Desde un punto de vista dogmático, doctrinario y jurisprudencial el primer precedente vinculante emitido por el nuevo Tribunal Constitucional afecta los procesos de la libertad como Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y de Cumplimiento, así como al debido proceso y tutela judicial efectiva, bajo el argumento de eliminar la sobrecarga procesal.

“La dación de la sentencia interlocutoria denegatoria sustentada por magistrados del Tribunal Constitucional, máximo ente de la defensa de los derechos constitucionales de las personas, en el expediente Nº 00987-2014-PA/TC, de fecha 6 de agosto de 2014, vulnera los principios constitucionales rectores reconocidos por nuestra constitución y normas de inferior rango, al respeto de los principios constitucionales básicos reconocidos por nuestra Constitución”, sostiene el magíster en Derecho,  José Alberto Asunción Reyes.

Afirma que dicha sentencia constituye una decisión que vulnera de manera fehaciente y clara los derechos fundamentales de acceso a la justicia, tutela procesal efectiva, debido proceso, derecho a ser oído, de obtener del órgano jurisdiccional una resolución fundada en derecho y el derecho que ostentamos todos los ciudadanos peruanos de obtener la resolución de nuestros conflictos de manera oportuna y eficaz para la defensa de los derechos fundamentales.

Añade que ha interpuesto acciones de amparo con la finalidad de que cesen los actos que lesionan el derecho constitucional de acceso a la justicia, el derecho a ser oído y el derecho que ostentamos todos los ciudadanos peruanos de obtener administración de justicia de manera gratuita, oportuna y eficaz para la defensa de nuestros derechos constitucionales y fundamentales. Considera que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente antes descrito constituye un fiel reflejo de vulneración de los derechos anteriormente mencionados.

“En el presente artículo se analizará desde un punto de vista dogmático, doctrinario y jurisprudencial, si el primer precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional Peruano en el EXP. N° 00987-2014-PA/TC, constituye una decisión de nuestro máximo intérprete constitucional arreglada a derecho respetando los principios constitucionales básicos reconocidos por nuestra constitución o si por el contrario constituye una decisión que vulnera de manera fehaciente y clara los derechos fundamentales de acceso a la justicia”, sostuvo José Alberto Asunción Reyes.

RECHAZAR DE PLANO

Detalla que el Tribunal Constitucional ha establecido como precedente vinculante una serie de criterios mediante los cuales le será posible rechazar de plano gran parte de las demandas que comúnmente llegan a su conocimiento, y con ello se busca que el Colegiado pueda enfocar sus recursos en atender aquellos casos que merecen una tutela urgente o solucionar conflictos de suma relevancia.  

“El caso en referencia fue interpuesto por Francisca Lilia Vásquez Romero, donde nuestro máximo intérprete de la Constitución Política del Perú determinó que podrá emitir sentencia interlocutoria denegatoria del recurso de agravio constitucional –RAC- cuando se carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque”, señaló.

Además, la cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional, así como que la cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, y que se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

“En otras palabras, de esta forma el Recurso de Agravio Constitucional – RAC- podrá ser rechazado sin más trámite; es decir, sin debate entre las partes ni valoración de pruebas”, señaló.

EL MOTIVO

El recurso de agravio constitucional fue interpuesto por Francisca Lilia Vásquez Romero contra la resolución del 14 de noviembre de 2013, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declara improcedente la demanda de autos.

Ante ello, el 12 de marzo del 2013 la recurrente interpone demanda de amparo contra los integrantes de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, así como contra el Presidente y el Procurador Público del Poder Judicial.

Francisca Lilia Vásquez Romero solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso de tercería preferente de pago correspondiente al expediente N° 1460-2006, desde la Resolución N° 38, de fecha 4 de diciembre de 2009 hasta el Decreto N° 5, de fecha 25 de enero de 2013, por haberse vulnerado sus derechos al debido proceso, de petición, de defensa, de libre acceso al órgano jurisdiccional y a la tutela procesal efectiva.

La demandante refiere que en el proceso de ejecución de garantías seguido en su contra por el Banco Wiese Sudameris -ahora Scotiabank- hasta la fecha no se le había notificado la ejecutoria suprema que resolvió su recurso de casación, ni el Decreto N° 40, de fecha 19 de octubre de 2011.

Sostuvo – la demandante- que la Sala Civil Suprema emplazada ha actuado en forma ilegal porque el proceso de tercería preferente de pago que es civil lo transformó en constitucional y, "cambiando de jurisdicción", lo remitió a la Sala Constitucional Suprema emplazada; y que los jueces del Cuarto Juzgado Civil de Chimbote y los vocales de la Sala Superior emplazada han tramitado con fraude el expediente N° 1460-2006.

Además, el Tercer Juzgado Civil de Chimbote, con fecha 26 de marzo del 2013, declaró improcedente la demanda, por considerar que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido.

“El presente estudio procura relevar y sistematizar los principales estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus informes sobre peticiones, informes de país e informes temáticos, así como la jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte IDH. El estudio tiene una finalidad meramente descriptiva y no realiza un examen de la jurisprudencia reseñada”, destaca.

Indica que su análisis se limita a ordenar los precedentes por temas afines, y a relacionar los principios y estándares fijados con los problemas concretos y las situaciones de hecho examinadas en cada caso. La CIDH entiende que esta sistematización puede contribuir a una mejor comprensión y difusión de su jurisprudencia a fin de que sirva como guía para la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los países de la región.

¿ATENTADO?

En este mismo orden de ideas –señala- un efecto inmediato de este precedente - prevé- es la reducción de procesos en curso ante el Tribunal Constitucional Peruano, en especial los referidos a procesos de la libertad como Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y de Cumplimiento, lo que constituye un mensaje a las Salas Superiores del Poder Judicial de archivar todos los procesos habidos y por haber con la finalidad de eliminar la sobrecarga que se dice hoy en día sufre el Tribunal Constitucional.

“La nueva conformación del Tribunal Constitucional ha establecido como precedente vinculante una serie de criterios mediante los cuales le será posible rechazar de plano gran parte de las demandas que comúnmente llega a su conocimiento. Con esa acción, el colegiado busca que se pueda enfocar sus recursos en atender aquellos casos que merecen una tutela urgente o solucionar conflictos de suma relevancia”, añade el jurista.

Agrega que con esta forma de actuar,  el Recurso de Agravio Constitucional podrá ser rechazado sin más trámite, esto es, sin debate entre las partes ni valoración de pruebas lo que constituye un recorte a los derechos fundamentales de miles de recurrentes más aún si se tiene en cuenta que constitucionalmente hablando el Tribunal Constitucional debe conocer en última y definitiva instancia los procesos constitucionales, pero conocer el fondo de la controversia y no limitarse simplemente a hacer un análisis sobre la forma, pues si ocurre esta última no estaría conociendo estrictamente la causa, tal como lo establece el artículo 202 inciso 2 de nuestra Constitución.

NO BASTA

“Pese a que la legislación se limita a establecer solo estas condiciones para la procedencia del RAC, a juicio de nuestro máximo intérprete de la Constitución, no bastaría la desestimación de la demanda y el cumplimiento del plazo. Tal como había indicado el Tribunal Constitucional en un anterior precedente vinculante -STC expediente N° 02877-PHC/TC, además de los requisitos formales de procedencia resulta indispensable evaluar la relevancia constitucional del caso materia de la demanda”, señala.

Destaca también que ello fue recogido en el Artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, según el cual, aparte de los criterios establecidos en el citado artículo 18 del Código Procesal Constitucional, la Sala declarará la improcedencia del Recurso de Agravio Constitucional, a través de un auto, en los siguientes supuestos: “si el recurso no se refiere a la protección del contenido esencial del ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; si el objeto del recurso, o de la demanda es manifiestamente infundado, por ser fútil o inconsistente; o, si ya se ha decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente idénticos, pudiendo acumularse.

Recalca que como el Tribunal Constitucional exige la trascendencia constitucional; es decir, que el caso materia de autos trascienda de lo subjetivo a lo objetivo y que no solo signifique o traiga consigo una vulneración al derecho de las partes en conflicto sino al colectivo, a todo ello debemos decir que todo ciudadano acude al órgano jurisdiccional con la finalidad de que su conflicto de interés que tiene sea resuelto, sin importar si la litis trasciende de su esfera subjetiva a lo social, tener esta concepción es tener una idea limitada del derecho y del proceso constitucional.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

En este orden de ideas –señala José Asunción Reyes- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH- ha elaborado un estudio a fin de revisar y sistematizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre cuatro temas centrales que ha estimado prioritarios respecto a la protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales:

Uno de ellos –explica- es la obligación de remover obstáculos económicos para garantizar el acceso a los tribunales. Otro son los componentes del debido proceso en los procedimientos administrativos relativos a derechos sociales. El tercero trata sobre los componentes del debido proceso en los procedimientos judiciales relativos a derechos sociales y por último, el de los componentes del derecho a la tutela judicial efectiva de derechos sociales,  individuales y colectivos.

“Un primer aspecto del derecho de acceder a la justicia en materia de derechos sociales, es la existencia de obstáculos económicos o financieros en el acceso a los tribunales y el alcance de la obligación positiva del Estado de remover esos obstáculos para garantizar un efectivo derecho a ser oído por un tribunal.

Igualmente, numerosas cuestiones vinculadas con el efectivo acceso a la justicia -como la disponibilidad de la defensa pública gratuita para las personas sin recursos y los costos del proceso- resultan asuntos de inestimable valor instrumental para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.  En este sentido, es común que la desigual situación económica o social de los litigantes se refleje en una desigual posibilidad de defensa en juicio”, detalló.

Afirma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la desigualdad real entre las partes de un proceso determina el deber estatal de adoptar todas aquellas medidas que permitan aminorar las carencias que imposibiliten el efectivo resguardo de los propios intereses.  

“La Comisión Interamericana también ha remarcado, que las particulares circunstancias de un caso, pueden determinar la necesidad de contar con garantías adicionales a las prescritas explícitamente en los instrumentos de derechos humanos, a fin de asegurar un juicio justo, resguardando así el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación”, acotó.

Otro derecho reconocido por la CIDH y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es contar con una decisión fundada relativa al fondo del asunto como elemento integrante del debido proceso legal en este tipo de procedimientos judiciales. En tal  sentido, la Comisión Interamericana ha destacado que tras la etapa de prueba y debate, los órganos jurisdiccionales deben razonar sus decisiones y determinar así la procedencia o no de la pretensión jurídica que da base al recurso.

Por su parte, la Corte ha expresado que los Estados deben garantizar que los recursos judiciales efectivos sean resueltos de acuerdo con el artículo 8.1 de la CIDH, por lo que los tribunales de justicia deben adoptar decisiones que permitan resolver el fondo de las controversias que se le planteen.

“En diversos precedentes relativos a derechos económicos, sociales y culturales, la Comisión Interamericana ha destacado la necesidad de garantizar el procedimiento expedito del amparo.  La CIDH ha establecido que un elemento esencial de la efectividad del recurso es su oportunidad y que el derecho a la protección judicial demanda que los tribunales dictaminen y decidan con celeridad, especialmente en casos urgentes. De esta manera, la Comisión Interamericana se ha ocupado de recalcar que, en definitiva, la obligación de conducir los procesos de manera rápida y ágil recae en los órganos encargados de administrar justicia”, aclaró y agrega que la Corte otorga la maximización de los derechos fundamentales tales el debido proceso y acceso a la justicia.

DERECHO FUNDAMENTAL

Aplicando lo anteriormente expuesto al caso materia de autos se tiene que en resumen el derecho de acceso a la justicia es un derecho fundamental, que bajo la garantía de la igualdad de trato ante la ley y la no discriminación, posibilita a todas las personas, incluyendo aquéllas pertenecientes a los sectores más vulnerables, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, mediante servicios cercanos, como bien se ha señalado para remediar y solucionar posibles conflictos jurídicos que lo aquejan, entendiendo dichos conflictos como conflictos propios.

Por tanto, el Tribunal Constitucional con la emisión de este primer procedente vinculante estaría vulnerando los derechos de acceso a la justica tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso y a obtener una resolución fundada en derecho, derechos reconocidos en nuestra normativa interna y también en la normativa internacional en específico por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tal y como lo hemos señalado anteriormente.

“Los derechos humanos son el fundamento del Estado de derecho liberal-democrático. El individuo desarrolla su creatividad y su fuerza de innovación, su disponibilidad de ser solidario, su compromiso con el bien común y su capacidad de identificarse con las instituciones estatales proporcionalmente al grado en que se le respeten sus derechos y libertades fundamentales.

El individuo tiene derecho a ser protegido por parte del Estado y a participar en los beneficios sociales del Estado. A la vez, los derechos humanos constituyen, según el Tribunal Constitucional Alemán, un orden objetivo de valores. Penetran, marcan e inspiran todo el orden jurídico en el Estado. Las normas tienen que ser interpretadas a la luz de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, recalcó.

Pedro Dávalos y Lissón (1861-1942) fue uno de tantos intelectuales peruanos de principios del siglo XX, olvidados injustamente con el paso del tiempo, y apenas sí conocidos por los estudiosos de la historia y la literatura.

Veterano de los reductos de Miraflores, vivió en carne propia la derrota. Hombre retraído de los círculos literarios, dejó los estudios de Letras en San Marcos para empezar a trabajar en la modernización de la minería peruana. Agente de seguros de la New York Life bajo las órdenes del futuro presidente Leguía, y luego diplomático en México y La Habana, sus experiencias le permitieron escribir, en palabras de Mario Samamé Boggio, “interesantes observaciones y nítidos cuadros de la vida peruana”. Conoció y estuvo vinculado con toda aquella generación de caballeros de levita que dirigió los destinos del Perú a inicios del siglo XX: José Pardo, Guillermo Billinghurst, Augusto B. Leguía.

