El past decano del Colegio de Sociólogo de Lambayeque, Manuel Ulloque Sandoval, refiere que para reducir la conflictividad en torno al caso Tumán sería propicio la constitución de un grupo impulsor que pueda articular las medidas de solución a la crisis de la azucarera, previo al mapeo de actores sin distinción alguna.
“Tumán era una de los ingenios azucareros más importantes del país, teniendo el 9 % de la producción en el mercado azucarero a nivel nacional y una tecnocracia propia, que le permitió un trabajo técnico y competitivo. Sin embargo, ello se fue perdiendo en el tiempo”, señaló Ulloque Sandoval durante su participación como expositor en el Panel Fórum “Tumán: Crisis y posibles soluciones”, organizado por el CONREDE Lambayeque.
Haciendo una revisión histórica del ingenio, el sociólogo comentó que la actividad azucarera en el hoy distrito de Tumán empezó en la época colonial, pero fue en 1872 que la hacienda fue comprada por Mariana Barreda de Pardo y en 1907 se inició la industrialización del azúcar.
Para 1955 la haciendo inició su proceso de crecimiento tecnológico, hasta que en 1969, con la Ley 17716, Ley de la Reforma Agraria, la propiedad pasó a manos de los trabajadores convirtiéndose en cooperativa.
“La crisis azucarera empieza en la década del 70 por factores internos y externos. En la década del 90 se dan los primeros intentos de inyección de inversión privada, hasta que en 1996 se hace el cambio de modelo pasando de cooperativa a Sociedad Anónima Abierta”, señaló.
Consecuencias de la crisis
Manuel Ulloque dijo que la crisis en Tumán ha generado la pérdida de más de dos mil 500 puestos de trabajo; limitaciones y disminución en los servicios públicos; pérdida de la paz social y tranquilidad laboral; desencadenamiento de huelgas y protestas; baja productividad y la venta de acciones que debilitan a la empresa.
“No hubo adaptación a un nuevo modelo empresarial, hubo limitaciones en compromisos de pago, afectando a los trabajadores principalmente y se ha tenido administraciones judiciales sin resultados. Por otro lado, con el cambio de modelo hubo una transformación del trabajador, siendo este más luchador por sus derechos”, analizó.
Propuestas de solución
Ulloque Sandoval manifestó que para superar la situación crítica que enfrenta la azucarera es necesario reducir los conflictos sociales que se generan en torno al control de la misma.
“Es necesario realizar un análisis y mapeo de actores, identificar sin apasionamiento quiénes están involucrados en el problema y escucharlos. Reitero, la participación debe ser de todos, no sólo de los trabajadores y sus dirigentes. Se debe generar un grupo impulsor que establezca cuál es la plataforma de la empresa y en función de ella señalar prioridades, empezando por el aspecto remunerativo. Del mismo modo, la población de Tumán y de todo el departamento debe estar informada sobre lo que acontece en torno a la empresa. Asimismo, se deben implementar mecanismos de participación y diálogo”, enfatizó.
Finalmente, dijo que los trabajadores mejor capacitados deben ser involucrados en la toma de decisiones y abrir paso a la intervención de la academia. “Una declaratoria de emergencia podría ser una alternativa de solución para generar condiciones políticas y económicas para reflotar a la empresa. Finalmente, se debe poner énfasis en el respeto a los derechos laborales para generar identidad”, manifestó.
Manuel Ulloque ha sido consultor para la cooperación alemana a través de GIZ y el Fondo Contra Valor Perú Alemania. También ha laborado en FONCODES como especialista y como planificador social.
Debido a la situación crítica de la Empresa Agroindustrial Tumán, es imposible que esta cumpla con los pactos colectivos a beneficio de los trabajadores, por lo que según el abogado laboralista Carlos Palomino Guerra, una de las primeras medidas de cara a un proceso de reflotamiento de la azucarera debe ser la revisión de los acuerdos, a fin de evitar que se sigan generando más deudas.
Fue durante su participación en el Panel Fórum “Tumán: Crisis y posibles soluciones” que Palomino Guerra postuló la necesidad de poner la recuperación de las actividades productivas como una prioridad, a fin de cumplir con las obligaciones laborales a favor de los casi tres mil trabajadores de la empresa.
“Muchas empresas han descuidado el aspecto laboral, lo que en el corto y mediano plazo genera pérdidas. Hablar de derechos laborales no implica sólo al trabajador, también se debe mirar al empleador, que también tiene derechos. Tumán lo que necesita es un buen inversionista y en mi opinión la instalación de la Junta de Acreedores es una salida legal viable, que además permitirá cautelar los derechos de los trabajadores, pues son estos los que tienen la principal acreencia. Se necesita inversionistas con experiencias en el sector azucarero, que conozcan su manejo y el giro del negocio, pero además capaces de atraer recursos financieros nacionales o extranjeros”, indicó el especialista.
Pagos y acuerdos
Palomino Guerra refirió que la primera acción a realizar es la regularización de los pagos atrasados, pues con ello se motivará a los trabajadores.
Desde que se inició la crisis de la empresa, en mayo del 2015, a la fecha, los trabajadores, jubilados, viudas y herederos de Tumán dejaron de percibir sus remuneraciones y CTS de manera regular, llegando al escenario extremo de no recibir ningún tipo de pago pese a mantener su condición de trabajadores de la azucarera.
“Las administraciones judiciales no han sido una buena solución, han cuidado más los intereses particulares y el afán de crear más acreencias, algunas fantasmas, para mantener el clima de inestabilidad y seguir satisfaciendo intereses de ciertos grupos”, acotó.
Siendo crítica la situación financiera de la excooperativa, Carlos Palomino mencionó que lo razonable es plantear también la renegociación de los pactos colectivos.
“También es necesario renegociar los pactos colectivos, algunos de los cuales son imposibles de mantener en la situación actual. No renegociar los pactos colectivos da pie para que se empiece a cuestionar a los inversionistas que puedan entrar. La terquedad de una posición no será la solución para sacar adelante a Tumán”, enfatizó.
