El Perú se encuentra atrapado en un ciclo de inestabilidad política que parece no tener fin. Los cambios sucesivos de presidentes, la pérdida de confianza en las instituciones y la polarización social no son hechos aislados, sino síntomas de una enfermedad más profunda: el agotamiento del modelo estatal peruano. No se trata, pues, de un problema coyuntural ni de la incompetencia de un gobierno en particular, sino de un Estado que ha perdido capacidad de representación, gestión y legitimidad.
Desde 2016, el sistema político peruano opera en una lógica de colisión permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo. La interpretación arbitraria del artículo 113° de la Constitución —que permite la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”— se ha convertido en una herramienta de desestabilización, erosionando los contrapesos democráticos. Esta dinámica no solo ha degradado la función de ambos poderes, sino que ha normalizado la excepcionalidad institucional como forma de gobierno.
El resultado es un país atrapado en un círculo vicioso: gobiernos débiles, congresos fragmentados y una ciudadanía que, entre la frustración y la resignación, deja de creer en la política como vía de transformación.
Los números
En este contexto, el mandato de José Jerí se inaugura bajo una profunda paradoja politológica. Según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Jerí disfruta de una aprobación del 45.5 %, una cifra elevada si se compara con la desaprobación crónica de sus predecesores. Sin embargo, esa popularidad es más bien un reflejo del rechazo masivo a la expresidenta Dina Boluarte, cuya vacancia fue respaldada por el 81 % de los ciudadanos, que una adhesión genuina a su figura o a su gestión.
Detrás de esas cifras se esconde una brecha preocupante. Un 79 % de peruanos se siente “poco o nada representado” por el nuevo mandatario, y un 56% declara sentirse “nada representado”. De hecho, el 53 % está en desacuerdo con su asunción al poder, frente a un 32 % que la respalda. Este déficit de representación no es casual: Jerí llegó al Congreso como accesitario, elegido con apenas 11654 votos, es decir, el 0.07 % del electorado nacional. Esta base refuerza el hecho que la democracia peruana se haya resumido en la “dictadura de lo procesal”, donde todo es susceptible de darse o justificarse a través de la instrumentalización de la norma jurídica, por encima del asidero social.
A ello se suma su pasado reciente: antes de asumir la presidencia, Jerí cargaba con un 83 % de desaprobación como titular del Poder Legislativo. En suma, sus actuales niveles de aprobación expresan más un respiro ciudadano ante la caída de Boluarte que un apoyo sustantivo a su liderazgo, como lo refleja el hecho de que solo el 37 % de encuestados considera que debería mantenerse en el cargo.
La paradoja Jerí revela algo más profundo: la crisis no reside en los líderes, sino en la estructura misma del Estado. El problema de fondo es que el aparato estatal peruano funciona con una legitimidad deteriorada y una burocracia incapaz de responder a las demandas sociales. Los ministerios operan como feudos políticos, la planificación pública es reactiva, y los partidos carecen de anclaje territorial y vocación programática. En este escenario, los presidentes son figuras circunstanciales que heredan un Estado débil, sin capacidad para sostener un proyecto nacional.
Esa fragilidad estructural se manifiesta también en la descomposición de la representación política. Desde el colapso del sistema de partidos en los años noventa, el Congreso se ha convertido en un mosaico de intereses particulares, sin cohesión ideológica ni compromiso institucional. Los gobiernos, por su parte, sobreviven gracias a alianzas efímeras, más basadas en el cálculo que en la visión de país. Y mientras tanto, la ciudadanía observa, desencantada, cómo la democracia se reduce a un intercambio de acusaciones y destituciones.
La inseguridad ciudadana —hoy el principal problema según todas las encuestas— agrava la desconfianza. La ausencia de políticas sostenidas contra la criminalidad y el deterioro de la Policía Nacional son síntomas de un Estado que ha perdido el monopolio efectivo de la autoridad. Las calles, convertidas en escenario de extorsiones, homicidios y abusos, reflejan una sensación de desamparo generalizado. La legitimidad, que en democracia se construye a través de resultados y empatía, se erosiona cuando el ciudadano percibe que el Estado ya no puede protegerlo.