Como bien apunta Giovanna Pollarolo, autora de un amplio estudio del personaje y su obra (“De aventurero a letrado. El discurso de Pedro Dávalos y Lissón”, 2015), Dávalos había elegido ser “aventurero” (no en balde, sus inconclusas memorias se titularon “Por qué hice fortuna. Relato inspirado en el recuerdo de una vida dedicada a conseguir la independencia y la tranquilidad de espíritu que da la posesión del dinero adquirido y no guardado con avaricia”, publicadas poco antes de su muerte), para luego, ya a la mitad de la vida, volver a su destino inicial, ser un “letrado”, con una voluminosa obra sobre temas dispares como la minería, la higiene pública, los ferrocarriles, la historia y la novela histórica, en una situación de outsider frente a los intelectuales del siglo XX, ideológicamente más cercano a la raigambre positivista de fines del XIX, obsesionado por los hechos que vio en su juventud.

LA MONOGRAFÍA PERDIDA SOBRE LAMBAYEQUE

Sabíamos de la obra de Dávalos porque en nuestra colección tenemos dos de sus obras, complementarias entre sí: “Leguía (1875-1899). Contribución al estudio de la historia contemporánea de la América Latina” (1928) y “Diez años de historia contemporánea del Perú. 1899-1908. Gobiernos de Piérola, Romaña, Candamo, Calderón y Pardo” (1930). En ambas, figura al final del texto, una lista de las obras del autor, y al final de la lista de Monografías, aparece “El Departamento de Lambayeque en 1911”. Tal obra, considerada opúsculo por el maestro Porras Barrenechea, aparece mencionada en su curso de fuentes históricas peruanas, lo que nos hace sospechar que el ilustre diplomático, tan minucioso en sus fichas y notas, debió haberla ojeado al menos. Lo curioso del caso, es que por más que buscamos la monografía lambayecana de Dávalos, no hemos tenido éxito: no figura en los fondos bibliográficos de la Biblioteca Nacional del Perú; tampoco aparece en las bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ni de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ni en el Instituto Riva-Agüero.

El interés en tal texto se reavivó cuando, algunos años después, conseguimos otra obra de Dávalos, “La primera centuria. Causas geográficas, políticas y económicas que han detenido el progreso moral y material del Perú en el primer siglo de su vida independiente”, publicada en cuatro tomos entre 1919 y 1926. El primer tomo recorre la organización política con la que el Perú llegaba a su primer centenario, el segundo tomo describe la geografía, criticando los problemas de la falta de integración entre los distintos rincones de la República; los dos últimos tomos recorren la historia política y económica del Perú desde el Protectorado de San Martín al Directorio de Vivanco y del gobierno de Castilla al de Manuel Pardo. Todo complementado con estadísticas, informes técnicos, artículos periodísticos, con la finalidad de elaborar un diagnóstico para responder dos preguntas básicas: ¿Por qué fuimos los primeros en 1821? ¿Por qué estamos abajo ahora?

Al revisar el tomo II, capítulo VI, “La costa”, encontramos la mención al departamento de Lambayeque, y en ella Dávalos dice textualmente: “En 1912 publicamos una monografía sobre el departamento de Lambayeque. De ella tomamos los siguientes acápites…”, y poco después sigue, “Condiciones geográficas especiales, originalidades y costumbres en las gentes que le habitan, dan al país del que me ocupo genuina existencia, caracteres nacionales propios, como también límites verdaderos que encajan admirablemente en las extensiones territoriales que la ley le dio al crear la vida departamental” (p. 176). Ello nos da pie a colocar algunos de los párrafos que Dávalos usó de su (hasta el momento) perdido trabajo de 1912 sobre el departamento de Lambayeque.

PUERTO Y FERROCARRILES

Hombre de visión empresarial, Dávalos tenía un juicio negativo sobre Eten: “…con excepción de Mollendo, es el peor puerto de la República. El muelle se halla firme… por estar enclavado en un durísimo suelo de arcilla. Si estuviera sobre fango, como pasa en Salaverry, hace mucho tiempo que habría desaparecido… El morro de Eten muy poco le abriga; y en los días de tormenta, que son numerosos en los meses que corren de mayo a diciembre, las olas pasan por encima del maderamen y temporalmente le inutilizan para el tráfico. En los días de bravezas los vapores se limitan a hacer acto de presencia en el puerto. Se mantienen al ancla una o dos horas, cambian señales con tierra y sin poder dejar siquiera la correspondencia, abandonan el fondeadero. Los pasajeros que vienen del sur son dejados en Paita; y los del norte en Pacasmayo… Con estos inconvenientes, materialmente el comercio vive de milagro, y todo está recargado en proporción a las demoras y a los riesgos marítimos” (pp. 177-178). El juicio de Dávalos sobre el fondeadero de Eten no difería del formulado por el médico alemán Ernst Middendorf en 1894.

Pero siempre práctico, Dávalos veía que había solución: “Andando el tiempo… lo artificial podría suplir lo natural, y la construcción de una dársena en Eten daría al puerto un desembarcadero tan seguro como lo es el Callao. La obra costará… dos o tres millones de soles, y no importará más por la circunstancia favorable de tener a la mano en el cerro de Eten material de primera clase para edificar sobre el mar” (p. 178), y añadió la idea, “no para ahora… sino para cuando Trujillo, Chiclayo y Lambayeque sean grandes centros de producción” de construir un puerto comercial y militar de primera clase en Pacasmayo, unido por vías férreas hasta Paita y Chimbote, para robustecer la economía de lo que hoy llamaríamos macrorregión norte.

A continuación, el autor realizó una descripción de los 78 kilómetros del sistema ferroviario del departamento… y de sus carencias: “Por el norte le falta el ramal de Lambayeque a Motupe, por el oriente el de Pátapo a Chongoyape y por el sureste el del Combo a Pucalá y Cayaltí. Este último de muy fácil realización pasándolo por el portachuelo de Samán, no se concibe cómo no se ha hecho en tiempos anteriores; siendo su tráfico, si se hiciera hoy, algo antieconómico, desde que Cayaltí tiene línea propia, y Pucalá buscará el empalme con Pomalca en el ferrocarril que se proyecta a Pimentel” (pp. 178-179). Detalle notorio para quien desease hacer empresa: “El tráfico de trenes no corresponde a las exigencias del movimiento departamental. A las haciendas mencionadas sólo hay tres trenes a la semana, y por lo regular, quien va al puerto y desea ocuparse en él un tercio de día, no puede regresar sino al día siguiente” (p. 179).

CHICLAYO Y SUS CARENCIAS

Apuntó Dávalos, Chiclayo era “la primera (ciudad) del departamento, la que por circunstancias y vicisitudes que muy rara vez se repiten, se ha hecho dueña de la mejor parte de la vida política, industrial, social y comercial de este suelo lambayecano. Lo estrecho de sus calles, la falta de buenos templos y la carencia de casas de estilo colonial, revelan al viajero, a primera vista, su origen humilde, su procedencia indígena”, y prosiguió comparándola con su vieja rival decimonónica, Lambayeque: “¡Qué diferencia entre Chiclayo y Lambayeque!… Háceme (sic) Chiclayo el efecto de una personalidad improvisada por el mérito de sus facultades; antójaseme (sic) Lambayeque, aristócrata señor, arruinado por los vaivenes de la fortuna, a quien sólo quedan y con poco valor, los títulos nobiliarios de su viejo abolengo. En Chiclayo todo es real, verdadero, producto del mérito de la labor propia. En Lambayeque, la ciudad, casi vive de prestado. Como recurso económico acaba de recibir la concentración de las tropas regionales (recordemos que Dávalos escribió estas líneas en 1912, cuando el primer gobierno de Leguía había instalado permanentemente tropas en Lambayeque, iniciando la construcción del cuartel). Fue Saña quien le dio la vida y es Chiclayo quien se la quita” (p. 179).

“Chiclayo, al igual que Iquitos, es una ciudad donde viven numerosos forasteros. Gran parte de personas decentes que residen en él, han nacido en Lambayeque; siendo así que con toda impunidad, posible es hablar públicamente mal de la ciudad, la cual cosa no merece bajo concepto alguno, por lo menos en todo aquello que está bajo el control de sus actuales pobladores. Efectivamente, no es la generación presente la que tiene la culpa de la ubicación en terreno bajo y húmedo que le dieron los indígenas que en tiempos coloniales la fundaron. Tampoco que sus calles sean estrechas, (y) mucho menos que en los tiempos de las siete vacas gordas del Perú, cuando el Presidente Balta preguntó a los chiclayanos en qué forma deberían pagarles el servicio prestado con la sangre del pueblo el 7 de enero de 1868, le pidieron templo y teatro, cosas que costaron cerca de dos millones de soles, a cambio de haber solicitado agua potable que todavía no la hay y aumento de aguas para los valles” (pp. 179-180), y si bien el teatro cumplía una buena necesidad social, Dávalos apuntaba, ante el espectáculo del inconcluso edificio de la actual Catedral, “en tales circunstancias es para la generación presente y las venideras, prueba de la vanidad de los hombres que pidieron y malgastaron tan tristemente en tan innecesaria obra (recordemos que aún existía la Iglesia Matriz, la cual bien podía refaccionarse) los tesoros de la República” (p. 180).

La descripción que hizo Dávalos de nuestra ciudad, no puede ser más triste: “Chiclayo tiene aproximadamente quince mil habitantes. No tiene agua ni desagüe, y por estas causas la mortalidad es considerable. Se bebe agua malísima y se excluye las que están sucias, en la misma calle y en pozos que existen en las mismas casas. El subsuelo debe estar terriblemente envenenado, pues a él van a parar todas las substancias excrementicias humanas. Si no fuera porque nunca faltan los rayos solares ni tampoco terribles ventarrones que diariamente soplan del SO (suroeste) sería imposible vivir en esta ciudad por lo mortífero de ella. Como es natural, hace tiempo que el Municipio y la junta Departamental se preocupan del problema higiénico… La obra de canalización para el desagüe será costosísima, pues la ciudad está más baja que el río, y por medio de bombas será necesario levantar las aguas excluidas para arrojarlas a un nivel alto que las conduzca al mar. Cuanto al agua potable, no habiendo en los alrededores fuentes naturales, habrá que hacerlas artificialmente, por medio de cámaras de filtración” (p. 180), añadiendo que Chiclayo debió haberse construido en los terrenos elevados, secos y bien ventilados que están alrededor del cerro de Pimentel, zona hacia la cual, el Municipio debería encaminar la ciudad, prohibiendo se siga urbanizando en la parte baja. Recomendación que cayó en saco roto, basta con recordar las inundaciones de 1925.

Triste es apuntar que a más de un siglo de que Dávalos escribiese su monografía, Chiclayo, con una población de más de medio millón de almas, tiene desagüe, pero sus condiciones dejan demasiado que desear. Nos hemos modernizado en varios aspectos, es verdad, pero hay problemas que siguen constantes. Hora es de buscar soluciones prácticas en aras del bien común.

(*) Abogado.

Reducir las brechas de desigualdad y vencer las barreras que impiden que las mujeres de los sectores populares asuman con determinación la construcción de un mejor futuro para ellas y sus familias, es parte del trabajo que Alwa, una organización sin fines de lucro y conformada por jóvenes profesionales y estudiantes, desarrolla en Lambayeque. Formar liderazgos y emprendimientos no es tarea sencilla, pero el optimismo de las voluntarias ya ha dado frutos y ahora se esfuerzan por lograr resultados tangibles en adolescentes de educación básica.

“Lo que nosotras queremos es que las mujeres descubran todo su potencial y al hacerlo generen un efecto multiplicador, haciendo que su luz encienda también la luz de quienes las rodean”, comenta Karla Díaz Pingo, presidenta de Alwa, quien hace más de siete años trabaja en programas de emprendimiento juvenil y voluntariado.

Los orígenes de Alwa se remontan al 2012, ante la necesidad que generar un espacio orientado a trabajar con la población femenina, que para entonces todavía no sentía la influenciada del gran movimiento reivindicativo de los derechos de las mujeres, tiempo en el que las organizaciones existentes todavía no alcanzaban mayor visibilidad ni difusión.

“Eran muy pocas organizaciones las que trabajaban temas de mujeres y entendimos que se necesitaba de un espacio, lanzando así el piloto de Alwa”, dice la comunicadora social.

LAS ACTIVIDADES

El trabajo que realiza este voluntariado se concentra en el desarrollo de talleres de emprendimiento que se programan los días sábados para despertar habilidades y capacidades propositivas y constructivas en las beneficiarias.

Así, han logrado que las mujeres descubran lo que en Alwa se conoce como “el sentimiento de la posibilidad”, de entender que sí pueden alcanzar cambios en función de la voluntad y entusiasmo que le pongan a sus propósitos personales, familiares y comunitarios.

“Se trata de que descubran la fuerza interior que tienen, que a veces ellas mismas no reconocen. A través de los talleres trabajamos temas de autoconfianza, acciones en equipo, liderazgo y, finalmente, las impulsamos a concretar sus proyectos personales”, explica.

RESULTADOS

Durante un año trabajaron sábado a sábado con mujeres de los sectores populares de Chiclayo y al concluir el proceso formativo realizaron una medición del impacto logrado.

Esto permitió conocer que muchas de ellas habían iniciado estudios nuevos o retomado los no concluidos, emprendido negocios familiares y dado los primeros pasos hacia la realización de sus aspiraciones, antes vistas como truncas o imposibles de concretar.

Karla Díaz refiere que la organización emplea una serie de herramientas que hacen posible la medición de los resultados y el crecimiento personal de las mujeres participantes de los talleres.

Detalla que cuando estas ingresan al programa de Alwa son evaluadas, lo mismo que al concluir los módulos. De este modo es posible conocer si hubo o no un real impacto y aprendizaje de los conceptos trabajados.

“Más allá de eso, ellas mismas trabajan un ensayo en el que a través de sus propias palabras expresas cómo todo lo aprendido en Alwa ha calado en sus vidas. También tenemos un proceso de seguimiento por el cual podemos conocer que lo aprendido lo han llevado a la práctica y lo han integrado en sus vidas”, destaca.

