Día a día los transportistas afrontan no solo la dificultad de una ciudad con una infraestructura vial inadecuada, sino también la falta de orden en el sector. La dificultad para formalizarse o para renovar los documentos que les autorizan a prestar el servicio público es una queja constante. En ese sentido, desde la Coordinadora Regional de Transportes de Lambayeque se han hecho constantes críticas y propuestas a las diferentes gestiones que han pasado. Wilson Míñope Carbajal, presidente de este gremio, sostiene que no se ha avanzado lo suficiente en solucionar esta problemática porque hay quienes ganan con este desorden: los corruptos.
“¿A quién no le conviene el orden? A quien corrompe todos los días la ciudad. Eso está totalmente claro. Las autoridades cuando dicen no tenemos inspectores, no hay policías, no hay plata para hacer fiscalización, solo generan mayor informalidad y eso le conviene al que corrompe, al que en una esquina le da una bolsa diaria al policía de tránsito, al que en una esquina le paga a un fiscalizador para que no lo intervenga. En la calle se dice de todo y nosotros escuchamos. A veces nos quedamos atónitos, pero esta situación se sigue dando gracias a que no hay principio de autoridad, no hay decisión política en las autoridades provinciales y regionales para ponerle un coto a esto”, afirma.
Principio de autoridad
En opinión de Míñope Carabajal, de nada sirve que se traiga al mejor funcionario para que asuma la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes de Chiclayo, si desde la gestión no se le brinda el apoyo logístico y de personal necesario para desarrollar la función.
“Puede ser que haya voluntades propias de gerentes que vengan con la intención de querer trabajar, como está demostrando el actual gerente, pero si tienen limitaciones y estas no son solucionadas por parte de la autoridad municipal de nada va a servir que haya cambios en la Gerencia de Transportes. Hay un tema que se ha venido trabajando, que es el ordenamiento documentario, pero hasta el momento no se refleja, porque hay diferentes aristas, diferencias entre personal nombrado y contratado, es un tema de un manejo que debe tener el titular de la gerencia con el apoyo de la persona que los designa, que en este caso es de la alcaldesa o el gerente general”, asevera.
Herramientas técnicas
Wilson Míñope resalta que no existe un plan regulador de rutas, pese a que hay un mandato judicial que data del 2014 y obligaba a la autoridad a cumplir con emitir este documento técnico. Esto genera que no haya un lineamiento exacto de por qué ruta debe ir el transporte público formal.
“Vemos que en Chiclayo se abordan vehículos en cualquier punto de la ciudad. No hay un verdadero estudio técnico que nos permita determinar la capacidad del flujo vehicular de las principales vías, no hay un informe técnico que permita dilucidar qué vías son adecuadas para seguir autorizando paraderos provisionales como lo hace la Gerencia de Transportes; no hay un estudio técnico o una data real de cuántas empresas de transporte regular, especial o servicio de taxi y mototaxi hay en Chiclayo. Nos cansaremos de decir ‘no hay’ porque aquí en Chiclayo creo que no existe la voluntad de querer ordenar el transporte, porque si quisiéramos como mínimo ya tendríamos la data exacta de cuántas empresas de transporte somos y cuántos vehículos tiene cada empresa autorizada por resolución”, menciona.
Con todo esto -apunta- se podría saber cuándo definitivamente se terminarán de emitir las autorizaciones a las empresas para que no caigan en ese “vacío eterno” donde hay malos gerentes que se valen de las empresas para ingresar y sacar carros que muchas veces no cumplen las condiciones técnicas.
Mototaxis
De otro lado, sugiere que la Comisión de Transportes emita un proyecto de ordenanza en la cual indique que los vehículos menores, mototaxis, sean reemplazados en un mediano y largo plazo por uno del servicio de taxi como lo hizo Trujillo en su momento.
“Hace poco en Lima me subí a un mototaxi, uno de los toritos, el cual parecía un auto. Daba gusto viajar en un mototaxi en el Rímac. Ellos me explicaban que ese vehículo cuesta 26 mil soles y que ya están rumbo a la electromovilidad. Estos son vehículos que tienen un cupo limitado y solo transitan dentro de su distrito. Eso acá en Chiclayo no sucede porque hay falta del principio de autoridad y seguridad jurídica para ejecutar una inversión segura que nos permita trabajar con normalidad”, asevera.
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