Voz en las calles
Frente a ello, las movilizaciones sociales expresan tanto un acto de protesta como de búsqueda de sentido. Sin embargo, el espacio de la calle también ha sido cooptado por intereses políticos, restando fuerza a las causas ciudadanas genuinas. La violencia, ejercida por las fuerzas del orden, no puede normalizarse como vía de represión. La muerte del joven cantante de hip hop Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, durante las protestas del 15 de octubre en los brazos de su amigo, evidencia el costo humano de un Estado que no logra equilibrar autoridad con respeto a los derechos humanos.
El debate sobre un adelanto de elecciones se reitera con insistencia, pero no aborda la raíz del problema. Convocar a nuevos comicios sin una reforma política previa solo prolongará la inestabilidad. La crisis actual no es electoral, sino institucional. Cambiar presidentes sin transformar las reglas del juego perpetúa un Estado ineficiente, capturado y vulnerable. El Perú necesita, más que un relevo de nombres, una reconstrucción del pacto social y político que lo sostenga. Se requiere repensar el país en democracia.
De cara a las elecciones de 2026, la tarea es doble: exigir reformas estructurales que fortalezcan el Estado y asumir, como ciudadanos, una responsabilidad activa en la construcción democrática. Votar con información, evaluar programas, revisar trayectorias y resistir los discursos populistas son pasos esenciales para evitar repetir el ciclo de crisis.
Porque, en última instancia, el problema del Perú no está solo en sus gobernantes, sino en la debilidad del Estado que los produce y los devora. Hasta que no enfrentemos esa verdad incómoda, seguiremos atrapados en la misma espiral de decepción y parálisis que marca nuestra historia reciente.
(*) Politólogo | santacruzcarranza@gmail.com
Una parvada de gallinazos rodea la caleta de Puerto Pizarro. Llegaron con la luz de la mañana. Los pescadores tardarán dos horas en llegar a tierra. Mientras tanto, los estibadores descansan entre botes pequeños desperdigados a lo largo de la playa. Otros se recuestan en las llantas de camiones frigoríficos. Más que una costa, el lugar parece una poza flanqueada por dos islas, sin olas, casi sin viento. El último puerto del norte del Perú y epicentro de la piratería marítima recién se sacude del alba.
En el extremo sur del puerto, un grupo pinta una pequeña barca. Un joven los divisa desde el malecón. Es una suerte de inspección de rutina. “Solo eso hacen”, masculla uno de los pescadores. “No se mueven de aquí”. El hombre prefiere mantener en reserva su identidad y hay una razón: su familia es extorsionada por piratas ecuatorianos.
Los piratas son grupos delictivos que abordan a los pescadores en el mar para robarles sus equipos de navegación y sus motores. En algunos casos —como documentó Mongabay Latam en enero— los asesinan. En los últimos años, el modus operandi se ha expandido y los piratas ya no se limitan a los robos en altamar: ahora cobran cupos de zarpe en cada caleta y puerto de Tumbes.
Un equipo periodístico de Mongabay Latam se trasladó a los principales puertos de pesca artesanal de Tumbes y conversó con más de 20 pescadores. También recabó información con personal de la Marina, la Policía y accedió a documentos del Ministerio Público de Perú, a partir de una filtración de la fiscalía de Colombia.
El miedo es regla en toda la costa norte de Perú. El silencio no solo ronda entre quienes sufren la violencia, sino también entre las instituciones del Estado que optan por el secretismo. A pesar de todo el hermetismo, los hallazgos de esta investigación son contundentes: la piratería y las extorsiones son un eslabón en la intrincada ruta del narcotráfico, y la peligrosa banda ecuatoriana Los Lobos participa de la operación.
Nexos con la Marina y la Policía
“Aquí mismo están los asaltantes —explica un pescador artesanal—. Nosotros que tenemos estas embarcaciones pequeñas les pagamos 120 soles mensuales (35 dólares) para que nos dejen trabajar”. La dinámica de los piratas incluye a personas que vigilan desde el malecón, para ver quiénes embarcan y, sobre todo, quiénes pagan y quiénes no.
“Cuando los piratas nos asaltan y matan, nunca están (las autoridades de la Marina)”, protesta uno de los entrevistados. La falta de confianza alcanza también al personal de la Policía.
Razón no les falta. Hace siete años, en 2018, en el mismo Puerto Pizarro fueron capturados los integrantes de la organización criminal Los Piratas. Un informe de la División de Investigación de Alta Complejidad —al que accedió Mongabay Latam— revela que un suboficial PNP les filtraba información sobre los operativos y les brindaba apoyo cuando eran capturados con motores robados. El expediente señala a dos policías más que estaban destacados en la comisaría de Puerto Pizarro y a un técnico de la Marina de Guerra de Perú.