VENCER LOS MIEDOS

Implementar un programa de este tipo demanda de pacientes acciones de persuasión y generación de confianza, no solo con las mujeres sino también con sus familias.

El año pasado el voluntariado trabajó en el pueblo joven San Antonio.

Díaz Pingo comenta que muchas de las participantes llegan con severos problemas de autoestima, subordinación, inseguridad y sentimiento de conformidad con su estado actual, aun cuando este sea negativo para su desarrollo personal.

“Hemos encontrado a mujeres sin una visión de futuro, que consideran que les tocó vivir lo que viven y ya no hay más posibilidades de crecimiento. Sacarlas de esa situación es un proceso. Por lo general todos los seres humanos tenemos miedos, pero en este grupo específico, siendo mujeres, los temores son más profundos por todas las cosas que se viven en el entorno. Por esta razón es que decidimos trabajar un año con un grupo, porque entendemos que es un paso a paso”, manifiesta.

El machismo fue una traba inicial para el cumplimiento de las actividades de la organización.

“Hubo al inicio un poco de desconfianza, la ventaja que teníamos con las mujeres de San Antonio es que ellas acudían al comedor popular del que participan, donde además ellas realizaban sus actividades propias. Lo que sí encontramos fue muchas ganas de aprender, mujeres que nos decían que habían lavado o cocinado más temprano para acudir a los talleres”, indica.

EN LA ESCUELA

Este año Alwa ha optado por extender sus talleres de liderazgo y emprendimiento a alumnas de tercer, cuarto y quinto año de secundaria del Colegio Fe y Alegría del pueblo joven 9 de Octubre.

La organización desarrolla sus programas luego de haber superado dos requisitos: tener un espacio físico donde dictar los talleres y encontrar disposición en las beneficiarias para acudir a los talleres e integrarse en las dinámicas que se realizan.

“En el Colegio Fe y Alegría hemos encontrado mucha necesidad de desarrollar todas estas capacidades, que desafortunadamente la educación básica aún no trabaja con mayor énfasis por las propias limitaciones que existen. En este momento estamos trabajando con ellas, con chicas de 13, 14 y 15 años que están descubriendo, gracias a los talleres, una visión distinta del mundo, porque comparten el sábado a sábado con otras jóvenes profesionales, que son nuestras voluntarias y, obviamente, esta combinación de realidades cala en ellas”, menciona.

Como paso inicial a la intervención con las escolares, Alwa desarrolló un taller ilustrativo con los padres de familia, con la particularidad que solo acudieron las madres. Con estas se realizó la jornada de información de la metodología a aplicar a fin que permitan la asistencia de sus hijas a los talleres.

EL EQUIPO

La composición de Alwa ha permitido que se conforme un equipo de gestión que se encarga de mapear o identificar a posibles grupos de beneficiarias para que la organización pueda aplicar su metodología.

“Nuestra ilusión es que podamos seguir impactando en más mujeres, que nuestro alcance sea cada vez mayor, incluso no solo en Lambayeque, sino también en otras regiones. Ya nos han pedido que el proyecto se replique en otras ciudades y hasta en el exterior, porque se entiende que el problema de la falta de liderazgo y de valoración de las mujeres es un factor común en todo Latinoamérica. Ojalá que Alwa algún día desaparezca, porque eso significará que todo el trabajo que nosotros hacemos ya está logrado, pero mientras tanto es muy necesario, porque se necesita del liderazgo femenino en todas las áreas”, relieva Karla Díaz.

Por sus características Alwa ha alcanzado institucionalizarse y convertirse en referente de otras organizaciones sociales y de voluntariado que tocan sus puertas para emprender acciones conjuntas.

“Hemos concretado alianzas con universidades e institutos para utilizar sus espacios y tenemos la satisfacción que siempre nos han abierto las puertas”, indica.

La organización cuenta con 50 voluntarias, quienes no solo trabajan los talleres, sino que se encuentran en permanente actualización y aprendizaje. En palabras de la presidenta, “nadie en Alwa es una superheroína”, todas aprenden.

“Son chicas realmente líderes, muchas de ellas con una experiencia previa, algunas becadas en el extranjero y que, sobre todo, creen en el propósito de Alwa”, afirma.

AUTOGESTIÓN

Otra de las características de la organización es que ha implementado estrategias para financiar sus actividades.

Por ejemplo, dictan talleres al público en general, instituciones y empresas para compartir los temas de liderazgo que se trabajan dentro del voluntariado.

Díaz Pingo resalta que los talleres que se dictan salen de lo común porque buscan despertar emociones, pero además porque han sido validados y sus resultados medidos. Los talleres incluyen meditación, juegos y trabajo en equipo. Apuntan a un “sube y baja de emociones”.

“Para tener una organización viva y activa necesitamos recursos y para ello estamos trabajando en diferentes iniciativas a fin que Alwa sea sostenible. Ahora estamos vendiendo las tazas poderosas, que están acompañadas de frases motivadoras y que ya están a la venta en distintas partes de la ciudad. También hemos publicado un libro llamado ‘Amigas de papel’, que es para pintar”, explica.

+ NOTICIAS

• Alwa abre su convocatoria a nuevas voluntarias una vez al año. El proceso incluye una etapa de preselección y una entrevista personal.

En agosto de 1993 un grupo de empresarios, liderado por el recordado Fortunato Salazar Beleván, dio nacimiento a la Escuela Superior de Administración de Empresas – ESADE, institución que se convirtió en referente en la formación de profesionales vinculados al sector empresarial del departamento. Tiempo después se produjo la transición hacia la educación básica, donde hoy ha logrado posicionarse como un colegio modelo por su sistema de enseñanza, que se caracteriza por la construcción del conocimiento en armonía con el entorno.

Junto a Fortunato Salazar impulsaron el proyecto de ESADE su esposa, Julia Torres de Salazar, y Ricardo Torres Díaz, quienes gestionaron la promulgación del Decreto Supremo que dio nacimiento a la institución, con un sistema que por aquel entonces era único en el país, donde el proceso de formación tenía una duración de cinco años, a diferencia de los institutos superiores donde el período de estudios era de 36 meses.

Como escuela superior, ESADE se mantuvo 15 años, tiempo tras el cual optó por direccionar su servicio educativo hacia el nivel básico en razón de la competencia que significó la creación de nuevas universidades en Lambayeque. En la década del 90 la escuela solo competía con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y la Universidad de Chiclayo.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

El nuevo reto fue asumido con optimismo, teniendo al primaveral distrito de Reque como sede de los servicios ofrecidos a la colectividad, siendo además esta una de principales ventajas de la institución.

“Nuestra sede central es Reque, dado que nuestra fortaleza es el campus educativo. Tenemos más de una hectárea construida especialmente para la educación, aulas amplias, tecnología y espacios para el deporte. Chiclayo está un poco saturado e ingresar a ese mercado hubiera significado ir a lugares muy pequeños, lo que va en contra de la propuesta de ESADE”, explica Susana Salazar Torres, directora administrativa de la institución.

El prestigio construido por ESADE como escuela superior sirvió de base para el desarrollo de la educación básica en los niveles de inicial, primaria y secundaria, servicio que como señala Salazar Torres se sustenta en varios pilares. El primero es el currículo, seguido de la capacidad y calidad docente.

“Nuestra propuesta educativa es un mix de calidad académica y el deporte, porque consideramos que el crecimiento de un estudiante tiene que ir de la mano del deporte para lograr un desarrollo pleno. Aquí se practica desde fútbol, vóley, básquet hasta frontón”, destaca.

La jornada educativa empieza a las 7:15 de la mañana y se prolonga hasta las 2:00 de la tarde, luego los estudiantes realizan un receso para dar inicio a los talleres deportivos.

Esto se complementa con la propuesta extracurricular de la institución que comprende otros talleres como el de química, danzas y artes.  

TRABAJO CONJUNTO

Durante este tiempo, el apoyo de los padres de familia ha resultado fundamental para el crecimiento del colegio.

Susana Salazar refiere que desde un inicio la confianza de estos fue amplia, lo que es motivo de orgullo, más porque muchos padres de familia fueron en su momento alumnos de la escuela superior, quienes al concluir la carrera de administración y posicionarse en sus empresas o centros de trabajo decidieron llevar a sus hijos a las mismas aulas donde fueron formados, conocedores del modelo de enseñanza aplicado.

Actualmente el colegio tiene 300 estudiantes en los tres niveles lectivos, cantidad que permite una educación personalizada, segura y donde cada alumno tiene la posibilidad de desarrollar con plenitud sus habilidades físicas y cognitivas.

“Para ser docente de ESADE se tienen que cumplir con ciertas características, la mayoría de nuestros docentes aparte de ser profesores de profesión tienen ya una segunda especialidad, una maestría y la experiencia para estar frente a nuestros estudiantes. Nos gusta que tengan cierta experiencia, unos cinco o seis años en otras instituciones para que luego puedan amoldarse a nuestra forma de trabajo, pues nosotros tenemos todo un plan desarrollado en el cual tenemos coordinación, tenemos una Directora Académica que se encarga de hacer el seguimiento de los sílabos, porque nuestro cumplimiento es al 100 %, así también con todo el material educativo”, indica Susana Salazar.

APRENDER FELICES

Resalta que la metodología de la institución apunta a que el alumno aprenda de modo vivencial y apoyado por la tecnología. De ahí que todas las aulas cuentan con equipos multimedia, Internet y los estudiantes tienen acceso a un moderno laboratorio de informática.

“Nosotros estamos en un lugar perfecto dado que el crecimiento educativo de Chiclayo ha estado orientado hacia la zona oeste, hacia Pimentel, y para los estudiantes movilizarse hacia allá genera una situación de estrés dadas las condiciones de la infraestructura vial. Entonces, nosotros tenemos una ventaja totalmente diferencial, porque es la carretera Panamericana la que nos une a Chiclayo y en 10 minutos se llega a nuestro local educativo. Nosotros brindamos el servicio educativo pero acompañado de la movilidad; es decir, en la pensión está incluido el servicio de movilidad, a los alumnos se les recoge de Chiclayo y se les trae hasta la institución”, menciona.

En ESADE estudian además de alumnos naturales de Reque, otros procedentes de Chiclayo, Callanca, Monsefú, Puerto y Ciudad Eten.

Susana Salazar destaca el acompañamiento permanente que los padres de familia brindan en el proceso de aprendizaje de sus hijos, constituyéndose en pieza importante en el desarrollo escolar.

“Nosotros hacemos que el padre de familia esté involucrado en la educación de nuestros niños. Ellos, acercándose a la institución, presenciando nuestras clases, constatan los avances. Hemos celebrado recientemente el Día del Logro y los padres han visto cómo se les enseña a sus hijos, de qué forma estamos llegando a ellos, y de esta manera ellos están monitoreando conjuntamente con nosotros”, comenta.

El colegio tiene implementado su programa de Escuela de Padres, a través del cual se busca fortalecer el apoyo emocional y formativo de la familia, con una marcada orientación hacia el avance educativo de los alumnos.  

“Los estudiantes del colegio son alegres, entusiastas, responsables, que aman a su colegio. Eso es muy importante porque nuestra idea es que ellos sean felices en la etapa escolar, esta idea ya la venimos trabajando hace algunos años, pues queremos lograr la felicidad de los alumnos para que esta fluya en la etapa superior y profesional. Sentamos buenas bases dándoles la confianza necesaria para que ellos puedan desarrollarse más adelante en la carrera que elijan”, señala.  

MOTIVO DE ORGULLO

El colegio ha cosechado hasta el momento diversos logros en lo académico, deportivo y cultural, toda vez que sus alumnos participan en las competencias locales, regionales e incluso nacional que se organizan en diferentes campos de la enseñanza.

Uno de los aspectos en los que más destaca la comunidad esadina es en la declamación, que permite fortalecer es espíritu sensible y la parte humana de los estudiantes. Hace cinco años ESADE organiza un concurso regional, en el que participan alumnos de todo el departamento e incluso de regiones vecinas como Cajamarca.

Por otro lado, en el ámbito deportivo se mantienen activas las selecciones sub 8, 10, 12, 14 y 16 de vóley y fútbol, así como los talleres extracurriculares.

“Nuestra institución nunca deja de lado la parte formativa, porque el colegio es formador, el colegio no es un lugar donde solo se aplican conocimientos, y ello se logra a través de la participación permanente de todos los integrantes de la comunidad educativa en cada actividad académica, cívica y cultural”, sostiene.

Julia Torres de Salazar, fundadora de ESADE, reconoce que mantener el emprendimiento educativo que nació hace 24 años no ha sido una tarea sencilla, pero que la perseverancia y el compromiso por ofrecer un servicio de calidad ha hecho posible coronar con éxito el trabajo desarrollado.

“Se nos hizo fácil llegar con nuestra palabra al alumno, ese alumno que se siente identificado con nosotros, ese alumno que a veces viene de otros colegios, que viene con otra forma de pensar y al que tenemos que cambiarle un poquito el chip. Ayudar a ese niño o a ese joven nos ayuda también a nosotros. Me siento orgullosa, como también lo está mi esposo en el cielo, de cada alumno que egresa de nuestras aulas”, señala.

Los problemas de salud han evolucionado en las últimas décadas. De las enfermedades infecciosas que a inicios del 90 mantuvieron en vilo a miles de peruanos, se ha pasado a un notable incremento de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad. Para entender el problema Expresión conversó con el médico epidemiólogo Cristian Díaz Vélez, jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, quien pone énfasis en la importancia de la prevención.

“En Lambayeque y en el Perú en general hay una tendencia a tener enfermedades que son muy infecciosas, pero cada vez toman mayor importancia las enfermedades que no son transmisibles como el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial; enfermedades que son crónicas, que llegan y se quedan en la población. Un ejemplo es cómo ha aumentado la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso, los casos de cáncer también han aumentado, probablemente porque hemos mejorado en la capacidad de diagnóstico, cosa que no teníamos hace 20 años”, explica Díaz Vélez.

