El panel fórum “Tumán: Crisis y Posibles Soluciones”, desarrollado el último 12 de marzo por el Consejo Regional de Decanos de los 25 Colegios Profesionales de la Región Lambayeque -CONREDE- ha dejado a la vista y al descubierto que desde el año 2015 hasta mediados del 2023, la empresa azucarera ha perdido más de 820 millones de soles, afectando no sólo la inversión privada sino a la masa laboral y a miles de familia del distrito azucarero.
Lo más evidente de la gravedad es que el Ministerio Público, entidad operativa de la justicia en nuestro país, es responsable en gran parte de la desgracia de la empresa Tumán. A la actualidad, existen carpetas abiertas con investigaciones y lejos de requerir las medidas coercitivas contra quienes participaron de las “bendecidas” administraciones judiciales, se mantienen inertes como si no tuvieran argumentos para investigar o como si estuvieran siguiendo pautas e indicaciones de alguien para que las investigaciones se mantengan estáticas y con el tiempo prescriban. ¿Quién es el de la mano negra?.
Desde hace tiempo atrás, se ha tenido referencias sobre intereses por miembros del Ministerio Público en la empresa Tumán. Esos intereses no solamente eran para investigar sino también familiares, las que desde un primer momento apuntaron al ex Coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones y del entonces fiscal Héctor López Pupuche, cuya pareja sentimental fue apoderada de la administración judicial que lideró Marcelino Llontop Suyón, hoy investigado en la Carpeta Fiscal 216-2021, por los delitos de lavado de activos, organización criminal, usurpación agravada y hurto agravado, los dos últimos ya han prescrito por extraña inercia del Ministerio Público ¿Por qué será?.
Se ha dejado al descubierto que desde el año 2015 se inició una lucha por el poder económico y control personal en la empresa Tumán. En el marco de las supuestas investigaciones (1 de setiembre del 2015), Carrasco Millones y López Pupuche llegaron hasta las instalaciones de la empresa para intervenir el Departamento de Caja y Valores, tal como dieron cuenta diversos medios locales. Han pasado casi nueve años y a la fecha no existe nada concreto de las teorías imputativas de estos dos ex fiscales y la única realidad es que la empresa azucarera se encuentra paralizada y saqueada por donde se le mire en sus cuatro puntos cardinales.
El actuar de estos dos fiscales bajo sus teorías de criminalidad, abrieron paso y las puertas de la azucarera al vandalismo y aprovechamiento de Macelino Llontop Suyón, quien se sentía seguro de todo lo que se hacía en contra de la azucarera, por tener como apoderada a la pareja sentimental de López Pupuche. ¿Justicia o confabulación para saquear y destruir la azucarera?
Sacando provecho de la confianza que el Estado había depositado en ellos, los fiscales imputaron delitos de Organización Criminal contra quienes dirigían la azucarera en ese momento y dejando el camino libre a Mercelino Llontop y compañía para saquear la azucarera y sucumbirla en la desgracia que hoy se vive, abriendo cuentas de ahorro personal para depósitos de dinero de la empresa por millones de soles.
Pagaron servicios no realizados, cancelaron préstamos simulados. Emitieron recibos sin valor, como el dado a favor de Candelario Fernández, entonces tesorero de la empresa, por más de 3 millones de soles. Se entregaron bolsas de azúcar a empresas por más de 5 millones de soles, dos empresas de una misma persona, supuestos servicios que fueron pagados por bolsas de azúcar. A un estudio jurídico se le pago 778 mil soles por un estudio de la situación financiera de la empresa y otros servicios legales por un millón de soles.
Después de Marcelino Llontop llegó Alejandro Zevallos, quien abrió dos cuentas bancarias a nombre de él mismo. Adquirió suministros por un millón 900 mil soles, se realizaron gastos legales por 156 mil soles, y a un abogado por asesoría se pagó 84 mil soles, mientras era juez en Ayacucho. Entregó recibos provisionales por más de un millón de soles.
Otro que tuvo carta abierta del Ministerio Público y el Poder Judicial para saquear Tumán fue la administración de Cesar Sandoval. Se pactó una venta de azúcar en Bagua con Alimenta Perú por seis millones de soles, dinero depositado en cuentas personales. Un informe de auditoría reveló que en ese período ingresaron 51 millones, pero sólo se acreditó el gasto de 26 millones.
Daniel Rioja Sánchez es otro administrador judicial avalada por el Ministerio Público y el Poder Judicial, firmando un pagaré por 3 millones en Sechura, dinero que no ingresó a caja. Otra es la administración de Erick Benavides
A todo ello, ¿cuál es la razón por qué no se investigan a los ex dirigentes de Tumán?. ¿Hay ocultamiento y protección del Ministerio Público?... ¿por qué será?
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Editora / Directora fundadora.
