El próximo 28 de septiembre se realizará el Fashion Week Chiclayo USA 2024, actividad organizada por el Comité Gremial de Textiles y Joyería de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, con el objetivo de exponer el arte en las confecciones y accesorios de alta gama producidos por los creadores locales.
“Como presidente del Gremio de Textiles y Joyería de la Cámara de Comercio de Lambayeque, es un honor liderar un equipo de trabajo muy comprometido, que asumió con responsabilidad y entusiasmo la realización de este proyecto. Desde el primer día, junto con el valioso apoyo de las directoras del gremio, nos hemos planteado desafíos ambiciosos y hemos trabajado incansablemente en proyectos que marquen la diferencia en nuestra región”, comenta Juan Manuel Scander Chikhani, presidente del comité.
Menciona que el objetivo del comité es impulsar el desarrollo de una cadena productiva en el sector textil y joyero, generando oportunidades de trabajo para todos los lambayecanos y promoviendo el talento artesanal único de la región.
“Soñamos con poner en alto el nombre de Lambayeque y de nuestro amado Chiclayo, mostrando al mundo la riqueza de nuestra cultura, desde nuestro algodón nativo hasta los exquisitos bordados de Monsefú y la platería artesanal. Es con gran orgullo que anunciamos la realización del evento más grande en el mundo de la moda y el diseño: el Fashion Week Chiclayo USA 2024. Tras arduas gestiones y negociaciones, hemos logrado concretar la firma del contrato para este sueño hecho realidad, que permitirá al ganador participar directamente en el prestigioso Fashion Week en Estados Unidos en 2024”, manifiesta.
Ventana al mundo
Refiere que el evento no solo marcará un hito en la historia de la región, sino que también representará una oportunidad sin igual para destacar el talento y la creatividad de los diseñadores y artesanos.
“Estamos seguros de que el Fashion Week Chiclayo USA 2024 será un escaparate único para mostrar al mundo todo lo que Lambayeque tiene para ofrecer”, menciona.
Scander Chikhani invita a todos los lambayecanos y a la comunidad en general a unirse a este emocionante proyecto, que promete ser un impulso significativo para la industria y para la proyección internacional de la región. “Juntos, haremos de este sueño una realidad palpable y construiremos un futuro prometedor para Lambayeque”, afirma.
Al Fashion Week Chiclayo USA 2024 están convocados innovadores, estudiantes de diseño de moda, artesanos y patrocinadores.
+NOTICIAS
Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán mostraron una vez más su preocupación por lo que consideran una suerte de impunidad que beneficiaría a los exadministradores judiciales de la azucarera, quienes han sido denunciados por diversos delitos, entre ellos organización criminal y lavado de activos.
Explicaron que la situación de la empresa agroindustrial a partir del inicio del clima de inestabilidad, iniciado en el 2015, los afecta directamente y habría ocasionado una pérdida superior a los 800 millones de soles.
Refieren que las administraciones judiciales instaladas desde el 2015 en adelante, han generado una distorsión absoluta del manejo empresarial, afectando de manera directa a los trabajadores, jubilados, viudas y herederos, pero además a la productividad y economía de todo el departamento.
Marcelino Llontop
Los trabajadores denunciaron ante la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR, a los exadministradores judiciales Marcelino Llontop Suyón, Diómedes Bocanegra Irigoin y Jorge Paredes Delgado, quienes lograron una resolución judicial en septiembre del 2015 que los legalizó en la conducción de la azucarera, aunque tenían el control de facto desde mayo de ese año.
Dicha administración habría abierto cuentas personales para depósitos de dinero por S/4 916 287, así como realizado pagos por servicios no ejecutados y por préstamos simulados.
Las presuntas irregularidades de la administración de Marcelino Llontop están denunciadas y se investigan en la Carpeta Fiscal n.° 216-2021. Los presuntos delitos son: lavado de activos, organización criminal, usurpación agravada y hurto agravado.
Alejandro Zevallos
También está denunciada la administración judicial de Alejandro Zevallos Gonzales, Leoncio Egúsquiza Sánchez y César Sandoval Lozada. En dicha gestión se habrían aperturado cuentas bancarias en el BBVA Banco Continental y el Interbank a nombre de Alejandro Zevallos, a las que ingresaron recursos de la empresa azucarera.
La administración habría adquirido suministros por un S/1 970 302.16; pagado “gastos legales” por S/156 738.60 y recibos provisionales, pendientes de rendición, por un S/1 089 062.25.
