El exgerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Jorge Inchaústegui Samamé, preso en el penal de Chiclayo hace 18 meses, sostiene que se encuentra injustamente privado de su libertad por una llamada que nunca existió por parte del exalcalde Roberto Torres Gonzáles, en la que supuestamente le cuestiona la construcción de un edificio de siete pisos cuando la autorización era solo para cinco niveles.

Cuando se registró la conversación telefónica por versión del testigo- imputado Luis Barrantes Piscoya - chofer y proveedor de Torresc Gonzales -, Incháustegui ya no era el gerente de Urbanismo, cargo que había dejado de ejercer hace dos años y medio, por tanto, para el investigado, resulta incongruente que haya sido el interlocutor del edil.

El exgerente es investigado por presuntamente formar parte de la red criminal “Los limpios de la corrupción”. Sin embargo, el Ministerio Público después de 22 meses de haber iniciado investigación preparatoria contra más de 120 imputados, no habría encontrado ningún elemento de convicción que ligue a Incháustegui con la comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

La pesadilla del exgerente de Urbanismo se inició el 30 de setiembre del 2014, cuando el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozcodirigió el operativo contra los supuestos integrantes de la denominada organización.

Dentro del organigrama presentado por la Fiscalía, figuraba el Jorge Incháustegui Samamé, como parte del entorno que acompañaba al alcalde Torres, supuesto líder de la referida red criminal. 

El mismo día, representantes del Ministerio Público, ingresaron a la casa de Incháustegui con una orden de captura, así como de allanamiento e incautación no solo de su domicilio como ordenaba la disposición del juez, sino que también ingresaron al domicilio de sus padres sin orden judicial, a pesar que estos viven en el primer nivel  con ingreso totalmente independiente.

Previamente, habían realizado el levantamiento de sus comunicaciones  y por consiguiente se intervino su celular personal, el mismo que figuraba a nombre de su empresa Arqconsa, ya que no contaba con línea de la Municipalidad de Chiclayo, porque no era funcionario desde marzo del año 2012.

Este pedido de levantamiento de las comunicaciones se realizó incongruentemente en merito a una investigación iniciada a funcionarios de EPSEL por la denuncia de Carlos Canales, el mismo  que aseguraba que para pagarle sus beneficios sociales funcionarios de esa entidad le pidieron dádivas. Esta denuncia motivó la apertura de la Carpeta N° 2447.

El accionar del Ministerio Público se fundamenta en un supuesto trabajo de inteligencia realizado por personal policial bajo las directivas del fiscal Zapata Orozco,  quienes elaboraron dos informes (Nº 120 y 126) que revelarían la existencia de la red criminal, en la que presuntamente está implicado el exfuncionario.

En los mencionados informes elaborados con la colaboración de otras entidades especializadas como SUNARP, Policía de Lavado de Activos y la SUNAT, se sustenta la participación de Incháustegui “en hechos graves y fundados elementos de convicción” que ameritaron su orden de captura. No obstante, dichas instituciones han negado su participación y deslindan responsabilidades futuras.

CARGOS

Una de estas fue la llamada realizada por Jorge Incháustegui a un tal “Miguelito”, en la que le indica que ha cerrado una negociación por la que le depositarían 25 mil dólares y quería saber si le convenía emitir factura o recibo de honorarios.

Otro cargo, son los supuestos viajes de placer realizados con su esposa a paraísos fiscales, a los que presuntamente habrían llevado dinero ilícito. Entre los países visitados están Suiza y Venezuela.

La defensa del investigado ha demostrado que el tal “Miguelito”, es el contador público colegiado Miguel Céspedes Mozo, propietario de CM CONSULTORES,  la empresa que llevaba la contabilidad de Arqconsa, la empresa de Jorge Incháustegui.

Según se sabe, esta habría acreditado que la llamada respondía a la transacción comercial realizada entre Incháustegui y el propietario de un predio de 20 hectáreas que este promovió para venta y saneamiento físico-legal, por lo que habría recibido aproximadamente el 1 % del monto de venta.

Asimismo, se habría demostrado que los supuestos viajes de placer no eran tales, debido a que Incháustegui viajó a Suiza por invitación de la cooperación técnica de ese país con motivo de la pronta suscripción del convenio entre esta y el Estado Peruano, representado por el municipio de Chiclayo, como beneficiario del proyecto “Chiclayo Limpio”.

También que el viaje a Venezuela fue financiado por la Corporación Andina de Fomento - CAF y que Incháustegui participó como representante de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y expuso sus experiencias en temas de Catastro y  Tributación. En ambos viajes no lo acompañó su esposa.

LA ORDEN DE CAPTURA

Luego de haber desvirtuado los elementos que motivaron la orden de detención y los allanamientos e incautaciones, el Cuarto Juzgado de Investigación preparatoria anuló la orden de detención que existía contra Jorge Incháustegui, quien durante el tiempo en que esta se mantuvo vigente permaneció en la clandestinidad.

Sin embargo, el Ministerio Público, a los pocos días, presentó un nuevo requerimiento de prisión preventiva en contra del exfuncionario basado en nuevos elementos de convicción, pasando a fundamentarse en declaraciones de dos testigos realizadas después del 30 de septiembre del 2014.

