Cuando la ineficiencia se antepone a la proactividad, lo poco avanzado en estos momentos de emergencia se convierte en argumentos inconsecuentes por parte de los gobernantes locales de turno, quienes, con facilismo extremadamente puro y acciones írritas, técnicamente mal motivadas, pretenden hacerle entender a la población de su jurisdicción, que lo poco o nada que lograron hacer, puede ser creíble viendo lo contrario o al revés, lo que hasta hoy no han podido hacer medianamente bien.

La emergencia decretada, producto de las precipitaciones pluviales que hasta hace unos días se han presentado en la región Lambayeque, han puesto al descubierto que muchas autoridades locales, por no decir todas, no han mostrado la capacidad necesaria para atacar la realidad trágica y tangible en la que hasta hoy se encuentran las localidades a su cargo, producto de los dos fenómenos naturales que arreciaron hasta hoy, a las ya dañadas e indefensas infraestructuras del ámbito regional de Lambayeque.

¿Qué es lo que se tiene hoy?

Asumiendo que la verdad es diferente a la credibilidad, hoy se tiene pueblos y ciudades devastadas, deterioradas en su composición de habitabilidad de las personas y el daño ocasionado a la infraestructura básica de la salubridad y las actividades elementales de producción y transporte que hasta hoy no han sido recuperadas, por lo menos, al estado calamitoso en el que se encontraban hasta antes de la ocurrencia de los dos fenómenos, el ciclón Yaku y El Niño. Es decir, no se ha reparado nada tanto en la zona rural como en la urbana, peor aún, no se ve mejora alguna sobre la infraestructura que ya venía dañada.

Sin duda, lo que hoy la región Lambayeque tiene es un “naufragio colectivo”, el cual, cuando este pase, las autoridades y la ciudadanía en su conjunto, habremos aprendido lo que nunca quisimos aprender: prever, ser diligentes y cautelosos ante la adversidad, aunado a ello, la no elección de personajes obstinados compulsivamente para obtener el poder conociendo su falta de capacidades, liderazgo, la  inconsecuencia de sus actos y la falta de humanidad de alguno ellos para encarar la crisis situacional en la que hoy se encuentra la región en todos los ámbitos de su jurisdicción.

La pronta acción

Los días pasan, los daños crecen, la contaminación masiva invade cuanto lugar este desprotegido, por supuesto que es la mayoría. En ese estadío, la ciudadanía viene exigiendo y  seguirá pidiendo una pronta acción de sus autoridades y su aparato gubernamental, para encarar y superar este bochornoso y triste momento conformado por errores grotescos y clamorosos y acciones que hasta hoy no han dado los resultados esperados, donde la acción conjunta de los órganos competentes para encarar la situación de desastre ha brillado por su ausencia. Pero aún no es tarde, hay mucho por hacer y resolver si cambian de actitud y modifican sus planes de acción para lograr, por lo menos, atenuar el daño causado.

Los paliativos inconsistentes

En los últimos días venimos viendo cómo en algunos sectores del casco central de Chiclayo se vienen reparando – por tramos – pistas y veredas de algunas calles tradicionales de la ciudad, utilizando para tal fin concreto armado para parchar roturas de las pistas y conformar veredas muy dañadas, dejando algunos otros con desgastes muy visibles probablemente a punto de colapsar, donde incluso el sistema de alcantarillado no podría haber sido cambiado, los desniveles mal estructurados y el sistema de drenaje no considerado.

Respecto al manejo de los cauces de los ríos desbordados y el tratamiento de los canales y quebradas por parte de la gobernación regional, si bien se muestra cierta actividad con maquinaria pesada para descolmatar los cauces de los ríos y encausar las fuertes avenidas, todo ello, hasta hoy, resultaría ser insuficiente, por lo que estando a lo descrito, se puede colegir que falta mucho por hacer.

En los distritos, a quienes incluso se le ha asignado millonarias sumas de dinero para enfrentar la emergencia declarada, el accionar de sus autoridades no muestra una labor efectista de resolver en parte los daños ocasionados, tal es así que algunos alcaldes, a pesar de hacer esfuerzos denodados para conseguir no solo dinero, sino también productos de primera necesidad para los damnificados de su jurisdicción, no logran paliar en parte el embalsamiento de ríos y quebradas y, sobre todo, mejorar la habitabilidad de sus conciudadanos, quienes, en su mayoría de los casos lo perdieron todo.          

