El decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque, Jorge Luis Ríos Ordoñez, informa que en el departamento la orden profesional cuenta con 750 asociados, de los cuales 600 están hábiles para el ejercicio, quienes no pueden cubrir la totalidad de establecimientos dedicados a la comercialización de medicamentos e insumos, por lo que señala la necesidad de que en la región se cree una Facultad de Farmacia. La más cercana funciona en la Universidad Nacional de Trujillo.
“En la orden tenemos muchos colegas que, si bien están registrados, ya no se encuentran en Lambayeque o radican en el exterior. Como colegio velamos permanentemente por el correcto desempeño de nuestros asociados en los diferentes campos de la profesión, que son muy amplios. La mayoría se identifica con la oficina farmacéutica, es decir, la atención en farmacias, boticas y centros de salud públicos y privados. Sin embargo, también estamos presentes en la industria farmacéutica, laboratorios de análisis clínicos y la toxicología forense, tanto en el Instituto Medicina Legal como en la Policía Nacional, a través de la unidad de criminalística”, comenta.
Situación laboral
Menciona que una de las principales limitaciones que enfrentan los químicos farmacéuticos es el aspecto remunerativo, pues muchas veces son condicionados a cumplir funciones administrativas en los establecimientos privados, aun cuando no es su competencia. El sueldo promedio de un químico farmacéutico en la región es de dos mil 800 soles mensuales.
“Una de nuestras obligaciones es la de coordinar y exigir a las autoridades de salud la presencia de un químico farmacéutico en todos los establecimientos u oficinas farmacéuticas existentes. Esto es necesario para evitar el intrusismo y delimitar bien las funciones que deben cumplir, por ejemplo, los técnicos en farmacia. En Lambayeque son más de mil 800 establecimientos y profesionales hábiles para el ejercicio somos 600, lo que representa una brecha bastante alta, lo que obliga a que muchas veces los colegas tengan contratos inferiores a las ocho horas diarias, a fin de poder asistir a dos y hasta tres establecimientos al día”, manifiesta el decano.
Precisa que las condiciones laborales son una permanente preocupación para el colegio, debido a que muchos establecimientos formales no respetan el horario de trabajo del profesional, debiendo realizar horas extras que no son reconocidas en la remuneración.
El marco normativo y estatutario exige la habilidad profesional para el ejercicio tanto en el sector público como privado, por lo que el año pasado se cursaron comunicaciones tanto a la Gerencia Regional de Salud como a la Red Prestacional Lambayeque de EsSalud para que se exija este requisito a sus trabajadores.
“Los colegas que ejercen en la oficina farmacéutica de las farmacias y boticas también debe ser hábiles. Lógicamente el control lo podemos ejercer sobre los establecimientos que son formales, porque en las zonas periféricas hay muchos que no lo son y ahí es imposible tener una intervención como colegio en cuanto a la habilidad profesional”, indica.
Anota que la fiscalización de establecimientos es una responsabilidad de la Dirección de Medicamentos y Drogas, que depende del Ministerio de Salud.
Formación profesional
La brecha profesional obedece a que Lambayeque no cuenta con una Facultad de Farmacia y Bioquímica, como sí existe en La Libertad, específicamente en la Universidad Nacional de Trujillo.
La única Facultad de Farmacia que existía en Lambayeque era la de la Universidad Alas Peruanas, que al no licenciarse no ha podido recibir más ingresantes y, por lo tanto, sólo está a la espera de la última promoción para cerrar sus operaciones, conforme lo ha establecido la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU.
“Nosotros suscribimos un convenio con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, pero entendemos que es muy difícil implementar una facultad como la que requerimos debido a la inversión necesaria, pues no sólo se necesita de la infraestructura adecuada, sino también de laboratorios, instrumental y, sobre todo, de los insumos, pues la carrera demanda de realizar actividades de investigación permanente”, señala Ríos Ordoñez.
Precisamente para fortalecer el desempeño profesional, el colegio cumple con un amplio programa de capacitación y actualización académica.
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LEYENDAS:
La Contraloría General de la República emitió su reporte actualizado de obras paralizadas a nivel nacional, tomando como fecha de cierre el mes de diciembre del 2023. De los casi dos mil 300 proyectos detectados, 62 corresponden a Lambayeque, representando una inversión de más de 219 millones de soles.
