En Lambayeque se ha repetido hasta el hartazgo que el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, autodefinido como gestor de recursos para los municipios distritales, tiene mucho que decir sobre las obras de saneamiento. Pero quien sabe más, sin lugar a dudas, es su hermano César, antes vinculado a las cartas fianza falsas que se presentaron para los proyectos de agua y desagüe de Olmos y ahora involucrado en un caso similar en el distrito de San José.
La prensa nacional califica a César Velásquez Quesquén como el personaje clave del escándalo del saneamiento en San José, donde la población sufre a diario por la falta de agua potable y de conexiones de alcantarillado operativas, que permitan atender la enorme necesidad que allí se vive.
Los padecimientos de este pueblo no son nuevos. En las gestiones de los exalcaldes Víctor Llenque Curo y Víctor Paiva Llenque también hubo problemas con los proyectos de saneamiento básico, y ahora, en la administración del saliente alcalde Macario Fiestas Fiestas la situación es la misma. En el centro del problema una palabra resuena con fuerza: corrupción.
“Como soy hermano de un político quieren politizar el tema, entonces se me denuncia a mí”, señaló para el programa dominical Punto Final César Velásquez Quesquén.
“No llego a creer hasta ahorita, que siendo el hermano de un congresista haga esto no a una persona sino a un pueblo entero”, dijo a su turno el alcalde del distrito.
LA LICITACIÓN
El proyecto de saneamiento básico de San José fue valorizado en 30 millones 402 mil 214.35 soles, presupuesto asignado por el gobierno nacional y con el que se financió, por ejemplo, la compra de cientos de tuberías que se encuentran abandonadas en un almacén, en tanto los pobladores deben esperar a las cisternas o comprar agua para su consumo diario, almacenándola en baldes que no garantizan precisamente salubridad.
El proyecto “Ampliación y Mejoramiento Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de San José” fue elaborado por el municipio para beneficiar a 13 mil 358 habitantes, alcanzando viabilidad desde julio del 2011.
El 30 de septiembre del 2014, siendo alcalde Víctor Paiva Llenque, la obra fue licitada al Consorcio San José, suscribiéndose el Contrato N° 007-2014-MDSJ/A.
Dicho contrato fue anulado dando pie a la realización de una nueva licitación, por el mismo monto, para la ejecución del saldo de obra, la que ganó el Consorcio Adonai, recibiendo la buena pro en febrero y suscribiéndose el contrato el 6 de abril del 2017.
El Comité Especial estuvo integrado por los funcionarios Juan Carlos Pinto Escobedo, Roger Humberto Obando Bardalez y Miluska Yovana Zegarra Villanueva, encargados de realizar la calificación y evaluación de ofertas.
El Consorcio Adonai fue el único postor en el proceso, recibiendo 100 puntos de calificación, pues el comité determinó que cumplía con capacidad legal, técnica y profesional, y experiencia, para hacerse cargo de los trabajos.
EL CONSORCIO
La buena pro fue otorgada al consorcio conformado por las empresas Karosi Electricistas y Constructores S.A.C. y Dering S.A.S. La primera empresa, que aparece con condición de “no habido” en el registro de la SUNAT, tiene domicilio fiscal en Trujillo, presenta una abultada deuda en situación coactiva por incumplimientos a Essalud, la ONP y el Tesoro Público. Al momento de la suscripción del contrato tenía solo dos trabajadores, uno de ellos era su gerente general Jorge Enrique Ruiz García.
La segunda integrante del consorcio tiene domicilio en Lima, también acumula deuda coactiva con la SUNAT y tiene como representante legal a Camilo Becerra Vanegas. Este fue acusado del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado y su empresa tiene, desde el 19 de octubre del año pasado (siete meses después de firmado el contrato en San José) una sanción de 38 meses, que vence el 19 de diciembre del 2020, para contratar con el Estado.
La sanción se contiene en la Resolución N° 2304-2017, emitida por la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado y fue impuesta al probarse que Dering S.A.S presentó documentos falsos o adulterados.
LAS CARTAS
De acuerdo a la cláusula novena del contrato firmado en marzo del 2017 entre la Municipalidad Distrital de San José y el Consorcio Adonai, representado por Ruiz García, la contratista podía recibir un adelantos para el inicio de los trabajos.
Previo a ello, siguiendo lo indicado en la cláusula octava, el municipio le exigió a la empresa la presentación de cartas fianza que permitan garantizar el fiel cumplimiento del contrato.
En respuesta, Adonai alcanzó cuatro cartas, entre ellas la N° 4410066852.00, del 2 de marzo del año pasado, con la cual supuestamente la Concesionaria Vial Sierra Norte S.A., garantizaba al consorcio por la suma de tres millones de soles, a fin de respaldar el adelanto directo del contrato, y la N° 4410054578.02, del 9 de marzo del 2017, con la cual presuntamente la Compañía Minera Antapaccay S.A. garantizaba al consorcio por el monto de seis millones 80 mil 442 soles para que el municipio realice el adelanto de materiales en el proyecto. Otra de las cartas fue presentada con el supuesto aval de la Minera Las Bambas S.A.