Estos testigos fueron: Javier Llorach Paredes y Luis Barrantes Piscoya. Al primero el Ministerio Público le tomó su declaración como un testigo voluntario, y al segundo que se acogió a la colaboración eficaz.

Según la defensa legal de Incháustegui, cuando fue gerente de Urbanismo de la comuna local, emitió una resolución que paralizó una obra que Llorach Paredes realizaba en la Urbanización Santa Victoria, ya que habría excedido el número de pisos contemplados en la licencia de construcción.

“En base a tal infracción tuvo que pagar una multa de 21 mil 600 soles ante el SATCH, la misma que fue cancelada el 18 de enero del 2011. Mientras que por el retraso en la entrega de la obra, a causa de la paralización dispuesta por el arquitecto Incháustegui, el señor Llorach tuvo que pagar una penalización de 20 mil dólares a la propietaria del predio donde construyó el edificio”, refiere la defensa.

El otro testigo, Luis Barrantes Piscoya, habría manifestado en su declaración que en una ocasión que transportaba al exalcalde Roberto Torres por una avenida de la Urbanización Santa Victoria, este observó un edificio y dijo: “Puta pendejo, ya van siete pisos” y habría llamado a Incháustegui.

“Esta llamada en la que un testigo dice que el exalcalde llama a Incháustegui, pese a que no existe grabación de audio, constituye para el Ministerio Publico y el juzgado un grave y fundado elemento de convicción por la forma soez como, según Barrantes, el alcalde se refiere al interlocutor, que para ellos  es Incháustegui”, refieren los abogados, añadiendo que la fiscalía solicitó el mandato de prisión preventiva y “la juez la avaló sin siquiera determinar de qué edificio se trataba, la fecha en que la supuesta llamada se produjo y cuál sería el hecho ilícito cometido por el ex funcionario”.

Asimismo, la fiscalía ha obtenido la declaración de un colaborador eficaz (CE-70), quien habría aseverado  que en el año 2014 se realizaron actos ilícitos en torno a la tramitación de la licencia del Edificio Cellerini, por lo que ha formalizado investigación contra los supuestos involucrados  dentro de los cuales no figura Incháustegui Samamé; es decir, la Fiscalía ha emitido un documento formal que excluye a este de los hechos en torno al caso Cellerini.

“La defensa ha acreditado que la edificación a la que se refiere Barrantes es el edificio Cellerini, ubicado en la esquina de Los Sauces y la Avenida Andrés Avelino Cáceres (ex Libertad), incluso esta versión ha sido corroborada en la diligencia del 25 de julio del 2016, donde el también imputado señaló el edificio al que hizo alusión el exalcalde, siendo este el residencial Cellerini. En el acta de constitución inclusive Barrantes señala que Roberto Torres dijo: “Aló Jorge, ¿quién ha autorizado la licencia, el permiso a esta edificación?”... Supongo que la comunicación que el señor Roberto Torres Gonzales tuvo fue con el señor Incháustegui pues no estaba en alta voz””, precisan los abogados.

Anotan que además existen informes emitidos por la comisión supervisora de obras que esclarecen que cuando el edificio se empezó a construir Incháustegui no era Gerente de Urbanismo.

En base a esa llamada, el 21 de enero del 2015, la juez de Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Penal de Chiclayo, dictó mandato de prisión preventiva contra Jorge Incháustegui Samamé, argumentando que existían suficientes elementos de convicción para que vaya a prisión.

LAVADO DE ACTIVOS

El Ministerio Público imputa también a Jorge Incháustegui el supuesto delito de lavado de activos, por el hecho de haber adquirido el 50 % de una oficina y no figurar en los documentos de compra y venta.

“Este hecho no constituye delito alguno, ya que la tipificación del delito de lavado de activos debe considerar el hecho de dar apariencia de legitimidad  a bienes y/o capitales de origen ilícito. Se puede verificar de lo expuesto que la Fiscalía basa su imputación en lo que para ellos resulta sospechoso, la adquisición de la oficina que hizo la arquitecta Fiorella Zúñiga Pando por encargo de Incháustegui. Sin embargo, la fiscalía no establece el elemento fundamental de tipicidad del delito de lavado de activos, que les obliga a demostrar la procedencia ilícita de los fondos, la defensa ha presentado los documentos que sustenta la licitud del dinero con que se adquirió la oficina. No obstante, la fiscalía hasta la fecha, después de 21 meses de investigación, no ha acreditado delito alguno a Incháustegui que haga presumir la existencia de dinero ilícito”, refieren los defensores del exfuncionario.

Es resaltante que el mismo Ministerio Público hasta ahora no ha formalizado investigación alguna contra Incháustegui por delito de corrupción. 

“En tal sentido, el arquitecto, quien es personal nombrado de la MPCH desde hace 23 años, advierte que su detención es arbitraria, abusiva y producto de la presión mediática que se ejerce contra jueces y fiscales, quienes no quieren corregir sus propios errores, pues una llamada que no existió y a pesar que tampoco resulta ilícita, no es elemento suficiente para que se encuentre privado de su libertad desde hace 18 meses, habiéndose hecho tabla rasa de la presunción de inocencia que le asiste a cualquier imputado, atentando contra su reputación, buen nombre y ejercicio profesional labrado con esfuerzo y sacrificio”, señala la defensa. 

 respuesta de Yuri Dagner Nizama Puicón el 2024-07-13.

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