El Frente de Defensa de la Universidad Particular de Chiclayo denuncia ilegalidad y atropellos por parte del actual rector, Alberto Ortiz Prieto, y rechaza los presuntos actos de corrupción que se estarían cometiendo en su gestión.
Los valores en la UDCH se han perdido en su totalidad y los perjudicados son los alumnos y los catedráticos, afirma el secretario general del frente de defensa, José Cabrejos Yovera, quien señala que el rector y las personas que conforman su cúpula gastan los fondos de la universidad en viajes y jugosos sueldos.
CORRUPCIÓN
José Cabrejos Yovera expresa que por la dignidad de la otrora prestigiosa UDCH, docentes, alumnos y administrativos se han visto obligados a crear dicho frente a fin de rescatar a la universidad, “que agoniza con tanta corrupción”.
Según denuncia, el frente ha detectado que Alberto Ortiz ha atropellado varias veces los derechos de los alumnos, que hace caso omiso a los mandatos judiciales y actualmente, “despilfarra los fondos de la universidad en viajes al extranjero”.
La Ley Universitaria 30220, vigente desde julio del 2014, en su artículo 122 dice que todas las universidades privadas deben ser gobernadas, gestionadas y direccionadas por sus promotoras.
CARGO ILEGAL
“Alberto Ortiz ocupa el cargo de rector de forma ilegal. En el año 1997 Ortiz Prieto se asignó para el puesto de una manera ilícita, pues no reunía los requisitos que demandaba la Ley 23733 de ese entonces. Por ello, la Asamblea Nacional de Rectores lo destituyó, pero este acudió al Poder Judicial de Lambayeque. Sin embargo, los funcionarios no se adecuaron a la ley, sino al código civil, de modo que la jueza del caso favoreció a Alberto Ortiz”, comenta.
Recuerda que se logró apelar a dicha decisión y que la sala dirigida por Manuel Becerra Barrantes lo repuso como rector. Curiosamente, uno de los auditorios de la mencionada universidad lleva el nombre del magistrado. El caso llegó a la Corte Suprema, donde estuvo en manos del juez Rodríguez Medrano, a quien la universidad le confirió el doctorado honoris causa.
SUNEDU
Un tema que preocupa a la UDCH es el licenciamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, ya que ha dictado 55 condiciones básicas de calidad que debe cumplir la casa superior de estudios.
Uno de ellos es que toda universidad debe cumplir el 25 % de democracia, pero la UDCH no cumple ni el 6 % porque se cometen atropellos contra docentes y alumnos.
Por ejemplo, denuncia que el rector arremete contra los trabajadores despidiéndoles o bajándoles el sueldo por pedir su destitución.
“Los estudiantes son discriminados por Ortiz Prieto. El último caso discriminatorio lo sufrió una joven madre, a quién no le permitieron ingresar a clases por llevar a su hijo en brazos”, señala José Cabrejos.
ABUSO DE AUTORIDAD
Asimismo, indica que los catedráticos y trabajadores cada vez que son repuestos por los jueces tras ganar los procesos por despido arbitrario, son impedidos de ingresar a la universidad.
“Alberto Ortiz abusando de su autoridad se ha pagado un millón de soles por sus vacaciones, a pesar que anteriormente ya había cobrado su sueldo vacacional. De igual forma, las personas de su entorno gozan de un jugoso sueldo”, afirma.
Por otro lado, refiere que el actual rector de la UDCH gastó de las arcas de la universidad la suma de cinco millones de soles en sus campañas electorales y recolectó dinero haciendo actividades como Unimamá y Uninavidad.
“Alberto Ortiz es un simple empleado que está ejerciendo ilegalmente el cargo de rector, a él no le importa la universidad, solo quiere seguir desfalcándola”, asegura.
Además, sostiene que la UDCH a pesar que tiene más de 30 años, cuenta con una población estudiantil de cuatro mil alumnos, menos que las demás universidades que tienen menos tiempo en el mercado de Lambayeque.
Deja tu Comentario