El especialista anota que a diferencia del cáncer de cuello uterino, mama y próstata, para el cáncer de estómago y colon no existen aún sistemas de tamizaje bien implementados que permitan su detección temprana, por lo que hay limitaciones para su tratamiento o, en la mayoría de casos, se encuentra en estadios más avanzados, generando un alto impacto no solo en el paciente, sino también en su familia y entorno.

HACE 24 AÑOS

En 1993, el Perú vivía todavía los estragos de una de las epidemias más severas que azotó a la población. El cólera cobró cientos de víctimas a nivel nacional y hubo necesidad de duplicar esfuerzos desde el Estado para que a través de las estrategias sanitarias, sobre todo de prevención, sea posible hacer frente al problema.

¿Desde entonces a la fecha, la población quedó libre del cólera? Cristian Díaz afirma que no, y es que cada vez que se presenta un desastre natural como el reciente Niño Costero, por ejemplo, aparecen o se incrementan los riesgos de brote de enfermedades trazadoras, que son aquellas cuya solución no depende únicamente del sector salud.

“Justamente por el Niño Costero una de las alertas que teníamos estaba relacionada a la presencia del cólera, una enfermedad de la que todavía tenemos casos. Hubo un gran brote de cólera posterior al terremoto en Haití y aquí mismo hemos tenido la alerta. Es cierto que hace 20 años teníamos ese problema y también es cierto que no estamos libres”, refiere.

Díaz Vélez, epidemiólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, señala que un serio problema para la prevención de enfermedades infeccionas como el cólera o las proliferadas por vectores como la del dengue, es la falta de acceso a los servicios de agua y alcantarillado, situación que en diversas partes del país sigue igual a la que se tenía en la década del 90.

“No vamos a controlar esas enfermedades mientras no desaparezcamos los determinantes sociales que hacen que estas aparezcan”, enfatiza, añadiendo que si bien se ha avanzado en la cobertura con servicios básicos a la población rural, aún existen lugares en los que la ausencia de estos focaliza la aparición de las enfermedades.

“Las enfermedades se van focalizando, pero no solamente es en las zonas rurales, ahora estamos aprendiendo con el dengue es una enfermedad que da brotes en zonas como Batán Grande, Motupe, Olmos, Tumán, Patapo, y también en Chiclayo metropolitano. Quizá ahora las condiciones han cambiado por el clima, pero una vez que vuelva la ola de calor volverán los brotes de la enfermedad. Debemos tener en cuenta que las enfermedades se expanden por las condiciones que existen en el ambiente, hemos tenido brotes de leptospirosis y este es un problema que volverá a repetirse en la medida que volvamos a tener condiciones como las presentadas durante el período de lluvias”, asevera.

NUEVAS ENFERMEDADES

Una de las enfermedades que se ha considerado vencida es la malaria, y si bien en Lambayeque no se reportan casos hace varios años, esto sí sucede en los departamentos vecinos, sobre todo en la ruta al nororiente. En ciudades como Bagua y Moyobamba, los casos de malaria son constantes.

Cristian Díaz explica que otra enfermedad bastante conocida es la fiebre amarilla, pero también se tiene casos de nuevas afecciones a la salud de la población, como la chikungunya y el zika.

“El riesgo existe, porque si se transmite el dengue las otras enfermedades también podrían proliferarse”, señala.

Anota que las variaciones del clima son condicionantes para la expansión de ciertas enfermedades. El médico refiere que las Infecciones Respiratorias Agudas – IRAS, son mucho más frecuentes entre el otoño y el invierno, y se presentan factores favorables a la aparición de la influenza AH1N1 y otras afecciones respiratorias que ya han cobrado víctimas mortales en el departamento.

Similar situación se presenta con las Enfermedades Diarreicas Aguas – EDAS, cuyo incremento es mayor en los meses de verano por la contaminación de las aguas y el cuidado inadecuado de los alimentos.

LA PREVENCIÓN

“El reto para todos los profesionales de la salud es que debemos abordar la prevención para las enfermedades, que va desde la promoción de estilos de vida saludables hasta el diagnóstico temprano, lo que ayudará a hacer más efectiva la acción frente a problemas crónicos como la diabetes, la hipertensión arterial y el cáncer. Creo que todos debemos concientizarnos al respecto, porque obviamente eso va a repercutir mucho en reducir las tasas de mortalidad de la población y en mejorar su calidad de vida”, indica.

Díaz Vélez recuerda que hace un par de décadas otro de los problemas más frecuentes en salud pública era el alto índice de mortalidad materno – infantil, por situaciones que podían evitarse o prevenirse.

Actualmente los indicadores se han reducido a cuatro o seis casos al año, lo que todavía es preocupante en razón que ninguna muerte durante el embarazo o el parto deberían justificarse.

“Seguimos teniendo muertes maternas en Lambayeque y estas pueden fácilmente evitarse. Por otro lado, si hablamos de las enfermedades infecciosas conocidas como las tuberculosis y el VIH, es necesario fortalecer el trabajo de prevención”, indica.

Agrega que la tuberculosis es una enfermedad que estigmatiza al paciente, quien por temor al rechazo de su entorno no guarda los cuidados necesarios para recuperarse de la afectación a su salud.

A eso se suma que en el departamento la infraestructura sanitaria es todavía deficiente para atender a pacientes con TBC, quienes requieren de ambientes especiales para el diagnóstico y tratamiento. Lo mismo sucede con los pacientes con VIH – SIDA.

“Hay una fuerte relación entre la TBC, el VIH y la diabetes, lo que termina siendo devastador para el paciente, tan preocupante como la asociación que existe entre la diabetes y la hipertensión arterial, lo que va a originar la insuficiencia renal. Todas estas complicaciones no solo afectan severamente al paciente, sino que también encarecen los tratamientos, que deben ser cubiertos con el poco presupuesto que se asigna al sector salud”, señala.

SALUD EN NÚMEROS

Díaz Vélez comenta que en la estadística departamental, las enfermedades infecciosas, respiratorias y diarreicas siguen ocupando los primeros lugares, en tanto los problemas bucales  como las caries y gingivitis presentan una tendencia de crecimiento que debe ser atendida de manera oportuna.

“En la seguridad social es muy importante el tema de las enfermedades crónicas, tenemos un tipo de población muy especial que presenta diabetes, hipertensión arterial, ambas juntas e insuficiencia renal. Casi una cuarta parte del presupuesto de EsSalud se destina a los pacientes con diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia renal. Un estudio realizado arroja que aproximadamente el 15 % de la población adulta de Chiclayo tendría diabetes y que más o menos el 20 % tiene hipertensión. Lo que preocupa es que esta tendencia siga aumentado, al igual que la obesidad y el sobrepeso. Si vemos las estadísticas del año 2000, encontramos que un estudio publicado por el Ministerio de Salud  presenta que hay una tendencia de incremento en sobrepeso y obesidad, y que Piura es la región con mayor número de casos de hipertensión arterial y diabetes”, precisa.

AUTOMEDICACIÓN

Díaz Vélez comenta que otro serio problema de la salud local es el alto índice de automedicación. Según explica, un estudio realizado en población joven arrojó que aproximadamente el 90 % de esta se automedica, recurriendo al uso deliberado de antinflamatorios, antibióticos o cualquier otro tipo de medicamentos.

“Entre los medicamentos que más se usan en la automedicación están los antiinflamatorios, en primer lugar, pero también aparecen los antibióticos, y ahí si hay mucho cuidado, porque el uso inadecuado o indiscriminado de antibióticos puede conllevar a la multiresistencia o la resistencia antibiótica; es decir, que llegará un momento en el cual nos quedemos sin armas ante las bacterias para poder defendernos porque vamos a ser resistentes a todos los medicamentos. Esto pasa porque la cantidad de boticas y farmacias que hay, expenden sin mayor control y lamentablemente no respetan la venta con receta médica”, explica.

Comenta que se ha encontrado casos de farmacias que venden incluso pastillas como alprazolam, diazepan y clonazepam sin requerir al comprador la autorización médica para su consumo. También existen modificaciones a las recetas médicas y un comportamiento inadecuado entre el vendedor y el consumidor final.

“Uno de los resultados que también llama la atención en ese estudio es el alto consumo por parte de las mujeres jóvenes de la píldora de emergencia o pastilla del día del siguiente, cuando lo correcto es que dicha pastilla se consuma como máximo dos veces al año. Sin embargo, el estudio reveló que casi el 40 % de la población femenina lo usa y esa es una cifra bastante importante, que se relaciona además con el embarazo adolescente y la mortalidad materna, que es el último eslabón de esta cadena de riesgo”, enfatiza.

PERFIL

Cristian Díaz Vélez es médico egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en Epidemiología Clínica por la Universidad Cayetano Heredia y actual jefe del Oficina de Inteligencia Sanitaria del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.

Asimismo, se ha desempeñado como responsable de la Unidad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte, ha realizado una pasantía en Israel en Gestión de los Servicios de Salud y otra en Paraguay sobre Vigilancia Epidemiológica.

Al año ingresan al Poder Judicial miles de casos en lo contencioso administrativo y laboral, sobre los cuales los órganos supremos y el propio Tribunal Constitucional han generado jurisprudencia que bien podría tenerse en cuenta para aminorar la carga procesal. Esta situación genera un enorme pasivo que pese a los esfuerzos hechos por los jueces pareciera no tener fin.

“Si se conocen los derroteros jurisprudenciales se deben acatar, lamentablemente está el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la justicia, que en algunos casos se mal utiliza y sirve para dilatar los procesos o para generar un espacio de tiempo para que empleador cumpla con el pago de una deuda que sabe deber ser reconocida. Por ejemplo, si a un trabajador no se le paga la compensación por tiempo de servicios este derecho será reconocido por el Poder Judicial y deberá pagarse sí o sí. Sin embargo, se opta por recurrir al órgano jurisdiccional para retrasar el pago y esto genera inconvenientes en nuestra carga procesal”, explica el presidente de la Segunda Sala Laboral de la Corte de Justicia de Lambayeque, Ismael Rodríguez Riojas.

En la jurisdicción, la Primera y la Tercera Sala Laboral de la corte revisan los casos relacionados al régimen público y al contencioso administrativo en materia previsional, en tanto la Segunda Sala se encarga de los procesos del régimen privado, que actualmente suman más de mil expedientes.

El problema se origina porque la carga existente impide que se cumplan los objetivos de la Nueva Ley Procesal Laboral, que recoge el principio de celeridad en la resolución de las controversias, debido a que las audiencias para conciliación o emisión de fallo deben programarse hasta un año después de presentada la demanda.  

“Es casi el doble de lo que óptimamente debe emplearse para responder con mayor celeridad y de acuerdo al diseño del proceso. Existen estudios del Banco Mundial sobre cargas procesales estándares y estos indican que a nivel de un juzgado especializado, que es la primera instancia, lo recomendable es una carga anual de 600 expedientes, pero los órganos jurisdiccionales laborales de primera instancia están sobrepasando los mil procesos al año y eso no permite dar respuesta célere como espera la ciudadanía. También debe tenerse en cuenta que los plazos actuales son inferiores a los que se tenía con la anterior norma procesal”, menciona el magistrado.

Los esfuerzos que se hacen son múltiples. Por ejemplo, las salas laborales procuran resolver los casos dentro de los cinco días siguientes a la vista de la causa. En promedio, un expediente, desde su ingreso al Poder Judicial hasta el pronunciamiento de la segunda instancia, demora entre tres y cuatro meses.

El sistema implementado desde el 2010, cuando entró en vigencia la Nueva Ley Procesal Laboral, ha incorporado algunas simplificaciones para garantizar la celeridad. Una de ellas es que las partes ya no necesitan solicitar por escrito su intervención en la audiencia. Con el código anterior debían hacerlo con tres días de anticipación.

CONFLICTIVIDAD LABORAL

¿Qué aspectos condicionan el incremento de la carga procesal laboral en la Corte de Lambayeque? Rodríguez Riojas explica que existen varios factores, entre ellos que los empleadores aún no entienden la obligatoriedad que pesa sobre ellos para el cumplimiento de las disposiciones socio laborales que manda el abanico normativo del país.

Otra razón es que existe entre empleado y empleador una permanente conflictividad y también que el empleador espera que el trabajador acuda al Poder Judicial en exigencia de sus derechos para de esta manera “ganar tiempo” y reunir los montos que deberá pagar por los beneficios no otorgados. 

“Existen casos en los que vienen a discutir la desnaturalización de contratos de plazo fijo, cuando en lo real el trabajador no ha incurrido en ninguna de las nueve circunstancias que manda la ley para que esa situación se produzca; los despidos arbitrarios, sabiendo el empleador que deben existir procedimientos para que se declare extinguida la relación laboral. Otros ejemplos de controversias que no deberían ser revisadas por los órganos jurisdiccionales son el pago de la asignación familiar o que se invoquen faltas que no han sido sancionadas y corregidas con inmediatez, como también señala la norma”, anota Ismael Rodríguez.

PROBLEMAS DEL ESTADO

Aunque parezca contraproducente, el Estado es uno de los principales generadores de la carga procesal laboral al negarse a reconocer derechos a sus trabajadores que han sido incluso confirmados por el Tribunal Constitucional.

Este es el caso del famoso reconocimiento y pago del 30 % de la remuneración por concepto de preparación de clases a favor de los maestros, conforme quedó establecido en la Ley del Profesorado y su Reglamento. Para evitar el desembolso de dicho importe a favor de los educadores, el Estado emitió un Decreto Supremo por el cual señaló que el porcentaje se estimaba en función de la Remuneración Total Permanente, que es un monto menor.

Ese cambio en la interpretación de la norma ha dado pie a que los maestros acudan en masa al Poder Judicial demandando el reconocimiento del derecho dado por la Ley del Profesorado, por ser esta una norma de mayor jerarquía, y aun cuando los jueces en primera y segunda instancia, incluso hasta a nivel de la Corte Suprema han señalado que lo válido es el espíritu inicial del beneficio, a nivel administrativo el sector Educación da largas al pago del 30 % por preparación de clases.

