Siendo las seis de la tarde, en las puertas del centro comercial Real Plaza, hacia la avenida Andrés Avelino Cáceres, en el pueblo joven Muro, se inicia una ola de ruidos constantes, mezcla de cláxones, gritos y música a todo volumen que proviene de los taxis mal estacionados, esos que esperan a sus próximos pasajeros.
Al llegar la noche, los vecinos de la cuadra dos saben que el desorden y el caos frente a sus casas está por iniciar. De pronto toda la pista comienza a congestionarse sin dar espacio a ningún transeúnte, lo choferes inician la carrera y sin darse cuenta el tráfico se apoderó de la entrada al centro comercial.
Un chofer desesperado por avanzar inicia el primer sonido tocando el claxon sin tener en cuentra si quiera que su acción, probablemente, no le brinde el espacio que necesita para poder arrancar. Aturdido por el sonido, otro chofer continua haciendo lo mismo, propiciando el enojo y un coro de carros, que sin movilizarse, solo generan ruido.
En esta calle se encuentran tres paraderos de empresas de taxis, además de aquellos taxistas informales que no pierden la oportunidad para ir a trabajar hacia ese lado del centro comercial. Aunque las normas indican que solo pueden estar estacionados tres carros por cada paradero formal, en la avenida Cáceres la fila ocupa toda la cuadra. Lo que es peor, ambos carriles.
Los taxistas de las empresas alegan que no pueden dejar espacios libres en la pista porque al hacerlo llegan choferes ajenos a su línea que se cuadran en la misma fila, que ellos han establecido como su paradero, quitándoles posibles pasajeros.
“La razón de nuestras quejas es por la bulla que hacen todos los choferes. Se supone que este paradero es legal, pero en realidad no hay ningún papel que lo respalde. Todos tienen derecho a trabajar. Sin embargo, deben hacerlo de manera ordenada, no respetan ni el crucero peatonal, cuadrándose sobre él, sin dejarnos cruzar adecuadamente la pista”, se queja Eriko Ríos Fuentes, residente de la zona.
Hasta antes de iniciar el año, un policía que se encargaba de retirar a aquellos taxistas que no pertenecían a ninguna de las empresas, logrando mantener un poco el orden. Los propietarios explican que el efectivo era contratado por los mismos choferes para cuidar que otros no les quitaran los clientes.
“Tienen constantes peleas por las carreras, encima los choferes de la misma línea se cuadran en la vereda hacia el lado de nuestras casas dejando solo un pequeño espacio por donde podemos transitar. Toda la bulla empieza a partir de las seis de la tarde de lunes a viernes, porque los fines de semana empiezan entre las tres y cuatro de la tarde”, continua Eriko Ríos.
“No hay nadie que controle, esto es tierra de nadie. Aparentemente, no todos tienen los papeles regularizados, porque cuando surge un operativo, que es muy de vez en cuando, solo se quedan unos cuantos taxistas y aquellos a quienes los cogen en frío. Queda la calle casi vacía y es el único momento en el que se puede ver orden, pero ves a todos estacionados a partir de la tercera cuadra, una vez que todos se fueron, regresan”, explica Liliana García Ríos, vecina del pueblo joven.
Más allá del desorden vehicular, exactamente en la primera puerta del centro comercial, hacia el lado de la calle Cáceres, se ha formado un pequeño mercadito de ambulantes al igual que en el restos de entradas del local.
Estos informales, ofrecen desde juguetes, churros hasta cancha y hamburguesas, y que solo aumentan el caos al estar amontonados entre la marea de autos.
Al llegar la noche, cuando la primera puerta es cerrada y la congruencia de gente ha bajado, se pueden observar las veredas, jardineras y pista de la cuadra dos con una gran cantidad de basura amontonada en las esquinas, papeles en el suelo, envolturas y desperdicios de alimentos.
Ya el reloj marca la media noche, los carros ya no se encuentran amontonados hacia ese lado, si no que se han mudado casi finalizando la cuadra, cerca de la entrada del estacionamiento del Real Plaza, donde la calle es más oscura y los choferes pueden ocultarse para miccionar, sin tener en cuenta que ahí está la casa de la Maruja Mayra Chero.
