El fin de semana miles de familias del distrito de Pomalca, así como de los anexos de Saltur, Sipán, Pampagrande, Pacherrez y El Palmo, tuvieron la oportunidad de abastecerse del dulce producto, gracias a la campaña de venta de azúcar a 3 soles el kilo, que viene realizando Azucarera Pomalca desde el 2021, dentro de sus actividades de proyección a la comunidad que forma parte de su Programa de Responsabilidad Social.
La venta de azúcar tiene como finalidad aliviar en algo la economía de los hogares, adquiriendo este producto de primera necesidad y uso diario, a precio de fábrica. Acción que se viene desarrollando periódicamente desde hace tres años, teniendo en cuenta el aumento del precio del azúcar en el mercado y aumento del precio de los productos en general, lo cual viene generando un dolor de cabeza para las amas de casa.
El producto se ofrece en presentaciones de 5 y 10 kilos, pudiendo adquirirse hasta 10 kilos por persona, previa presentación de su DNI, esto a fin de evitar acaparamiento y para que la mayoría de familias puedan tener acceso a este beneficio.
Es así que Azucarera Pomalca, junto al Grupo Oviedo, se vienen proyectando en beneficio de la comunidad y hacen un llamado a las amas de casa para que estén atentas, ya que durante el año se continuará realizando esta campaña, todos los meses.
La aparente eficacia de la gerente regional de Salud, Jessica Antón de la Cruz, para realizar operativos inopinados en los centros de salud no surtiría efectos cuando se trata de ordenar el aspecto administrativo del sector. Más de 240 trabajadores de salud mental están sin pago.
A los trabajadores se le adeuda el sueldo correspondiente a enero. En las diversas ocasiones que han acudido a la GERESA para buscar una respuesta de la gerente del sector, han recibido como justificación que no hay presupuesto para ejecutar los pagos correspondientes.
Falta de presupuesto
Voceros de los trabajadores, quienes fueron contratados en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y a quienes se dio continuidad en el 2023, mencionan que el año pasado se emitieron los documentos que aseguraban la continuidad de sus labores, para lo cual – se entiende – se tenía previsto el presupuesto.
“La Oficina de Planeamiento de la GERESA nos dice que nosotros tenemos continuidad, pero la gerente refiere que no hay presupuesto para nosotros. ¿Qué ha pasado con nuestro presupuesto? ¿Por qué somos la única región que está sufriendo por este problema de pagos? Merecemos una respuesta”, indicaron.
En total son 243 trabajadores contratados bajo los Decreto Legislativo 049 y Decreto de Urgencia 083, habiendo sido designados para laborar en los distintos Centros de Salud Mental de la región.
“El día 2 de enero enviaron un mensaje de WhatsApp solicitando que se restrinja nuestro ingreso a los establecimientos. Sin memorándum o un comunicado oficial de la institución. La gerente Jessica Antón indicó, mediante un memorándum, así como en una noticia en el portal oficial de la GERESA, que se nos había repuesto pues le parecía abusivo que nos hayan despedido abruptamente, pero ahora nos dice que no hay dinero para pagarnos”, reclaman.
“Consideramos que se están vulnerando nuestros derechos. Puesto que la gerente ha cancelado ya dos reuniones, que consideramos importantes, para ver la continuidad de nuestros servicios. Porque, ahora la actual gerente, está comunicando, mediante coordinadores, que nuestra permanencia sólo será de 3 meses. Se jacta de realizar visitas inopinadas solicitando la mejora en la atención con calidez y no empatiza con ningún trabajador. Inclusive, sabiendo que este grupo de trabajadores labora en instituciones dónde se prioriza la salud mental, que hoy en día es un tema muy crucial”, señalan.
Indican que mediante la Ley del Presupuesto Anual 2023, de estableció en la Sexagésima Primera Disposición, el pase a CAS Indeterminado de los trabajadores CAS contratados bajo D.L. 049 y D.U. 083.
Entre los afectados hay médicos, enfermeros, psicólogos y técnicos de salud.
Hasta marzo
El martes 13 de febrero, ante la falta de respuestas a sus reclamos, los trabajadores protestaron en los exteriores del Gobierno Regional de Lambayeque, denunciando la falta de interés por parte de la gerente del sector para resolver su problemática.
Después de la protesta se les informó que pasaban a ser inscritos en el AIRSHP y en el INFORHUS, aplicativos obligatorios para el pago de sus remuneraciones.
La comunicación de la GERESA – relatan – es que recién la primera semana de marzo se harían efectivos los pagos correspondientes a enero y febrero.
