El documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó oficialmente este último miércoles su informe sobre Derechos Humanos en nuestro país. En resumen señala que hubo “graves violaciones de derechos humanos” en las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
Entre sus principales conclusiones refiere:
1. La CIDH señala que las principales demandas de las protestas fueron el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente, y que detrás de estas hay “justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas”. Al respecto, indicaron que “las demandas deben ser atendidas considerando el respeto al Estado de Derecho y al debido proceso”.
2. El informe advierte que las “incesantes confrontaciones” entre los poderes del Estado y las sucesivas “crisis de institucionalidad democrática y políticas” han profundizado la polarización y desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.
3. En lo referido a las protestas contra el gobierno, la primera conclusión es que en el período bajo análisis (7 de diciembre al 23 de enero), hubo “situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta y que no eximen la responsabilidad del Estado respecto a las violaciones de derechos humanos”.
4. Luego, señalan que de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se concluye que “la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”. Esto se confirma con el alto número de muertos y personas heridas con impactos de armas de fuego y víctimas que no estaban protestando. Estos hechos “deben ser investigados, juzgados y sancionados”.
5. En el caso particular de Ayacucho, hubo “graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial” y que “al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. “Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, agregaron.
6. Respecto a Juliaca, se “habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”. También se recordó que fue parte de una “compleja situación violenta”, que inició con enfrentamientos en el perímetro del aeropuerto, donde fuerzas de seguridad fueron atacadas “con piedras, palos y fuegos pirotécnicos”.
7. Por otro lado, verificaron un deterioro del debate público con una fuerte estigmatización, con mensajes que aluden a indígenas y campesinos como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” o “indios”, entre otras formas despectivas. Estos mensajes “contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional”.
8. Estas graves violaciones de derechos humanos deben ser “investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos” y “juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales. Todo dentro de un “plazo razonable”. “De encontrarse responsables, las personas perpetradoras deben ser sujetas a las sanciones penales correspondientes”, indicaron.
9. Se advierte que para superar la crisis se “requiere de un diálogo efectivo y de acuerdos en el marco del Estado de Derecho”. “El diálogo debe ser amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados”, consideraron.
10. Finalmente, la CIDH recordó que están a disposición del Estado peruano para “brindar la cooperación técnica requerida a efectos de implementar las recomendaciones formuladas en este informe, incluyendo el establecimiento de un mecanismo especial de seguimiento”.
Las recomendaciones
La CIDH detalló que como parte de su informe, hacen estas recomendaciones basándose en la Convención Americana de Derechos Humanos, la información recogida en la vista y el análisis de información complementaria.
Esta se divide en siete grupos y 36 recomendaciones, entre las que destacan la necesidad de reparar a las víctimas, sancionar a los responsables y adoptar medidas para que la actuación de las fuerzas del orden se adecúen a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Al respecto, el comisionado Joel Hernández comentó que “la recomendación de la comisión consiste en hacer un llamado al Estado para que se lleve a cabo la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de las personas que resulten responsables por los hechos ocurridos”. En tanto, el comisionado Stuardo Ralón remarcó que la CIDH puede dar asistencia técnico si el Perú lo requiere.
Recordemos que la Delegación de la CIDH que visitó el Perú estuvo integrada por María Claudia Pulido, Joel Hernández, Stuardo Ralón y Pedro Vaca. Asimismo la presidenta Dina Bolaurte y el Premier Alberto Otárola, están actualmente bajo investigación fiscal por las muertes en las protestas.