Según el reporte existe un total de dos mil 298 obras públicas paralizadas, en los tres niveles de gobierno, que no reportan ningún avance en su ejecución física durante seis meses o más, a diciembre de 2023. En estos proyectos truncos se ha invertido más de 26 mil 992 millones de soles y se necesitaría más de 13 mil 772 millones para concluirlos.
Problemática nacional
El reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a diciembre de 2023, revela que las principales causas de la paralización de las obras son los incumplimientos de contrato (540 obras, 23.5 %) así como la falta de recursos financieros y liquidez para seguir ejecutando el proyecto (515 obras, 22.4 %). En menor medida, mencionan las discrepancias, controversias y arbitrajes (109 obras, 4.7 %) y los conflictos sociales (101), entre otros motivos, según el registro realizado por las mismas entidades públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas – Infobras, de la Contraloría General.
Los sectores de intervención que acumularon la mayor cantidad de proyectos inconclusos son Transportes y Comunicaciones con 628 obras, donde se han invertido más de ocho mil 522 millones; Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde se registran 529 obras por un monto de cuatro mil 497 millones; y Agricultura con 281 obras por más de cuatro mil 42 millones.
En relación a los departamentos que presentan el mayor número de obras paralizadas, se tienen a: Cusco (346), Puno (281), Lima (178), Áncash (144) y Cajamarca (137). Mientras que Tumbes (7), Callao (10), Madre de Dios (19), Ucayali (24) e Ica (5), son los departamentos en donde se registra una menor cantidad de construcciones inconclusas.
Principales obras
En Lambayeque, las principales obras paralizadas, según la Contraloría, son: el mejoramiento de las condiciones de la formación práctica que brinda la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, valorizado en 18 millones 529 mil 273 soles, existiendo a la fecha discrepancias, controversias y arbitraje; el mejoramiento del camino vecinal cruce Congacha Señor de la Humildad – Cueva Blanca, en el distrito de Incahuasi, a cargo de Provías Descentralizado, por diez millones 442 mil 598 soles, y el mejoramiento de las redes de distribución primarias y secundarias en Mochumí, Túcume, Jayanca, Pacora, Mórrope, Íllimo y Lambayeque, responsabilidad de Electro Norte S.A., con un presupuesto de siete millones 853 mil 178 soles. En esta última obra hay incumplimientos de contrato.
También está paralizado el mejoramiento de los servicios policiales de la comisaría de Picsi, a cargo de la Oficina General de Infraestructura de la Policía Nacional del Perú, con un presupuesto de tres millones 168 mil 544 soles; la rehabilitación del canal Pampa Grande, cruce quebrada Montería y la rehabilitación del camino de vigilancia y vías de acceso del reservorio de Tinajones, a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, por dos millones 909 mil 154 soles; el mejoramiento del servicio educativo por ampliación de coberturas en las instituciones educativas del nivel inicial n.° 11159 – Atumpampa, n.° 10065 – Tute, n.° 326 – Cachinche, de los distritos de Cañaris y Pítipo, por seis millones de soles. Dichos proyectos educativos son responsabilidad del Gobierno Regional de Lambayeque, que también tiene paralizada la instalación de los servicios educativos de la Institución n.° 408 San Martín, de Oyotún, y n.° 409, Pampa La Victoria, de Pátapo, por dos millones 959 mil 385 soles.
Otros proyectos son: el equipamiento del servicio de oncología del Hospital Regional Docente Las Mercedes, competencia del Gobierno Regional de Lambayeque, por dos millones 443 mil 192 soles; la ejecución de la red de distribución de agua de riego Bloque 4, tomas laterales 1 y 2 del Valle Viejo de Olmos, a cargo del Proyecto Especial Olmos Tinajones, por 414 mil 630 soles, donde se han detectado conflictos sociales; el mejoramiento del Plan Maestro de saneamiento, agua potable, desagüe y tratamiento de aguas residuales del distrito de Monsefú, cuya unidad ejecutora es la comuna local, por 53 millones 988 mil 490 soles; el mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico de los caseríos Positos, Tranca Sasape, Tranca Fanupe, Casa Blanca, Fanupe Barrio Nuevo y anexos del distrito de Mórrope, a cargo del municipio local por 23 millones 51 mil 499 soles, y el mejoramiento del camino vecinal Mórrope, Pedregal, Las Mercedes, Huaca de Barro, Las Pampas, Lagartera, Barrio Nuevo, distrito de Mórrope, por 15 millones 908 mil 447 soles.