“Los trabajadores contratados bajo los decretos mencionados tenemos derecho a pasar a la condición de CAS indeterminado y esa será nuestra lucha, una vez efectuados los pagos pendientes”, anunciaron.
Más de tres mil trabajadores salen constantemente a protestar, a llamar la atención de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, pues asegura que no atienden sus denuncias para aplicar todo el peso de la ley a los dirigentes que llevaron a la empresa a la quiebra.
La Empresa Agroindustrial Tumán poseía 7,500 hectáreas de caña y parte de ellas se han perdido, pues han sido invadidas, alquiladas o embargadas por supuestas deudas. La empresa facturaba por venta de azúcar al año 150 millones de soles, hoy en día “cero”.
Tumán tenía una producción de azúcar de 2 millones de bolsas de 50 kilos anuales.
Los sembradores de caña, que antes utilizaban el ingenio tumaneño para moler, hoy recurren hasta ingenios de La Libertad, haciendo más de 200 kilómetros de recorrido de Chiclayo a Trujillo o hasta Olmos, al ingenio de Agrolmos, empresa del Grupo Gloria. El cierre del ingenio de Tumán también ha afectado a los sembradores lambayecanos.
Hace una semana aproximadamente 500 personas, entre trabajadores, jubilados y amas de casa del distrito de Tumán, marcharon nuevamente hacia el Ministerio Público, indignados por la indiferencia de las autoridades fiscales y judiciales.
Denuncian que su proceder es estéril para poner alto a la ola de robos en su planta industrial, hechos en los que estarían involucrados dos administraciones de hecho, dirigidas, según afirmaron los manifestantes, por Jesús Moreno, Alejandro Zevallos y Leoncio Egúsquiza, quienes no sólo se disputan el control de la azucarera, sino además permitirían sustraer y venden a diario equipos valiosísimos de la fábrica.
Pérdidas millonarias
El presidente del Frente de Defensa de los Trabajadores, Vicente Castillo Nicolás, denunció que las administraciones judiciales fraudulentas que tomaron la dirección de la empresa a partir del año 2015, han reconocido deudas inexistentes, una de tres millones 300 soles, pagando el 120 % anual de intereses y una Letra de Cambio firmada por el cuestionado Salatiel Marrufo por un millón 800 mil soles, que dio origen a una administración judicial de Bongará, región Amazonas, que luego de un año de vigencia fue anulada por ilegal.
Señala también que se han encontrado contratos con obligaciones que comprometen el futuro de la empresa, también en la azucarera Pucalá, se utilizó las mismas modalidades con grave afectación de su patrimonio, dando lugar a una crisis que cercenó parte de su área agrícola y lo condujo a un proceso concursal ante Indecopi.
“Estas acciones concertadas se realizaron para provocar el caos social y económico tanto en Pucalá como en Tumán, con el predestinado propósito de propiciar el cierre de sus plantas industriales, perjudicando la economía de miles de trabajadores y de cientos de cañicultores que no tienen más opción de vender su materia prima al precio de hambre que les imponen estos grupos económicos, dejando en la intemperie social a miles de familias de Pucalá y de Tumán”, dijo.
Los manifestantes esperan que las autoridades del departamento de Lambayeque, ante la flagrancia de los hechos, adopten medidas para evitar un mayor perjuicio social y económico en los cañicultores y trabajadores de estas agroindustriales.
Casi un año después que la silla del Obispado de Chiclayo quedase vacante, el papa Francisco ha resuelvo designar a monseñor Edinson Edgardo Farfán Córdova, de la Orden de San Agustín, como titular de la Diócesis, que durante este tiempo estuvo bajo la administración apostólica de monseñor Guillermo Cornejo Monzón.
La decisión del sumo pontífice se conoció este miércoles, resolviendo con ello el traslado de monseñor Farfán Córdova de la Prelatura Territorial de Chuquibambilla, en la región Apurímac.
Hoja de vida
Farfán Córdova nació el 21 de septiembre de 1974 en Tambogrande, territorio de la Arquidiócesis de Piura. Ingresó en la Orden de San Agustín en 1998 y completó su noviciado en Lima, en 2002. Su profesión religiosa la hizo el 11 de enero de 2003.
Asimismo, estudió Filosofía en el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Trujillo entre 1999 y 2001.
Posteriormente fue enviado a Bolivia donde estudió Teología en la Universidad Católica de Cochabamba en los años 2003 - 2006, obteniendo la Licenciatura en Teología Espiritual y Pedagogía. Fue ordenado sacerdote el 26 de julio de 2008.
Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: Coordinador de la Comisión Internacional de Comunicaciones y Publicaciones Internacionales de la Organización de Agustinos de América Latina (2006-2014); vicario parroquial de la Parroquia Santa Ana de Cala Cala, Arquidiócesis de Cochabamba, Bolivia (2007 – 2008); Vicario parroquial de San José Obrero, diócesis de Chulucanas, Perú. Alí también fue profesor de Teología y Director Espiritual en el Seminario Mayor (2009-2010).
Ha sido también maestro de Prenovicios de la Orden Agustina (2011-2012); párroco de Nuestra Señora de Montserrat, Archidiócesis de Trujillo (2012-2013); profesor de Teología en la Universidad Católica Benedicto XVI en la Arquidiócesis de Trujillo, (2013-2015); Prior y Maestro de los profesos de la Orden Agustiniana (2013-2017).
Además, ha servido como párroco de Santa Rita de Casia en Trujillo (2015-2018), Vicario Episcopal para la vida consagrada de Trujillo, Perú (2017-2018) y dentro de su Orden Secretario General de la Organización de Agustinos de América Latina (2015-2019).
Labor en Apurímac
Desde el 24 de abril de 2018 era Administrador Apostólico “ad nutum Sanctae Sedis” de la Prelatura Territorial de Chuquibambilla. El papa Francisco lo nombró el 7 de diciembre de 2019 Obispo Prelado de Chuquibambilla, hasta ese entonces Administrador Apostólico de la misma circunscripción eclesiástica.
La Prelatura de Chuquibambilla fue creada el 26 de abril de 1968 por el papa San Pablo VI, desmembrando las provincias de Antabamba, Cotabambas y Grau, de la Diócesis de Abancay, en el departamento andino de Apurímac. La Prelatura es sufragánea de la Arquidiócesis Metropolitana del Cusco.
Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte OFM, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) presidió el sábado 4 de enero de 2020 en la Parroquia Santa Rita de Casia, ubicada en el distrito San Jerónimo (Cusco), la ordenación episcopal del nuevo Obispo de la Prelatura de Chuquibambilla. Concelebraron la Misa monseñor Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico en el Perú y monseñor Robert Francis Prevost, O.S.A., entonces obispo de la Diócesis de Chiclayo.
De preocupante, describió el presidente de la Asociación de Sembradores de Caña de Azúcar de la provincia de Ferreñafe y Presidente de la Asociación Nacional de Defensa del Agricultor Peruano, Alberto Salinas Barba, la situación económica de más de 800 cañicultores en la región, especialmente cuando se ven obligados a recurrir a prestamistas que les cobran hasta en un 36 % de interés anual por préstamos dinerarios que se ven obligados a solicitar para producir sus campos de cultivo, debido a que la banca les ha cerrado las puertas.
Dijo que los cañicultores invierten entre 90 y 100 nuevos soles para producir una tonelada de caña de azúcar, pero sólo reciben 80 soles por tonelada al estar obligados a vender su producción a los prestamistas y acopiadores. Esta disparidad en los pagos hace que la situación sea insostenible, ya que no les permite cubrir los costos de producción ni saldar sus deudas, a pesar del arduo trabajo de todo un año.
Sostiene que es comprensible que reclamen un pago justo de al menos 180 soles por tonelada de azúcar, ya que los 80 soles que reciben por parte de los acopiadores que venden las producciones de siembra al Grupo Gloria no les cubre ni el costo de producción; más aún, las condiciones financieras abusivas que les imponen.
“Estoy sacando la cara por la necesidad que atraviesan mis hermanos agricultores y es menester preocuparnos por todos los hombres de campo no solo locales, sino también nacionales”, dijo el dirigente.
Déficit de molienda
Alberto Salinas Barba hizo conocer la existencia de un total de 800 sembradores de caña de azúcar en el Valle Chancay Lambayeque y ante el déficit de empresas para molienda, se ven obligados a vender a los acopiadores y estos llevan las cosechas a las azucareras Agro Olmos, en Lambayeque; así como a los ingenios de Casagrande y Laredo, en la región la Libertad, los que pertenecen al Grupo Gloria.
“El Lambayeque no podemos moler en forma directa. La empresa Tumán se encuentra paralizada desde hace 10 años por problemas judiciales; Pucalá tampoco está activa por tener problemas sociales. Fala, en la carretera a Ferreñafe, no tiene capacidad de molienda, pues sólo procesa 600 toneladas por día.