Escenario claro
El abogado laboralista añadió que el inversionista que apunte a ingresar a Tumán debe ser consciente que en tres o cuatro años no verá el retorno de su inversión, puesto que la primera fase será de absoluto saneamiento económico, regularización de pagos, reparación de la fábrica y recuperación productiva de los campos, algunos de los cuales están invadidos o alquilados.
“A ello se suma la necesidad de implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo. También es necesario realizar una auditoría laboral, pues no existe un sinceramiento de deuda con los trabajadores y hay cientos de demandas judiciales que atender. Es necesario saber cómo está la empresa”, precisó.
Otro aspecto que consideró relevante es el cambio de visión empresarial y que se implemente un plan de reconversión de cultivos, porque de otra manera habría necesidad de prescindir de buena parte de la masa laboral.
“Si queremos que Tumán salga adelante hay necesidad de pensar en la reducción de costos laborales. Esto puede empezar por la renegociación de los pactos colectivos y la reconversión productiva podría evitar la reducción de mano de obra”, señaló.
Carlos Palomino es especialista en Derecho Laboral, Derecho Empresarial, Derecho Laboral Procesal y Derecho Administrativo. Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo y en Derecho de la Empresa. Realizó una pasantía en Derecho Laboral en San José de Costa Rica. Es, además, docente universitario.
A decir del economista Limberg Chero Senmache, la solución a la crisis de la Empresa Agroindustrial Tumán no pasa únicamente por medidas financieras, que permitan hacer productivos nuevamente los campos y la fábrica. La sostenibilidad – afirma – se logrará cuando los actores estén debidamente legitimados y puedan emprender un proceso de entendimiento con los trabajadores y jubilados.
Chero Senmache, panelista en el fórum organizado por CONREDE Lambayeque, explica que la economía está en el seno de las humanidades y las ciencias exacta, y esa dualidad es la que le permite tener una doble mirada, que cuando se aplica en el ámbito de lo privado y lo público da paso a las finanzas, pero también a la reflexión técnica.
En ese sentido, considera que para abordar el problema de Tumán, es importante tener esa doble mirada, porque al igual que muchos otros problemas que tiene el Perú y específicamente algunos que tiene Chiclayo, lo que pasa en la azucarera toca las fibras más sensibles de la sociedad.
Cambio a medias
“Aquí se ha producido un cambio de sistema económico que en realidad ha sido sólo un cambio de mirada a la hora de la aplicación, pasando de un sistema proteccionista a uno más libre, donde el mercado podía entrar a sectores que antes estaban protegidos por el Estado. Tumán ha sido parte de esa reforma, entre comillas”, afirma.
Indica que ello ha generado un buen número de controversias alrededor del tema. Algunas de ellas ideológicas, cuya discusión es vana en un análisis académico, porque las posiciones ideológicas son pasionales, “y en lo pasional nunca nadie va a tener la razón”.
“Las ideologías han generado guerras, han dividido naciones y han fracturado familias a lo largo de los cinco mil años de historia de la humanidad”, señala.
Por otro lado, menciona que está el análisis desde el punto de vista financiero. Limberg Chero indica que son más de siete mil hectáreas las que tiene Tumán, quitando las eriazas y las que están invadidas.
“Esas tierras son rentables, pero no porque se trate de una empresa en específico, sino porque en un escenario óptimo, en el que el egoísmo no sea el principal motor, habría más recursos para que, por ejemplo, las municipalidades y el gobierno regional hagan obras, sobre todo en la zona azucarera. Las excooperativas albergan a más del 30 % de la población de la provincia”, remarca.
Añade que otro aspecto es el que escapa a lo financiero, pero que es mucho más importante, es el que tiene que ver con lo racional, con un nivel moral superior. En este no entra lo político, ideológico ni pasional.
“Todo lo que se ha hecho en Tumán es una suma de errores, errores en varios sentidos. Ha habido errores desde la configuración que se quiso hacer con buena intención de un modelo económico que le dé sostenibilidad a un producto que tiene demanda internacional, como es el azúcar”, afirma.
Reconocer el problema
Chero Senmache menciona que lo primero que debe hacerse es reconocer que existe el problema y luego identificar las causas.
“Considero que aquí existen causas de diferentes tipos, pero todas están asociadas a temas éticos. La primera es la forma en la que se pasó de la cooperativa a la sociedad anónima, en un proceso casi arbitrario en el que se reconoció a unos y se desconoció a otros. Otro tema es la falta de entrenamientos y preparación que ha habido para establecer lineamiento y gobernanzas que permitan que la empresa sea viable, enfrascándose todos en luchas personales e interesadas que impiden ver la raíz del problema. El negocio azucarero es sostenible, pero hoy en día en el caso de Tumán tiene tal nivel de deuda que la solución será inmediata”, acota.
El economista considera necesario un análisis del problema sesudo, consciente, real y desataviado de intereses, reconociéndolo como tal. “Problemas hay con los trabajadores, con los jubilados, con los sembradores, y por otro lado un problema de tipo público, porque se tiene un bien que debería usarse para generar recursos que permitan luchar contra la pobreza, la anemia, la falta de salud de y educación de calidad, el acceso al saneamiento básico, entre otros”, señala.
“Las cooperativas que yo alcancé a ver en mi niñez tenían un sistema que las hacía viable. De eso no existe nada, todo está desmantelado, no se puede siquiera procesar la caña. La sostenibilidad financiera sólo se sostiene en autoridad moral y eso, en términos concretos, se traduce en legitimidad. Esa legitimidad es la que está en juego. No se puede pensar en una solución solamente financiera, porque eso no será sostenible”, enfatiza.
Limberg Chero es graduado de Economía y Finanzas. Adscrito al Basel Institute on Governance de la Universidad de Basilea (Suiza). Ha sido profesor en varios países en temas relacionados a economía y gestión pública. En el Perú ha sido profesor de la Universidad ESAN, de la Escuela Nacional de Administración Pública de SERVIR, de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Banco Central, OSIPTEL, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, y en las Naciones Unidas. Es coordinador interinstitucional del Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza.