Al amanecer, cuando Maruja y su esposo, Luis Alberto Arteaga, salen de su hogar para iniciar sus actividades diarias, son sorprendidos por un terrible olor a orín. Cansados de que no sea la primera vez, ya no encuentran con quien quejarse, sin contar que no pudieron descansar con tranquilidad por la bulla de aquellos taxistas.
“Si bien es cierto toda esta zona es comercial, aquí seguimos viviendo familias con niños y ancianos, y necesitamos calma. Pienso que el centro comercial debe poner vigilancia afuera para sacar a todos estos taxistas, que ni siquiera tienen en cuenta que esta es zona rígida, y es por esta razón que cuando llega la policía todos vuelan”, comenta Alberto Arteaga.
Vuelven a ser las seis de la tarde y cuando ya son casi las ocho el crucero peatonal se encuentra invadido taxis y ninguna regla de tránsito es respetada. Las personas que salen del Real Plaza o que llegan, cruzan la calle esquivando carros y gente, mientras esperan seguir contando con la suerte de no ser atropellados.
“No respetan al peatón, además de cortar el crucero peatonal, a ellos no les interesa nada y por pelearse tocan tanto los cláxones que ellos mismos se aturden y comienzan a insultarse. No importa que la gente tenga que pasar por 20 centímetros de espacio entre carro y carro. Si uno se dirige a ellos de buena manera te toman como tonto, sino se ponen agresivos”, añade Eriko Ríos.
Liliana García es empresaria y futura madre, su casa está ubicada casi a mitad de la cuadra dos. Hay veces en las que ella no puede encontrar otro horario para llegar a casa con algo de mercadería en un taxi y no tiene otra opción que esperar dando una vuelta extra mientras la calle se descongestiona un poco para estacionarse frente a su puerta y bajar con las compras.
Cuando esto no sucede, el carro que la moviliza se ve obligado a dejarla más lejos, dificultando el traslado de los paquetes de mercadería.
A unas cuantas puertas de la casa de Liliana vive Fiorencia Abanto, quien tiene un hijo con discapacidad, por cuyas necesidades mandó construir una rampa frente a su puerta que le permita movilizar la silla de ruedas. Sin embargo, son más la veces en las que se ha visto obligada a pedir ayudar para alzar la silla, debido a que algún taxi ha ocupado el acceso.
“Siempre se estacionan frente a nuestra puerta, sin respetar que ahí está la bajada, nos hemos quejado muchas veces con los policías, incluso uno de ellos nos recomendó pinchar las llantas del auto colocando clavos, porque no le harían caso. No entiendo cómo es posible que me pidan hacer ese daño en vez de implementar una sanción”, cuenta Fiorencia.
Cuando el fin de semana llega, los vecinos saben que todo el alboroto iniciará más temprano, pero esta vez no solo será bulla de los carros hasta las 12 de la noche, sino que también escucharán música hasta altas horas de la madrugada, hasta que puertas de la discoteca de Rústica al fin cierren.
“Uno al final se termina acostumbrando a la bulla, que ya ni cuenta se da, pero no es el caso. Yo estoy por tener un bebé y Real Plaza debe tener un departamento de responsabilidad social que se haga cargo de este tipo de situaciones, ya que ellos obtienen un ingreso. Deben tener en cuenta que acá hay personas que vive desde antes que ellos llegaran”, expresa Liliana García.
Hace unos meses, la música no provenía solo de las instalaciones del Real Plaza, sino que frente a la primera puerta del centro comercial, en la calle Cáceres, se había instalado una discoteca ‘Valentino’s’, que fue motivo de constantes denuncias por parte de los vecinos por el exceso de volumen.
A pesar de todas las quejas presentadas y que las autoridades asistieron en reiteradas ocasiones y lograban cerrar el local de manera temporal, nada de esto era respetado por los propietarios, que sin mayor remordimiento arrancaban el papel de la puerta puesto por la municipalidad y daba atención al público. Para fortuna de los habitantes de esta zona la discoteca no logró tener el éxito necesario como para continuar manteniéndose económicamente.
