción de la represa La Montería, obra que promueve el Gobierno Regional de Lambayeque y que está considerada en el Plan Hidráulico, lo que pone a disposición el recurso hídrico para la irrigación, con lo que el valor por hectárea se incrementaría hasta los 30 mil dólares.
“Eso explica el porqué los traficantes de tierras han puesto los ojos en Chaparrpí, donde mataron al asesinato del teniente gobernador Napoleón Tarrillo y también en Salas, donde ha habido dos muertos”, señaló.
LA AMENAZA
Según reveló el presidente del Poder Judicial, el sábado 27 de enero en horas de la noche, tres sujetos se constituyeron a bordo de una unidad móvil hasta la vivienda de su hermano, ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde dejaron una amenaza contra su integridad, mencionando directamente al caso Chaparrí.
“A eso de las 9:00 de la noche, a Moshoqueque, donde vive un hermano mío, quien tiene una pequeña tienda comercial, llegaron tres sujetos. Preguntaron por mi hermano y le dejaron expresamente una advertencia que más o menos diría lo siguiente: ‘Díganle al señor Duberlí Rodríguez que esto es una advertencia de Chaparrí’. Habían llegado en un vehículo motorizado, de esos antiguos que se usan para hacer colectivo. Han sido tres personas, obviamente desconocidas, y se han atrevido a amenazar de muerte al propio presidente del Poder Judicial”, aseveró.
Para el magistrado, “el crimen organizado no solo está en los asaltos de bancos y la corrupción, también en el tráfico de tierras por los intereses económicos”.
“He tenido que pedir garantías al Ministerio del Interior, tanto en Lima como aquí en Chiclayo, porque mi casa está acá. Tengo un hijo que vive acá. Estas garantías ya han sido concedidas y yo también le acabo de hacer entrega al Ministerio del Interior una relación de más o menos 15 personas que son las que han estado siendo investigadas por las invasiones de tierras, para que se les advierta que si algo le pasa a alguien de mi familia o a mí, ellos serán responsables de esa situación. No podemos permitir que el crimen organizado y los invasores de tierra que quieren desaparecer Chaparrí se atrevan a amenazar a la autoridad máxima de un poder del Estado. Si eso lo hacen conmigo mañana lo harán con el propio presidente de la República”, sostuvo.
Por otro lado, el presidente del Poder Judicial negó que desde su intervención en el caso Chaparrí haya recibido algún tipo de presiones de grupos económicos o políticas.
“Tengan en cuenta que los invasores de Chaparrí no están solamente ahí, están también en Salas y por qué en Salas, porque hay tierras que van a beneficiarse con el Proyecto de Irrigación Olmos. La comunidad lambayecana tiene que estar advertida de que tenemos una nueva modalidad de crimen organizado dedicado al tráfico de tierras”, acotó.
VÍNCULOS A INVESTIGAR
En la lista alcanzada por el Rodríguez Tineo al Ministerio del Interior aparecen integrantes de la familia Cruzado Carranza, implicados en la invasión de tierras en Salas y quienes también estarían detrás de la muerte de Napoleón Tarrillo. Hasta el momento son los únicos acusados ante el Ministerio Público.
“Espero que la fiscalía pueda seguir investigando y dé con los integrantes de estas organizaciones. Obviamente no se trata de solo una familia, sino de un grupo de personas al que se debe identificar”, añadió.
Finalmente, el presidente del Poder Judicial salió en defensa de la expresidente de la Corte de Superior de Justicia de Lambayeque, Ana Salés del Castillo, quien según algunos comuneros tendría a familiares vinculados a la invasión de tierras en Chaparrí.
Duberlí Rodríguez negó de manera contundente que la magistrada tenga alguna relación con la usurpación de la propiedad comunal en Chongoyape.
“Descarto esa posibilidad porque conozco a la doctora Anita Salés del Castillo, conozco de su integridad y el hecho que un primo hermano de ella esté en una seudo directiva de la Comunidad Santa Catalina de Chongoyape no la compromete a ella como se ha venido mencionando”, enfatizo.
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respuesta de DANIEL SANTOS el 2019-09-11.
Importante implementarlo en Perú en todas aquellas obras por iniciar o en proceso de licitación.
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