La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque respondió, a través de una nota de prensa, al informe que en la edición 978 presentamos en Expresión respecto al archivamiento de dos mil órdenes de inspección acumuladas entre los años 2008 y 2015, argumentando que la decisión no dejó sin tutela los derechos de los trabajadores.

“En relación al artículo difundido por un semanario regional respecto al cierre de más de 2000 expedientes de los años 2008 – 2015, son expedientes abiertos de manera genérica en la gestión anterior de acuerdo a rubros de actividades comerciales, por ejemplo el rubro de Hoteles, Restaurantes, Agroindustriales, etc; donde no existía denuncias por parte de algún trabajador. Así mismo indicó que según lo informado con los propios inspectores de trabajo, no se ejecutaron por falta de recursos”, señala las declaraciones atribuidas al gerente sectorial Omar Effio Arroyo en el comunicado que llegó a las redacciones de prensa esta semana.

INFRACTORES IDENTIFICADOS

De esta manera, Effio Arroyo buscó una vez más explicar la razón por la que los inspectores de trabajo no atendieron durante la administración del exgerente Jorge Rojas Córdova las órdenes de fiscalización laboral, pese a que durante la entrevista ofrecida a nuestro medio el funcionario señaló que las acciones de fiscalización resultaron imposibles de ejecutar por la inexistencia de información de los empleadores.

“Las limitaciones de personal inspector generó que esta gerencia, en la anterior gestión, haya tenido una abismal carga. El procedimiento de inspección se inicia con la apertura de órdenes, y estas necesitan tener la ubicación del empleador y al trabajador interesado para que se ejecute. En los casos que se han archivado estos aspectos no existían”, fue lo que explicó Effio Arroyo a Expresión.

El 29 de abril pasado, con Resolución N° 73-2016, el funcionario ordenó el archivamiento de dos mil órdenes de inspección acumuladas entre el 2008 y diciembre del año pasado, las mismas que nunca fueron ejecutadas por los inspectores de trabajo.

La resolución se motivó en los informes presentados por los inspectores Ana Romero Amoretti, Katia Larrea Barrueto, Hernán Ñiquen Otero, Ervis Valdivieso Rosado, Guillermo Chira Rivero, Andrea Oliva Yesquén, Luis Solano Chambergo, Jaime Celis Moreno, Carlos Rojas Samamé, Hernán Mosqueira Arce y Juan Vásquez Baneo, respecto a la carga que mantenían acumulada desde el 2008.

Como se precisó en el informe de la edición 978 de nuestro semanario, entre las empresas sobre las cuales se denunció vulneración de los derechos de los trabajadores se encuentran las agroindustriales Pomalca, Tumán y Pucalá, y entidades educativas como la Universidad Particular de Chiclayo, cuya información obra en la Gerencia Regional de Trabajo, por lo que sí era posible su identificación plena a efectos de cautelar los derechos de los denunciantes.

Esto último ha quedado evidenciado en lo señalado por el gerente en la nota de prensa enviada por su Oficina de Imagen Institucional, donde menciona algunos de los rubros sobre los cuales se abrieron las órdenes de inspección.

EL PERSONAL

Respecto a los recursos que menciona el gerente sectorial, como argumento esgrimido por los inspectores, es de precisar que a Expresión este señaló que se trató de problemas de personal, debido a que la Gerencia de Trabajo de Lambayeque cuenta únicamente con ocho fiscalizadores.

“La anterior gestión había tenido una acumulación de carga procesal en los inspectores. La región Lambayeque tiene solamente ocho inspectores, tres de planta y cinco destacados de SUNAFIL Lima. Es decir, si la superintendencia pide que ellos retornen a su centro de origen nos quedamos con tres inspectores para atender a toda la población y fiscalizar a todas las empresas”, mencionó Omar Effio.

En la nota de prensa enviada, la gerencia ha destacado también que en lo que va de la gestión de Effio Arroyo, iniciada en enero de este año, se han aplicado multas por el orden de ocho millones de soles a las empresas infractoras, sanciones generadas a partir de 187 resoluciones.

Sin embargo, el funcionario no menciona lo dicho a Expresión respecto de los seis millones de soles que – según afirmó – acumuló la gestión anterior en la gerencia por concepto de multas y que no se efectivizaron en ingresos para mejorar las funciones de la dependencia.

“Algo irónico que tenía esta gerencia era que multaba y las multas no se cobraban. No prescribían, no se judicializaban, se quedaban en un simple documento y no se cobraban (…) Como nunca se les notificaba el requerimiento de cobro o no había una forma coercitiva, no se hacía efectivo el pago de las multas”, declaró.

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