Muchas son las quejas de estos vecinos, desde la contaminación por basura hasta la bulla y desorden vehicular que ocurre a diario, delante de ellos y sin poder tomar algún tipo de acción. Cansados de quejarse y sin esperanza en las autoridades, ellos esperan que pronto se tomen cartas en el asunto.
Al igual que en una empresa, el proceso educativo requiere que cada uno de sus integrantes desarrolle sus funciones de la mejor manera; sin embargo, existe un sector que en los últimos años ha sido discriminado social y laboralmente. En Lambayeque se cuenta con más de mil cien trabajadores administrativos que laboran en los diferentes centros de enseñanza de la región, quienes tienen que desarrollar tareas a pesar de los bajos sueldos que reciben.
Ulises Díaz Ruíz, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de Centros Educativos - SUTACE, señala que actualmente la agremiación cuenta con aproximadamente 680 afiliados, quienes se dividen en dos niveles.
“Por un lado tenemos a los servidores administrativos auxiliares y los servidores auxiliares, quienes desempeñan labores de guardianía, de servicios de limpieza o de jardinería. En este grupo se encuentran también los oficinistas y quienes trabajan en las bibliotecas de las diferentes instituciones educativas de la región”, explica Díaz Ruiz.
En segundo lugar se encuentra el nivel técnico, el cual comprende a los secretarios de sub directores, directores, auxiliares de bibliotecas y laboratorios.
Existe cerca de 400 trabajadores que se encuentran afiliados a otros sindicatos, así como una minoría que no pertenece a ninguna agremiación. En total, son mil 150 trabajadores que pertenecen al Régimen Laboral 276 (público), conformado por personal nombrado, con contratos indefinidos.
FALTA DE APOYO
Ulises Díaz lamenta que la región cuente con gobernantes que no ven al trabajador como una persona que puede contribuir al desarrollo de la sociedad, denotándose en pequeños detalles como la indumentaria, por ejemplo.
“Las autoridades deberían ser quienes nos provean del equipamiento y del uniforme respectivo para desarrollar nuestras labores a través de la Gerencia Regional de Educación – GRED, las diferentes unidades de gestión educativa y el mismo gobierno regional. Sin embargo, hacia los servidores administrativos de las instituciones educativas hay una especie de discriminación abierta, porque a ningún servidor de los colegios se le brinda el uniforme requerido para el desarrollo de sus actividades”, manifiesta el representante de los trabajadores.
Señala que los trabajadores encargados de realizar la limpieza de las oficinas desarrollan sus labores con la misma ropa con la que llegan a la institución, convirtiéndose en una práctica recurrente año tras año.
“A los servidores del gobierno regional y de las distintas UGEL les guardamos una envidia sana, porque quisiéramos que nos traten de la misma forma. A ellos sí se les entrega sus uniformes hasta por mil 500 o dos mil soles, con zapatos incluidos y carteras para las mujeres”, refiere.
Es por esta razón que Ulises Díaz señala que debería de existir una política inclusiva y que a todos los trabajadores del régimen 276 se les otorguen las mismas condiciones laborales.
“No estamos al nivel de los trabajadores de salud o de agricultura, quienes cuentan con una indumentaria que los identifica”, lamenta el secretario general del SUTACE.
PAGOS PENDIENTES
Entre los diferentes reclamos que ha desarrollado el SUTACE en el 2015, el más significativo corresponde a la remuneración por incentivo laboral, la cual no se cumple de la forma más adecuada.
“Hemos realizado constantes reclamos por una igualdad de oportunidades y remuneraciones, tal como lo dice la ley. La Resolución Directoral N° 190 – 2014 – EF/53.01, que se aplica desde el año pasado, dispone que el incentivo laboral para todos los servidores técnicos y auxiliares en la región debe de ser de mil 830 soles”, explica.
El mismo gobierno regional por medio del Decreto 063, aprobado por la Directiva 022, firmada por el gobernador Humberto Acuña Peralta, detalla que los servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, tanto técnicos como auxiliares, deben recibir mil 830 soles.