Asimismo, están la reconstrucción de la avenida Culpón, la prolongación de la avenida Jorge Chávez y la calle San Fernando en el distrito de José Leonardo Ortiz, responsabilidad de la comuna local, por seis millones 79 mil 177 soles y la instalación del servicio de protección contra inundaciones en la zona noroeste de la localidad de Ferreñafe, márgenes de la acequia Tutumo, a cargo de la comuna provincial y valorizada en cinco millones 505 mil 77 soles. En este último caso faltan recursos financieros y liquidez.
Los indicadores de percepción de inseguridad siguen en aumento a nivel nacional. En diciembre pasado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, emitió el Boletín de Estadísticas de Seguridad Ciudadana – Mayo – Octubre 2023, revelando que en el caso de Lambayeque el 88 % de la población mayor de 15 años no se sienta segura en las calles.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del programa de Presupuesto por Resultados, ejecuta desde el año 2010 la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (antes Encuesta Nacional de Programas Estratégicos).
La encuesta tiene como uno de sus temas principales, la “Seguridad Ciudadana”, cuyo propósito fundamental es conocer si la población de 15 y más años de edad, ha sido víctima de algún hecho delictivo en los últimos doce meses, asimismo, dar a conocer la percepción de inseguridad de la población y la existencia de vigilancia en su zona o barrio.
El módulo de “Seguridad Ciudadana” tiene como cobertura geográfica el área urbana a nivel nacional, siendo el tamaño de muestra anual de 28 mil viviendas particulares. Los resultados se presentan considerando el área urbana a nivel nacional que comprende los centros poblados de dos mil y más habitantes.
De acuerdo al estudio, se considera como “víctima” a la persona de 15 y más años de edad del área urbana que haya sufrido al menos un hecho delictivo durante el periodo de referencia (últimos 12 meses). Asimismo, se considera como hecho delictivo a todo evento que atenta contra la seguridad, vulnera los derechos de una persona y conlleva al peligro, daño o riesgo como: robo o intento de robo de dinero, cartera, celular; robo o intento de robo de vehículo automotor el cual comprende auto, camioneta, autopartes, mototaxi, motocicleta o bicicleta; amenazas e intimidaciones, maltrato físico y/o psicológico de algún miembro del hogar, ofensas sexuales, secuestro, intento de secuestro, extorsión, estafa, robo de negocio o delitos informáticos.
Cifras nacionales
El 27.8 % de la población de 15 años a más a nivel nacional en el ámbito urbano fue víctima de algún hecho delictivo, entre mayo y octubre del 2023.
En comparación con el mismo semestre del 2021 y 2023, el indicador tuvo un aumento 10.3 % y 4.7 %, respectivamente.
En las principales ciudades de 20 mil habitantes a más, el 30.9 % de la población fue víctima de algún hecho delictivo. En tanto, en los centros poblados urbanos entre dos mil y menos de 20 mil habitantes, la cifra fue del 19.9 %.
“La incidencia de victimización es diferenciada de acuerdo al tamaño del centro poblado urbano. Así, en los que tienen mayor volumen de población, la población víctima de hechos delictivos es mayor que en pequeños centros poblados urbanos”, precisa el estudio.
En el semestre de análisis, el 33.7 % de la población de 15 años a más en Lima Metropolitana fue víctima de algún hecho delictivo, mientras que en el Callao, esta cifra alcanzó el 29.5 %.
“A nivel nacional urbano, el 28,2 % de la población de hombres fueron víctimas de algún hecho delictivo, mientras que el porcentaje de la población de mujeres víctimas fue del 27,5 %”, señala el INEI.
En relación a la edad, a nivel nacional urbano, el mayor porcentaje de víctimas de algún hecho delictivo se encuentra en el rango de 15 a 29 años (33,2 %), seguido por el rango de edad de 30 a 49 años (31,4 %) y el rango de edad de 50 a 59 años (25,1 %). El menor porcentaje de víctimas se presenta en el rango de edad de 60 años o más, con un 16,8 %.
Otro indicador importante es el de revictimización. A nivel nacional, el porcentaje de la población urbana de 15 años y más de edad que fue víctima de más de un hecho delictivo fue del 12,3 %. En comparación con el similar semestre móvil de mayo - octubre de 2022, la revictimización se incrementó en 3,0 puntos porcentuales.