Las cuatro cartas fueron – aparentemente – emitidas por el Banco Interamericano de Finanzas - Banbif.
Valiéndose de las cartas, Adonai recibió casi la tercera parte del presupuesto total de la obra, poco más de 10 millones de soles.
Meses después la Oficina Regional de la Contraloría General de la República detectó que las cartas fianza eran falsas.
“Nosotros hacemos un procedimiento de confirmación. El banco dijo que no había emitido las cartas”, señala Walter Coello Inope, responsable de la Contraloría en Lambayeque.
NULIDAD DEL CONTRATO
El 25 de abril del año pasado, el propio Banco Interamericano de Finanzas comunicó a la Tesorería de la Municipalidad Distrital de San José que las cartas presentadas por el consorcio eran falsas, lo que encendió las alarmas de los regidores y funcionarios de la comuna.
La entidad bancaria señala en su escrito que el Consorcio Adonai no era su cliente, que los documentos que este presentó no correspondían a ninguna carta fianza emitida por Banbif y que los números consignados en el encabezado de los escritos pertenecían a otros clientes.
En virtud de ello, el municipio anuló el contrato, quedando paralizada la obra de saneamiento tan necesaria para la población de San José.
EL BRÓKER VELÁSQUEZ
Iniciadas las investigaciones en el Ministerio Público, el representante del consorcio declaró:
“Se contrató como bróker comercial a César Velásquez Quesquén para gestionar las cartas fianza y la validez de las mismas, y que serían de dudosa procedencia, por cuanto la Municipalidad Distrital de San José nos ha resuelto el contrato”.
Y es que Adonai ha denunciado por estafa, apropiación ilícita y falsificación de documentos al hermano del congresista lambayecano. La investigación está a cargo de la fiscal Karen Padilla Tenorio. Ante esto – a modo de defensa – César Velásquez refiere que no fue quien emitió las cartas.
“Yo he sido un intermediario entre la empresa y la empresa que ha emitido las cartas fianza”, asevera César Velásquez.
El bróker cobró 946 mil 435 soles al consorcio, dinero que fue depositado en diferentes cuentas bancarias a nombre de terceros.
“Con respecto a las personas de Kilber Armestar Macedo y María Antonieta Sosa Salgado, los cheques y depósitos fueron girados en garantía a su nombre por indicación del denunciado César Velásquez Quesquén”, ha declarado Jorge Ruiz a la fiscalía. Armestar Macedo y Sosa Salgado son esposos.
César Velásquez asegura que él contrató a Kilber Armestar para que gestione las cartas fianza ante el Banbif y que este fue quien se las entregó.
De acuerdo a la investigación fiscal, existen conversaciones realizadas a través de Whatsapp en las que el hermano del parlamentario solicita los depósitos a nombre de los esposos Armestar Sosa, así como los cheques. En tanto, Velásquez Quesquén recibió dos depósitos de 10 mil soles y uno de 89 mil 400 a una cuenta personal en Interbank, además de un cheque del Banco de Comercio por 100 mil soles.
VELÁSQUEZ Y ORELLANA
La vinculación de César Velásquez con las obras de saneamiento no es nueva. Hace algunos años también tuvo participación con el proyecto de agua y alcantarillado de Olmos, valorizado en 120 millones de soles.
La participación fue a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop, de la cual era socio y llegó a ser presidente del consejo de administración. Dicha entidad emitió un total de 21 cartas finanza, todas ellas fraudulentas, valorizadas en 57 millones de soles. El perjudicado directo fue el municipio de Olmos y, por ende, el Estado.
El meollo del asunto radica en que la gestión del exalcalde Willy Serrato Puse desembolsó prácticamente todo el presupuesto del proyecto a favor de las empresas Ingenieros ABC Contratistas Generales SAC y Ramca Contratistas SAC, confiándose en la garantía que las cartas de Financoop supuestamente ofrecía. Sin embargo, la entidad no tenía autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros para la emisión de fianzas.
Otro caso que involucra a César Velásquez con cartas fraudulentas es el de COOPEX, brazo financiero de la red de Rodolfo Orellana. COOPEX giró a favor del Consorcio Clorinda Matto de Turner una fianza por obra educativa en el Cuzco. Con la carta el consorcio logró un adelanto de obra de más de seis millones de soles, dejando posteriormente el proyecto paralizado.
