A inicios del año pasado los diferentes gremios de transportistas presentaron ante la Municipalidad Provincial de Chiclayo – MPCH, un pliego de 12 propuestas a ejecutar durante los primeros cien días de gestión del burgomaestre Marcos Gasco Arrobas, a fin de dar inicio a la solución de la problemática del tránsito y el transporte en la ciudad. Sin embargo, más de un año después, la administración edil no ha ejecutado ninguna de estas, según manifiesta el presidente de la Central de Empresas, Asociaciones y Operadores del Servicio de Taxis de Lambayeque - CEAOST – Regional, Juan Vásquez García.
Sumado a ello, el 26 de abril del año pasado se conformó la Comisión Consultiva de Transporte Terrestre y Tránsito, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 445-2019/MPCH/A, la cual está conformada por los funcionarios competentes de la municipalidad, regidores del área, miembros de la sociedad civil y gremios de transportistas. No obstante, salvo una única reunión a inicios de año, la comisión no ha vuelto a sesionar.
Para Vásquez García, dicha situación ha hecho que la gestión edil intente aprobar ordenanzas municipales sin la previa consulta a los gremios involucrados, tal como el proyecto que buscaba declarar en emergencia el transporte público de Chiclayo, sobre el cual finalmente dio marcha atrás la administración municipal.
“Nosotros en el proyecto para los primeros cien días propusimos declarar en emergencia el área de tránsito y transporte, mas no el sector. El alcalde confundió las cosas y salió a decir que iba a declarar en emergencia el sector, para lo cual debería haber motivos de fondo que hagan imposible resolver la problemática como cuando se declara una emergencia por lluvias. De haberlo hecho el burgomaestre podría haber emitido normas a su antojo, lo cual era un peligro”, sostiene.
CARGA PROCESAL
El dirigente gremial apunta que uno de los argumentos del gerente de Desarrollo Vial y Transportes, Luis Farro Mori, para declarar en emergencia el sector era la carga administrativa que tenía el área, puesto que hay aproximadamente tres mil 500 expedientes en proceso.
Del total de expedientes, el 40 % corresponde a renovación de la Tarjeta Única de Circulación – TUC, conocida comúnmente como tarjeta de operatividad; mientras que del 60 % restante un 25 % a 30 % es por renovación de autorización de concesión. El resto corresponde a sustituciones y bajas y otros procedimientos.
Al respecto, anota que para ello basta con declarar en emergencia el área de tránsito y transporte, lo cual formaba parte de su pliego de propuestas e iba a permitir revisar la documentación y poner operativo el sistema, puesto que la entrega de la TUC debería durar máximo siete días, mientras que los trámites no más de 30, tal como lo señala la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
“Según el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, la renovación de la Tarjeta Única de Circulación es de aprobación automática, lo cual significa que no necesita informe técnico y legal, toda vez que en cinco días como máximo debería entregarse y en el extremo de los casos 30 días como señala la Ley 27444. En cuanto a la renovación de autorizaciones de concesión que se dan por cinco o diez años hay un problema, puesto que la MPCH interpreta mal la norma y muchas veces alega que los vehículos no reúnen el peso ni el cilindraje, cuando esos criterios aplican para los vehículos que por primera vez solicitan acceso al servicio, mas no para quienes desean renovarla”, manifiesta.
En la práctica, la emisión de la TUC puede durar entre año y medio o dos años, lo cual ha generado que muchos conductores reciban su tarjeta de operatividad y al mes siguiente deban volver a solicitar otra, puesto que el período de vigencia de esta es de tres años.
CENSO VEHICULAR
Por otro lado, refiere que en Chiclayo no se conoce la cifra exacta de vehículos que realizan los servicios de taxi, colectivo y camionetas rurales, pues no se ha realizado un censo vehicular, lo cual formó parte también del pliego de propuestas entregado a la MPCH a inicios del año pasado.
Indica que hay estimaciones de que en Chiclayo existen entre 30 mil y 32 mil taxis, de los cuales solo 12 mil serían formales. En cuanto a colectivos urbanos e interurbanos, refiere que hay un promedio de ocho mil a 10 mil.