“Según los resultados del presente semestre en análisis (mayo – octubre 2023), Ucayali presenta el mayor porcentaje de percepción de inseguridad en los próximos doce meses con el 93,4 %, seguido de Tacna (92,3 %), Cusco (91,0 %) y Madre de Dios (90,8 %); en tanto que el departamento de Áncash (45,9 %) presenta la menor percepción de inseguridad. Asimismo, en comparación con los resultados del semestre similar mayo – octubre 2022, el departamento de San Martín presenta el mayor aumento de percepción de inseguridad (pasando de 55,1 % a 73,6 %), en tanto que el departamento de Apurímac presenta la mayor disminución de percepción de inseguridad (pasando de 75,5 % a 63,6 %)”, se indica.
Lambayeque
La percepción de inseguridad en Lambayeque pasó del 81 % entre mayo y octubre del 2022 al 88 % entre mayo y octubre del año pasado. El incremento fue de 6.9 %.
Resulta llamativo que la percepción de inseguridad en Lambayeque sea mayor a la de regiones como La Libertad, donde el año pasado se reportó el 83.8 %, 4.6 puntos menos que lo reportado en el período mayo octubre del 2022.
La percepción de inseguridad en Piura también fue menor a la de Lambayeque: 83.9 %, mientras que en Tumbes llegó a 62.5 % y Cajamarca 83 %.
Víctimas de delitos
La evolución también se ha mostrado en cuanto a la población mayor de 15 años víctima de algún hecho delictivo.
Los departamentos con más incidencia en este aspecto fueron: Tacna (36,1 %), Puno (35,3 %), Lima Metropolitana (33,7 %), Madre de Dios (31,5 %) y Arequipa (30,4 %); en tanto que los departamentos de Amazonas (13,8 %), Cajamarca (14,0 %), Huánuco (16,2 %) y San Martin (16,7 %).
Al respecto, Lambayeque tuvo una incidencia de 17.5 % entre mayo y octubre del año pasado. Es decir, 18 de cada 100 personas mayores de 15 años fueron víctimas de algún tipo de delito en el departamento. La cifra para el mismo período del 2022 fue de 14.1 %. El aumento es notorio.
Si se compara con las demás regiones del norte, en La Libertad el indicador es de 22 de cada 100; en Piura, 28 de cada 100, en Tumbes, 17 de cada 100 y en Cajamarca, 14 de cada 100.
De las ciudades del departamento con mayor incidencia delictiva, Chiclayo ocupa el primer lugar. En la capital regional, 21 de cada 100 personas han sido víctimas de delitos en el semestre mayo – octubre del 2023.
Para el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales, la situación actual de la región la hace poco atractiva a las inversiones, por lo que cuestiona la falta de diligencia de las autoridades para revertir la falta de orden, limpieza y seguridad. Asimismo, señala que desde el gobierno regional hace falta una visión clara de cómo gestionar proyectos de alto impacto como el Terminal Portuario, al punto que se negó la asignación de recursos para actualizar sus estudios.
En el marco del 123° aniversario de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, el dirigente gremial reflexiona sobre el momento económico del país y el impacto que sigue teniendo el alto índice de informalidad empresarial, aun cuando el sector informal ha logrado – afirma – sortear los efectos de la crisis.
“La esencia del emprendedor no le permite en ningún momento y bajo ninguna circunstancia doblegarse, él siempre se sobrepone y ante cualquier caída, inmediatamente se pone de pie. Por ello es que si bien muchos de los emprendedores no forman parte de la economía formal, sobre todo en Lambayeque, donde la informalidad es del alrededor del 85 %, sí han podido pasar los temporales que han sido bastante malos”, menciona.
Huancaruna Perales anota que ello significa que las empresas formales, que son las que menos hay en Lambayeque, son las que están asumiendo la carga tributaria, que es la que permite al Estado contar con recursos para asignarlos a los gobiernos regionales y locales.
“Si hacemos una revisión minuciosa encontramos que muchos de los emprendimientos que intentaron pasar a la formalidad claudicaron por todas las circunstancias macroeconómicas que existen a nivel global, cuya solución, obviamente, están más allá de sus posibilidades”, señala.
Clase política
Para el representante del empresariado regional, parte de la salida a la crisis económica en el Perú es el cambio en el modo de pensar y actuar de la clase política, que debería pasar – anota – de las intenciones y actitudes declarativas, a la acción, pero pensando en el desarrollo y productividad del país.
“Tal como se muestra el panorama, no espero que este año puedan darse avances grandes en tanto la clase política no cambie. Políticamente no se han hecho y no se están haciendo bien las cosas. Como cualquier ciudadano puedo afirmar que las voluntades no son suficientes. No hay confianza en el Perú y por ello creo que debería haber cambios sustantivos e inmediatos no solamente en las personas, sino también en quienes tienen la responsabilidad de dirigir la política económica, buscando una estrategia más certera. La falta de confianza sí es un problema grave”, afirma.