Para el economista Lindon Vela Meléndez, reconocido investigador de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, la agudización de la crisis de la Empresa Agroindustrial Tumán se debe, en parte, a las erráticas decisiones del Poder Judicial, con la designación de las administraciones que han destruido el patrimonio de la azucarera hasta sumirla en la situación actual.
Vela Meléndez participó en el panel fórum organizado por el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – CONREDE Lambayeque, en el que se analizó la problemática de la agroindustrial y se formularon propuestas de solución desde la perspectiva de la academia y la sociedad civil.
“¿Por qué interesa analizar la situación de una empresa privada? Porque sus resultados comprometen generacionalmente no sólo a sus trabajadores, sino a toda una población, y segundo porque se trata de una entidad emblemática para Lambayeque. Tumán llegó al modelo cooperativo y luego a una sociedad anónima, y se puede afirmar que el problema de Tumán ha sido asumido de manera recurrente por el Poder Judicial, a través de sus administraciones nombradas. Son aproximadamente seis las administraciones identificables, lo que evidencia que el caso de Tumán ha tenido un manoseo judicial”, señaló.
El economista precisó que valiéndose de los auxilios judiciales se ha generado un ciclo recursivo para el manejo de la empresa. “El accionar de parte del Poder Judicial ha sido errático, con motivaciones hasta contradictorias y ninguna de ellas ha servido para resolver el problema central, que es el pago de las deudas. Además, se dejaron de pagar impuestos, que es otro problema que afecta a toda la sociedad”, dijo.
Crisis y trabajadores
Lindon Vela sostiene que la intervención de los trabajadores no ha generado recursos para reflotar la industria azucarera, esto debido a su falta de conocimiento para manejo financiero, principalmente.
A ello se suma que los niveles de conflictividad instalados impiden la gobernanza de la empresa y eso la ha entrampado. “Se generan condiciones para los malos manejos, invasiones de terrenos, decisiones societarias no autorizadas, ventas no regularizadas, pero además que son propicias para otro problema que no aún no se aborda de manera directa, como es la concentración de la propiedad de la tierra, aspecto en el que ya es necesaria la intervención del INDECOPI”, manifestó.
Medidas de solución
“Se necesita un pacto de conciliación entre los trabajadores para dejarse apoyar por la academia y entidades como los colegios profesionales. Se tiene que sincerar la situación económica, realizar un inventario de las tierras y maquinaria, de la deuda, incluida la deuda social. En un escenario de cese de la conflictividad es posible que las universidades locales puedan ayudar”, sostuvo.
Vela Meléndez afirma que la situación de insolvencia de la empresa califica para la aplicación de un proceso concursal.
“Se puede buscar inversionistas con un concepto claro del valor compartido, con una salida empresarial y social. La prelación de la deuda, la de los trabajadores, debe respetarse. Se podría diversificar productos, algunos con menos dependencia del agua, dada la deuda que se tiene por ese concepto. También se podría aplicar la protección del patrimonio de la empresa mientras dure el proceso”, señaló.
Finalmente, precisa que sin inversión no se podrá pagar lo más elemental que es la deuda laboral.
“Debemos ser conscientes de que en las condiciones actuales ningún inversionista va a querer poner su dinero en la empresa. Ante ello el mecanismo de sinceramiento más adecuado será el reconocimiento de las acreencias y una junta de acreedores vía proceso concursal, que, además, paralizaría la intervención judicial”, enfatizó.
Lindon Vela es doctor en Economía, especialista en Banca y Finanzas por ESADE, docente universitario e investigador RENACYT. Tiene registro como investigador a nivel internacional y participa en publicaciones con la Universidad de Alicante, de España. Es fundador del Instituto de Economía y Desarrollo – INDES.
Para el economista y docente universitario Moisés Montenegro López es urgente que las autoridades políticas y la sociedad civil, que representan a la gobernabilidad y la gobernanza, tomen la decisión de iniciar un amplio diálogo respecto a la problemática de la Empresa Agroindustrial Tumán, donde los principales afectados son sus trabajadores.
Moisés Montenegro, expositor en el Panel Fórum “Tumán: Crisis y posibles soluciones”, indica que es necesario tener una visión clara de cuál es el clima en el que se desarrolla el problema de Tumán.
Para ello, comenta que el Índice de Fragilidad a nivel global ubica al Perú en el puesto 100 de 180 países, lo que lo convierte en un país débil, “donde no se respetan las reglas de juego, que es lo que da cimiento a la institucionalidad”.
Precisa también que el Índice de Percepción de la Corrupción, que estudió a 180 países, ubica al Perú en el puesto 121. Por otro lado, en el Índice de Competitividad Regional - INCORE, Lambayeque se ubica en el puesto 7, al 2023.
“Si se reflotara Tumán, respetando las condiciones de justicia social y buscando indicadores de sostenibilidad, se dinamizará la economía de la provincia y se mejoraría la conectividad regional, de ahí la importancia de una empresa estratégica en el sector azucarero para el desarrollo de Lambayeque”, menciona.
Inseguridad y justicia
En la dimensión de instituciones, el INCORE señala que en ejecución de inversión pública Lambayeque se ubica en el puesto 13 de 25 regiones, en tanto en la percepción de la gestión pública regional se ubica en el puesto 24, mientras que en criminalidad, en el puesto 21.
“Somos una región insegura y el problema de Tumán abona a ese escenario. En inseguridad, la percepción nos ubica en el puesto 17. Respecto a resolución de expedientes judiciales, Lambayeque se ubica en el puesto 21. No se está haciendo justicia y se protege la impunidad”, manifiesta.
Montenegro López remarca que si bien Tumán es una empresa privada forma parte del mercado y, por lo tanto, tiene relación con la gobernanza local.