“Los profesores vienen acá y como ya está establecido el respeto a la norma se le da la razón, pero el problema no termina allí, porque luego empieza el procedimiento para la ejecución de la sentencia que genera otro trajinar y, en consecuencia, más carga para el Poder Judicial”, indica.

Rodríguez Riojas añade que en el 90 % de los casos contra el Estado ya no existe siquiera controversia, porque los precedentes judiciales señalan cuáles son los mecanismos a seguir para atender las demandas de los trabajadores.

Menciona además que es incalculable el costo que representa para el mismo Estado las idas y vueltas que en los órganos jurisdiccionales se dan para confirmar los derechos no reconocidos a los trabajadores públicos.

“El Estado prefiere pagar deudas con interés, costas y costos procesales y además asumir el costo que representa impartir justicia, antes que buscar soluciones en la vía administrativa”, enfatiza.

AZUCARERAS

El magistrado refiere que otro de los sectores en los que también existe una alta conflictividad laboral es el azucarero. En este las demandas son por reposiciones debido a los constantes cambios en la conducción de las empresas, que generan grupos que al llegar al poder castigan con el despido a sus predecesores u opositores.

“Esas circunstancias controversiales y conflictivas que hemos tenido por las administraciones judiciales en las azucareras generan situaciones poco favorables para los aspectos laborales. Permanentemente se extinguen las relaciones laborales, los jubilados reclaman el pago de sus beneficios sociales como la compensación de tiempo de servicios y las asignaciones excepcionales que se establecieron desde la época cooperativa y que no han desaparecido, aun cuando se produjo la transformación de los ingenios en sociedades anónimas. Tenemos cientos de demandas de las cuatro haciendas azucareras conocidas en nuestro medio”, confirma.

Explica que en ciertos casos las empresas no tienen mucho que defender a su favor porque está acreditado el incumplimiento de sus obligaciones a los trabajadores o, como también sucede, no puede demostrar que ha cumplido conforme ordena el marco normativo.

Finalmente, el presidente de la Segunda Sala Laboral de la Corte de Justicia de Lambayeque indica que son materia de revisión los acuerdos sostenidos entre sindicados de obreros y las municipalidades locales, en los que se establece que ante la jubilación de un trabajador uno de sus hijos tiene derecho a ocupar el puesto en la entidad.

Sobre el particular, Rodríguez Riojas refiere que habría que definir hasta qué punto este tipo de concesiones dadas por las administraciones municipales son legales, por cuanto se podría interpretar que la sucesión laboral vulnera el derecho constitucional al trabajo que tiene todo ciudadano.  

Hace 51 años, el ferrocarril de Chiclayo fue desactivado y el puerto de Eten cerrado. Hace 24 años la Empresa Nacional de Puertos del Perú - ENAPU, se disputaba la venta del muelle, hoy se busca hacer realidad una de las más importantes obras para Lambayeque a través de una concesión, con una inversión que supera los 577 millones de dólares.

En la primera edición del Semanario Expresión, publicada el 13 de agosto de 1993,  aparece la nota titulada: “Perú – Tacna por Muelle de Arica ¡La región por Eten!”, en la que se indica:

“El muelle de Eten está casi a punto de ser arrebatado no solo a su distrito, sino al departamento de Lambayeque y a la Región Nor Oriental del Marañón. El atrevimiento de ENAPU Perú consiste en venderlo al mejor postor sin tener en cuenta la incidencia que tiene esta obra en el desarrollo de la región.

No debemos olvidar que en una época el muelle de Eten le dio a ese distrito la categoría de puerto principal. Sin embargo, debido a su alto costo para mejorar su diseño técnico de embarque y desembarque impuso paulatinamente una etapa de decadencia y postergaciones durante muchas décadas”.

Expresión, hace 24 años, sentó su posición en contra de la venta del muelle.

ETEN EN LA HISTORIA

Desde fines del siglo XIX el puerto de Eten contó con un muelle de hierro y madera y una red ferroviaria que se empleaban para la exportación de azúcar de los ingenios de Tumán y Cayaltí. Desde la estación central en Chiclayo - hoy Centro Cívico - otras líneas iban a Ferreñafe y Lambayeque. El transporte de pasajeros y carga alcanzó importancia hasta que poco a poco se desactivó el ferrocarril en 1966.

Por más de 40 años las autoridades locales ofrecieron hasta lo imposible para hacer realidad la reactivación de la actividad portuaria en Eten, que suponía la construcción del nuevo muelle, que en adelante empezó a llamarse terminal marítimo.

La firma alemana  Salzgitter, que ejecutó el Proyecto Tinajones, elaboró unos primeros estudios de la obra y no sería hasta el primer gobierno regional de Yehude Simon que Expresión denunció la concesión irregular de las tierras del área intangible reservada para el terminal, lo que desencadenó un largo proceso judicial que hasta hoy sigue sin cerrarse.

Iniciada la gestión de Humberto Acuña Peralta se dieron pasos más concretos para alcanzar la legalidad del Terminal Portuario lambayecano. Primero se trabajó la inclusión de Eten en la relación de puertos en el país, luego se creó la Autoridad Portuaria Regional y, posteriormente, se contrató a un consorcio peruano-español para la elaboración del Plan Maestro, donde se justifican la viabilidad económica, financiera, técnica y de volúmenes de carga del proyecto, con una inversión de tres millones de soles.

Actualmente el Plan Maestro se encuentra en proceso de actualización a la luz de un convenio suscrito entre la Autoridad Portuaria Nacional y el Gobierno Regional de Lambayeque.

EL LARGO CAMINO

“Al 19 de marzo del 2005, tal como lo registra el Diario Oficial El Peruano, la oferta de instalaciones portuarias de uso público del Perú no contemplaba a Puerto Eten”, comenta el gerente general de la Autoridad Portuaria Regional, Jorge Nakazaki Servigón.

Recuerda que al 2011 Lambayeque no era parte del Sistema Portuario Nacional, por lo que todo esfuerzo, deseo u opinión anterior para que el departamento tenga puertos “fue simplemente un dechado de buenas intenciones”.

De acuerdo a la ley peruana, quien autoriza la construcción de puertos de alcance nacional es el presidente de la República, mediante un Decreto Supremo, y para eso el primer paso a dar era lograr la inclusión de Lambayeque en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.

COMPETENCIAS

Nakazaki Servigón precisa que los gobiernos locales y regionales, de acuerdo a sus respectivas leyes orgánicas, no tienen competencia para promocionar, hacer, operar o viabilizar puertos nacionales.

El origen de los puertos de esta categoría es de exclusiva competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de sus organismos técnicos como la Autoridad Portuaria Nacional, si el puerto es de alcance nacional, y Autoridad Portuaria Regional si el puerto es de alcance regional.

“Entonces todo esfuerzo que se hubiere hecho sin la participación de una Autoridad Portuaria es como decía, una intención o deseo, pero nada más que eso”, enfatiza.

Anota que la Autoridad Portuaria Regional Lambayeque nace precisamente a exigencia de lo que las normas legales mandan para la creación de puertos como el que pretende tener Lambayeque.

“Bien ubicado el primer argumento, había que pasar al segundo tema, ¿qué pasos debían de darse? El presidente de la República es quien autoriza  la creación de un puerto, que técnicamente es la inclusión de una región en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Para esto se necesita de una Plan Maestro con las especificaciones técnicas que la Ley plantea, luego hacerlo aprobar por el Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, por el Ministerio de Transportes, el de Defensa y, por último, por la Presidencia del Consejo de Ministros”, explica.

Seguido ese proceso es que se tiene la partida de nacimiento real y concreta del anhelado proyecto del Terminal Portuario, lo que se logró recién a finales del 2015.

Según Jorge Nakazaki solamente de aquí en adelante es válido un proceso serio y no demagógico de la concreción del proyecto vía el proceso de promoción de la inversión privada.

“No sería correcta la impresión de la ciudadanía que se trabaja el proyecto hace muchos años, recién se trabaja realmente desde el 2014. Ahora bien, la estrategia o política del Estado Peruano, es que los puertos deben de realizarse vía Alianzas Público Privadas 100 % autosostenibles; es decir, el privado coloca el 100 % del monto proyectado de inversión a cambio de un determinado tiempo de concesión, el Estado no invierte un sol. Y la competencia de acuerdo a Ley como se ha desarrollado es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de sus organismos técnicos: la Autoridad Portuaria Nacional y Proinversión”, señala el gerente de la APR.

¿QUÉ SE TIENE?

Precisa que la parte técnica de lo que será el Terminal Portuario está culminada, la parte legal o normativa también y actualmente el proceso se encuentra en la búsqueda de su financiamiento.

La obra está valorizada en 577 millones de dólares, es decir casi dos mil millones de soles. Esta inversión significa el desarrollo de todos sus componentes: graneles sólidos, carga contenedorizada y graneles líquidos.

“En cuanto al  tiempo, no nos olvidemos de la estrategia del Estado, que consiste en difundir el proyecto a los actores posibles para que estos decidan invertir. En consecuencia, sería demagógico dar un plazo porque esa decisión es de otros. Claro está que todos los líos que hay en el país por las Asociaciones Público Privadas no contribuyen en nada y solo ahuyentan a los inversionistas. Hipotéticamente, si el Estado pusiera los fondos la obra empieza mañana, allí sí hay plazo concreto”, precisa.

Jorge Nakazaki concluye en que mucho depende también de la decisión política para emprender el proyecto. 

Claro. El ex tres veces burgomaestre de la ciudad, reveló pasajes de hace casi un cuarto de siglo cuando desempeñaba sus segunda gestión edil al frente de la Municipalidad de Chiclayo, recibió la visita de un militar enviado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, hoy encarcelado, quien le pedía que vaya a una reunión a Lima, para darle “una manito” con el proceso judicial que había llegado a la Corte Suprema de la República, luego que en Lambayeque, fue condenado a cuatro años de cárcel suspendida.

Desde la comodidad de su casa Castillo, decidió dialogar con Expresión y recordar pasajes de 1993, cuando el ex teniente alcalde de entonces, Sergio Luna Sosa, según afirma, celebró que la Corte Suprema ratifique la condena contra la autoridad cuando en realidad lo había absuelto. Aquí reproducimos la entrevista.

Hace 24 años usted era alcalde de la ciudad de Chiclayo, recuerdo afrontaba un proceso judicial, fue sentenciado y la ciudadanía salió a respaldarlo, ¿por qué fue ese proceso?

Efectivamente en el año 1993, era mi segunda administración. Fue un episodio de trascendencia, estamos hablando de la era del fujimontesinismo, el caso fue por concusión. Aquí el entonces vocal Carlos Célis Zapata, me sentenció a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, decisión que fue burda y luego este magistrado fue premiado y ascendido a la Corte Suprema como Vocal Supremo, parece que todo estaba preparado en mi contra.

¿Y qué pasó en ese momento?

Recuerdo que de Lima, vino al despacho de alcaldía un alto militar enviado por Vladimiro Montesinos, para `tenderme la mano` y salvarme del proceso. Obviamente rechacé la propuesta.

Es un hecho que no lo reveló en su momento ¿recuerda cómo se llamaba el militar?.

No lo recuerdo. Pero luego que me dio el mensaje y me explicó de su objetivo en Chiclayo, le agradecí su intención. El visitante vino como enviado del doctor Montesinos y el propósito era ayudarme, según dijo se encontraba muy  mortificado por la situación que yo atravesaba. El (Montesinos) quería que vaya a Lima para entrevistarme con el, seguramente en la salita del SIN, obviamente con mucha cortesía agradecí la propuesta y no acudí.

¿Vladimiro Montesinos, lo habría querido captar en ese entonces por ser usted el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe)?

Como dirigente de la Asociación de Municipalidades desafié al Gobierno de Alberto Fujimori, el mismo día que fui elegido, calificando al gobierno de dictador y autoritario. Se produjo un choque con el gobierno y fue el mismo Fujimori quien dijo que iba a “hundir a la mazamorra negra  en que se había convertido el AMPE”, lo cual fue recogido y publicado por todo los medios de comunicación.

Por ello creo que cuando Montesinos manda a un emisario a Chiclayo, para invitarme a Lima, lo hacía con el propósito de filmarme en la SIN  y con ello acabar con mi carrera política.

En Chiclayo la población hizo manifestaciones a su favor por la sentencia que recibió.

La población en la ciudad se enardeció por la decisión grosera de la justicia que se aplicó en mi contra por un proceso judicial en la que no tuve ninguna injerencia ya que la compra de alimentos se hizo por decisión de un Comité conformada por comisión departamental. Recuerdo que se compraron alimentos en momentos del fujishock, cuando hubo una variación de precios de los alimentos y se me acusó de  la compra de los productos sobrevalorados.

Aquí la población me dio su respaldo firmando planillones e incluso viajaron 14 buses con chiclayanos para protestar en la Corte Suprema de la República a fin de que anule la sentencia en mi contra, luego que apelé la decisión judicial de Chiclayo.

Finalmente la Corte Suprema anuló la sentencia en su contra.

Claro. Después de 24 años recuerdo estos episodios nefastos en mi vida política. Precisamente la primera edición del Semanario Expresión con sólo 4 páginas y en papel couché en aquella época informó al respecto. Debo recordar que la Corte Suprema de la República tuvo que absolverme,  lo que quiero revelarles es que cuando yo me había enterado que la Suprema había decidido fallar a mi favor, en Chiclayo decidí lanzar la noticia que la decisión emitida por los vocales supremos había sido en mi contra, es decir, que habían confirmado la sentencia de Lambayeque, para ver la reacción de la gente.

¿Y por qué lo hizo?

Porque en aquel entonces el teniente alcalde Sergio Luna Sosa, estaba movilizándose para tomar posición de la alcaldía. Cuando trascendió la noticia falsa de la ratificación de la sentencia en mi contra, celebraron con banda de que había sido sentenciado por la Suprema, sin embargo, al día siguiente salió en todos los medios Arturo Castillo absuelto por la Corte Suprema y se les enfrió todas las celebraciones.

¿Nuestros problemas como ciudad eran los mismos a los de hoy?