Proyectos para Lambayeque
Sobre los grandes proyectos regionales, Olivio Huancaruna menciona que el departamento debe insistir en su ejecución, buscando mecanismos viables y realistas, generando condiciones para alentar la inversión del sector privado.
“Hay algo que yo siempre digo y sé que a algunos políticos no les gusta: el Estado no genera empleo, el empleo lo hacen los privados. El Estado tiene la obligación de generar condiciones para que los privados inviertan y así se genere ese círculo virtuoso. Claro, los populistas dirán lo contrario, pero es la realidad. Ahora bien, una verdad absoluta es que Lambayeque no debe renunciar a sus grandes anhelos y la realización de los grandes proyectos como el Terminal Portuario Regional o el mejoramiento vial. Las autoridades deben ser sinceras y hablar con la verdad. Las autoridades deben dejar de comparar a Lambayeque con regiones que tienen otras realidades y mayores recursos para emprender sus proyectos. Les está faltando realismo en cuanto a temas importantes, por lo que su preocupación debe ser resolver los problemas actuales de orden, limpieza, seguridad y conectividad. Sólo así la región será atractiva a los inversionistas”, manifiesta el presidente de la cámara de comercio.
Denuncia que la representación política de Lambayeque en el Congreso de la República y a nivel regional no haya sido capaz de defender ante el Ejecutivo la ejecución de una obra prioritaria como el terminal portuario.
“Me da mucha pena que en las obras priorizadas para este año por el gobierno nacional nuevamente se excluya a Lambayeque y entre esas exclusiones esté el Terminal Portuario. Es más, el gobierno regional ha negado la partida económica necesaria para la actualización de los estudios del proyecto, que incluya la nueva oferta exportable. La obra del terminal no necesita de la inversión del Estado, porque dada su magnitud es autofinanciable. Si es una obra en la que no se necesita el concurso económico del Estado debería impulsarse, pero aquí sucede lo contrario y eso hay que decirlo. Es bueno que la población sepa qué está pasando”, manifiesta.
Anota que pareciera que la clase política regional no comprende que el Terminal Portuario Regional es una obra de impacto macrorregional, por lo que postergar la actualización de sus estudios afecta a toda la población.
Los recursos
Olivio Huancaruna cuestiona la manera en la que el Estado ha derrochado los recursos del país en años anteriores, a través de la entrega de bonos o compras onerosas.
“Despilfarraron los ahorros de 30 años valiéndose de un mecanismo oficial como fue la entrega de bonos. La crisis pasada pudo abordarse de manera diferente por eso es que desde el empresariado decimos que la crisis actual debe tratarse con una perspectiva distinta. El populismo, no conforme con despilfarrar los ahorros del Estado, hizo que los trabajadores consumieran los ahorros de su jubilación, autorizando los retiros de las AFP”, señala.
En ese sentido, el dirigente empresarial menciona que si se requiere de obras en las que es necesaria la participación del Estado, cuya administración de los recursos cuestiona, “que así sea”, pero en las obras de mayor impacto y tecnología sugiere fundamental la participación de los capitales privados.
El empresario refiere que la ineficacia de la administración pública para manejar de manera eficiente y transparente los recursos del Estado resulta sumamente dañina, pues “es inconcebible que habiendo dinero para cerrar las brechas que afectan a la población o retrasan el desarrollo, no se use”.
“Debería haber penalidad para la ineficiencia. No podemos tener una administración con gente que no sabe hacer las cosas. No podemos ver que la plata llega y se regresa porque no hay capacidad para invertir, pese a las enormes necesidades que hay. Las leyes deberían cambiar y sancionar a quienes no saben cómo ejecutar los recursos que reciben municipios, regiones y ministerios”, anota.
Llamado a la acción
El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque llama a las autoridades locales y regionales a reflexionar sobre los resultados de su primer año de gestión, los que califican como pobres en relación a las expectativas que generaron en la población al momento de ser elegidas.
“Este año no pueden seguir haciendo lo mismo, deben entender que no hay aprobación alguna a su desempeño y si no lo creen, pregúntele a la gente qué piensan de las autoridades. Por más que se quieran comparar con los anteriores, que fueron malo e indeseables, no logran ubicarse en una posición aceptable porque han mostrado incapacidad, mediocridad e irresponsabilidad”, señala.
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