“Aquí (en Puerto Pizarro) se presumía que iba a haber una intervención y ellos (los piratas) ya sabían que sería entre el 18 y 20 de junio (de 2025). ¿De dónde salió esa información?”, se pregunta otro de los pescadores, haciendo referencia a hechos más recientes. Arriba, el malecón poco a poco empieza a poblarse.
Los Lobos de Ecuador al acecho
Cuando se le consulta a una de las autoridades policiales de la zona, que prefiere no identificarse, sobre estas posibles filtraciones, las niega rotundamente. El oficial mira hacia un punto de la calle y reanuda su relato con una advertencia: “Todo aquí es en reserva, hay información de un cobrador de cupos, pero nadie lo sindica. La realidad es que allá nadie los protege (a los pescadores). La banda que les cobra cupos es la de Los Lobos. Los ecuatorianos”.
Los pescadores de Puerto Pizarro y las otras caletas de Tumbes también señalan a Los Lobos como la principal banda que los extorsiona. Catalogada como organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos, surgió de una división interna de la banda Los Choneros y es socia clave del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, según autoridades ecuatorianas.
Actualmente, Los Lobos son un importante actor en el narcotráfico, la extorsión, el sicariato y el control de las rutas marítimas para la exportación de cocaína desde Ecuador. De hecho, al sur de ese país, en la provincia fronteriza llamada El Oro también hay pescadores artesanales extorsionados por esta banda, según documentó Mongabay Latam.
De acuerdo con un oficial de la policía en Puerto Pizarro, en muchos casos Los Lobos usan menores de edad —llamados “mulas”— para cobrar las extorsiones y para intimidar a sus víctimas. Estos son reclutados en Zarumilla.
Epicentro de bandas criminales
La banda Los Lobos no es la única. También hay referencias de otra organización conformada por peruanos y venezolanos. ‘Chachá’ y ‘Pipa’ son dos nombres de pila que los pescadores mencionan para referirse a los cabecillas: “Ellos mueven todo acá”. Aunque no son directos aliados de Los Lobos, eventualmente colaboran y les proveen de información.
Otro pescador entrevistado en Puerto Pizarro cuenta que paga cupos a peruanos y ecuatorianos. Algunos indican que deben pagar doble extorsión: un monto más bajo si se pesca en litoral, que va para la banda local, y otro monto más grande para mar adentro, que va para la organización criminal ecuatoriana.
Para identificarse con la banda local y demostrar que han pagado la extorsión, los pescadores presentan una credencial que lleva dibujado a Poseidón saliendo del mar. Aunque el equipo de periodistas pudo ver la credencial, por seguridad no fue posible fotografiarla. Para Los Lobos, en cambio, es necesario presentar un carné y una bandera negra que ellos proporcionan.
En Máncora (Piura), a dos horas y media de Puerto Pizarro, un dirigente pesquero cuenta que su compañero pagaba a los ecuatorianos, pero varó su bote por mantenimiento y dejó de hacerlo por un mes. Fue entonces que lo citaron. “Lo llevaron al cementerio de Puerto Pizarro, allí uno de los peruanos le hizo hablar por celular con un ecuatoriano y este le dijo que debía pagar su cupo porque eso lo repartían con los de la zona y las autoridades”.
En Cancas, otro puerto al sur de Tumbes, un pescador cuenta que a la zona llegan dos jóvenes en un auto color plomo para cobrar cupos: “Algunos van a Puerto Pizarro para arreglar su situación, la gran mayoría se ha sometido”.
“Amigos de nosotros han muerto, varios, con disparos en la cabeza”, lamenta uno de los pescadores. “Ellos (los piratas) llevan fusiles, buenas armas. ¿Por qué están tan armados? Por la droga. La droga es oro”.
Piratas y narcos en sociedad
Los botes ya flanquean los manglares y se acercan para desembarcar la pesca del día en Puerto Pizarro. Parece un día tranquilo y de turismo. “Si esperamos dos noches, allí por la boca (donde se encuentra el río Tumbes con el océano Pacífico), veremos cómo salen los fuera de borda”, así se refieren los pescadores a las lanchas que llevan dos motores y que son identificadas como las que trasladan droga.