(*) Especialista en Contrataciones del Estado.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que el gobierno continuará en sus esfuerzos por afianzar la democracia con todas y todos los peruanos durante la conferencia de prensa realizada luego de la sesión del Consejo de Ministros.

Al comentar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos de violencia ocurridos entre diciembre y enero, enfatizó que el Ejecutivo siempre se ha planteado un trabajo transparente, poniendo por delante las necesidades de la población.

Además, durante su intervención, la presidenta también aseveró que el Perú respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

“En el Perú somos respetuosos de las libertades fundamentales, incluida la protesta pacífica, que está consagrada en nuestra Constitución. Asimismo, el Estado peruano respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos que son, para nosotros, pilares fundamentales de todo sistema democrático”, añadió la mandataria.

La jefa de Estado remarcó que el Gobierno brindó todas las facilidades a la CIDH para la elaboración de su informe, respecto al cual saludó que haya establecido claramente que el 7 de diciembre de 2022 hubo un golpe de Estado y que haya consignado el exceso de quienes protestaron de manera violenta, destruyendo bienes públicos y privados.

Asimismo, destacó que la comisión haya reconocido que el Estado peruano tiene un marco legal que protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza con estándares internacionales.

Refirió, no obstante, que el documento contiene cuestionamientos que no comparten como la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de “masacre”, aun cuando dicho término sea mencionado de manera condicional.

Estado de derecho

La dignataria recordó, en ese sentido, que en un Estado de derecho y en una democracia son los organismos de administración de justicia los encargados de investigar y determinar la verdad de situaciones como las ocurridas durante las protestas.

“Es muy importante que las investigaciones avancen con celeridad y con objetividad y que se determinen las responsabilidades que hubiera de acuerdo a ley”, agregó.

Posteriormente, enfatizó que el Gobierno no registra ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión, origen u otra índole. “Para este Gobierno, todas y todos somos hermanas y hermanos”, puntualizó.

Sobre las recomendaciones del informe de la CIDH, la jefa de Estado dijo que el Gobierno ya ha implementado un conjunto de acciones, incluso desde antes de las investigaciones, como la creación de una comisión multisectorial a cargo de la atención integral de los deudos y heridos de los hechos de violencia.

En la conferencia, la presidenta Boluarte estuvo acompañada por el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, quien participó de manera virtual, y los ministros de Estado.

Opinión de los comisionados

El comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, señaló la apertura de parte del Estado peruano para recibir a la CIDH, así como para brindar comentarios al borrador del informe final recibido acerca de la situación de derechos humanos en las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

En ese sentido, el comisionado Stuardo Ralón añadió que el Estado peruano hizo llegar 178 observaciones, tanto de forma como de contenido, al borrador del informe final remitido previamente.

Ralón también manifestó que dichas observaciones y puntualizaciones se incluyeron en el informe final, de modo que visibiliza todos los puntos, tanto de los familiares de las víctimas, como del Estado peruano.

"Esas 178 observaciones de forma y contenido fueron tomadas en cuenta con el objetivo de poder dar una visión más objetiva y neutral. Consideramos que el informe recoge las voces de familiares de algunas víctimas y las observaciones del Estado", manifestó.

Añadió que también se recogió los testimonios de "miembros de las fuerzas de seguridad que estuvieron en esos eventos y algunos de ellos mencionaron las lesiones que hubieron causado el enfrentamiento".

En otro momento, Ralón precisó que el informe, al encontrarse en el ámbito jurídico, indica el término "rompimiento constitucional" como un sinónimo a "golpe de estado". Ello debido a que este término, "golpe de estado", correspondería al ámbito político.

Finalmente, puntualizó que es necesario que se investiguen los casos particulares expuestos en el informe ya que, de acuerdo con las denuncias recibidas, podría tratarse de situaciones donde se violen los derechos humanos.

"El informe lo que señala es que, por las denuncias recibidas y por haber tenido acceso a las necropsias, podría haber violaciones a los derechos humanos en casos concretos. (...) El informe dice que se investiguen estas situaciones", manifestó.

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Fuente: Andina.