• Contraloría advierte que EPSEL S.A., encargada del proyecto, no está cumpliendo con compromisos establecidos en laudo arbitral.

La Contraloría General de la República alertó que el plazo de ejecución de la obra de instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en 12 pueblos jóvenes de la vía Chiclayo – Pomalca, se extendería aún más, lo que afectaría la dotación de los servicios para más de 24 mil pobladores y podría generar solicitudes de ampliaciones de plazo que implicarían mayores gastos generales.

Según el Informe de Visita de Control N° 008-2023-OCI/3472-SVC, que evaluó el periodo del 1 de marzo al 28 de abril de 2023, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque - EPSEL S.A.) encargada del proyecto, no está cumpliendo con todos los compromisos establecidos en un laudo arbitral del 26 de octubre de 2022. Dicho laudo tenía como objetivo entre otros, resolver las consultas formuladas por el contratista sobre aspectos no contemplados en el expediente técnico.

Cumplimientos a medias

EPSEL S.A. cumplió con cinco compromisos (de un total de 9) relacionados a pagos pendientes al contratista como condición para que la obra se reanude (13 de diciembre de 2022). Sin embargo, está pendiente la atención de las consultas sobre la notificación de planos al contratista, definiciones técnicas y otros relacionados con los componentes de captación de las lagunas Boró I y II, Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) I y II, y línea de impulsión del proyecto.

Ello supone un riesgo para el plazo de ejecución de la obra, cuya nueva fecha de término es el 21 de agosto de 2023, teniendo en cuenta además que la Laguna Boró II, una de las fuentes de agua para la PTAP, no se encuentra en funcionamiento, lo que ocasionaría la presentación de solicitudes de ampliaciones de plazo y, de ser el caso, mayores gastos generales por pagos al contratista, aumentando el costo total de la obra.

Sin respuesta

De otro lado, Epsel S.A. no ha emitido pronunciamiento sobre la solicitud de adicional y deductivo vinculante relacionado con las EBAR I y II, presentada por la supervisión en noviembre de 2021, indicando la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales en la cámara húmeda y cámara de rejas. Esta situación también afectaría el plazo de ejecución de la obra y aumenta el riesgo de posibles gastos adicionales.

A la fecha solo se viene trabajando en el componente del reservorio elevado de 1600 metros cúbicos, pues los trabajos restantes aún no se ejecutan por falta de pronunciamiento de la entidad, lo que retrasaría la prestación de servicios para más de 24 mil pobladores de Villa Progreso, Upis Miraflores, Las Vegas, Samán, California, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Ramiro Prialé II, San Félix, San Francisco de Asís y La Unión.

Es importante destacar que el contrato de ejecución N° 264 se firmó el 14 de noviembre de 2018 con el Consorcio Progreso, por un monto de 52 millones 620 mil 76 soles, y se acordó un plazo de 600 días calendario. Asimismo, el contrato de supervisión N° 005 se firmó el 25 de enero de 2019 por tres millones 226 mil 277 soles. La entrega del terreno tuvo lugar el 6 de marzo de 2019, y la ejecución de la obra comenzó al día siguiente, el 7 de marzo.

La Contraloría General ha comunicado el informe al titular de EPSEL S.A. para que se tomen las acciones correctivas necesarias que aseguren el logro de los objetivos del proyecto.