En una de las caletas de la región, que mantenemos en reserva por seguridad, un pescador cuenta a Mongabay Latam que los piratas modifican sus “yates” con doble piso. En ese espacio acomodan ladrillos de droga. Llevan más de un motor y zarpan hacia altamar. Justamente, esas embarcaciones son equipadas con motores robados a los pescadores.
En 2019, la Policía capturó en Sechura a una banda de narcotraficantes liderada por Manuel Aguirre Portocarrero, mientras transportaban unos 400 kilos. Esta intervención da pistas del contubernio entre organizaciones internacionales de narcotráfico y las bandas de piratas.
Mongabay Latam accedió a un documento del Ministerio Público de Perú, enviado a la Fiscalía Nacional de Colombia, donde se detalla que la banda capturada tenía su centro de operaciones en Sechura. Tres de la organización pertenecían también a “Los Piratas de Puerto Pizarro”. Estos últimos proveían de motores robados para las lanchas destinadas a trasladar la droga hasta Centroamérica. Un punto de encuentro era el distrito de Canoas de Punta Sal (Tumbes).
En 2022, la Policía desarticuló en la playa de Punta Ballenas (Piura) otra banda de narcotraficantes llamada Los Piratas, que también pretendía enviar casi dos toneladas de cocaína a Centroamérica.
De acuerdo con información que maneja la Dirandro de la Policía, uno de los puertos con mayor actividad es Paita (Piura). La droga llega desde el Vraem y también del Huallaga y Atalaya, en este último caso con avionetas. En 2020 y 2024, la Policía destruyó dos narcopistas en el desierto de Sechura. También llegan cargamentos de Ecuador por rutas terrestres. La mercancía ilícita proviene de Colombia.
Opacidad e inacción estatal
El equipo periodístico envió solicitudes de información a la Marina de Guerra y a la Policía sobre las operaciones de Los Lobos y otras bandas criminales en Tumbes, así como sobre las acusaciones de que ciertos uniformados estarían involucrados, pero nunca hubo respuestas.
Para los pescadores, es indignante que la Policía no realice megaoperativos teniendo información suficiente. Sin embargo, el coronel Luis Castillo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Piura, explica que la ausencia de denuncias contra la piratería y extorsión es un obstáculo para poder identificar a los delincuentes.
La falta de denuncias se debe al miedo. En una investigación publicada en enero, Mongabay Latam identificó que aproximadamente 20 pescadores habían sido asesinados por piratas en los últimos 20 años. Además se evidenció que la Marina y la Policía manejan cifras distintas sobre el ilícito. Entre 2020 y 2024, la Marina registró 61 denuncias y la Policía solo seis.
Mongabay Latam se contactó con el capitán del puerto de Zorritos, Renzo Ybaceta, para consultarle sobre las acciones que lleva a cabo la Marina para proteger a los pescadores. El agente indicó que eso es trabajo de la Policía. “Las bandas criminales no extorsionan en el mar, es desde tierra. Nuestra competencia es en el mar”, señaló.
Para Nicolás Zevallos, experto en crimen organizado, las acciones del Estado peruano son deficientes en contraste con las del Ecuador, que tiene una intervención más intensa. “Más allá de que sea efectiva, hay una dinámica de control desplegado por parte del Gobierno ecuatoriano que puede hacer que se movilice la dinámica logística de las drogas hacia la costa peruana, donde hay menos control, menos vigilancia, menos persecución”.
Mientras se desarrollaba este reportaje, los piratas cometieron un asesinato, en mayo de 2025. “Nuestro hermano es Richard Silva Ancajima, él era buzo, lo asesinaron en Puerto Pizarro”, contó a Mongabay Latam el hermano de la víctima, en un pueblo agrícola del distrito de La Unión, a ocho horas de viaje. “Hasta ahora no sabemos quiénes fueron, ni hay justicia. Estaba buceando, lo alzan, hacen que suba a otro yate y lo asesinan. Se llevaron el motor”.
Los pescadores sostienen que los asesinos fueron los “piratas”. Antes ya lo habían amenazado.
(*) Informe de Mongabay Latam.
Consolidado como una de las fuerzas políticas más importantes de Lambayeque, del 2006 en adelante el fujimorismo siempre ha tenido representantes en el parlamento por esta región. En las elecciones generales del 2006 fue electo Alejandro Aguinaga Recuenco; en el 2011 nuevamente salió electo el exmédico de Alberto Fujimori; en el 2016 lo fueron Marvin Palma Mendoza, Héctor Becerril Rodríguez y Milagros Takayama Jiménez; en el 2020 Rita Ayasta y en el 2021 otra vez Alejandro Aguinaga.