“Todo esto se encuentra aprobado con la Resolución Directoral 190 – 2014, la cual señala los lineamientos para el pago de incentivos a los trabajadores del sector educación”, arguye Ulises Díaz.
Agrega que desde el sindicato ayudarán a sus afiliados a realizar las demandas judiciales por sus incentivos laborales, en razón que estos no superan los 450 soles y que en ocasiones pueden verse reducidos a 190, dependiendo del caso.
“Contamos con un horario de ocho horas, todos trabajamos lo mismo. En el caso de la UGEL, el incentivo para administrativos es de mil 830 soles y en el caso de los profesionales la cifra bordea los cinco mil soles. Estamos buscando al gobernador regional para que nos conceda una audiencia que finalice con estos actos de discriminación que se presentan en el sector educativo”, expone.
Reclama por la desazón que genera recurrir a acciones judiciales para exigir sus derechos, cuando la ley ha determinado el monto que deberían recibir los trabajadores, quienes ahora se ven obligados a contratar a abogados, suponiendo gastos que no están a su alcance.
“Una vez finalizado todo el proceso judicial ya no cuentan con los fondos para pagar el mismo”, lamenta el representante del SUTACE.
Agrega que este es un sistema perverso que lamentablemente impera en el Gobierno Regional de Lambayeque – GRL, propiciado por las mismas autoridades. “No hay nada que se oponga al beneficio, los trabajadores de Contrato por Administración de Servicios – CAS, quienes se encuentran en la sede de la UGEL Chiclayo, presentan mejores condiciones que aquellos contratados por muchos años bajo el régimen 276”, anota.
El sueldo de un trabajador administrativo escolar asciende a 740 soles. “¿Con cuánto vive el trabajador administrativo de un colegio? Mensualmente presenta un ingreso neto de 170 soles. Esta es nuestra realidad, si bien es cierto esto es producto de descuentos por los préstamos que realizamos a una cooperativa para poder sobrevivir, mensualmente los montos que recibimos son bajos. Si le agregamos los 250 soles de incentivo, tenemos un promedio de 420 soles de saldo mensual”, indica Ulises Díaz.
El secretario general aspira a que todos, miembros o no del SUTACE, reclamen sus incentivos laborales en base a lo que dispone el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, por lo que se tendrían mil 150 procesos judiciales agregándose al órgano jurisdiccional.
RECLAMOS PARA MEJORAR
“Tenemos juicios ganados por intereses del régimen 037, los cuales señalan que se le debe 16 mil soles a cada trabajador, y en este año solo en algunos casos nos han entregado de mil a dos mil soles, dependiendo de cada caso; tenemos también juicios ganados por el Acuerdo Regional 022, debiéndose dos mil soles a cada trabajador, pero sin realizarse el pago hasta la fecha; hemos ganado también juicios por el incremento del 10 % de intereses y no se dignan a sacar las resoluciones que permitan este aumento a todos los trabajadores del sector Educación”, manifiesta Díaz Ruiz.
La Ley de Presupuesto ha dispuesto que en este año se devuelva a los trabajadores lo que se les ha descontado indebidamente por el régimen 037 por su afiliación a la Oficina de Normalización Previsional – ONP, “y ni si quieran convocan a una reunión para determinar cuánto le corresponde a cada uno de los trabajadores y solicitar la devolución al MEF para que nuestros afiliados no continúen perjudicándose”.
Menciona que existen casos cuestionables como lo que sucede en el colegio Elvira García, donde se responsabiliza a docentes y administrativos de la pérdida de alumnado, por lo que los están declarando excedentes.
“¿Cómo le pides al padre de familia a que matricule a su hijo en una institución que cuenta con su infraestructura deteriorada?, ¿Qué padre se va a arriesgar a que su hijo estudie en un colegio que puede venirse abajo en cualquier momento? El símbolo de esto es el colegio Labarthe, ubicado en el centro de la ciudad y que se encuentra destruido (señalado como un monumento cultural). Sin embargo, los funcionarios realizan pasantías a otras regiones para determinar cómo es que estos departamentos cuentan con una calidad educativa superior a la de Lambayeque”, expone el representante del SUTACE.