Cuando asumí la alcaldía en el año 1990, los problemas eran otros. Se convocó  a profesionales de primer nivel del Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (Inadur), quienes jugaron un papel decidido para iniciar la transformación en la ciudad. Además dos profesionales, un doctor en Tránsito y Transportes y un arquitecto paisajista, quienes definieron los conceptos modernos para racionalizar y ordenar el transporte público y el otro profesional, los planes de forestación, arborización para la población con un proyección ecologista. Fue con ellos que se diseñaron el ensanchamiento de diversas áreas  la ciudad para darle mayor fluidez al tráfico y el desalojo de los mototaxistas y los buses que ingresaban al centro de la ciudad en aquel entonces.

¿Cómo ve a Chiclayo en aspectos de infraestructura?

Los proyectos para mejorar la infraestructura de la provincial con proyección al 2020, se hicieron en el año 90, y todo hace indicar que éstos se enviaron al archivo. En esos proyectos se planificó todos los servicios de la provincia. El haberlos dejado de lado ha provocado que hoy tengamos una cuidad colapsada, sin brújula. El proyecto Chiclayo 2020, comprendió un listado de obras prioritarias que debieron ejecutarse, pero que lamentablemente no se han tocado a pesar que tenían una visión de largo plazo, incluyendo, sectores como educación, servicios de agua potable, alcantarillado y otros.

A través del Plan Maestro de Chiclayo ¿se logró el financiamiento de obras con recursos del extranjero?.

Efectivamente. Nos permitió traer dinero de Francia, Alemania, donado para ejecutar obras como las primeras redes de agua potable de acero dúctil traídos de Francia a Chiclayo, lo cual no se continuó, como tampoco se siguió con la construcción de los grandes colectores de concreto armado que se lograrían  instalar con el dinero que donó Alemania, recursos con los cuales se logró construir la Planta de Tratamiento de Agua Residuales que se hizo en las Pampas del distrito de San José y la Planta de Tratamiento de Agua Potable que es la que nos asiste con agua actualmente.

¿También se logró ayuda con maquinaria para Chiclayo?

Por supuesto se logró traer más de 50 máquinas de los Estado Unidos, entre volquetes, cisternas, motoniveladores, rodillos, para pavimentar las calles, compactadoras para residuos sólidos. Estos equipos fueron lo que nos permitió lograr el gran progreso urbanístico durante mis tres gobiernos municipales y autoabastecernos de todo. Recuerdo que tuvimos una planta de asfalto, una fábrica de bloquetas donde fabricamos millones de bloquetas que fueron utilizados en la pavimentación de muchas vía. El mismo trabajo se hizo en los pueblos jóvenes y distritos sin recibir dinero del Estado.

¿Cómo cree que se debería solucionar el problema de basura, desorden vehicular, hacinamiento del mercado Modelo y tantos otros problemas de la ciudad?.

Sencillamente con autoridad. Si hay autoridades que no son idóneas, honradas y que no estén apegadas al trabajo, no lo van hacer. Todos los problemas que mencionan se solucionan con decisiones políticas que las tiene que adoptar la autoridad competente. Si la autoridad no toma la decisión definitivamente vamos a seguir en este caos e infierno en que se ha convertido Chiclayo, porque hay sectores donde la pestilencia es atroz, situación que es vergonzosa y humillante para el ser humano. Se necesita autoridad, mando, ley en mano y no tener miedo a cumplir las normas para poner orden en Chiclayo.

¿Quiénes lo sucedieron en el cargo no impusieron autoridad?

Es obvio. Las autoridades que vinieron después de nuestra gestión lejos de guiarse con los patrones de planificación que nos costó mucho esfuerzo preparar, tiraron al tacho de la basura todo el esfuerzo de organización y proyección de proyectos emblemáticos para desarrollar a Chiclayo no los hicieron suyos.

¿Qué acción considera que es lo más grave que alejó a Chiclayo del desarrollo?

Lo que sucedió en mi tercera gestión interrumpida. Lo que hizo el alcalde que me reemplazó (José Barrueto), al mandar al archivo los proyectos para convertir a la ciudad en piloto del norte en lo que respecta a ciudades sostenibles, ello considero que fue un acto criminal, provocó la salida abrupta de los técnicos procedentes de Europa, financiados por las Naciones Unidas. Esos técnicos finalmente se fueron a trabajar a Quito-Ecuador.

Los chiclayanos lo catalogan como el mejor alcalde de los últimos tiempos, sin embargo no ha logrado una nueva elección.

A pesar que percibo un gran respaldo de la colectividad por muchas razones, entre la firmeza de las decisiones que tomamos, honradez en la gestión y disciplina en la comuna, ahora la municipalidad, se debate en una crisis espantosa por el alto número de trabajadores y veo muy difícil salir de esta situación. Creo que la corrupción ha diezmado el aparato público y considero que contra ello, difícilmente las personas que estamos en la otra vereda vamos a poder competir contra ello. No descarto que mi principal contrincante haya hecho uso de estos malos métodos para ganarme la elección en los últimos comicios.

¿Qué es lo que más le impacta del Chiclayo actual?

En nuestra ciudad, sin duda la corrupción es el factor detonante para que estemos en la condiciones que presentamos. No se descarta que la actual administración edil siga en el mismo camino, pues así lo informa la prensa de la forma del mal manejo que se hacen de los recursos del Estado, con licitaciones tramposas, adjudicaciones a empresa sancionadas, arbitrajes perdidos, gastos burocráticos, y sin obras trascendentes entre otros aspectos.

Ante tanta inoperancia en nuestra ciudad ¿no se siente motivado a volver a dirigir nuestra provincia de Chiclayo?

Las condiciones vigentes no ofrecen ninguna garantía para  poder participar en un proceso trasparente y en el hipotético caso que sea elegido alcalde de Chiclayo. Solo me sería imposible resolver el problema caótico, desastroso, inmoral en el que se debate la comuna. Necesitamos del concurso severo y drástico de quienes administran justicia y creo que hoy en día si tenemos esperanza en un Poder Judicial en Lambayeque, que no todo es malo allí, hay un concepto favorable hoy en día de quienes administran justicia en Chiclayo.

Hemos sido testigos de cuánto han hecho Fiscales y Jueces de Lambayeque contra todo pronóstico para desarticular bandas como “Los Limpios de la Corrupción”.

¿Confía en los administradores de justicia?

Usted es testigo, hay algunos jueces que malogran la imagen del Poder Judicial. Hay magistrados que han emitido resoluciones en torno al ordenamiento del Mercado Modelo y cada cierto tiempo emiten advertencias, ultimátum, yo no creo que de esa manera se pueda ayudar a limpiar una ciudad y tampoco se puede vivir en ella o  en cualquier parte del mundo cuando no se cumple la ley.

¿No hay posibilidad de que postule?

Definitivamente está cerrada esa posibilidad. Gracias a quienes tienen ese deseo y disculpen no poder acompañarlos.

¿Aunque se lo propongan partidos políticos organizados?

Entre tanto se mantenga las condiciones que he expuesto, será muy difícil.

¿Cómo analiza el próximo proceso electoral?

En Chiclayo, quienes deciden son los grandes bolsones electorales ubicados en los distritos y que mayoritariamente proceden de la sierra, uno de ellos es José Leonardo Ortiz. Lamentablemente creo que hay un fuerte componente de la corrupción, de las mafias que deciden, lamentablemente el monstruo está infiltrado en las organizaciones políticas, lo que no permite realizar una campaña austera como lo hemos hecho antes.

¿Se arrepiente de algún accionar político?

Muchos atribuyen que la causa de los problemas que se suscitaron en mi contra fue después de lo que ocurrió con el incendio del Palacio Municipal, a partir de allí mis adversarios vendieron a la mayoría de los chiclayanos que fui el culpable de tan execrable hecho, cuando lo único que yo buscaba era el cumplimiento de una reposición judicial. Aun cuando después el Poder Judicial se encargó de sentenciar a los culpables del incendio, todos conocemos lo que el gobierno aprista hizo de manera ilegal al nombrar un Comisionado para que dirigiera Chiclayo, hecho que me ha llevado a plantar una acción judicial que seguramente terminar después del pronunciamiento que haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se encuentra mi demanda.

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El ex alcalde de Chiclayo, Arturo Castillo Chirinos, formuló una demanda de indemnización contra los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y una denuncia contra el Gobierno de Alan García Pérez, luego que el ex presidente mediante un Decreto de Urgencia, declaró en emergencia a Chiclayo, nombrando un gobierno transitorio a cargo de Guillermo Baca Aguinaga, a pesar de existir una sentencia del Tribunal Constitucional que reponía en la comuna a Castillo.

La demanda por 20 millones contra el JNE, resultó favorable en primera instancia y la  Corte Suprema, lo declaró improcedente y la archivó. Por ello acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y en los próximos días tendrá que pronunciarse de forma definitiva. “Estoy convencido que el pronunciamientos será favorable a mí, ya que hay jurisprudencia al respecto con casos similares”, dijo.

+ NOTICIAS

• En el año 1995, cuando decidí postular al Congreso de la República, dejé a la comuna con 948 trabajadores, y al regresar, siete años después, el número se incrementó a 2400 servidores.
• Castillo asegura que el éxito de sus gestiones se debió al orden y disciplina que implantó.
• Refiere que mantener una planilla de más de 4 mil trabajadores es una bomba de tiempo.
• Asegura que en el Municipio de Chiclayo, hay gente honesta, pero es minoría.
• “Durante mis tres gestiones ediles, incluía la tercera que fue interrumpida por la corrupción, no recibí jamás ni un sol del Estado para construir obras, pero tuvimos la capacidad de organizarnos y gestionar dinero de afuera, lograr ayuda. Ello permitió auto abastecernos de la capacidad ejecutiva para hacer obras, no licitamos obras, ejecutamos obras por administración directa.

• “…fui víctima de la vacancia en MPCH, ahora no me la pueden devolver, fui declarado NN, por el JNE que ordenó a la Reniec, me cancelen mi DNI y que me eliminen de padrón de electores por dos años. Eso fue un crimen de lesa humanidad y lo he demando a la CIDH, que al igual que lo hizo con el caso de Baruch Ivcher, quien fue víctima de delitos menores a comparación con los míos, deben pronunciarse. Dos años estuve como NN, en represalia por haberlos demandado…”“Agradezco a Expresión por la oportunidad de haber revelado lo que pasó hace 24 años. El próximo años estoy seguro los acompañaré celebrando el cuarto de siglo y recordando haber sido el noticia como tema central de lo que fue su primera edición”. 

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EPSEL

“La empresa Epsel, siempre ha sido calificada como una empresa que tiene su propia capacidad de gestión para poder ejecutar obras y no recibir dinero del Estado. Es una empresa que debe autosostenerse, fueron los alcaldes que me sucedieron los que se beneficiaron con grandes fortunas de dinero que al final no sabemos dónde fueron a parar. Tengo entendiendo que la gestión del encarcelado Roberto Torres Gonzales, recibió varios millones de soles del Estado, para ejecutar obras como el alcantarillado del casco urbano de Chiclayo, que costó 28 millones de soles y que nadie ha querido investigar”.

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La economía de Lambayeque se sostiene por la producción, dinámica y aporte de las micro y pequeñas empresas, unidades que tienen características propias y el enorme reto de superar la informalidad, una de las principales trabas para su crecimiento.

Rudy Salazar Cabrera, director del Instituto Universidad Empresa Sociedad – IES, de la UniversidadCatólica Santo Toribio de Mogrovejo, el más importante observatorio económico que existe en el departamento, explica que el mercado lambayecano está compuesto en un 97 % por microempresas, de las cuales el 50 % desparece antes de los cinco años. Esto representa, aproximadamente a 65 mil emprendimientos, muchos de ellos familiares, que no logran superar la etapa de madurez y crecimiento en los rubros en los que se desarrollan.

El 3 % restante está integrado por empresas medianas y grandes, y de este total el 2 % son grandes compañías asentadas en el departamento, lo que permite entender la dinámica de la economía lambayecana. Esto marca, según refiere Salazar Cabrera, una enorme brecha de informalidad que cala en el despegue de los indicadores de eficiencia, crecimiento y competitividad.

Otra realidad que pone en evidencia la situación de Lambayeque en el contexto nacional, es que solo 10 empresas aparecen en el ranking de las firmas con mayor facturación. En el 2015, por ejemplo, Tiendas EFE destacó en el sector comercio con una facturación anual de 181 millones de dólares, seguida de las agroindustriales Pomalca y Tumán, con 63 millones de dólares cada una, Pakatnamú, con 36 millones de dólares y Pronatur con 33 millones de dólares.

Los sectores que soportan la economía de Lambayeque son agricultura, comercio y manufactura.

EL RETO DE LA FORMALIZACIÓN

SalazarCabrera señala que el micro empresario no quiere formalizarse porque no tiene incentivos, porque al pasar a la legalidad de sus operaciones está obligado a tener una planilla y a pagar costos laborales y beneficios como seguro social y previsionalidad.

A inicios de este año, con las facultades legislativas que tuvo el Ejecutivo, se aprobaron una serie de modificatorias a los regímenes tributarios y se dieron escenarios más flexibles, como como la creación del régimen MYPE Tributario y la exoneración de tasas registrales. Sin embargo, la transición hacia la formalización es aún lenta.

El IES de la USAT en convenio con el Ministerio de la Producción, como parte de la Alianza del Pacífico y el apoyo de la cooperación suiza, ha puesto en operaciones el primer Centro de Desarrollo Empresarial de Lambayeque, a través del cual se ofrece asesoramiento subvencionado a las empresas para encaminarlas en diferentes procesos, uno de ellos el de la formalización.

Esta experiencia ha permitido conocer más de cerca la situación de los rubros económicos del departamento y confirmar que los resultados, pese a los incentivos dados por el Estado, no son aún los esperados.

“Creo que todavía el empresario no está encontrando una motivación como para querer formalizarse o para acceder al régimen especial que le permita un mejor acceso al financiamiento. Muchos piden un IGV diferenciado, con porcentajes distintos para el pequeño y gran empresario, y si bien ha habido algunos beneficios en relación al impuesto a la renta, los efectos aún no se sienten”, menciona Rudy Salazar.