“Tumán tiene una multa de la Superintendencia del Mercado de Valores por un millón 71 mil soles, a marzo del 2023. En el mejor año Tumán generaba ganancias por 200 millones, dependiendo aproximadamente tres mil trabajadores, que representan a 20 mil familias”, indica.
Añade que como consecuencia de la crisis, la mano de obra femenina tumaneña migra a las agroindustrias de Lambayeque, con jornadas de 12 horas. “Hay incremento de la deserción escolar y perjuicio de la unidad familiar”, anota.
Asimismo, refiere que existirían hasta 10 inmobiliarias informales en los terrenos de la azucarera.
Importancia del diálogo
“La empresa no puede pagar impuestos, entre ellos al municipio. La gobernabilidad la conforman las autoridades elegidas por la población, desde el nivel nacional hasta el local, en tanto la gobernanza la conforman la sociedad civil y sus organizaciones. Considero que se hace necesario el encuentro entre estos dos componentes para dialogar y buscar salidas viables y legales al problema de Tumán. Los actores políticos y sociales deben dialogar”, manifiesta.
Agrega que los primeros en canalizar las problemáticas de la ciudadanía, en este caso de los trabajadores, deberían ser los alcaldes de los distritos azucareros.
Finalmente, menciona que el reporte de conflictos de la Defensoría, a enero del 2024, ubica a la situación de Tumán como un conflicto latente. Esa condición está desde el 2017.
Moisés Montenegro es doctor en Gestión Universitaria, especialista en economía internacional, política económica, gestión y gobernabilidad institucional. Es docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
La contratación del Consorcio Vial VI con el Gobierno Regional de Lambayeque sigue arrojando sorpresas. A la denuncia formulada ante el Ministerio Público por la aceptación de comprobantes (facturas) presuntamente falsas dentro de la oferta del consorcio, se suma ahora el vínculo de una de sus integrantes con el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado López, quien cumple prisión preventiva por su participación en supuestos actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo Terrones.
El 22 de febrero pasado, el Gobierno Regional de Lambayeque, representado por el jefe de la Oficina Regional de Administración, Carlos Escalante Gómez y el representante legal común del Consorcio Vial VI, Simón Correa Vásquez, suscribieron el Contrato de Obra N° 000001-2024-GR.LAMB/ORAD (325252037 -2), con la finalidad de ejecutar la obra “Mejoramiento del servicio de servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera Ferreñafe (EMP LA 111) – Mamape (EMP LA-709) – Hacienda Mamape en la Provincia de Ferreñafe”, valorizado en ocho millones 974 mil 546.42 soles.
El consorcio está conformado por las empresas: Constructora Romasi S.A.C. y Constructora HT S.A.C.
Contrato con Alvarado
La Constructora HT S.A.C. representada por Elí Tello Villavicencio, a la vez mayor accionista de dicha compañía, ha mantenido una relación cercana con el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, quien el 20 de septiembre del 2022 fue contratado para desempeñar el cargo de Superintendente de Obras.
Alvarado López, quien tiene una estrecha relación con Lambayeque al haber estudiado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ingresó a la constructora cuatro días después de dejar el cargo de ministro, pues el 16 de septiembre fue censurado por el Congreso de la República con 94 votos a favor, ante los presuntos actos de corrupción en los que estaba involucrado.
El contrato entre el exministro y la constructora fue suscrito para tener un período de vigencia de un año; es decir, hasta el 20 de septiembre del 2023, pero quedó trunco debido a que el 1 de abril del año pasado fue capturado y luego enviado a prisión bajo mandato preventivo por 36 meses. Se le imputa haber integrado una organización criminal liderada por el propio expresidente Pedro Castillo.
Obligaciones y derechos
De acuerdo al contrato de trabajo suscrito por las partes, Geiner Alvarado, al margen de la labor que tenía que realizar para el que fue contratado, debía someterse al cumplimiento estricto de sus funciones bajo las directivas de sus jefes o instructores y las que se impartan por necesidades del servicio.
Como contraprestación del mismo se le debía pagar 10 mil soles mensuales, debiendo el empleador, en este caso la Constructora HT S.A.C., inscribir al trabajador en el libro de planilla de remuneraciones de la empresa, con la finalidad de legalizar la relación laboral.
Denuncia por comprobantes
El 4 de marzo, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, y otros cinco funcionarios de su gestión, así como los integrantes del Consorcio Vial VI, fueron denunciados ante el Ministerio Público por la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos omisión de actos funcionales, colusión agravada y negociación incompatible.
De acuerdo a la denuncia presentada por el especialista en Contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, el 13 de febrero pasado comunicó por escrito al gobernador regional de la existencia de dos facturas de la Serie n.° 000352 y 360 emitidas el 25 de marzo del 2019 y el 15 de agosto del 2019, las mismas que – indica en la misiva - fueron corroboradas ante la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT como “no autorizadas” para su impresión y, por ende, para su emisión, las cuales habrían servido al Consorcio Vial VI para ser adjudicado con la buena pro del proceso de selección: Adjudicación Simplificada n.° 79-2023- GR.LAMB – Primera Convocatoria, con la finalidad de ejecutar la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera Ferreñafe (EMP LA-111) – Mamape (EMP LA-709)) – Hacienda Mamape – Distrito de Ferreñafe”.
Un paciente con infarto inmediatamente es ingresado al laboratorio de hemodinamia, único en la región en un centro de salud privado, permitiendo una atención inmediata a pacientes con infarto, lo que puede ser crucial para evitar consecuencias graves y salvar vidas
El médico Pedro Pablo Casa Laura, conocido cardiólogo especializado en hemodinamia, quien es director general de Clínica de Hospitales Lambayeque SAC, concedió entrevista al Semanario Expresión, sustentando que la hemodinamia es una rama de la cardiología dedicada al estudio y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares a través de procedimientos invasivos.
El reconocido galeno ha salvado la vida de muchos pacientes gracias a su experiencia en cateterismo. Ahora, con la hemodinamia, la que es una especialidad crucial en el tratamiento de afecciones cardíacas, realiza procedimientos como cateterismos cardíacos y angioplastias para diagnosticar y tratar problemas en las arterias coronarias y otras estructuras del corazón.