Manifiesta que la región se encuentra en uno de los niveles más bajos en el aspecto educativo, por lo que se debe realizar esfuerzos no solo de parte de los trabajadores, sino también de los padres de familia, maestros y alumnos, y, principalmente, las autoridades que tienen a cargo la gestión del sector.
“Tiene que existir competencia con la educación privada, para ello contamos con los presupuestos participativos del gobierno regional y de los gobiernos locales”, agrega.
La cantidad de personal administrativo es insuficiente, tal como menciona Ulises Díaz, dado que “hay instituciones que presentan un déficit tanto en el área de servicios como de guardianía; colegios donde solo una persona desarrolla las diferentes labores”.
Según el Ministerio de Educación, en el país hay 60 mil locales educativos y solo 47 mil trabajadores administrativos.
Agrega que los directores, que en la mayoría de los casos son nuevos, obligan a los trabajadores a que desarrollen labores de limpieza, guardianía, encerado y baldeado; aun cuando no les corresponden.
“Creen que el trabajador es una máquina y que no cuenta con una dignidad. Recientemente ha fallecido una de nuestras compañeras a causa de una penosa enfermedad”, narra el secretario general de la SUTACE.
Explica que si bien no puede culpar al exceso de trabajo como la causa principal del fallecimiento de la trabajadora, es una cuestión que podría complicar su estado de salud.
REUBICACIÓN DEL PERSONAL
Asimismo, refiere que este personal carente en las escuelas lambayecanas muchas veces se encuentra distribuido en las diferentes Unidades de Gestión Educativa – UGEL, de las diferentes provincias.
“Si uno visita cualquiera de las UGEL, e inclusive la GRED, puede ver cómo estas instituciones se encuentran atosigadas de funcionarios y trabajadores que debería desempeñar un cargo en los colegios. Estos son favores políticos que lamentablemente otorga el actual gobernador a quienes le han hecho campaña, llenando la administración pública en el sector educación y seguramente en otros sectores”, asume Díaz Ruiz.
Considera que un 50 % del personal ubicado en las unidades de gestión educativa debería disponerse en las instituciones de la región, representando aproximadamente unos 500 trabajadores.
“Hoy en día se capacita al docente, más no al trabajador administrativo. Brindamos capacitación a nuestros afiliados por nuestra propia cuenta, por lo que en varias ocasiones los trabajadores deben sacrificar su sueldo para mantenerse actualizados en las normativas y cambios que existen en la política educativa”, describe Ulises Díaz.
Culmina afirmado que en el quehacer educativo cada uno de los miembros cumple un rol de vital importancia, incluyendo al personal administrativo. “Hay que fortalecer las instituciones educativas, si queremos mejores ciudadanos tenemos que ofrecer un mejor servicio. Pareciera que a las autoridades no les interesa el avance en tecnología, ni la mejora en infraestructura o que los padres de familia paguen altos montos de matrícula. Se debe contar con un servicio integral que incluya a cada uno de los miembros del proceso educativo (padres, alumnos, maestros, administrativos y sociedad)”, enfatiza.
Desde julio del 2015, el servicio de piscina del Colegio Nacional de San José se encontraba inoperativo tanto para los alumnos como para el público por falta de mantenimiento. Sin embargo, desde el sábado pasado, gracias al nuevo Consejo de Administración de Bienes Inmuebles del colegio, comenzó a funcionar nuevamente.
Juan Puente Farroñay, integrante de la comisión, indica que el propósito de reinauguración de la piscina hacia el público se da con la finalidad de generar ingresos al colegio a través del uso de las infraestructuras que posee. “No solamente con el servicio de piscina, sino también con las demás instalaciones como el estadio, las losas deportivas, teatro y entre otras áreas que se están promocionando el alquiler”, expresa.
La piscina tiene una longitud de 25 metros, 12.5 metros de ancho y 1.40 metros de profundidad, características de una semi olímpica. Esta encuentra ubicada en una instalación a techo cerrado, en donde se han designado internamente zonas de aseo, camerinos, servicios higiénicos y un sistema de pre ingreso de duchas obligatorias.