+ NOTICIAS
La Sociedad de Beneficencia de Chiclayo es una entidad pública cuya misión es atender a las familias más necesitadas. Sus ingresos se generan por el alquiler de los inmuebles que fueron legados por donantes, cuyo único propósito debe ser atender a quienes menos tienen. Sin embargo, desde que la comuna provincial tuvo injerencia en la institución el manejo de los recursos empezó a favorecer al entorno de las autoridades locales, como sucedió cuando los familiares de Katiuska del Castillo Muro, pareja del exalcalde Roberto Torres Gonzales, adquirieron estabilidad laboral. Por similares circunstancias, nuevamente la entidad se pone en el ojo de la tormenta.
Con el Decreto Supremo N° 010-2010, del entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, se estableció las funciones y competencias correspondientes a cada uno de los niveles de gobierno respecto a las sociedades de beneficencia pública y juntas de participación social en el marco del proceso de descentralización.
Al amparo de dicho dispositivo legal la Beneficencia de Chiclayo fue transferida a la comuna provincial, pero únicamente para desarrollar funciones y competencias a través del Directorio, integrado por tres representantes del municipio, uno del sector Salud y otro de Educación.
¿Qué competencias le fueron transferidas? El pago de los trabajadores activos y pensionistas, sin que ello represente la transferencia a favor de la municipalidad de los recursos humanos, económicos, financieros y/o patrimoniales, los cuales siguen siendo de propiedad de la beneficencia.
El Artículo 6 del mencionado decreto establece que los recursos de la institución deben ser ejecutados estrictamente para los fines sociales a su cargo, tales como salud, educación, bienestar, desarrollo social y otros rubros de proyección social.
Actualmente, la presidencia de la Beneficencia de Chiclayo la ejerce, por segunda vez en lo que va de la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel, Rosario Verástegui León.
CAMBIOS IRREGULARES
En junio de este año, en la SBCH se realizó la modificatoria del Reglamento de Organización y Funciones – ROF, a fin de facilitar los cambios presupuestales que benefician con incrementos remunerativos a un grupo de privilegiados trabajadores.
El cambio del ROF se hizo sin contemplar lo señalado por el Decreto Supremo N° 043-2006, de la Presidencia del Consejo de Ministerios – PCM, que aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación de dicho documento de gestión en las entidades públicas.
El Artículo 7 del referido decreto señala que “la conducción del proceso de elaboración y formulación del ROF de las entidades estará a cargo del órgano responsable de las funciones de planeamiento, racionalización o quien haga sus veces”. En Artículo 34 señala que la aprobación del ROF de las entidades se realizará de acuerdo al esquema.
A ello se suma que en el marco del proceso de modernización del Estado, en materia de gestión de recursos humanos, se aprobó la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, que ordena que todas las entidades del sector público que cuenten con trabajadores de los regímenes CAS, 728 y 276 deben adecuarse a la norma previa opinión favorable de la Autoridad del Servicio Civil. Además, la Cuarta Disposición Complementaria señala que el Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE, se aprueba mediante resolución del Consejo Directivo de SERVIR, con opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
Empero, ninguna de estas disposiciones han sido cumplidas por la Beneficencia de Chiclayo, que con Resolución de Presidencia del Directorio N° 144-2017-P-SBCH, aprobó la elaboración del nuevo ROF y del Cuadro de Asignación de Personal – CAP Provisional.
Sobre este último, el Decreto Supremo 043-2004-PCM, define los lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Cuadro para la Asignación de Personal – CAP, dispositivo derogado por el Decreto Supremo 040-2014-PCM en su única disposición complementaria para ser reemplazado por el Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE, aplicable únicamente a las instituciones que se encuentran en los alcances de la Ley del Servicio Civil. La SBCH no ha iniciado ese proceso de transición.
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA
Entre el año pasado y lo que va del 2018, la presidencia de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo ha emitido diversas resoluciones, cuyo contenido sería ilegal por la trasgresión a las normas vigentes y el perjuicio que generan a la entidad, sobre todo en el aspecto económico.
Por ejemplo, emitió la Resolución N° 144-2017, con la que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, la Resolución N° 180-2017, que aprueba un Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP y la Resolución N° 078-2018, que en sus artículos primero y segundo dispone:
“(…) Que a partir de la fecha el cargo de la Gerencia General, Subgerentes de órganos de línea, Subgerente y jefes de unidad de la SBCH, cuyas plazas están contenidas en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional), quedan comprendidos en el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, en virtud de los fundamentos glosados en los considerando del presente”, y que se aprueba la contratación del cargo de gerencia general, subgerentes y órganos de línea, sub gerente y jefes de unidad bajo la modalidad CAS con una nueva escala remunerativa, debiendo esto cumplir con las funciones contempladas en el Manual de Perfil de Puestos – MPP de la institución, aprobado con la Resolución de Presidencia del Directorio N° 183, del 30 de noviembre del año pasado.