“Creo que el censo no se ha realizado por falta de experiencia o desconocimiento. Cuando les entregamos nuestro pliego de propuesta les adjuntamos una cartilla con un formulario para que pudieran desarrollarlo, es decir, les dimos todo servido. Actualmente hay minivans de siete pasajeros que están prohibidas de hacer el servicio de colectivo, sin embargo lo realizan, ese tipo de cosas se podrían detectar con un censo”, manifiesta.
VENTANILLA ÚNICA
Asimismo, indica que otra de las propuestas ignoradas por la gestión edil es la implementación de la ventanilla única, sistema de digitalización que iba a permitir que los expedientes se presenten por Internet y a través del mismo se notifique al administrado cuándo debe recoger su tarjeta de operatividad o, en su defecto, su esquela de observación.
“Así evitamos el contacto entre los funcionarios y los solicitantes, lo cual también disminuiría la corrupción. Asimismo, se detectaría qué vehículos realizan el servicio de pasajero a bordo y cuáles delinquen”, asevera.
DESCONGESTIÓN
En tanto, advierte que desde la época de Arturo Castillo Chirinos y Miguel Ángel Bartra Grosso en que se crearon los anillos viales ya no ha habido ninguna modificatoria de los mismos, la cual es precisa ahora por el paso del tiempo.
“Antes los vehículos de transporte público ingresaban por Pedro Ruiz que era de doble sentido, por allí incluso pasaban los ‘Cristo Rey’. Los alrededores del Mercado Modelo eran tierra de nadie y todos tenían paraderos. Contra viento y marea incluso se sacó a las mototaxis de ese anillo, pero hoy hace falta otro reajuste, porque desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche hay una serie de terminales y vehículos informales que han copado desde Sáenz Peña hasta Quiñones”, asegura.
Advierte que deben cerrarse los anillos viales y buscar un terminal terrestre para el transporte rápido de rutas interurbanas o, caso contrario, implementar rutas transversales que crucen la ciudad. Asimismo, afirma que el cuadrante de la ciudad debe agrandarse, de modo tal que ya no sea la Avenida Bolognesi el marco de referencia, sino Garcilaso o Chinchaysuyo.
ROTACIÓN DE FUNCIONARIOS
Por otro lado, señala que en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes laboran más de cien trabajadores, cuando solo se necesitarían un promedio de 30. En efecto, su pliego de propuestas consignaba una reducción de personal, a fin de que el excedente sea capacitado para que se desempeñen como inspectores de tránsito.
Desde que inició la gestión de Marcos Gasco, por la citada gerencia han transitado tres titulares: Arquímedes Muñoz Zambrano, Segundo Soraluz Piñella y Luis Enrique Farro Mori, actual gerente.
“Hasta ahora no se ha hecho nada en la Gerencia de Desarrollo Vial, yo sería hidalgo en reconocer un trabajo, pero no lo hay. El primer gerente sí era especialista, conocía del tema; luego ingresó un ingeniero agrónomo que había trabajado con Luis Castañeda Lossio en Lima y ahora está el arquitecto Farro, a quien exhorto que nos diga cuál es su plan de acción para este año. Solo han parchado algunas pistas y han dejado huecos en otras tantas”, sostiene.
CONDICIÓN ECONÓMICA
Vásquez García comenta que antes un taxista recaudaba un promedio de 150 soles durante el día, con lo cual podía cubrir el costo del combustible y el pago al dueño del vehículo, quedándole una suma significativa de ganancia. Sin embargo, señala que hoy el oficio ya no es tan rentable, pues la oferta ha aumentado y el ingreso de ciudadanos venezolanos como conductores ha distorsionado el mercado.
“El chofer que conduce en un taxi alquilado debe trabajar primero para el combustible, que oscila entre 25 a 30 soles; luego debe sacar la cuenta para el dueño, que es aproximadamente 40 soles. Solo allí son 70 soles. Si quiere llevarse 20 soles a su casa ya no debe trabajar 12 horas, sino 18”, afirma.
Deja tu Comentario