Amarrados con acopiadores
Afirma que los cañicultores no venden en forma directa a las empresas, sino a los acopiadores y es el que les dan el dinero para sembrar, en calidad de préstamo, teniendo que pagar un interés del 3 % mensual, lo que al año significa un pago de 36 %. Además, tienen el compromiso de vender su producción.
El dirigente señala que ellos deben estar vendiendo a razón de 180 soles la tonelada. Una tonelada arroja más de dos bolsas de azúcar; es decir, entre 110 a 115 kilos. “Con el costo de una bolsa de azúcar nos pagarían la tonelada de venta y la otra bolsa sería utilidad para las empresas y los acopiadores, pero la realidad es como la vengo narrando”, precisó.
Afirma que a la actualidad los cañicultores pasan una crisis terrible. Todos están viendo la necesidad de cambiar de intención de siembra, si es que el Estado no hace caso a sus reclamos, interviniendo y reflotando las empresas azucareras paralizadas en Lambayeque.
Están analizando – dijo- cambiar de tipo de cultivo y dedicarse a la siembra de arroz, maíz o pan llevar, porque la caña ya no les es rentable.
Aquellos tiempos
Recuerda que cuando las empresas privadas estaban operativas en Lambayeque todo iba bien, pero la situación cambió ante los problemas y los ingresos y salidas de las administraciones judiciales, teniendo como principales responsables al Poder Judicial y al Ministerio Público, lo que ha llevado a que las azucareras sean desmanteladas.
En las empresas de Lambayeque – señala - por tonelada se les entregaba 80 kilos de azúcar, así como 14 kilos de melaza. Es decir, 60 % de la producción era para el cañicultor y el 40% era para a empresa.
Señala que en alguna oportunidad han tratado de consensuar con la empresa Pomalca, pero no tiene capacidad suficiente para atender la producción de los 800 cañicultores.
“No podemos moler en Pomalca. Somos 800 sembradores del Chancay Lambayeque, con una capacidad de siembra de 30 mil hectáreas. Cada hectárea arroja entre 150 a 180 toneladas, variando por la calidad de la caña. Es decir, hablamos de 3 millones 600 mil toneladas anuales que cosechamos y se van fuera de la región Lambayeque. Por esa cantidad, se nos paga 80 soles la tonelada lo que equivale a 288 millones de soles, pero si lo ajustamos al precio real de 180 soles, se nos debería pagar 648 millones de soles”, sostuvo el dirigente.
No cubre los costos
Indica que esa cantidad de dinero no cubre los costos de producción. “Esos 80 soles que nos pagan por tonelada no cubre los costos de inversión que nosotros hacemos. Se necesita maquinaria, el agua es más cara que el arroz y el maíz, insecticidas, herbicidas, fungicidas, abonos como urea y sulfato. Además, superfosfatos, potasio. Con este clima hay que utilizar hasta abonos foliares para dar vida a la planta”, recalcó.
Destaca que otro grave problema que atraviesan es que no son sujetos de crédito por parte de la banca privada y la estatal. Además, no reciben apoyo del Estado.
“Estamos quebrados. Para sembrar recurrimos al acopiador, quien nos presta el dinero para sembrar a razón de un interés del 3 %, pero estamos obligados a pagar la deuda para no perder nuestros terrenos y encima tenemos que vender nuestro producto al mismo acopiador que nos presta el dinero. El 3 % es caro, pero la necesidad nos lleva a recibir el dinero”, recalca.
Además, se ven obligados a trabajar con caña de variedad brasilera por ser precoz y cosechable a los 11 meses, pero no es de buena calidad.
“Nos gustaría trabajar con caña de la variedad azul Casagrande que es una variedad antigua y es renovada después de 15 o 18 cortes, como también la H-32, que es una buena caña y que se renueva después de 14 o 15 cortes”, acotó.
A las autoridades
En un llamado a las autoridades, pide que el pago por sus cosechas sea justo para que les quede algo que les sirva paliar los gastos de inversión, pagar los préstamos e intereses; y, les quede capital para seguir trabajando.
“Nunca nos queda capital. Más bien quedamos en déficit y algunos cañicultores no pueden pagar sus deudas y pierden sus terrenos ante los acopiadores”, resaltó.
Hizo un llamado a la unidad de sus hermanos agricultores, para organizarse como ya lo han hecho en Ferreñafe y Capote, donde se han constituido en asociaciones de sembradores de caña para luchar por el justo pago de su trabajo y producción.