César Sandoval
Otra administración denunciada es la dada por el Juzgado Mixto de Ferreñafe a favor de César Sandoval Lozada.
Entre las acciones de dicha administración se tienen el contrato con Alimenta Perú, suscrito en Bagua, por S/6 315 000, dinero que fue depositado en cuentas personales.
De acuerdo a la denuncia de los trabajadores, se hicieron dos depósitos: uno en una cuenta del Banco Continental, por S/3 015 000 y otro, en el banco Interbank, por S/3 300 000. De aquel período habría un faltante por rendir S/32 535 425.
Daniel Rioja
Del mismo modo se ha denunció a la administración de Daniel Rioja Sánchez y Martín Martínez Valdiviezo, la misma que tuvo dos períodos: del 21 de marzo al 24 de abril del 2017 y del 13 de octubre del 2017 al 31 de enero del 2018.
De los actos más saltantes de dicha administración se tiene que se habría aceptado un pagaré en Sechura por S/3 300 000 a favor de la empresa Multinegocios del Pacífico SAC, dinero que no habría ingresado a caja.
Esa administración otorgó poderes a Salatiel Marrufo para aceptar un pagaré en Bagua, también a favor de Multinegocios del Pacífico SAC, por S/ 1 800 000, dinero que tampoco entró a caja.
Eric Benavides
Del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2021 estuvo vigente la administración de Eric Benavides Timaná, concedida por el Juzgado Civil de Bagua.
Dicha administración habría realizado venta de azúcar en bolsas, caña de azúcar en planta y melaza por la suma de S/25 180 724.17, dinero cuyo destino no se conocería.
Estos hechos y los antes mencionados forman parte de la Carpeta Fiscal n.° 018-2018, a cargo de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, donde se han acumulado las carpetas fiscales 07-2022, 20-2022 y 34-2022.
La empresa
Tumán dispone de 7800 hectáreas destinadas al cultivo de la caña de azúcar y 2000 hectáreas de tierras eriazas. Por lo menos, 1800 hectáreas están invadidas y el 90 % de las últimas están en la misma situación. Asimismo, las instalaciones de la fábrica están destruidas y el 50 % de los equipos y materiales han sido sustraídos.
Los 140 pozos tubulares que proveían de agua agrícola a los campos de la empresa han sido desmantelados y sustraídos, y toda la red de cables que proveían de energía eléctrica a los pozos tubulares ha sido robada.
La deuda de la empresa, según la SUNAT, es de S/820 000 000; la deuda laboral supera los 250 millones de soles; más de mil trabajadores jubilados no han recibido nada de su tiempo de servicios; la deuda a las AFP, ONP, EsSalud y la deuda comercial y a los sembradores de caña es altísima.
Concluido el primer semestre del 2024, el Gobierno Regional de Lambayeque ha ejecutado sólo el 28 % del presupuesto para proyectos de inversión; es decir, lo destinado para obras públicas y otras iniciativas de desarrollo. Con ese avance, se ubica en el puesto 20 entre los 26 pliegos regionales del país.
Para este año, la gestión liderada por Jorge Pérez Flores debería ejecutar S/825 762 941, de acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, a través del Portal de Transparencia Económica.
Sin embargo, al 30 de junio, la ejecución asciende únicamente al 28 %, equivalente a S/231 097 769. Esto significa que el gobierno regional tiene los próximos seis meses para ejecutar el 72 % restante del presupuesto, aproximadamente S/600 millones.
El año pasado, la gestión regional dejó de invertir más de S/250 millones pese a las enormes brechas de infraestructura que tiene el departamento y se ubicó entre las 3 regiones con peor capacidad para ejecutar los recursos a nivel nacional.
De acuerdo al MEF, el gobierno regional con mejor capacidad para gastar en lo que va del año es Junín, con el 50.8 %; seguido de Ayacucho (48 %); Loreto (45.7 %) y Ucayali (45.7 %).
Lambayeque sólo supera a Huánuco (26.4 %); Lima Provincias (25.9 %); La Libertad (24.3 %) Callao (20.4 %); Municipalidad Metropolitana de Lima, con rango de gobierno regional, (17.1 %) y Áncash (15.4 %).
