Es muy poco lo que se conoce sobre la educación superior en el Perú. A la escasa investigación y su poca o nula difusión, se suma el hecho del incremento de la oferta de universidades en detrimento ya no solo de la calidad, sino incluso de condiciones mínimas para que estas operen como espacio de enseñanza. En esta exploración nos centramos en el sistema universitario peruano, por ser el que cuenta con mayor cantidad de estudios, reflexiones y propuestas.

Ocuparse de la universidad peruana es aludir a sus crisis y sus desafíos correspondientes al siglo XXI. Identificamos tres crisis. La primera fue “La crisis de la hegemonía”, resultante de las contradicciones entre las funciones tradicionales de la universidad y las que les fueron atribuidas a todo lo largo del siglo XX y XXI. Esta crisis la ha desnaturalizado, porque no cumple con un principio esencial como es la investigación, de modo tal que identifique y solucione problemas.

“La crisis de legitimidad”, guarda relación con la masificación del sistema universitario, al haberse privatizado crecientemente la educación superior universitaria, con su correlato de devaluación de grados y de títulos.

La tercera fue “La crisis institucional”,  la que tiene que ver con la resistencia que hace la universidad para modernizarse y, por ende, adecuarse al nuevo contexto legal. Esta crisis representa el eslabón más débil de la universidad pública, porque la autonomía científica y pedagógica de la universidad se asienta en la dependencia financiera del Estado.

LA NUEVA LEY

Este es el contexto en que la nueva Ley Universitaria, Ley N° 30220, fue aprobada en el Congreso de la República el 26 de junio del 2014, y promulgada el 8 de julio por el expresidente Ollanta Humala Tasso.

La extensa ley de 133 artículos atiende tres dimensiones del sistema universitario. La primeraes que el Estado asume la rectoría de las políticas educativas en todos los niveles educativos, bajo el supuesto de que el desarrollo del país requiere de una alineación de estas políticas. Esta rectoría ha sido entendida por algunos actores como una intromisión del Estado, como un quiebre de la autonomía universitaria.

La segunda dimensión está relacionada justamente con la actividad reguladora del Estado. En la ley se instala un mecanismo de regulación de la calidad que debiera ofrecer a las familias y estudiantes la garantía pública de que el servicio que se ofrece, tiene un mínimo común de calidad. La ley formula la regulación de la calidad a través de la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria -SUNEDU. Esta es una instancia autónoma, responsable del primer escalón de un sistema del aseguramiento de la calidad, con la finalidad de ajustar los procesos de acreditación para que contribuya a asegurar la calidad.

La tercera dimensión es que la ley se reafirma en que la universidad es un espacio de construcción de conocimiento basado en la investigación y la formación integral de los estudiantes. Las finalidades, la estructura y organización; las formas de graduación, las características del cuerpo docente, la obligatoriedad de los estudios generales, etc., indican que la reflexión académica es el centro articulador de la vida universitaria.

LO PENDIENTE

En el Perú, la educación universitaria tiene asuntos pendientes que resolver para que efectivamente pueda constituirse en el instrumento que se necesita para el desarrollo del país. Junto con la vigencia plena y responsable de la nueva Ley Universitaria, se requiere poner en marcha cambios en diferentes direcciones.

El país necesita, por ejemplo, tener normas que reconozcan y ordenen un sistema de educación superior que integre la educación universitaria y la técnica. Esto debiera suponer permitir un traslado fluido entre los dos sistemas para fortalecer la formación de los estudiantes de educación superior.

A mediano plazo y de manera ineludible, queda pendiente buscar cumplir con las promesas de democratización del acceso a la educación superior y de calidad para todos. La educación universitaria peruana requiere resolver de forma urgente el problema que surge en procesos de masificación. Es posible diseñar estrategias que aseguren calidad en momentos de expansión a través del fortalecimiento de los procesos de licenciamiento y de acreditación. La meta es, democratizar la universidad con la mayor calidad posible.

Un desafío a más largo plazo es colocar en el centro de la discusión y, posteriormente, en las políticas públicas, el rol de la universidad en la consolidación de la democracia. La educación superior que renuncia a la idea liberal de cultivar al ser humano para ejercer funciones de ciudadanía, y que cede ante las exigencias de la ansiedad económica, atenta contra la construcción de la democracia, pues la hace menos reflexiva y crítica.

TRASCENDENCIA UNIVERSITARIA

Con el doble propósito de mostrar a la universidad peruana en clave de inclusión y de formular una agenda de temas para la investigación social, sostenemos la idea de que la educación superior es un factor esencial en la reducción de las desigualdades sociales y, por tanto, en la construcción de felicidad y justicia social. 

Los problemas de los que se ocupaba ayer la universidad: Analfabetismo, miseria, caudillismo, terrorismo, hiperinflación, desempleo, escasez, depresión, dictadura, pobreza, han sido reemplazadas por discriminación, transgresión, corrupción, mediocridad, inseguridad ciudadana.

La universidad para ser contemporánea con su presente deberá ocuparse de la realidad subjetiva de la sociedad, teniendo como epicentro el mundo interior de las personas, mundo que se ha devaluado bajo la lógica diabólica del mercado: “costo-beneficio”, “el fin justifica los medios”, “el que no se pasa de vivo muere de tonto en el Perú”. Por lo tanto, un reto de la universidad es explicar la devaluación del comportamiento ciudadano, pues es inaceptable el gozo irracional del placer, vale decir, ser feliz haciendo daño al otro. El vértice de la formación ética que debe brindar la universidad peruana es la de moderar la cultura criolla en el país.

DEBILIDADES

Otro déficit de la actual Ley Universitaria es no haber tipologizado las universidades con un criterio descentralista, de modo tal que tuviésemos dos tipos de universidades, las metropolitanas y las regionales. Las primeras con sede en Lima y las segundas en las regiones del país, brindando una formación profesional inherente a las demandas de cada región y al servicio de su desarrollo material y espiritual, de modo tal que las universidades formasen parte de la agenda política de los gobiernos regionales.

Entonces, podemos afirmar que las crisis de la universidad peruana arrastra tres tendencias: masificación, descapitalización y mercantilización. El crecimiento acelerado de las universidades privadas es por beneficio económico antes que por necesidades reales de desarrollo regional y de país. Por otro lado, se carece de recursos humanos para el desempeño idóneo en formación para el mercado laboral. Adicionalmente, faltan profesionales competentes en formación e investigación.

La gestión de las capacidades académicas y especializadas que ofrecen las universidades en la formación de las capacidades no se evalúa, como tampoco la eficiencia profesional. En suma, las universidades no cuentan con indicadores claros para evaluar su gestión y logros, menos aún en términos de interculturalidad.

Finalmente, la actual Ley Universitaria debe tener reajustes bajo la lógica de una ley de mínimos; es decir, debe acatarse y cumplirse con el propósito de recuperar el principio de autoridad  y le ponga un freno a la transgresión y mediocridad, para dar paso a la meritocracia que sigue siendo un reto del sistema universitario peruano y solo así la universidad tendrá un rol político en la construcción de la nación peruana y dejará de ser un agregado institucional que tanto daño le hace, esto es, tiene proximidad física con las ciudades, pero no comunicación espiritual con ellas.

(*) Sociólogo y docente universitario.

 respuesta de José Samanamud V. el 2019-11-07.

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