Clínica de Hospitales
Pedro Pablo Casa Laura revela que desde el año 2013, viene trabajando arduamente para brindar una mejor atención a los pacientes. Clínica de Hospitales Lambayeque SAC cuenta con todas las especialidades disponibles, incluyendo servicios de emergencia, hospitalización y una unidad de vigilancia intensiva. “Estamos bien equipados para atender las necesidades médicas de la comunidad. Especialmente en la Unidad de Hemodinamia en el área de cardiología, ya que permite una atención inmediata a pacientes con infarto, lo que puede ser crucial para evitar consecuencias graves y salvar vidas. La capacidad de ofrecer este tipo de atención especializada demuestra un compromiso excepcional con la salud y el bienestar de los pacientes”, señaló.
Destaca que Clínica de Hospitales Lambayeque SAC, es una empresa peruana que ofrece servicios médicos en diversas especialidades, incluyendo cardiología, medicina general y cirugía. “La clínica cuenta con un equipo de profesionales médicos altamente calificados y ofrece una amplia gama de servicios, como consultas médicas, exámenes de diagnóstico, cirugías y hospitalización. También cuenta con tecnología médica avanzada para brindar atención de calidad a sus pacientes en angiografías, angioplastias, marcapasos, ecocardiogramas y cardioversión”, resaltó el médico agregando que también cuentan con tomógrafo, rayos “X” y laboratorios.
Dentro de su capacidad hospitalaria -reveló- cuentan con 15 camas para hospitalización, tres camas en la unidad de vigilancia intensiva, dos camas en la unidad de recuperación post operatorio, dos camas en sala de emergencia. Además, tienen todo lo necesario para atender una emergencia y la atención es las 24 horas del día en todas las especialidades. “Hay un médico permanente en emergencia y los médicos especialistas están a la orden en forma inmediata ante la presentación de una emergencia”, resaltó.
Desarrollo Científico
Como médico cardiólogo, tengo especialidad en hemodinamia la que me permite realizar procesos endovasculares claves para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
“Entre las intervenciones que he realizado se incluye la implantación de marcapasos, así como cateterismos en el corazón, el cerebro y en cualquier sistema arterial. Estos procedimientos son fundamentales para diagnosticar y tratar afecciones como enfermedades coronarias, anomalías cardíacas y trastornos en el sistema arterial, lo que contribuye significativamente a mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes”, reveló.
Es impresionante la evolución en los procedimientos médicos -señala- al punto que también se realizan angioplastias en lugar de recurrir a bypass, demostrando que es una solución efectiva para muchos pacientes. “Esta técnica se realizada a través de la arteria femoral, lo que permite resolver problemas cardíacos de manera menos invasiva y con una recuperación más rápida. El procedimiento se
realiza con el paciente despierto y éste, está una estancia corta en el hospital, los pacientes pueden regresar a casa en pocos días y reincorporarse a sus actividades habituales en una semana. Esta innovación en la atención médica ha mejorado significativamente la calidad de vida de los pacientes al reducir la necesidad de cirugías más invasivas”, destacó.
Conciencia en salud
Es alentador -señala- ver cómo la conciencia sobre las patologías cardiovasculares está creciendo tanto entre los médicos como en la población en general. El aumento en los diagnósticos precoces es fundamental para abordar eficazmente estas enfermedades, que son las más frecuentes a nivel mundial. Pedro Pablo Casa Laura explica que la prevención y la detección temprana juegan un papel crucial en la reducción de la incidencia y las complicaciones asociadas con las enfermedades cardiovasculares. Esta mayor conciencia y enfoque en la salud cardiovascular sin duda contribuirán a mejorar la calidad de vida y a reducir la carga de estas enfermedades en la población.
Atención médica
Detalla que, en cuanto a la menor sospecha de un riesgo coronario, se debe realizar un cateterismo de forma inmediata para evaluar la presencia de lesiones arteriales. Ello es una estrategia crucial. Si se identifica una lesión – explica- durante el cateterismo, se puede proceder a la fractura de las arterias para resolver el problema del paciente. Esta intervención temprana y precisa es
fundamental para diagnosticar y tratar eficazmente las enfermedades coronarias, lo que puede tener un impacto significativo en la salud y el bienestar del paciente.
“En la Clínica de Hospitales se atiende el infarto de manera urgente, ya que cuando una arteria se tapa, una parte del corazón comienza a morir. Es crucial abrir esa arteria dentro de las primeras seis horas para permitir que esa parte del miocardio se recupere. Esta intervención rápida y efectiva es fundamental para limitar el daño causado por el infarto y mejorar las posibilidades de recuperación del paciente”, precisó.
Casa Laura detalla que al recibir a un paciente con infarto, se le ingresa inmediatamente al laboratorio de hemodinamia donde se realiza la apertura de la arteria con el objetico de obtener el mejor pronóstico posible.
“Todo el procedimiento se lleva a cabo en el laboratorio de hemodinamia, donde se cuenta con equipos especializados para realizar estos procedimientos. Es importante destacar que en la parte privada, la Clínica de Hospitales es la única que dispone de estos equipos. En la parte pública, lo tiene EsSalud y el Hospital Regional, donde no solamente se atiende a la población de Lambayeque, sino también a la población de la sierra de Cajamarca y la parte Nororiental”, señaló.
Con la COVID19
Durante la pandemia de la COVID19, se vieron en la necesidad de adquirir una planta de oxígeno, la que fue de mucha utilidad para atender a sus pacientes, así como brindar apoyo a la comunidad, a la Policía Nacional al propio hospital del Estado, EsSalud. “Tomar la iniciativa de la planta de oxígeno propia fue crucial, pero ahora nos permite asegurar un suministro constante de oxígeno y garantizar la mejor atención posible a los pacientes sin preocuparse por escasez de este recurso médico vital. La capacidad de proporcionar oxígeno de manera oportuna y eficiente es fundamental en el cuidado de pacientes con diversas
afecciones médicas”, sostuvo.