Para las elecciones del próximo año, Fuerza Popular tiene como precandidatos a la Cámara de Diputados, en orden correlativo del 1 al 6, a Marvin Palma, Milagros Takayama, Rafael Aita, Dalila Bravo, Javier Castro y Alejandrina Ordóñez. Mientras que para la Cámara de Senadores los precandidatos por distrito múltiple son Alejandro Aguinaga y Violeta Fanzo.
Marvin Palma
Empresario pesquero, Marvin Palma milita en Fuerza Popular desde el 2021, pero antes fue regidor distrital de Santa Rosa por Alianza Para el Progreso. Ya con las sedas naranjas, Marvin Palma probó las mieles del Congreso del 2016 al 2020, año en que el expresidente Martín Vizcarra disolvió el parlamento. En dicho período legislativo fue el congresista más joven con solo 27 años.
Durante el ejercicio parlamentario de aquel período, Marvin Palma se distanció del ala dura de los llamados congresistas ‘keikistas’ y se enrumbó en la aventura llamadas ‘Cambio 21’, nombre de la bancada que formó Kenji Fujimori junto con el grupo de legisladores disidentes de Fuerza Popular. Aquí fue elegido no solo vocero del grupo parlamentario, sino también vicepresidente del Congreso hasta la disolución del mismo.
Últimamente, se muestra activo en sus redes sociales, compartiendo videos de los viajes proselitistas que hace a las bases naranjas, así como en fotos junto a su lideresa Keiko Fujimori. Sin embargo, también fue noticia en junio de este año, luego de que una de sus embarcaciones ‘Kiara’ se hundiera en el mar y sus doce tripulantes fueran rescatados por la Capitanía de Puerto de Pimentel.
Milagros Takayama
Abogada de profesión, Milagros Takayama se encuentra inscrita en Fuerza Popular desde el 2009, cuando aún se llamaba Fuerza 2011, y ha hecho una activa vida partidaria al interior de la agrupación naranja. Ha sido secretaria nacional de Ética y Disciplina, y personera legal de la agrupación.
Antes de ser electa como congresista en el 2016, postuló en el 2011 al parlamento, alcanzando solo siete mil 581 votos, los cuales fueron insuficientes para ser elegida. En el 2014 también intentó ser regidora de José Leonardo Ortiz sin mayor éxito. Ya en el parlamento, Takayama fue presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y una de las que se abstuvo de votar a favor del informe que recomendó destituir e inhabilitar al exfiscal Pedro Chávarry por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento real
Tras dejar su curul, Milagros Takayama no se despegó del todo del Congreso, pues fue la jefa del fondo editorial de este poder del Estado. En redes sociales se le ve activamente haciendo campaña por su lideresa Keiko Fujimori.
Rafael Aita
Con pasado como militante en Solidaridad Nacional y Alianza Para el Progreso, y como invitado por el Partido Popular Cristiano en unas elecciones regionales, Rafael Aita Campodónico llegó a Fuerza Popular en el 2021, luego de discrepancias con los Acuña en Lambayeque. Ha participado de siete procesos electorales a lo largo de su trayectoria y solo en uno salió electo: los comicios congresales del 2001. Después intentó volver al parlamento sin éxito en el 2001, 2006 y 2011. También intentó ser gobernador regional en el 2014 y alcalde provincial de Chiclayo en el 2018 y el 2022.
Durante su paso en el Congreso, Rafael Aita fue presidente de la Comisión de Seguridad Social y presidente de la subcomisión que investigó al expresidente Alberto Fujimori y cuyos resultados formaron parte del pedido de extradición que se le hizo a Chile. Posteriormente, en el gobierno de Alan García Pérez, fue viceministro de Defensa. El último cargo político que ocupó fue el de prefecto regional del 2016 al 2018.
Actualmente, Aita Campodónico se encuentra dedicado al manejo de sus empresas y opina en diferentes espacios sobre la coyuntura política, deportiva y social.