El 22 de junio de este año, la presidencia del Directorio emitió la Resolución N° 102-2018, cuyo artículo primero autoriza la modificatoria en nivel institucional del Presupuesto de la SBCH para el ejercicio 2018, incrementando el gasto en 166 mil 404 soles para atender el incremento de sueldo a los cinco trabajadores, beneficiarios ellos de nuevas contrataciones bajo la modalidad CAS.
La modificatoria presupuestal se realizó con la opinión favorable de la contadora Giuiliana Tapia Sandoval, a través de los informes 098 y 101-2018-SBCH/OPP.
LOS BENEFICIADOS
Con la Resolución N° 080-2018-P-SBCH, del 14 de mayo pasado, se designó a Tapia Sandoval como jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la entidad bajo la modalidad CAS, pasando a ganar a tres mil 500 soles, efectivos desde junio. Su sueldo hasta ese momento era de mil 500 soles. Como reintegro por los días laborados desde la emisión de la resolución hasta el 31 de mayo recibió 933.33 soles adicionales.
El 14 de mayo, con Resolución N° 081, se designó a la contadora Hanny Ramos Suárez como subgerente de Gestión Inmobiliaria, también bajo la modalidad CAS, incrementándose su remuneración de mil a tres mil 200 soles, recibiendo un reintegro de mil 312.06 soles por el período del 15 al 31 de mayo.
Al abogado José Custodio Cabrejos se le designó como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. Su remuneración subió de mil 800 soles a tres mil 500, sumados a los 963.33 que recibió como reintegro.
El sueldo de la gerente de la beneficencia, Martha Chávez Alarcón, también se incrementó, pasando de mil 544.66 soles a cuatro mil soles. Esta recibió como reintegro por la segunda quincena de mayo mil 391.36 soles.
A la administradora Rossana Chanamé Chumán se le designó como subgerente de Negocios (Resolución N° 82). De mil soles al mes su sueldo se incrementó a tres mil 2000, más el reintegro por la última quincena de mayo ascendente a mil 246.67 soles.
Tanto Chávez Alarcón como Chanamé Chumán recibieron, adicional al reintegro por los últimos 16 días de mayo, la suma de mil 800 y 850 soles, respectivamente, correspondientes al CAFAE.
Todo esto fue informado a mediados de julio al gerente de Control Regional de la Contraloría General de la República, Walter Coello Ynope, recibiendo este todos los documentos de gestión modificados, las resoluciones emitidas por la presidencia de la beneficencia en las que aprueba los cambios y designa a los funcionarios, validando además los incrementos remunerativos, pese a perjuicio directo que estos generan sobre el presupuesto institucional. Hasta el momento la Contraloría no se ha pronunciado sobre el particular.
EN LA ÉPOCA TORRES
En el 2012, cuando Roberto Torres Gonzales dirigía los destino de la municipalidad de Chiclayo y designaba al presidente del directorio de la SBCH, el entonces gerente general de la entidad, Carlos Vigo Flores, remitió el Memorándum N° 1076-2012-G-SBCH refiriendo que en atención al oficio cursado por el jefe de Asesoría Legal debía formalizarse el ingreso de 33 trabajadores contratados bajo la modalidad de servicios no personales al Régimen 728, otorgándoles contratos indefinidos de trabajo.
Ingresar a los 33 trabajadores al Régimen 728 significó entre agosto y diciembre del 2012 el incremento presupuestal de 230 mil 702.75 soles, de los cuales 160 mil 450 fueron destinados a Remuneración Bruta; nueve mil 375 a Asignación Familiar; 15 mil 284.25 al pago de seguridad social; ocho mil 506.25 a las compensaciones por tiempo de servicio y 37 mil 87.25 al aguinaldo de Navidad. Al año siguiente el presupuesto subió al considerarse la gratificación por Fiestas Patrias.
En el mismo año, el presupuesto para trabajadores con contrato a plazo indeterminado de la beneficencia pasó de 10 mil 800 soles a más de 230 mil.
Entre los beneficiarios estaban Jhoan del Castillo Muro y Jesús del Milagro Muro Neira, hermano y tía de la pareja sentimental del exalcalde Roberto Torres Gonzales, quienes adquirieron estabilidad laboral.
+ NOTICIAS
El Gremio de Pesca Industrial y Afines de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, en alianza con el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales, del Ministerio de Trabajo, ha dado los primeros pasos para la formulación de los perfiles que definan las actividades y capacidades de los operadores del sector, a fin de lograr que se implemente en el país estándares que posibiliten su certificación, lo que ayudará a la formalización y mejora de las condiciones de empleabilidad.
Por increíble que resulte, en el Perú no existen criterios de evaluación que definan las funciones y habilidades que debe tener un operador del sector pesca, lo que impide que cualquier institución acreditada permita certificarlos, como sí sucede con los maestros de obra o agentes gastronómicos, por ejemplo.
En el país, el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”, con recursos concursables del Programa Fondo Empleo, otorga certificaciones gratuitas a trabajadores que tienen experiencia y conocimiento en las actividades que realizan, pero que no cuentan con documentos que los acredite.