Pablo Casa Laura advierte que Clínica de Hospitales Lambayeque SAC cuenta con convenios con varias AFP, con la Sanidad de la Policía Nacional, aparte de ello, atiende casos referentes a accidentes de tránsito cubiertos por el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito -SOAT, lo que permite una atención inmediata a los pacientes. “La coordinación entre todas las áreas y la priorización de la atención oportuna al paciente son aspectos fundamentales para garantizar una vigilancia médica eficaz y de calidad. La colaboración entre diferentes entidades y la atención coordinada demuestran un enfoque integral en la atención sanitaria, lo cual es esencial para brindar el mejor cuidado posible a los pacientes”, recalcó.
Los mejores del año 2023
El médico Pedro Pablo Casa Laura no escondió su emoción, señalando que es admirable recibir la distinción y el reconocimiento como uno de los mejores del año 2023. Sin embargo, es inspirador ver que este reconocimiento no los limita a conformarse, sino que los impulsa a seguir trabajando arduamente y capacitándose continuamente en beneficio de la salud de la población.
El galeno detalla que una de sus iniciativas al empezar el día es la búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con la mejora continua, factores que son aspectos claves para brindar una atención médica de calidad y contribuir al bienestar de la comunidad.
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El decano del Colegio Médico del Perú – Consejo Regional VIII, Jimy Agüero Acuña, conversa con Expresión a días de concluir su gestión y aborda la problemática del sector Salud, agudizada por la rotación de funcionarios y falta de infraestructura adecuada.
El sector Salud atraviesa una situación crítica a nivel nacional, según los especialistas, y en el caso de Lambayeque pareciera que esa crisis se ha agudizado con el cambio de gerentes regionales. Van seis gerentes en 13 meses de la gestión regional liderada por un médico, tres de los cuales han sido designados en lo que va de este año. ¿Le preocupa esta situación al gremio que usted representa?
La alta rotación de funcionarios en cualquier sector y mucho más en uno tan importante como el de Salud, trae como consecuencia el detenimiento de muchos procesos administrativos, porque cada gerente ingresa con un estilo de trabajo y cierta experiencia que le puede permitir aplicar herramientas para obtener resultados.
Lamentablemente, se han tenido cambios frecuentes y ello ha implicado cambios en programas y estrategias, sobre todo en circunstancias críticas como la que hemos vivido el año pasado y este año por el dengue.
Personalmente conozco del trabajo del nuevo gerente, doctor Percy Díaz Morón, quien ya ha sido subgerente, conoce el sector y el gerente SERVIR, lo que me genera cierta expectativa de la labor que puede realizar.
¿Como colegio profesional han logrado reunirse con el gobernador Jorge Pérez para exponerle sus planteamiento y principales observaciones al manejo del sector Salud?
No hemos tenido un acercamiento importante con el gobernador, pues el gobernador está abocado a otras gestiones. Sin embargo, esperamos que la nueva gestión en la Gerencia Regional de Salud facilitará el acercamiento con los colegios profesionales y gremios del sector.
Como orden profesional hemos cuestionado muchas veces la alta rotación de funcionarios y el manejo que se ha dado a situaciones complejas como la del dengue. Si bien, la epidemia se desencadenó por una serie de factores como la falta de agua potable en las viviendas, sí se pueden tomar mejores decisiones para enfrentar y mitigar problemas como el dengue o el avance del sarampión.
Urge fortalecer el primer nivel de atención y mejorar la infraestructura en la que se atienden los pacientes. El 80 % de la infraestructura sanitaria es obsoleta y representan riesgo para los pacientes y trabajadores.
Lambayeque enfrenta otro serio problema que tiene que ver con la formación de nuevos profesionales en las diferentes carreras de la salud. Por ejemplo, se cerró la única escuela de Obstetricia; no hay escuela de Farmacia y Bioquímica, recién se va empezar a formar nuevamente tecnólogos médicos, y sólo hay una escuela de Biología. ¿Se ha tratado este tema entre los colegios profesionales?
La formación en las escuelas profesionales tiene que ver mucho con el perfil epidemiológico histórico de la región. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo apareció recién en la década del 80 y con una fuerte oposición de ciertos sectores, por lo que es responsabilidad del Estado dar las facilidades para la apertura de escuelas profesionales que respondan a la necesidad de recursos humanos en el aspecto de la salud.
La población de Lambayeque envejece y dentro de poco se va a necesitar más profesionales en medicina física y de rehabilitación y especialistas en Geriatría, pero actualmente no se están formando en la región.
Las universidades deben evaluar el perfil epidemiológico de la región con una proyección de 10 o 15 años.
Justamente el último Boletín Epidemiológico del 2023 evidenció una tendencia creciente de muertes maternas, prenatales y neonatales, lo que implica una reflexión sobre la necesidad de fortalecer la salud materno-infantil y los controles de la gestante, labor en la participan ginecoobstetras y obstetras…
Es verdad, se ha incrementado la mortalidad materna por lo que se necesita brindar una atención integral madre-niño, en la que no sólo intervenga el médico y el obstetra, también enfermeros y técnicos.
Ahora bien, parte del problema radica en que el primer nivel de atención no está funcionando, lo que genera que los sistemas de referencia sean inadecuados. Las gestantes llegan a los hospitales manipuladas por parteras tradicionales o empíricos, o en situaciones de mucho riesgo en las que a veces es imposible salvarle la vida.
Respecto a la seguridad social, la Red Prestacional Lambayeque tiene aproximadamente 192 mil asegurados y desde hace mucho tiempo los gremios de salud exigen que se construya el nuevo Hospital Naymlap, el Hospital de Alta Complejidad y la torre de Emergencia para el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. ¿Usted que trabaja en la seguridad social podría graficar la situación que se tiene en la actualidad?
Las dos últimas construcciones hospitalarias que se realizaron en Lambayeque datan de hace más de una década. El Hospital Luis Heysen, de EsSalud se inauguró en el 2010 y el Hospital Regional de Lambayeque, del Ministerio de Salud, en el 2011.