Unidades ejecutoras
De las unidades ejecutoras, la lista en ejecución la lidera la Gerencia Regional de Agricultura, con el 38.7 %; seguida del Hospital Belén de Lambayeque (35.9 %) y el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT (35.6 %).
En cuarta ubicación se encuentra el Hospital Docente Las Mercedes (35. 4 %), la Autoridad Portuaria Regional (32 %), el Hospital Regional de Lambayeque (24.9 %), la Sede Central (22.1 %), la Gerencia Regional de Educación (18.3 %), la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (11.5 %) y la Gerencia Regional de Salud (9.4 %).
Municipios provinciales
A nivel de municipios provinciales, la comuna de Chiclayo se ubica primera con el 31.9 %. Su presupuesto anual es de S/42 621 589, de los cuales ha ejecutado S/13 577 184.
En segunda ubicación está la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, con el 25.1 % de ejecución. El presupuesto para obras este año asciende a S/12 185 052. Lo ejecutado asciende a S/3 057 235.
En tercera ubicación está la Municipalidad Provincial de Lambayeque, con 24.4 %. Lo asignado para este año es de S/36 822 889 y el gasto es de S/9 000 176.
En agosto del 2023 concluyó el Plan Maestro Optimizado – PMO, de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – Epsel, y actualmente la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – Sunass, ejecuta el nuevo estudio tarifario próximo a ser aprobado, el cual estará vigente entre el 2025 y el 2028.
El gerente general de EPSEL, Manuel Irigoyen Tenorio, menciona que es poco probable que se aplique un aumento de tarifas por consumo de agua potable que duplique o triplique los montos actuales que pagan los usuarios, tal como se especuló hace algunas semanas ante la aprobación de una nueva norma técnica desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
“Lo que dice la norma 1620, que modifica el ordenamiento de servicios, otorga a la Sunass un plazo de dos años para que haga un sinceramiento de la brecha tarifaria en todas las empresas prestadoras; es decir, para conocer la diferencia entre los costos actuales y lo que se recauda. Los ajustes se aplicarán dependiendo de las empresas. En el caso de Epsel, no se tiene un ajuste desde el 2013, son 11 años con retraso tarifario”, menciona.
Dicho retraso – explica el funcionario – genera que exista una diferencia sustancial entre lo que recibe la empresa por el cobro de agua a los usuarios y lo que realmente necesaria para la operación y mantenimiento de los servicios en las 26 administraciones que tiene Epsel.
Aclara, además, que aun cuando la brecha de tarifa sea alta, ello no implica que se aumentará de manera abrupta lo que se cobra. Eso se establecerá en función de lo que la Sunass determine respecto al tiempo en el que se estima cerrar la brecha.
“Puede ser en 10 o 15 años, o encontrar algunas alternativas para equiparar la brecha tarifaria, de tal manera que todas las empresas de saneamiento a nivel nacional sean autosostenibles. Hay que tener en cuenta que las empresas operan por lo que reciben de la tarifa y si no cuentan con los ingresos suficientes no pueden operar y dar mantenimiento a los sistemas bajo su administración”, explica.
Empresas sin recursos
Refiere que un reflejo de la brecha es que casi la mitad de empresa prestadoras de servicios de saneamiento en el país están en situación de quiebra o insolvencia financiera, por lo que a partir del 2017 se aplicó en la mayoría de estas el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, a través del Organismo de Apoyo de los Servicios de Saneamiento – OTASS.
“Actualmente, casi el 90 % de las empresas prestadoras están en esa condición; es decir, de que sus gastos no son cubiertos por sus ingresos, lo que origina que el manejo de los sistemas sea deficiente”, anota.
Respecto a la gestión comercial del servicio de agua potable en Epsel, el gerente general menciona que se ha reducido el total de agua no facturada, pasando del 48 % al 42 %.
La no facturación, que se constituye en pérdida para la empresa, se debe no sólo a la existencia de conexiones clandestinas, sino también al estado crítico de las redes de agua en Lambayeque, cuyo sistema integral debe ser renovado.
“Se necesita de una inversión muy grande para ejecutar obras de cabecera, instalar macro y micromedidores, sectorizar y renovar las redes, principalmente en los distritos más poblados como Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria. Con el programa de ‘Grandes Ciudades’, anunciado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se ha anunciado una inversión de más de 900 millones de soles para trabajar justamente en la renovación integral del sistema de saneamiento. Se está avanzando con la elaboración del expediente técnico, incluyendo además a los distritos de Pimentel y San José”, señala.