Fue a través de este programa que el Gremio de Pesca Industrial y Afines puso en marcha las gestiones para desarrollar en Chiclayo la primera mesa de trabajo, a la que acudieron técnicos, especialistas y empresarios del sector procedentes de Piura, La Libertad, Lima y Lambayeque, con el objetivo de diseñar los perfiles que permitan la futura certificación de los operarios pesqueros.
APORTE PARA LA FORMALIZACIÓN
Marco Pizzali Graus, sectorista del gremio empresarial, explica que en la pesca existen cientos de trabajadores que lamentablemente nunca han sido reconocidos ni certificados.
“El gremio acogió la iniciativa, empezamos a trabajar con visitas al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación, y es así como es que se ha logrado realizar la mesa de trabajo en la que hemos validado las competencias y calificaciones que debe tener un buen operario del sector pesquero. En este ámbito tenemos al patrón de embarcación, al motorista, al tripulante, al panguero, al bahía y otros oficios más que deberían certificarse”, comenta.
La iniciativa del gremio sigue la línea de uno de los objetivos trazados por la Organización Internacional del Trabajo – OIT, que ha señalado la necesidad de reducir los indicadores de informalidad en el sector agroindustria y pesca, que siendo dos de los principales aportantes al Producto Bruto Interno – PBI nacional concentran – a la vez – los más altos índices de precariedad laboral.
“El hecho de que se pueda reconocer la capacitación y certificación de un trabajador obliga al empleador a brindarle también formalidad en el aspecto laboral. En Lambayeque tenemos trabajadores de Mórrope, San José, Pimentel, Santa Rosa, Puerto Eten, Lagunas y Chérrepe, quienes merecen ser certificados. Con la creación de los perfiles todos ellos y los demás trabajadores pesqueros a nivel nacional serán beneficiados”, indica Pizzali Graus.
LAS CERTIFICACIONES
El Programa Impulsa Perú ofrece el servicio de certificación laboral que reconoce las competencias, capacidades, desempeño, habilidades y aptitudes de trabajadores que realizan un oficio y no cuentan con un aval que demuestre sus conocimientos adquiridos en el mercado de trabajo. Está dirigido a trabajadores empíricos y/o con estudios truncos que tengan experiencia laboral.
La certificación se obtiene tras rendir de manera exitosa una evaluación en la cual se comprueben sus conocimientos en el oficio en el que se desempeñan y según los perfiles ocupaciones que ofrece el Programa Impulsa Perú de manera gratuita y a nivel nacional.
Con ello, la empresa o empleadora se beneficia con la mejora de sus procesos y objetivos de producción debido a que cuenta con un personal más calificado, conoce el potencial de sus trabajadores y se facilita el proceso de selección y capacitación interna.
“En el sector pesca existen diversas actividades que deben ser reconocidas. Por ejemplo, un bahía es la persona que brinda soporte logístico a la embarcación que se encuentra en altamar, por lo que se requiere habilidades y capacidades que permitan la resolución de problemas, coordinaciones con la Marina de Guerra, con las capitanías, con gerentes y otros actores. Nuestro objetivo es la certificación de los operarios que realizan faenas en el mar como en tierra”, señala.
Los perfiles, que como pionera la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque está trabajando a través de su Gremio de Pesca Industrial y Afines, deberán ser aprobados por los ministerios de Educación, Producción y Trabajo. Logrado esto, el Programa Impulsa Perú lanzará la convocatoria a las instituciones que puedan ofrecer la certificación y subvencionará la misma, con recursos de Fondo Empleo, a favor de los beneficiarios.
Dirigentes de los transportistas piden mejoramiento de vías y que se frene la circulación de informales.
Los transportistas esperan que el próximo alcalde o alcaldesa que tome las riendas de la ciudad de Chiclayo, tras ganar las elecciones del 7 de octubre, trabaje con honestidad y realice obras que embellezcan a la “Capital de la Amistad”. Piden, con énfasis, que se dedique a trabajar por el ordenamiento del transporte público.
Actualmente las calles y avenidas se encuentran dañadas y eso perjudica a los transportistas. Además, el transporte informal se ha incrementado desmesuradamente y las autoridades de turno, como aquellas que pasaron por el sillón municipal, no hicieron nada para resolver el incremento del parque automotor.
MEJORAS
El dirigente de la Corporación de Taxis de Lambayeque, Segundo García Sánchez, expresa que el nuevo alcalde tiene que pensar en las mejoras que le hagan bien a la ciudad, ya que el transporte actualmente es un caos.
“Chiclayo tiene sus calles destruidas, la imagen de la capital de la amistad cada vez está decayendo, el turismo tiene poca acogida, por falta de obras y la inseguridad ciudadana es la que prevalece”, refiere.