Dalila Bravo
Maestra de Literatura y bachiller en Derecho, Segunda Dalila Bravo Valladolid milita en Fuerza Popular desde el 2021. Antes lo hizo del 2006 al 2011 en el Movimiento Independiente Todos por Lambayeque, del cual fue fundadora. Ha postulado en dos oportunidades a la alcaldía distrital de La Victoria, en el 2018 por Solidaridad Nacional y en el 2022 por Fuerza Popular, ambas sin fortuna.
Es natural del distrito de Llama, en Chota (Cajamarca). Ha sido docente del colegio Pedro Abel Labarthe, gerente de la Municipalidad Distrital de La Victoria y asesora parlamentaria. En redes sociales se le ve haciendo campaña en las bases distritales de Fuerza Popular.
Javier Castro
El exalcalde de José Leonardo Ortiz y locutor, Javier Castro Cruz, milita apenas desde junio del año pasado en Fuerza Popular, un mes antes precisamente de que venciera el plazo para inscribirse en una agrupación política y participar de las elecciones generales del 2026. Antes de ligarse al fujimorismo, militó en Somos Perú, en el movimiento regional Construyendo y en Acción Popular.
Su historial de postulaciones también es amplio. Fue electo alcalde de José Leonardo Ortiz en 1998 por el movimiento Adelante Chiclayo y en adelante postuló cuatro veces más al mismo cargo por el movimiento Manos Limpias, del preso exalcalde de Chiclayo Roberto Torres: en el 2002, 2006, 2010 y 2014. De estas, volvió a ser electo en el 2006.
Registra cinco sentencias, tres por alimentos, una por calumnia y una por colusión en agravio del Estado por la que se le sentenció a trece años de prisión, aunque luego fue absuelto. Ha sido gerente de una radio local.
Alejandrina Ordóñez
Alejandrina del Rosario Ordoñez Condezo milita en Fuerza Popular desde el 2022. Antes lo hizo del 2010 al 2019 por el Partido Popular Cristiano. Postuló al cargo de consejera regional en el 2010 y al de regidora provincial de Chiclayo en el 2018 y el 2022, en todas sin éxito.
Es abogada de profesión y magíster en Gestión Pública. Ha trabajado en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, como asesora en la Procuraduría de la Municipalidad de Lambayeque y como docente universitaria.
Alejandro Aguinaga
Trujillano de nacimiento, la vida política de Alejandro Aguinaga nació con Alberto Fujimori. Fue viceministro de Salud en los años noventa y luego ministro de Salud desde el 15 de abril de 1999 hasta el 21 de noviembre del 2000, día en que cayó el régimen fujimorista.
Es actualmente legislador y lo ha sido del 2006 al 2016. También se ha desempeñado como presidente interino del Congreso. Su vida política no ha estado alejada de escándalos, siendo quizá el más sonado el caso de las esterilizaciones forzadas.
Violeta Fanzo
Finalmente, Violeta Fanzo Ñiquen acompaña a Alejandro Aguinaga en la precandidatura al Senado. Militó en Perú Patria Segura del 2005 al 2014, y desde el 2020 lo hace en Fuerza Popular. Ha postulado en cuatro comicios y en ninguna fue electa: para alcaldesa provincial de Lambayeque en 1998, para regidora provincial de Lambayeque en el 2002, para alcaldesa provincial de Lambayeque en el 2018 y para congresista en el 2021. Es licenciada en Administración y promotora de una institución educativa.
Alianza Para el Progreso – APP, tiene lista sus precandidaturas de cara a las elecciones generales del 2026. Por Lambayeque, rostros conocidos y varios salidos de otras canteras integrarán las nóminas al Senado y a la Cámara de Diputados, donde las cabezas serán: el exalcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, y la actual congresista María Acuña Peralta, hermana del fundador del partido, César Acuña Peralta.
En paralelo, hay dos nombres que desde Lambayeque podrían alcanzar candidaturas al Senado en la postulación nacional (distrito electoral único). Se trata del ex gobernador regional Humberto Acuña Peralta, secretario nacional de Organización de APP, quien en las últimas semanas ha estado deshojando margaritas para definir si acepta la propuesta de postular al Senado o se queda en Lambayeque para candidatear a la región en octubre del 2026.
El otro personaje es Guillermo Segura Díaz, ex regidor y alcalde interino de la provincia de Chiclayo, así como uno de los fundadores del partido. Segura Díaz, actual funcionario de la Municipalidad Distrital de La Victoria, ha recibido la invitación de la cabeza de APP para postular en la lista nacional.
