La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, estuvo el martes último en Lambayeque con ocasión del Encuentro Regional para la Protección de la Vida y Salud de los Trabajadores. Aunque breve, la representante del Ejecutivo negó que los decretos de urgencia 014 y 016, que norman nuevas reglas para las negociaciones colectivas y regulan el ingreso de servidores al sector público, vulneren los derechos laborales o incurran en causal de inconstitucionalidad.
Cáceres Pizarro aseguró que desde la disolución del Congreso de la República, sucedida el 30 de septiembre pasado e iniciado el período de interregno, en el que el Ejecutivo legisla a través de decretos de urgencia que deberán ser revisados por el próximo Parlamento, la administración que preside Martín Vizcarra Cornejo “ha trabajado adoptando medidas para favorecer la inversión privada, la inversión pública y la protección de los derechos de los trabajadores”.
Dijo esto en alusión a las críticas que desde las centrales sindicales se han dado a los decretos 014 y 016, el primero referido a los nuevos mecanismos bajos los cuales los trabajadores y las entidades podrán arribar a pactos colectivos, y el segundo sobre la regulación del ingreso de servidores al sector público.
“Tenemos noticias de la preocupación de los trabajadores porque se estaría produciendo restricciones a la negociación colectiva. Lo que hemos hecho como gobierno, después de 30 años, es abrir la posibilidad de que se negocien condiciones económicas, que en el pasado esto estaba prohibido cada año por la Ley de Presupuesto”, señaló.
La oposición de los gremios de trabajadores es que toda negociación puede estar sujeta a la evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, y este emitir pronunciamientos relacionados a la disponibilidad o no de recursos para solventar los pactos entre los servidores públicos y las entidades empleadoras.
“Hay normas complementarias para que el Ministerio de Economía y Finanzas emita sus informes económicos. Esos informes antes los preparaba el Ministerio de Trabajo, pero no tenía ni la información suficiente ni los recursos para hacerlo. Los recursos del tesoro público, de todos los peruanos, los administra el Ministerio de Economía y Finanzas y por eso la competencia para preparar esos informes se le está transfiriendo a dicha cartera”, manifestó Sylvia Cáceres.
NORMAS PERFECTIBLES
La titular del Ministerio de Trabajo añadió que los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo, incluido el 020, que versa sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, pueden someterse a mejoras.
Como se ha explicado, al instalarse el Congreso elegido el 26 de enero este deberá recibir los informes que actualmente elabora la Comisión Permanente sobre la legalidad y constitucionalidad de los decretos emitidos en el interregno, para analizarlos y ratificarlos.
“Cualquier norma es perfectible en el tiempo. Si hay aspectos que tienen que mejorarse, el gobierno estará dispuesto a hacerlo, así como acabo de anunciar. Hemos dado pasos muy concretos para proteger a los trabajadores y a sus familias. La aprobación del Seguro Vida Ley hace posible que desde el primer día de trabajo el servidor esté cubierto ante un accidente y si este tiene consecuencias fatales su familia pueda recibir 32 remuneraciones. Es un avance en esta lógica de mejorar las condiciones de trabajo”, aseveró.
MEJOR FISCALIZACIÓN
Añadió que su portafolio vela por el cumplimiento de la nueva normativa laboral dada para las empresas agroexportadoras, razón por la cual visitó un complejo de producción ubicado en Motupe.
“La industria exportadora acaba de recibir algunas condiciones favorables para continuar generando oportunidades de empleo en todas las regiones en las que se hace posible esta actividad. Pero esas mejores condiciones que se están otorgando a las empresas no pueden estar divorciadas de la adecuada protección y el pago del salario y la jornada a los trabajadores. Por eso, otro decreto de urgencia ha previsto dotar de más recursos a la inspección de trabajo, no solo para tener más inspectores, que son importantes y que tienen que fiscalizar, sino también para desconcentrar sus servicios”, explicó.
Dijo que antes los trabajadores de las regiones en las que existe industria exportadora tenían que visitar la capital de la república para presentar sus denuncias. Con la descentralización de la fiscalización laboral eso no será necesario.
“Con estos mayores recursos se van a generar oficinas desconcentradas que se ponen a disposición de los trabajadores para la protección de sus derechos y esto no es lo único. El gobierno también ha anunciado el incremento de la Remuneración Mínima Vital – RMV en el mes de marzo. Ya lo ha dicho el premier, el presidente de la república y ahora lo reitero yo”, manifestó.
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