La población ha crecido, Lambayeque tiene más de un millón de habitantes, y hoy si se ven los hospitales más grandes se encontrará los pasillos llenos de pacientes, en los que ya no hay condiciones adecuadas para el manejo de la convalecencia. Necesitamos nueva infraestructura para la atención.
¿En el Hospital Almanzor Aguinaga se necesitan nuevas salas de operaciones?
Personalmente creo que se necesitan dos salas de operaciones en Emergencia. Actualmente contamos con una. En estos momentos una cesárea o una apendicitis puede posponer otras intervenciones. Hay pacientes que ingresan por Emergencia y deben esperar hasta 48 horas para ser intervenidos, lo que va en contra de su recuperación.
Se debe planificar la implementación de una sala de operaciones para cesáreas de emergencia y otra que permita cirugías con una resolución rápida.
¿Se está cumpliendo con la reposición y compra de nuevo instrumental y equipamiento?
En estos momentos en el Hospital Almanzor Aguinaga se tiene dos tomógrafos, de los cuales uno ya está en obsolescencia. Sabemos que la reposición es cara, pero es necesaria para brindar mejor atención a los pacientes.
Mucho tiene que ver la Oficina de Planeamiento y Calidad que debe evaluar cuáles son las áreas críticas y qué implementos deben ser cambiados para operativizar las acciones médicas. Hay pacientes que se quedan hospitalizados más de una semana sólo porque no hay agilidad en tomarle una resonancia magnética.
Respecto a medicamentos, se pensó que con la creación del CENARES se iba a resolver el desabastecimiento y las compras centralizadas, pero la realidad nos ha demostrado que no se ha resuelto el problema.
La gestión de medicamentos es sensible. De nada vale que el médico haga un diagnóstico correcto y la prescripción necesaria, si los pacientes no pueden acceder a los medicamentos necesarios.
En los próximos días concluirá su gestión como decano del Colegio Médico de Lambayeque. ¿Qué logros destaca del trabajo realizado?
Asumimos la gestión en un escenario de pandemia, lo que implicó la suspensión de las actividades presenciales. No fue posible realizar cursos presenciales y reuniones sociales, por eso decidimos trabajar intensamente en el seguimiento y monitoreo de la emergencia sanitaria desde nuestra posición técnica.
Ya en el 2023 fue posible ejecutar trabajos de infraestructura en el colegio, mejoras que se han materializado en nuestra sede central como en nuestro centro de esparcimientos. Logramos cancelar la hipoteca sobre el centro de esparcimiento y formulado el proyecto para la torre administrativa del local Salaverry.
No hemos escatimado esfuerzos en reconocer y valorar el trabajo de nuestros asociados y en afianzar la presencia del colegio a nivel de sociedad civil a través del CONREDE. Dejamos una orden saneada y con 700 nuevos asociados.
Durante su intervención en el Panel Fórum “Tumán: Crisis y posibles soluciones”, organizado por el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – CONREDE Lambayeque, el abogado Gilberto Carrasco Lucero expuso al detalle la situación de la empresa agroindustrial a partir del inicio del clima de inestabilidad y cómo el manejo irresponsable de los activos de la azucarera ha ocasionado una pérdida de más de 800 millones de soles.
“Desde el 2015 se inició una lucha por el poder económico y personal en la empresa, que fue tomada por la fuerza en mayo de ese año”, señaló el penalista.
Explicó que las administraciones judiciales instaladas desde el 2015 en adelante, han generado una distorsión absoluta del manejo empresarial, afectando de manera directa a los trabajadores, jubilados, viudas y herederos, pero además a la productividad y economía de todo el departamento.
Administración de Marcelino Llontop
La empresa Tumán fue tomada de facto en mayo del 2015, tras la expulsión violenta de la administración judicial liderada por Segundo Ordinola Zapata y el IV Directorio de la empresa.
Recién el 12 de septiembre de ese año el Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, a cargo del juez Erick Pérez Alquízar, otorgó una administración judicial a favor de Marcelino Llontop Suyón, Diómedes Bocanegra Irigoin y Jorge Paredes Delgado. Dicha administración estuvo vigente hasta el 15 de septiembre del 2016.
Dicha administración – indicó Carrasco Lucero – abrió cuentas personales para depósitos de dinero por cuatro millones 916 mil 287 soles, pagó por servicios no realizados y por préstamos simulados.
“Se emitieron recibos sin valor por tres millones 172 mil 87.31 soles, dados por Candelario Fernández, entonces tesorero de la empresa, y se entregaron bolsas de azúcar a favor de terceros”, comentó.
Dijo también que a las empresas Servicios Universal Click SAC y Aseo y Servicios Diversos SA, se le entregó pagos por un millón 481.24 soles, mientras que a la empresa Kapaucar por dos millones 536 mil 787.30 soles. “Empresas de un mismo dueño”, acotó.
“Algo que resulta absurdo es que se haya pagado al Estudio Jurídico GB&V SAC, de un abogado chiclayano, para elaborar un informe financiero de la empresa. Un informe financiero debería hacerlo un economista o un contador, pero se lo encargaron a un abogado, al que se le pagó por servicios del 5 de octubre al 24 de diciembre del 2015, 778 mil 166 soles. Por otro lado, por servicios legales dicha administración pagó un millón, 178 mil 683.06 soles”, señaló.
Las presuntas irregularidades de la administración de Marcelino Llontop están denunciadas y se investigan en la Carpeta Fiscal n.° 216-2021, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Los presuntos delitos son: lavado de activos, organización criminal, usurpación agravada y hurto agravado, aunque los dos últimos ya han prescrito dado el tiempo transcurrido.
Administración de Alejandro Zevallos
Del 16 de septiembre al 31 de octubre del 2016 estuvo vigente la administración judicial de Alejandro Zevallos Gonzales, Leoncio Egúsquiza Sánchez y César Sandoval Lozada, otorgada por el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.