Añade que también se ha identificado que existen empresarios que se encuentran en ambos escenarios; es decir, que parte de sus actividades las desarrollan de modo formal, en tanto otras las hacen como informales, porque esto les representa mayores ingresos. Un ejemplo de este doble comportamiento se encuentra en Moshoqueque, donde – según es especialista – se ha generado un círculo vicioso del que difícilmente los comerciantes querrán salir.

“Haya ciertas barreras como el desconocimiento y el temor, los empresarios no tienen mucha apertura para hablar de los temas de formalización porque creen que eso significa ejercer una alta presión sobre ellos y que es un mecanismo para quitarles sus ganancias”, explica.

A través del Centro de Desarrollo Empresarial se ha logrado la subvención de hasta el 87 % de las asesorías especializadas a las empresas del sector manufactura, gracias a un aporte que realiza la Organización Internacional del Trabajo – OIT, orientadas a las medianas y grandes empresas para ayudarlas a mejorar la gestión de planillas y la relación con sus colaboradores. En la ejecución de este proyecto se ha identificado, por ejemplo, que los empresarios tienen cierto nivel de resistencia al considerar que se abren espacios para que sus trabajadores se sindicalicen o puedan exigir mayores beneficios.

“Hay negocios que ya están en marcha y que no manejan una buena estructura de costos, que no manejan una buena gestión en sus empresas por desconocimiento, donde internamente no tienen interés de querer mejorar porque en la situación actual se sienten bien. El Estado les está dando el apoyo, las asesorías, está apostando por el sector empresarial, entonces no se pueden quejar”, menciona.

SALUD Y SEGURIDAD

El cumplimiento de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo es otro de los aspectos en los que todavía las empresas locales no han mostrado mayor avance.

Rudy Salazar destaca que con la descentralización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, se tendrá mayor vigilancia sobre el cumplimiento de la norma, lo que obligará a las empresas a implementar los mecanismos que permitan proteger las condiciones en las que trabajan sus colaboradores.

Esto hará posible que se implementen protocolos, que se mejoren las condiciones de trabajo y se identifiquen los riesgos que existen actualmente en las empresas.

“Esto también conlleva a una inversión por parte del empresario y no es poca cosa. Financiar los exámenes médicos de acuerdo a su nivel de riesgo tiene un costo aproximado de 150 soles por trabajador, y la norma indica que estos deben realizarse antes y después de su salida, porque hay situaciones que  pueden ser atribuibles a la empresa, como los problemas posturales, por ejemplo. Si se determina que la labor del trabajador generó una afectación a su salud, este tiene el derecho de demandar a la empresa”, señala.

El director del instituto confía en que la labor fiscalizadora de la superintendencia será amigable y buscará orientar a las empresas aplicando correctivos y, posteriormente, sanciones progresivas a fin que el control no resulte traumático para el sector.

LOS VECINOS

Por las características de la economía departamental, Salazar Cabrera señala que la situación de Lambayeque, en términos empresariales, es menos auspiciosa que la de Piura y La Libertad, más porque estas regiones poseen otras ventajas competitivas como infraestructura, servicios y logística, aspectos en los que Lambayeque no ha logrado avanzar en un ritmo similar.

Comenta que las inversiones se desplazan hacia Piura y Trujillo considerando también el comportamiento del mercado. En ambas regiones – afirma – el consumidor y usuario está dispuesto a pagar más por mejores servicios, condición que en Lambayeque todavía no se alcanza.

“Hemos participado en algunos estudios  que concluyen que el empresario prefiere instalarse en Piura y Trujillo y no en Lambayeque. Incluso se toma en consideración los hábitos de consumo del chiclayano, que se inclina más por regatear los precios, en cambio el piurano y el trujillano tienen otras características que favorece mucho al sector empresarial”, asevera.

A esto se suma que Piura ha concretado la construcción de una agenda regional al 2032, proceso en el que ha participado el gobierno regional, la cámara de comercio, la Universidad de Piura, el CONCYTEC y la Unión Europea como financista del proyecto. La Agenda Regional de la Innovación marca el camino de lo que el departamento vecino aspira lograr en términos de productividad y desarrollo, a fin que sus casas superiores de estudio empiecen a formar a los profesionales que se necesitan para hacer realidad dichos objetivos.

“Y Trujillo nos lleva una delantera institucional muy grande. En los últimos índices de competitividad regional aparecemos en los últimos lugares entre todas las regiones del país. Hay mucho por superar en este aspecto”, precisa Salazar Cabrera.

SECTORES EN CRECIMIENTO

En Lambayeque el sector agricultura destaca con productos bandera como el azúcar,  el arroz y el café, además por los resultados que empieza a tener el Proyecto Olmos con sus más de 16 mil hectáreas, de las 38 mil incorporadas a la frontera agrícola, puestas en producción.

Sin embargo, una seria debilidad del sector, al combinarse con el manufacturero, es la no industrialización de los productos que impide el desarrollo del valor agregado y, en consecuencia, se tiene menores índices de rentabilidad para el departamento.

Respecto a comercio, Lambayeque destaca por la venta principalmente de abarrotes y la prestación de servicios de gastronomía, hospedaje y otros vinculados al sector turismo.

Un sector que no logra despegar aún, debido a su alto nivel de informalidad, es la pesca, pese a las condiciones y riqueza del litoral lambayecano. En este rubro, a través del Centro de Desarrollo Empresarial se ha logrado la conformación de la primera empresa pesquera sobre la base de un gremio de trabajadores artesanales.

+ NOTICIAS

• El Centro de Desarrollo Empresarial forma parte de las iniciativas de la Alianza del Pacífico y hasta el momento ha ofrecido acompañamiento y asesoría a mil 800 empresas. Asimismo, se han dictado 14 talleres intensivos con especialistas nacionales para fortalecer a la pequeña y mediana empresa.

• Con apoyo de la OIT, el centro ofrece actualmente asesorías a diez empresas del departamento. Ese respaldo de la Organización Internacional del Trabajo se prolongará hasta el 2021.

La médica Cinthia María Vargas Torres aprovechó que su entonces conviviente, José Yuri Moya Gasco, y su pariente Luis Felipe Vigo Vargas, asumían la presidencia del directorio y gerencia general del Hospital Juan Pablo II, respectivamente, para firmar un convenio por siete años por la prestación del servicio de diagnóstico por imágenes, con grandes beneficios personales, incluso afectando las ganancias de la institución en la que es accionista. Valiéndose de un laudo arbitral a su favor, ha cobrado cerca de dos millones de soles.

Vargas Torres sabía que la pericia contable efectuada por Luis Guillermo Seclén Chevez no era la correcta y prosiguió hasta cobrar el dinero vía ejecución de embargo al nosocomio.

Los actuales directivos de la institución de salud han interpuesto una serie de denuncias en el ámbito penal para demostrar que la médica cobró un monto que no se ajusta a la cancelación de un convenio para brindar el servicio de placas radiográficas, pues obtuvo una indemnización exorbitante alterando el valor real del examen de RX Intraoperatoria, cuyo costo es de 180 soles.

En su informe contable, aportado como medio probatorio en el proceso arbitral, Seclén Chevez consignó como valor del examen mil 800 soles cada uno, (10 veces el precio del mercado), sin que se hubiera cruzado ni cotejado información al respecto, perjudicando al hospital. 

¿Desesperación?, ¿compadrazgos? ¿arreglos bajo la mesa?, son la interrogantes que se hacen los accionistas del Hospital Juan Pablo II SAC, los que hasta el momento no encuentran una pizca de justicia, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, ante un mala pericia contable que los ha llevado a pagar la millonaria suma.

LA DENUNCIA

De acuerdo a la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el 20 de marzo del 2015, Vargas Torres presentó, el 10 de junio del 2013, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, una solicitud para someter a controversia una indemnización por daños y perjuicios contra la empresa Hospital Privado Juan Pablo II SAC, por un aparente incumplimiento del convenio de servicio de diagnóstico por imágenes.

La indemnización por lucro cesante, según lo señalado por el perito judicial Luis Guillermo Seclén Chevez, corresponde a la suma de un millón 965 mil 344.58 soles, logrando Tribunal Arbitral de Derecho, al que se indujo a error, declare en el expediente N° 001.2013 CCA/USAT fundada la pretensión, sin siquiera haber cruzado la información pertinente que le correspondía a tal monto para la aplicación de disolución de convenio.

La denuncia contra Cinthia Vargas fue sentada por quien en ese momento tenía a cargo la gerencia general del Hospital Juan Pablo II, quien señaló que no era correcta la forma en  la que se ha determinado el lucro cesante, restando validez a la pericia realizada por el perito judicial Luis Guillermo Seclén Chevez, adscrito con el código N° 17000271999.

DE PARTE

En la pericia de parte presentada por el Hospital Juan Pablo II, realizada por la CPC María Astrid Reynoso de Vargas, auditora independiente con registro N° 086 en el Colegio de Contadores de Lambayeque, se demuestra la forma cámo la denunciada y el perito sobrevaluaron los ingresos obtenidos por Vargas Torres, quienes habrían actuando con dolo y alevosía, causando perjuicio económico a la entidad.

La médica aludida habría sacado provecho de esta situación y presentó un convenio por el ejercicio de la actividad médica de diagnóstico por imágenes con porcentajes favorables para ella y perjudiciales para la empresa por el período de siete años, convenio que firmó como persona natural. Sin embargo, utilizó a su empresa Solumed  SRL, con la que el hospital no llegó a ningún acuerdo, para facturar por los servicios consignados.

Lo que legalmente correspondía es que Vargas Torres facture a su nombre.

Pero eso no es todo, Vargas Torres implementó el convenio con todas las ventajas que la presencia de sus familiares en la administración del hospital le proporcionaban. Así, por ejemplo, le facilitaron el inicio de sus actividades sin pagar ningún gasto e incluso dispusieron que del transformador de energía eléctrica se le habilitaran las conexiones para el funcionamiento de los equipos médicos.

También se le exoneró de los pagos de vigilancia, servicios de limpieza, impuestos prediales y arbitrios, ambientes, así como agua y alcantarillado.

¿CONCERTACIÓN?

El abogado de la parte denunciante, Jorge Luis Arboleda Ñeco, explica en la denuncia que el 4 de mayo del 2010 la empresa Hospital Juan Pablo II convocó a Junta General de Accionistas para elegir un nuevo Directorio para el período 2010-2011, en el que extrañamente resultó elegido como presidente el médico José Yuri Moya Gasco, cuando este ya no era socio de la empresa por no tener ninguna acción vigente, pues las había transferido a su conviviente Cinthia María Vargas Torres.

Junto a José Yuri Moya Gasco también fueron elegidos como miembros del directorio los médicos Luis Felipe Vigo Vargas y William Gonzales Herrera, como segundo y tercer director, respectivamente.

Una vez sentados en el directorio empresarial, José Yuri Moya Gasco, apoyado por el segundo director Luis Felipe Vigo Vargas, incluyen como tema de agenda la vista del “Convenio de participación de diagnóstico por imágenes” que había presentado la misma socia accionista y en la cual ella aparecía como única beneficiaria, quien además se presentaba como gerente general de la empresa Solumed SAC, entidad que el hospital no firmó ningún acuerdo.

LA OPOSICIÓN

Arboleda Ñeco sostiene en la denuncia que Vargas Torres y Moya Gasco, sin importarles los daños y perjuicios al hospital, así como los intereses de los socios, suscribieron la firma del convenio antes descrito siendo este ampliamente beneficioso para sus intereses personales y lesivo para la sociedad empresarial.

A pesar de la oposición del tercer director, William Gonzales Herrera, en la sesión de Directorio del 14 de marzo del 2011 se procedió a firmar el “Convenio de participación por el ejercicio de la actividad médica de Diagnóstico por Imágenes”, entre el hospital Privado Juan Pablo II y la médica Cinthia Vargas Torres.

“El tercer director, después de analizar el pedido de suscripción del convenio antes descrito, presentado por la médico Cinthia María Vargas Torres, manifestó de manera directa que no se podía aprobar y menos firmar, dejando en claro que el interés lo tendría también el presidente del directorio, José Yuri Moya Gasco, ya que la propuesta había sido presentada por su conviviente, con quien a la fecha tiene dos hijas, trasgrediendo las normas comerciales y los estatutos de la empresa”, indica el abogado.

POR SIETE AÑOS

La denuncia llegó a manos del fiscal Javier Quiroz Grosso, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, quien no habría tomado en cuenta que el directorio presidido por Moya Gasco solamente tenía vigencia de un año, por lo que no debía firmar un convenio por siete años y menos bajo la premisa que no podía ser resuelto por las partes, salvo por causa de incumplimiento.

En el artículo décimo del convenio, las partes convienen que el Hospital Juan Pablo II tendrá el derecho de percibir mensualmente el 20 por ciento de los ingresos captados por los pacientes provenientes de convenios y el 10 % por los pacientes particulares.

Lo que también llama la atención, es que la sesión del Directorio se inició a las 6:30 de la tarde del 14 de marzo del 2011, y a pedido del médico socio y gerente general del nosocomio, Luis Vigo Vargas, se solicitó la presencia del asesor legal, Carlos Zevallos Barrenechea, quien se pronunció a favor del convenio ante la oposición del director William Gonzales Herrera.

De acuerdo al informe pericial de parte, se ha determinado que la opinión legal fue alcanzada a las 8:00 de la noche de ese mismo día, sin tener el sello de recepción de mesa de partes.

Lo más extraño es que minutos después y sin la aprobación por parte del directorio, el segundo director y gerente general del nosocomio, Luis Vigo Vargas, procedieron a la firma del convenio, sin que exista algún informe y requerimiento.