Manuel Irigoyen anota que con la ejecución del megaproyecto será posible cerrar las brechas de saneamiento y mejorar el sistema. Sin embargo, precisa que la inversión ofrecida por el ministerio será a nivel de obra, estando aún pendiente de definir con qué recursos se asegurará el mantenimiento de la misma.
“La población debe saber que la tarifa que paga todos los meses no es para ejecutar obras de saneamiento, sino para operar y dar mantenimiento a los sistemas. En las últimas décadas ha habido inversiones importantes en obras, tanto con el Shock de Inversiones como con el programa ‘Agua para todos’, sumando más de 1000 millones de soles en Lambayeque, pero son proyectos que al poco tiempo se han deteriorado porque Epsel no tiene los recursos suficientes para darles mantenimiento, además de las deficiencias que han presentado desde su origen. La tarifa de agua no está cubriendo el mantenimiento del sistema”, precisa.
La Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP n.° 1 Chiclayo, construida en el 2000, actualmente no opera en su total capacidad, debido a que no hay recursos suficientes para renovar los componentes que no han recibido el mantenimiento requerido en más de 20 años de operación.
“El ministerio, el gobierno regional o las municipalidades ejecutan obras nuevas, pero no entregan recursos para la operación y mantenimiento. Esos recursos deben generarse del cobro de la tarifa y es ahí donde entra a taller el ente regulador, que es la Sunass, el cual debe estimar cómo se van aplicando los ajustes y actualizaciones a las tarifas”, indica el funcionario.
En el ámbito de administración de Epsel, aproximadamente el 40 % de la infraestructura de saneamiento deja de recibir mantenimiento por falta de recursos. Esto ha llevado a que sistemas de bombeo, pozos y cámaras se encuentren totalmente deteriorados, al igual que las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR.
“Por ejemplo, todos vemos cómo con el sistema de alcantarillado como empresa tenemos que estar de un lado a otro porque no es posible la renovación inmediata cada vez que se daña el sistema. Otass, desde el 2017, ha invertido más de 100 millones de soles en el mejoramiento institucional, consistente en la compra de hidrojet, camiones, camionetas, equipos de bombero y máquina de balde, pero no para obras. Lamentablemente, se tiene el mal concepto de que Otass debe mejorar todo y no es así, su objetivo es mejorar la gestión y el resultado es que después de muchos años Epsel ha vuelto a tener sus cuentas en azul”, explica.
Renovación integral
Refiere que la mejora institucional y financiera de Epsel debe ir acompañada del mejoramiento del sistema integral de saneamiento. “Se estima que se necesitan S/3000 millones para renovar todo el sistema de agua potable y alcantarillado en la región”, afirma.
Manuel irigoyen precisa que la situación más crítica está en los distritos, donde la población recibe entre 3 y 4 horas de suministro de agua potable, pese a que se han ejecutado proyectos de saneamiento básico.
El problema – explica – es que los pozos que abastecen ya cumplieron su tiempo de vida útil, pero no hay recursos para la perforación de pozos nuevos.
“Epsel sigue siendo propiedad de los municipios, la intervención del Otass en la empresa es de un tiempo máximo de 15 años, pero los alcaldes deben entender que el Otass no financia grandes obras ni proyectos, esas se deben hacer por gestión propia de los municipios”, manifiesta.
Intervenciones del Otass
Sobre el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José (Pampa de Perros), ofrecido por el Otass, el gerente general de Epsel precisa que se ha elaborado el expediente técnico, cuya ejecución demanda de la inversión de aproximadamente S/60 millones, que serán asumidos por el ministerio de Vivienda.
En paralelo, a través del mecanismo Obra por Impuestos, el ministerio espera lograr la inversión de S/700 millones para la ejecución de una nueva planta de tratamiento para Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Monsefú y Lambayeque.
En tanto, a través del programa de “Grandes Ciudades” se espera el mejoramiento del sistema de agua potable, colectores principales, la planta de tratamiento, reservorios y líneas de impulsión.
“El Otass ha realizado la limpieza y descolmatación de la laguna Boró 1 con una inversión de S/3 500 000 y se espera que el Gobierno Regional de Lambayeque cumpla con el ofrecimiento de financiar la descolmatación de Boró 2. Con ello lograríamos los dos millones de metros cúbicos de agua que se necesitan”, enfatiza.
+ NOTICIAS