Opina que la primera labor que tiene que hacer el nuevo alcalde es plantear un proyecto de corto, mediano y largo plazo que apunte a resolver el problema del transporte, haciendo un estudio técnico responsable, que indique cuántas unidades de cada modalidad es lo que soporta la infraestructura vial de la ciudad, con información de campo, adecuada y real.
Cuestiona que en la actual administración municipal se haya buscado aplicar estrategias diseñadas hace más de 20 años.
“La Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte no tiene una base de datos sincerada, ellos no saben cuántos vehículos formales de cada modalidad circulan por Chiclayo y en eso tiene que trabajar la próxima gestión municipal”, expresa.
Anota que la próxima gestión que ingrese a gobernar Chiclayo, debe ordenar el transporte público y terminar con la informalidad, que ha sobrepasado por falta de control de las autoridades.
AUTORIDAD
Wilson Miñope Carbajal, secretario de organización de la Central de Colectivos de Lambayeque, pide a la nueva autoridad que va dirigir Chiclayo, que el nuevo gobernante de la provincia restituya el principio de autoridad, el que – asegura - se ha perdido en los últimos 20 años.
A nombre de su organización, refiere que se espera un alcalde que brinde la seguridad jurídica a quienes han invertido en unidades modernas y se ven afectados por las pistas dañadas, la informalidad y el incremento de los informales que perjudican la alicaída canasta familiar.
“Necesitamos una autoridad que nos preste las garantías, que imponga principio de autoridad, que cree un reglamento provincial de transporte que no existe en Chiclayo y de esa manera fomente a la formalidad como única vía para acceder al servicio público de pasajero. Asimismo, que elabore un plan regulador de rutas que se adecue a la actual realidad”, señala.
ORDENAMIENTO
El presidente de la Central de Empresas, Asociaciones y Operadores de Taxis de Lambayeque, Juan Vásquez García, refiere que uno de los primeros trabajos del nuevo alcalde o alcaldesa que llegue a gobernar Chiclayo debe ser el ordenamiento del transporte y la construcción urgente de un terrapuerto para que permita descongestionar el tráfico vehicular.
Asimismo, pide que el pago por concepto de infracciones y el impuesto a la propiedad vehicular no ingrese a la planilla de los trabajadores, sino que se revierta en la mejora de las calles y avenidas, realizando trabajos de pavimentación, señalización y semaforización.
“Nosotros los taxistas no vemos la hora en que termine la gestión del señor David Cornejo Chinguel, porque en cuestión de transporte no ha hecho absolutamente nada, es por eso que esperamos que la próxima autoridad que nos gobierne realice trabajos favorables a los hombres del volante”, declara.
RENUNCIA
Mientras tanto, nuevamente la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo entró en crisis tras la renuncia del gerente Jhon Vega Sánchez, quien puso su cargo a disposición tras conocerse que figura en la lista de los 20 investigados por la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada - FECCOR, por supuestas irregularidades.
La renuncia de Vega Sánchez se produjo el 6 de septiembre a las 10:00 de la mañana. Ante este hecho la preocupación de los dirigentes de los transportistas no se hizo esperar.
INCERTIDUMBRE
García Sánchez manifiesta que una vez más la incertidumbre que existe en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, especialmente en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte deja mal parada a la actual gestión y perjudica a los miles de transportistas que están a la espera de que se les entregue sus documentos, como la tarjeta única de circulación, por ejemplo, que son necesarios para el conductor que realiza servicio público.
En dicha dependencia existe expedientes paralizados hace cuatro años, prácticamente desde que se inició la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel.
“Son documentos que están en espera, y ese es el gran problema que tienen los transportistas, ya que simplemente le dan una copia del expediente y lo van sellando todos los meses y con eso trabajan los choferes y el problema no se resuelve. El señor alcalde tiene que ver a una persona seria que resuelva el problema del transporte temporalmente en lo que queda de gestión”, dice.
ZOZOBRA
Miñope Carbajal lamentaba la renuncia de Vega Sánchez, porque – según refiere - deja a los transportistas en zozobra, ya que el trabajo que avanzaron vuelve a fojas cero, lo cual resulta negativo considerando que la administración de Cornejo Chinguel está de salida. El hecho – indica – genera retrasos y mayor preocupación entre los hombres del volante.
“Los problemas sin solucionar se han dado durante toda la gestión de Cornejo Chinguel, solamente apalearon los referido a cilindrajes y acceso que fueron modificados por decretos supremos, pero temas esenciales como la habilitación de vehículos que tienen tramites desde 2012 y 2013 aún no han sido resueltos por la actual gestión”, manifiesta.
Añade que existen trámites por antigüedad vehicular que tampoco ha sido concluidos por la gestión de Cornejo Chinguel, en cuyo mandato se ha incrementado el índice de informalidad en el transporte.