NUEVO DIRECTORIO

Al asumir el nuevo directorio, presidido por el médico William Gonzales Herrera, designó en el cargo de gerente general del nosocomio a la médica Nancy Candelaria Mocarro Aguilar, adoptando como primera medida el “corte” contable y  financiero, debido a que la empresa tenía un gran déficit, mantenía endeudamientos con proveedores y trabajadores, deudas a los médicos socios, deudas tributarias a la SUNAT y al SATCH, así como al sistema financiero por más de medio millón de soles.

En los libros de Juntas Generales de la empresa también se descubrió que antes Vargas Torres prestara el servicio de diagnóstico por imágenes, la empresa tenía otro proveedor que le otorgaba ganancias del 20 y 40 %

.

Es más, en los diversos archivos de la empresa tampoco se encontró ningún informe y requerimiento de servicio a favor de Cinthia María Vargas Torres y mucho menos a nombre de la empresa Solumed SRL.

Ante ello, la gerente general del nuevo directorio del hospital Juan Pablo II le hizo llegar una carta notarial a Vargas Torres comunicándole que se había acordado que deje de prestar el servicio y desocupe el lugar.

Sin embargo, ante el cruces de cartas notariales de una y la otra parte, Cinthia María Vargas Torres acudió a la vía de arbitraje contra el Hospital Juan Pablo II SAC, demandando daños y perjuicios por incumplimiento de cláusula del convenio, por un monto de un millón 965 mil 344.58 soles, importe que fue extraído tras la pericia realizada por Luis Guillermo Seclén Chévez.

EL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante Disposición N° 01, del 24 de abril del 2015, un mes después de haberse presentado la denuncia, el fiscal Javier Quiroz Grosso abrió la Carpeta Fiscal 1022-2015 y sin tomar muy en cuenta el delicado caso ni tampoco realizar una debida valoración de las pruebas adjuntas, dispuso no formalizar la investigación preliminar.

Uno de los argumentos del fiscal Quiroz Grosso es que en la denuncia se cuestiona que habría falsedad en el peritaje presentado por el denunciado Luis Guillermo Seclén Chévez. Sin embargo, sustenta que la pericia realizada no tiene carácter de documento público, puesto que se trata de una pericia de parte para un proceso arbitral, en donde la solicitante expone sus pretensiones conforme a los planteamientos y apreciación económica realizada por el perito, quien no tiene la condición de funcionario público.

Quiroz Grosso también sustenta el archivamiento en que la valoración de la pericia ha sido efectuada por el Tribunal Arbitral de la USAT y que la denunciante tuvo oportunidad para presentar su peritaje.

Asimismo, argumenta que la denuncia penal y, por ende, el proceso penal, no son mecanismos alternativos que el Estado ha puesto a disposición de los justiciables para cuestionar los laudos arbitrales.

LO QUEJAN

Ante la respuesta de Javier Quiroz Grosso, el 10 de mayo del 2015 la defensa legal del hospital presentó recurso un de queja de derecho contra la Disposición Fiscal N° 01.

El 22 de setiembre del 2015 la titular de la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, Carmen Graciela Miranda Vidaurre, emitió la disposición N° 02-MP-1FSPA-LAMB, donde le enmendó la plana Quiroz Grosso y declaró fundada en parte la queja interpuesta por el Hospital Juan Pablo II, revocando la Disposición N° 01, disponiendo el desarrollo de las investigaciones para verificar si se habían falsificado los recibos emitidos por Vargas Torres por la prestación del servicio de Rayos X al Hospital Juan Pablo II S.A.C o que se investigara si el informe pericial contenía información falsa.

Después que se le corrigiera la plana, el 5 de octubre del 2015, mediante Disposición N° 04, el fiscal dispuso el inicio de las diligencias preliminares por mandato superior, con referencia a la denuncia formulada por el Hospital Juan Pablo II.

El desarrollo de la investigación fue puesto en conocimiento de la titular de Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Isabel Cortijo Núñez.

INSISTE EN ARCHIVAMIENTO

El 14 de setiembre del 2016, el representante del Ministerio Público, Javier Quiroz Grosso, presentó el requerimiento de sobreseimiento afirmando que el caso no es típico, y que al encontrarse el elemento fáctico – el hecho relevante de la denuncia- , requiere el sobreseimiento de la denuncia, dejando de lado que la investigación penal no era contra el laudo arbitral, sino contra la información contenida en la pericia de parte levantada por Luis Guillermo Seclén Chévez.

El 11 de noviembre la parte demandante se opuso al archivamiento propuesto por el fiscal Javier Quiroz Groso. Sin embargo, el 22 de junio de este año, mediante resolución, la titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, Silvia Fernández Sánchez, declara fundado el sobreseimiento bajo la misma óptica del fiscal Javier Quiroz, señalando que encontraba elementos para afirmar la comisión del delito imputado a Cinthia María Vargas Torres y Luis Guillermo Seclén Chévez.

Empero, la parte demandante ha apelado el auto de sobreseimiento, cuyo expediente se encuentra en la Primera Sala Penal de Apelaciones.

Llama la atención que ya formalizada la investigación, la parte denunciada, con fecha 23 de mayo del 2016, presentó una excepción de improcedencia de acción, resolviéndose declarar infundada la excepción de improcedencia de acción, porque se evidencia la existencia de delito.

SITUACIÓN TRIBUTARIA

En el trayecto de la investigación, Cinthia María Vargas Torres, en el mes de abril del 2016, presentó ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo un informe de su situación tributaria del ejercicio 2012, donde manifestó que había percibido como persona natural la suma de 256 mil 300 soles, los que en su totalidad fueron por servicios prestados al Hospital Juan Pablo II. Sin embargo, con recibos por honorarios solo demostró tener un ingreso de 21 mil 868.80 soles.

Lo restante, 234 mil 432.12 soles, sí aparece consignado en sus libros contables de varios y en su declaración jurada de pago anual de impuesto a la renta del ejercicio 2012, manifestando que era por concepto de pacientes atendidos por ella en el Hospital Juan Pablo II, y que por dicho servicio no había emitido recibo.

Lo más delicado es que tras la denuncia en su contra, Vargas Torres, el 22 de marzo del 2016, regularizó el pago de impuestos a la renta del año 2012 por la suma de 256 mil 300 soles, considerando que al hacer el pago no tenía porqué demostrar de dónde provenía esa cantidad de dinero. Lo extraño es que la SUNAT no haya dispuesto ninguna revisión de sus ingresos.

Al 2030, el departamento de Lambayeque contaría con una población de un millón 575 mil 176 habitantes y presentaría un núcleo urbano consolidado, conformado por los distritos de Lambayeque, Pimentel, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Reque, Monsefú, Santa Rosa, San José y Pomalca, como un mismo continuo urbano, con una población aproximada de un millón 62 mil 645 habitantes, siendo una de las cuatro ciudades con categoría de metrópoli del país, junto a Lima, Arequipa y Trujillo, gestionado por una municipalidad metropolitana competente.

Se prevé que para entonces, Chiclayo, como metrópoli, tendrá un ordenamiento territorial destacable, con políticas habitacionales, de espacio público y de seguridad adecuados, que darían un nivel de calidad de vida respetable a sus ciudadanos.

Además de Chiclayo también destacarían por su volumen poblacional, de servicios y centralidad, otras ciudades como Tumán, con más de 34 mil 484 habitantes; Ferreñafe, con 39 mil 975 habitantes; Olmos con 47 mil 943 mil habitantes y Suton (nueva ciudad de Olmos), con 150 mil habitantes.

CONECTIVIDAD

Otra característica proyectada para el 2030 es que para entonces el departamento tendrá una elevada tasa de conectividad vial, con la Autopista del Sol en plena operatividad y la carretera Chiclayo – Olmos con mayor nivel de transitabilidad, especialmente en el intervalo Mochumí – Jayanca.

Asimismo, que se tendrá una eficiente red vial departamental que complementa a la nacional, articulando a las principales ciudades: Mocupe, Saña, Cayaltí y Oyotún, en el valle del río Saña; Chiclayo, Ciudad Eten, Tumán, Pátapo, Pucalá, Chongoyape y Ferreñafe, en en el valle del río Chancay – Lambayeque; Mórrope, Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora, Jayanca y Batán Grande, en el valle del río La Leche y Motupe; Olmos y Suton, con la nueva área agrícola incorporada, en los valles los ríos Motupe y  Olmos, beneficiando a la población, empresas y  sector público.

Se espera que para entonces Lambayeque también cuente con una mejor comunicación vial intercostera e interandina, que articule de manera longitudinal y transversal el territorio departamental a través de vías asfaltadas, que van de manera paralelas a las carretera Panamericana, permitiendo de esta manera una vinculación directa entre las ciudades de Oyotún y Cayaltí en el sur, con las ciudades de Chongoyape, Pucalá, Pátapo, Tumán y Ferreñafe, en el centro, y estas con las localidades de Batán Grande, Muchimí, Túcume, Íllimo, Pacora, Jayanca y Mórrope, en el norte, así como a nivel litoral entre las ciudades de San José, Pimentel, Santa Rosa, Puerto Eten y los centros poblados de Lagunas y Chérrepe, consolidándose el circuito vial costero, siendo innecesario tomar como escala intermedia a la metrópoli Chiclayo.

De igual manera se cuenta con comunicación vial directa entre los centros poblados capitales de Cañaris e Incahuasi, y de estos con los valles de Motupe y La  Leche, permitiendo mayor vinculación e intercambio de mercancías, servicios y personas, haciendo que el área andina departamental se integre al desarrollo costeño a partir de sus recursos y potenciales.

USO DEL SUELO

En cuanto al uso del suelo, se estima que para el 2030 Lambayeque incremente su área agrícola en función a su disponibilidad de tierras eriazas y a obras de infraestructura hídrica complementaria, especialmente en los valles de Olmos, Motupe y Saña.

Asimismo, se considera que se seguirá contando con áreas naturales protegidas gestionadas de manera adecuada, que partirán de contar con una política de manejo del medio natural para la conservación de ecosistemas importantes en la región ubicados en los distritos de Olmos, Salas, Cañaris, Incahuasi, Pítipo, Chongoyape, Oyotún, Ciudad Eten y  Reque, principalmente.

También se considera que para el 2030 se haya establecido una política clara con proyectos específicos de mejoramiento y diversificación de las zonas de cultivos de arroz y caña, acompañada de otra política que priorice el manejo eficiente de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

INFRAESTRUCTURA

Respecto a infraestructura se proyecta que al 2030 el departamento contará con el Terminal Portuario de Puerto Eten y su área de servicios complementarios, un nuevo aeropuerto internacional, un nuevo terminal terrestre internacional, la Autopista del Sol con un mantenimiento adecuado, una red eléctrica que beneficia a la mayor cantidad de centros poblados, así como un red densa de fibra óptica para Internet, que hacen que Lambayeque se encuentre conectada física y virtualmente con el país y el extranjero, generando mayores y mejores intercambios de información y bienes entre la población, instituciones públicas y empresas a nivel local, regional, nacional e internacional.

El impulso al mejoramiento y creación de nuevas infraestructuras y el establecimiento de políticas regionales claras harán que la economía regional se diversifique, especialmente en pesca, con el nuevo desembarcadero pesquero artesanal de San José, la modernización del muelle de Eten, la maricultura y la planta de procesamiento de Chérrepe y las islas Lobos de Tierra y Lobos de Afuera.

También se reconoce el aporte de la minería no metálica en Mórrope, Oyotún y Manuel Antonio Mesones Muro, y metálica en Cañaris, y del turismo, con una mayor oferta territorial del sector, especialmente para el turismo de playa, poniendo en valor las playas del distrito de Lagunas (Lagunas y Chérrepe); del turismo ecológico en las áreas naturales protegidas continentales y marinas, y del turismo patrimonial con los nuevos trabajos de investigación y conservación tanto de sitios prehispánicos, coloniales y  republicanos, así como la puesta en valor a través de nuevos museos de sitio, como el de Huaca Bandera.

Tan configuración territorial llevaría a Lambayeque y a su capital, la metrópoli de Chiclayo, a tener una excelente articulación interna y externa con la mayoría de departamentos del norte y con el extranjero, permitiéndole mejorar su desarrollo económico con altos niveles de competitividad en servicios, agricultura, transportes y servicios públicos, ejerciendo una centralidad espacial destacable en el norte del país, muy atractiva para personas, empresas y entidades públicas al momento de definir una localización para establecerse y desarrollar sus actividades, consolidando de esta manera a Chiclayo como una metrópoli macroregional y funcionalmente como nodo principal del norte del Perú.

PUBLICACIÓN

Esta visión al 2030 se encuentra contenida en el texto “Prospectiva territorial de Lambayeque. Lambayeque nodo articulador del nororiente peruano”, documento elaborado por la Oficina de Planificación y Ordenamiento Territorial, con la participación del Equipo Regional de Planificación del gobierno regional y la asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y de ProGobernabilidad, proyecto del gobierno de Canadá.

El Gobierno Regional de Lambayeque desarrolla desde el 2015 un proceso participativo de planeamiento estratégico que comprende, en su primera fase, el análisis prospectivo del territorio departamental que implica la reformulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC, articulado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y a los planes estratégicos sectoriales multianuales.

La prospectiva territorial contiene en su primer capítulo información referida a la caracterización del espacio, en el segundo capítulo se analiza el entorno en base a la identificación, selección y descripción de tendencias y el impacto que estas tienen sobre el modelo conceptual y el modelo actual.

En el tercer capítulo se identifican, definen y clasifican las variables estratégicas que conforman el territorio de Lambayeque, señalando además el rol que posee cada una para la construcción de futuros. El capítulo cuarto recoge información sobre el diagnóstico de las variables estratégicas seleccionadas con la finalidad de conocer la situación actual del desarrollo de Lambayeque y reconocer las fuerzas que los determinaron, a partir de la identificación y selección de indicadores que proporcionan información sobre el estado actual, evolución histórica y valor de referencia, así como el análisis casual y los actores más relevantes que influyen en cada una de las variables seleccionadas. Finalmente, el capítulo cinco se refiere a la construcción de escenarios analizados en tres dimensiones: escenario óptimo, el escenario tendencial y los escenarios exploratorios.