Al Senado
Al igual que todos los partidos que participarán en las elecciones del 2026, Alianza Para el Progreso presentará dos candidatos al Senado de la República por Lambayeque (distrito electoral múltiple). Se trata de un varón y una mujer para cumplir con la paridad, como exige la norma electoral vigente.
Siendo así, el número 1 lo tendrá (si todo sigue como hasta ahora), el exalcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas. Bachiller en Economía por la Universidad Ricardo Palma, desde 1997, salió de las canteras del Partido Aprista Peruano, al cual representó como aspirante a la alcaldía provincial en el 2014; luego se incorporó a Podemos Perú, siendo el candidato a Chiclayo en las votaciones del 2018 en las que resultó vencedor.
Su paso por la gestión pública no ha estado libre de cuestionamientos e incluso fue procesado por la contratación de la empresa Veólia para el alquiler de compactadoras, caso del que fue absuelto. Gasco Arrobas se inscribió en APP en julio del año pasado.
El número 2 está reservado para Gloria Flores Limo, militante apepista desde diciembre del 2013. Flores Limo es médica egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con una especialidad en Ginecología y Obstetricia, maestra en Ciencias con mención en Gerencia de Servicios de Salud y doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad por la Universidad César Vallejo.
En las elecciones del 2022 integró la lista regional de APP como candidata a la vicegobernación de Lambayeque.
Lista de diputados
La nómina de candidatos a diputados por Lambayeque estará encabezada por la actual congresista María Acuña Peralta, hermana del fundador de APP. Abogada por la Universidad Señor de Sipán desde el 2006, es magíster en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo y doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, por la misma universidad. María Acuña tiene dos postulaciones fallidas al Congreso de la República, la primera en el 2006 y la segunda en el 2011.
Su presencia en el actual congreso ha tenido cuestionamientos, siendo el caso del presunto recorte de sueldo a un trabajador el que más revuelo causó, a lo que se sumó la pérdida de sus tesis de postgrado y la construcción sobre área pública en el distrito de Surco, Lima. Ha presentado 103 proyectos de ley, de los cuales 27 se han promulgado.
Con el número 2, postulará Alexander Rodríguez Alvarado, dos veces alcalde distrital de Mochumí, ex alcalde provincial de Lambayeque y candidato a gobernador regional por APP en las votaciones del 2022. Es militante desde el 2014, antes lo fue del Partido Nacionalista Peruano, al que renunció en el 2010. También postuló como regidor de Mochumí por Perú Posible en el 2002.
Rodríguez Alvarado, ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tuvo su momento más mediático durante la pandemia, mientras era alcalde de Lambayeque, cuando fue sorprendido en un operativo policial en una suite.
Sin militancia activa ni historial político, el número 3 de la lista de diputados está asignado a Dulia Esperanza Tafur Huamán, empresaria vinculada al sector textil y que ha representado a la Asociación de Empresarios Confeccionistas Exportadores del Perú – Asexport, en procesos de contrataciones con el Estado.
Tafur Humán postularía como invitada de APP. No registra estudios inscritos ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – Sunedu.
Con el número 4 postulará Luis Alberto García Vásquez, quien hasta el 2021 militó en Somos Perú, partido por el cual postuló, sin suerte, a la alcaldía distrital de Hualgayoc, en el 2018. En las elecciones del 2022 tentó suerte como candidato de APP.
García Vásquez es abogado por la Universidad Particular de Chiclayo, administrador de empresas por la Universidad Señor de Sipán y maestro en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo.
En la quinta ubicación irá Mónica Purisaca Salinas, psicóloga egresada de la Universidad Señor de Sipán, quien postuló en el 2022 como candidata a regidora del distrito de Pueblo Nuevo en la lista de APP. Es militante desde el 2013.La lista la completa Floro Heredia Chiroque, integrante a APP el año pasado y exmilitante del Partido Nacionalista Peruano hasta el 2021. Justamente, fue candidato a congresista por dicha agrupación en las elecciones de ese año.
Heredia Chiroque es licenciado en Educación, con especialidad en Matemática y Física, por la Universidad José Faustino Sánchez Carrión; licenciado en Periodismo por la Universidad Particular de Chiclayo, tiene un segunda especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico por la Pontificia Universidad Católica del Perú; abogado por la Universidad Señor de Sipán; magíster en Educación, Docencia y Gestión Educativa por la Universidad César Vallejo, y doctor en Educación por la misma casa de estudios.