“Como hubo un divorcio entre la gestión municipal, la policía y el gobierno regional, no se realizó un estudio para evitar que siga creciendo la informalidad, tanto así que no se ha dado ninguna ordenanza, cerrando el acceso a nuevos vehículos para evitar el crecimiento del parque automotor. En noviembre se registró el último empadronamiento de taxis, de los cuales solo se escribieron mil 500 y los informales bordean más de los 10 mil, y eso perjudica a las demás modalidades, porque hacen sistema de colectivo e ingresan a zonas donde existen vehículos formales y eso viene destruyendo a los transportistas día a día”, explica.
PROMESAS
Juan Vásquez declara que Vega Sánchez, que tenía más de 10 días en el cargo no había hecho nada para solucionar el problema del transporte y al parecer por presión del alcalde o de algunos de los regidores renunció al cargo.
Además informa que cuando conversaron con este, a los pocos días de haber asumido la jefatura de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte, se comprometió a trabajar y solucionar los problemas que aquejan al sector sin dar ningún resultado concreto.
“Cuando conversamos con el funcionario renunciante nos dijo que tenía todo el interés de solucionar los problemas del transporte, pero renunció sin hacer nada. Ahora dudo que en los tres meses que le queda de gestión a Cornejo Chinguel nos dé solución a nuestro problema, porque durante los cuatro años de gestión no hizo nada”, refiere, Juan Vásquez.
La negociación de sentencias por parte de altos magistrados del Poder Judicial, revelada por los ya famosos audios, no es lo único irregular en la judicatura. Procesos de contratación inobservando las normas vigentes y presuntos favoritismos laborales también forman parte del problema, que en la Corte de Lambayeque también se hace sentir.
Expresión conversó con el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial en el departamento, Luis Escajadillo Castillo, quien con énfasis señala que existen hechos que merecen la atención de los organismos de fiscalización y ante los cuales la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, se mantiene silente.
A raíz de caso “Lava Juez” se ha puesto en cuestión la idoneidad de muchos magistrados y la manera en la que se administra justicia en el país. ¿Cuál es la posición que frente a este serio problema asumen los trabajadores del Poder Judicial?
Justos pagan por pecadores. Esos temas que son focalizados en el Poder Judicial salieron a la luz y afectaron la imagen institucional, y en esa dinámica está el Sindicato de la Corte de Lambayeque, tratando de levantar un poco la imagen del Poder Judicial.
Es lamentable que los órganos de control no hayan actuado de manera oportuna y eficaz. Tanto la OCMA como la ODECMA no vienen cumpliendo a cabalidad con su función.
Muchas veces se persiguen unos casos que no tienen mucha relevancia. El tema de atraso obviamente que genera una desazón a los justiciables, pero hay razones por las cuales existe el atraso del Poder Judicial, por ejemplo la judicialización de las pensiones que para nosotros no debería ir a sede judicial, sino resolverse en vía administrativa.
En Lambayeque hay seis juzgados contenciosos administrativos que ven temas pensionaros que bien podría la ONP reconocerlos en sede administrativa. Eso ha generado una carga enorme y es imposible que un trabajador pueda sacar adelante su proceso, más aún porque la oficina de recursos humanos de la Corte de Lambayeque no implementa adecuadas políticas de gestión del personal.
Hay muchos cambios, ascensos indebidos, a veces no respetan la especialidad del trabajador y todos esos errores han generado que el trabajador no se sienta a gusto en el puesto que labora. Hay cambios indebidos y eso genera atraso y, sin embargo, no se investiga la corrupción que ha existido.
Hace algunas semanas Expresión informó no solo de cambios indebidos, sino también de incumplimientos de sentencia o medidas cautelares de no innovar a favor de trabajadores despedidos de manera arbitraria y recientemente en la Corte de Lambayeque se ha contratado a personal para los juzgados laborales emitiendo un aviso de invitación a través de la crónica judicial, pero sin que se conozca la lista final de ganadores, los cuales fueron designados por el titular de la entidad. ¿Qué ha hecho el sindicato al respecto?
Nosotros como sindicato hemos hecho los reclamos respectivos. Tenemos el Oficio 057-2018 que se le entregó a la doctora Elvia Barros Alvarado, vocal suprema, que llegó hace tres semanas a hacer una visita conforme lo había ordenado el PRESIDENTE del Poder Judicial, advirtiéndole que hemos detectado las irregularidades.
Hemos denunciado contrataciones indebidas, ascensos a personal que no cumple los perfiles y que no se respeta la antigüedad. Mucha gente que tiene años en el servicio sigue como secretarios de asistente. En el Poder Judicial se está abusando de la contratación CAS y hay mucha discrecionalidad al respecto.
Actualmente se está implementando un proceso de selección para los nuevos juzgados de familia. Van a crear siete juzgados más para temas de violencia de género y hemos visto que están presentando currículos y aparentemente va a haber una entrevista con el titular de la entidad y creo que ese no es el adecuado mecanismo para una selección de personal.