Este sistema de pre ingreso a la piscina cuenta con un espacio donde se recibe un lavado con sulfato de cobre para la eliminación de hongos. Después de haber tomado dicha ducha, la persona está permitida de ingresar.
“Todos los lineamientos de cuidado de salud están bajo el Ministerio de Salud. Ellos son quienes nos dicen que debemos hacer y qué no. La piscina se encuentra con el visto bueno, es decir tiene todos los estándares en orden”, comenta el integrante del consejo.
Asimismo, la estructura de la piscina está equipada por un botiquín de seguridad, luces de emergencia y cuentan con la presencia de un salvavidas en caso de incidentes.
MANTENIMIENTO
El técnico encargado para el mantenimiento de piscinas es Román Sánchez Paredes, quien vela por el cuidado del agua, el correcto funcionamiento del sistema de circulación y filtrado, y del uso adecuado de la piscina. “Llevo trabajando en el área de mantenimiento 17 años y con toda esa experiencia puedo afirmar que la piscina está limpia, bien tratada y cuidada, lo cual no se encontrará en ninguna otra piscina de Chiclayo”, menciona.
“El mantenimiento de agua se hace con sulfato de aluminio para bajar las impurezas de esta, sulfato de cobre para eliminar hongos y el cloro al final para matar todo tipo de bacterias”, explica el Puente Farroñay.
El proceso de limpieza general de la piscina se da cada seis meses, cuando se extrae el agua en su totalidad y se limpia la poza. Esto varía de acuerdo a la afluencia de personas.
Además, se utilizan carpas de protección que mayormente se emplean en invierno para mantener el agua temperada y no haya algún contacto directo con la naturaleza misma. “Había antes un balón de gas de 500 kilogramos para calentar la piscina. Lamentablemente los encargados del ex consejo no se preocuparon por este. A pesar de eso, en un par de meses tendremos nuevamente el balón para el agua caliente”, comenta.
La piscina del Colegio de San José maneja uno de los sistemas más grandes de circulación según el Puente Farroñay.
“Tenemos un motor que funciona como filtro y saca la suciedad de la parte baja de la piscina. Los otros son para la circulación del agua. Tenemos otro motor que se encarga de la cloración donde se ponen unas pastillas que limpian el agua. Se cargan aproximadamente 50 botellas al día que se regula conforme a la afluencia de gente. Anteriormente, contábamos con un clorinador pequeño, pero ya ha sido reemplazado por uno que tiene capacidad para una piscina olímpica”, menciona, añadiendo que el proceso de cloración demora entre cuatro y cinco horas.
Los filtros están rellenados con piedras de cuarzo, ya que en estas se quedan las impurezas y se logra mejorar la calidad del agua. “Se le da tratamiento diario de limpieza a los filtros para mantener la calidad de agua impecable”, agrega.
En caso de alguna deficiencia en el sistema, se cuenta con una alarma de emergencias, así como con un pozo para inundaciones.
El integrante del consejo menciona que se está evaluando la posibilidad de iniciar cursos de natación a partir de marzo. “No queremos que las personas solo vengan en enero y febrero a divertirse, sino también puedan aprender natación. Invitamos a todas las familias y jóvenes que puedan disfrutar de este servicio, porque buscamos que sea un espacio ameno para ellos”, culmina Juan Puente.
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iento que ofrecerá el INDECI-Lambayeque a la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
El jefe del Indeci-Lambayeque, expresó que están prestos a apoyar y asesorar a la comuna respecto de sus competencias, agregó que se trabajará de manera coordinada para prever emergencias o en todo caso responder de manera inmediata y así disminuir o evitar efectos negativos en la población.
En la mesa de trabajo también estuvieron presentes algunos funcionarios de la MPCh, como el gerente general, Ruperto Castellanos Custodio; el gerente de Desarrollo Urbano, David Vásquez Salomón, el subgerente de Defensa Civil, José Bezzolo Socolich; además del jefe de la División de Defensa Civil, José Sono Cabrera.