En dicho período, de tan solo mes y medio, se abrieron cuentas bancarias en el BBVA Banco Continental y el Interbank a nombre de Alejandro Zevallos, a las que ingresaron recursos de la empresa azucarera.
Asimismo, se adquirieron suministros por un millón 970 mil 302.16 soles; se pagaron “gastos legales” por 156 mil 738.60 soles, además del pago al abogado Carlos Martín Castillo Olazo por 84 mil 653.20 soles.
“Se le pagó al abogado penalista Castillo Olazo esos 84 mil 653.20 soles por actuaciones en procesos civiles, pese a que no era su especialidad. Peor aún, siendo él juez en Ayacucho. Los 84 mil soles pagados fueron por servicios entre el 22 de septiembre y el 14 de octubre del 2016, menos de un mes”, explicó.
Otro hecho fue el pago de recibos provisionales, pendientes de rendición, por un millón 89 mil 62.25 soles.
Administración de César Sandoval
“Luego llegó una tercera administración judicial, dada por el Juzgado Mixto de Ferreñafe, a favor de César Sandoval Lozada, que estuvo entre el 26 de octubre del 2016 y el 20 de marzo del 2017. Recordemos que Sandoval Lozada era parte de la administración de Alejandro Zevallos”, comentó.
Entre las acciones de dicha administración se tienen el contrato con Alimenta Perú, suscrito en Bagua, por seis millones 315 mil soles, dinero que fue depositado en cuentas personales.
“Se hicieron dos depósitos: uno en una cuenta del Banco Continental, por tres millones 15 mil soles y otro, en el banco Interbank, por tres millones 300 mil soles. Lo que ha arrojado el informe de auditoría es que en el período de esa administración ingresaron a la empresa 51 millones 804 mil 53 soles, estando registrado el egreso de 26 millones 319 mil 562 soles, quedando un saldo disponible de 32 millones 535 mil 425 soles”, acotó.
Administración de Daniel Rioja
El Juzgado Mixto Unipersonal de Bongará designó a la administración de Daniel Rioja Sánchez y Martín Martínez Valdiviezo, la misma que tuvo dos períodos: del 21 de marzo al 24 de abril del 2017 y del 13 de octubre del 2017 al 31 de enero del 2018.
De los actos más saltantes de dicha administración se tiene que el se aceptó un pagaré en Sechura por tres millones 300 mil soles, a favor de la empresa Multinegocios del Pacífico SAC, dinero que no ingresó a caja.
“Esa administración otorgó poderes a Salatiel Marrufo para aceptar un pagaré en Bagua, también a favor de Multinegocios del Pacífico SAC, por un millón 800 mil soles, dinero que tampoco entró a caja. Es más, el mismo día en que el Poder Judicial dejó sin efecto su primera designación; es decir, el 24 de abril del 2017, aceptaron una Letra de Cambio de dos millones 509 mil 40 soles, dinero que tampoco ingresó a caja”, mencionó el abogado.
Del mismo modo, el 25 de abril del 2017, al día siguiente de haber perdido vigencia, la administración vendió 259 mil litros de alcohol por 608 mil 605 soles con un cheque a nombre de un excajero. “También se retiraron dos mil bolsas de azúcar, supuestamente para donarlas a la Policía Nacional del Perú. Se han detectado depósitos en cuentas personales por 26 millones 192.627.37 soles”, detalló.
Administración de Eric Benavides
Del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2021 estuvo vigente la administración de Eric Benavides Timaná, concedida por el Juzgado Civil de Bagua.
Según explicó Gilberto Carrasco, dicha administración realizó ventas de azúcar en bolsas, caña de azúcar en planta y melaza por la suma de 25 millones 180 mil 724.17, dinero cuyo destino no se conoce.
“Se vendían los productos y luego se anulaban las facturas, detectándose operaciones por cuatro millones, 64 mil 351.74 con pretexto de error. Estos hechos y los antes mencionados forman parte de la Carpeta Fiscal n.° 018-2018, a cargo de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, donde se han acumulado las carpetas fiscales 07-2022, 20-2022 y 34-2022”, explicó.
Situación actual
Actualmente, en la Empresa Agroindustrial Tumán no funcionan la Junta General de Accionistas, el Directorio ni la gerencia general.
“Tumán dispone de siete mil 800 hectáreas destinadas al cultivo de la caña de azúcar y dos mil hectáreas de tierras eriazas. Por lo menos, mil 800 hectáreas están invadidas y el 90 % de las últimas están en la misma situación. Asimismo, las instalaciones de la fábrica están destruidas y el 50 % de los equipos y materiales han sido sustraídos”, indicó.
Añadió que los 140 pozos tubulares que proveían de agua agrícola a los campos de la empresa han sido desmantelados y sustraídos, y toda la red de cables que proveían de energía eléctrica a los pozos tubulares ha sido robada.
“El servicentro donde se guardaba la maquinaria agrícola, trailers, camionetas, etc., han sido saqueado; el 100 % de los equipos del Taller de Maestranza y talleres ha sido destruido; el almacén central donde estaban depositados los equipos y repuestos ha sido saqueado. La deuda de la empresa, según la SUNAT, es de 820 millones de soles; la deuda laboral supera los 250 millones de soles; más de mil trabajadores jubilados no han recibido nada de su tiempo de servicios; la deuda a las AFP, ONP, EsSalud, la deuda comercial y a los sembradores de caña es altísima y se calcula que Tumán ha perdido 820 millones de soles hasta mediados del 2023”, enfatiza Gilberto Carrasco.
Añade que existe una pérdida de 110 millones de soles anuales por no realizar molienda en 2022, 2023 y lo que va de este año.
“El Ministerio Público debería requerir las medidas coercitivas necesarias contra quienes participaron de dichas administraciones y se debe convocar a una Junta General de Accionistas que asuma el manejo de la empresa. Tumán tiene un capital social de 33 millones de acciones a un valor nominal de 10 soles cada una”, precisó.
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