Nosotros que somos trabajadores antiguos hemos pasado por un filtro que es un concurso público, en el que hubo un reglamento, un estadío de tacha, y esto no se está respetando en el Poder Judicial.
Últimamente hubo trabajadores que los nombraron casi a los seis meses de contratados y no pasaron por ningún concurso o examen psicológico. Muchas autoridades creen que el Poder Judicial es su feudo y ahí viene el tema de las componendas.
¿Esto se ha agravado en la gestión actual o es algo que se presenta de manera recurrente desde las anteriores presidencias?
Desde que trabajo en el Poder Judicial siempre ha habido esos temas. Tengo 10 años ahí y siempre he visto selecciones irregulares, contrataciones a dedo. Ha debido implementarse concursos en el Poder Judicial y pocos ha habido en los últimos años.
¿Tiene el sindicato copia del informe de auditoría a la gestión de la juez Ana Salés del Castillo como presidente de la Corte de Lambayeque?
Tenemos unos alcances. La Contraloría hizo una observación al alquiler del local para los juzgados laborales porque no reúne las condiciones. Hasta ahora no vemos responsables directos, pero tenemos conocimiento extraoficial de los procesos de selección. En varia ocasiones ha habido irregularidades.
El año pasado se contrató para el servicio de limpieza a una empresa que era una MYPE y que no reunían las condiciones para realizar el servicio. Esa empresa no le canceló los haberes remunerativos a sus trabajadores. Después se resolvió el contrato en vía de regularización, pero sobre ese punto nadie asumió responsabilidad.
Tengo entendido que los trabajadores de limpieza pidieron al Ministerio de Trabajo una inspección y se dieron cuenta que el domicilio fiscal de esa MYPE era el domicilio de una operario de limpieza. O sea, habían utilizado los datos de una trabajadora para presentarse a un concurso. Eso es totalmente irregular y a la fecha no hay responsables.
¿Cuántos trabajadores tienes la Corte de Lambayeque?
Actualmente somos 850 trabajadores de los tres regímenes: 728, 276 y CAS, pero el grupo de contratados CAS ha crecido.
¿En el caso de Lambayeque, cuánto ha crecido la contratación?
Se están creando los juzgados de familia, han creado dos juzgados laborales transitorios para descarga de la nueva Ley Procesal del Trabajo, también crearon los juzgados anticorrupción, después crearon unos juzgados de descarga procesal. Puede haber crecido en un 40 % la población de trabajadores CAS, quienes no han pasado por el filtro adecuado.
¿Cuántos trabajadores han adquirido estabilidad laboral sin cumplir los requisitos?
Serán alrededor de 25 o 30. Ese tema se observó porque entraron sin una evaluación. Ingresaron en esta gestión.
Al problema se suman la demanda de mejoras salariales a nivel nacional en el Poder Judicial…
Ahorita está pendiente el tema remunerativo, porque la ley de presupuesto de este año se nos había aprobado una escala remunerativa. Tenemos el sueldo estancado desde el 2012, pero a raíz de los audios y el problema que hay actualmente, se ha estancado el trámite.
El MEF ha ofrecido una escala remunerativa, sin embargo todavía no está concretado el tema y eso nos preocupa porque, si bien es cierto, hemos dado una tregua, este año no ha habido huelga y la población está un poco más tranquila porque sus procesos no se están dilatando, pero todavía queda desazón en el trabajador y esto internamente puede explotar con una lucha en las calles.
Nosotros tendremos una asamblea en dos semanas donde evaluaremos la situación actual. No se descartan medidas de lucha, pero depende de la autoridad. Nosotros exigimos el cumplimiento de la ley y es lamentable que para el próximo año los magistrados pretendan un incremento adicional.
¿En qué quedó el reclamo que ustedes le presentaron al expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez sobre las sentencias no atendidas por la Corte de Lambayeque en casos de despido arbitrario?
De parte del presidente no obtuvimos ninguna respuesta, solamente un comunicado que decía que se tenía presente para cualquier tipo de indagación. Nosotros tuvimos que recurrir con los trabajadores a presentar quejas ante la OCMA para que nos den una solución.
¿Cuántos casos identificaron?
Teníamos como 15 casos de reposición. Se han repuesto a 13 trabajadores, restan dos, pero están llegando más trabajadores con juicios, quienes ya tienen cautelares a su favor. Hemos apoyado en lo que se ha podido a esos compañeros.
El problema es que estas reposiciones no se hacían efectivas porque se abusaba de las contrataciones directas. No había plazas, pero había gente que indebidamente estaba en el cargo. Se ha hecho presión a través de la prensa, a través de los documentos a las autoridades, para que esas contrataciones queden sin efecto y puedan regresar los trabajadores que fueron indebidamente despedidos.
