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‘CONSUMMATUM EST’

Escribe: Freddy Centurión González (*)
Edición N° 1133

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Al momento de escribir estas líneas, los peruanos seguimos aturdidos con el frenético ritmo de las noticias sobre nuestra situación política. En una maratónica jornada, el presidente Vizcarra disolvió el Congreso por una negación “fáctica” de confianza en relación con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y tomó juramento a un nuevo presidente del Consejo, mientras que el Congreso disuelto respondió suspendiendo a Vizcarra y tomando a su vez juramento a la segunda vicepresidenta Aráoz. Al final de la noche del lunes, las Fuerzas Armadas y Policiales se han cuadrado en respaldo al presidente Vizcarra. Ya en la tarde del martes, el Jurado Nacional de Elecciones inició el proceso de elecciones únicamente congresales. Y al terminar estas líneas, martes en la noche, la señora Aráoz, denunciada por usurpación de funciones, presentó su dimisión como segunda vicepresidenta.

 

Ante estos hechos, los defensores del Congreso disuelto han comparado (¡ironías de la historia!) los hechos del lunes nada menos que con el (en cierta forma) mítico 5 de abril de 1992. La afirmación es exagerada, por decirlo menos: Vizcarra no actuó en las sombras de la noche, no sacó los tanques a la calle, no intervino los medios de comunicación, ni arrestó opositores. Lo máximo que ha hecho fue impedir el paso de los excongresistas es. Pero al igual que en 1992, hubo celebraciones entre la población, y si hace 27 años se reprimió a los pocos opositores al golpe, en esta ocasión lo máximo ha sido impedir su paso al Palacio Legislativo. Lamentablemente, han ocurrido ciertas agresiones a excongresistas, destacando la ocurrida al almirante Tubino; las burlas y chacotas, por momentos soeces, hacia el ataque al anciano son preocupantes. El cono del ataque a Tubino es un símbolo (y una advertencia) de la crispación política a la que hemos llegado.

 

EL ARTÍCULO 134

Virtualmente estamos ante un hecho consumado. Se ha interpretado el artículo 134 de la Constitución estirándolo al máximo. Hasta se podría decir que es un golpe con la Constitución en la mano. Por primera vez en las casi tres décadas de vigencia de la Constitución, se ha disuelto el Congreso. Los peruanos no hemos podido resolver nuestros problemas a través del diálogo y del acuerdo en aras del bien común. ¿Quienes son los culpables? Todos. No se puede negar que el Congreso disuelto se ha ganado a pulso el rechazo de la ciudadanía. La prepotencia y el afán revanchista de la mayoría fujimorista, incapaces de admitir su derrota electoral, han sido evidentes en los últimos tres años; sus decisiones en respaldo de personajes cuestionables (a pesar de las evidencias y contra toda lógica política) agravaron su desprestigio. Su ceguera suicida siguió hasta llegar al extremo, inédito en dos siglos de historia republicana, de pretender impedir la entrada del presidente del Consejo cuando acudía a exponer la cuestión de confianza. Menos aún se puede negar que el presidente Martín Vizcarra, llegado al poder como consecuencia de los azares de la historia (y la torpeza insólita de su predecesor), debió hilar fino como consecuencia de su propia debilidad; en lugar de ello, logró obtener una mayor legitimidad ciudadana al “pechar” al Congreso, convirtiéndolo en el culpable de la inercia de su mediocre gestión.

 

El panorama en los próximos meses se presenta nebuloso. El presidente del Congreso recurrirá al Tribunal Constitucional para dirimir en la contienda entre poderes. Conforme a la Constitución, al disolver el Congreso, la Comisión Permanente sigue en funciones, y allí, muchos de los más duros críticos del gobierno se encuentran atrincherados. Vizcarra afrontará el desafío de gobernar sin contar con un Congreso al que cuestionar para ganar respaldo. Y no faltarán voces termocéfalas exigiendo una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, creyendo que así mágicamente solucionan los grandes problemas nacionales, borrando de un plumazo dos décadas de endeble institucionalidad.

 

RESPONSABILIDAD DEL ELECTOR

El pueblo debe hacer un mea culpa, y tener conciencia de que cada cinco años, elige congresistas de los que luego se queja cuando en realidad son sus representantes auténticos: si hay granujas, pícaros, delincuentes y aventureros en los pasillos por los que otrora desfilaron grandes nombres de nuestra historia, es porque fueron votados en sus respectivos departamentos. Quizá nadie los conocía, pero se votó por ellos por el efecto de arrastre que tienen los candidatos presidenciales. Ya está hecho, ya se ha demostrado una vez más nuestra endeble institucionalidad. Se vienen nuevas elecciones congresales (ya que el presidente Vizcarra no seguirá su mensaje de julio de “que se vayan todos”), y solo resta invocar, por enésima vez, al pueblo que se informe antes de ejercer el derecho al voto, que piense que hubo gente que dio lo más sagrado, la vida, por este país, y lo menos que podemos hacer en su memoria y por el porvenir de las futuras generaciones, es elegir con responsabilidad, para luego no seguir indignándonos ante los apodos delictivos de nuestros mal llamados “padres de la Patria”.

 

En 1933, el maestro Raúl Porras escribía en un ensayo sobre el tribuno Sánchez Carrión. “No hemos establecido la república que él soñó. Ella seguirá siendo imposible y utópica en tanto que nuestros defectos (cuánta razón tenía el diplomático iqueño) sigan siendo, hoy como ayer, el servilismo, la falta de virtud, la dignidad, el odio a la inteligencia y la ilustración y, sobre todo, la falta clamorosa de caridad civil”. A dos años del Bicentenario, ¡cuánto nos falta avanzar aún en la forja de un país firmemente encauzado por la senda de la institucionalidad democrática!

 

(*) Abogado y docente universitario.

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DISOLUCIÓN DEL CONGRESO: ¿CÓMO ENTENDER LO SUCEDIDO ENTRE VIZCARRA Y EL PARLAMENTO?

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1133

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El presidente Martín Vizcarra decretó el lunes la disolución "constitucional" del Congreso y llamó a elecciones parlamentarias. Horas después, sin embargo, el Congreso respondió aprobando la suspensión de Vizcarra de sus funciones presidenciales durante 12 meses por "incapacidad temporal” y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como "presidenta en funciones" del país.

 

Así, el país que ya atravesaba una larga crisis política por la corrupción, quedó sumido en una crisis institucional por el enfrentamiento entre el gobierno y el Congreso.

 

¿Por qué decidió Vizcarra disolver el Congreso?

Vizcarra hizo pública su decisión de disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas para el próximo 26 de enero aplicando una norma constitucional que le habilita a ello si la cámara le niega una cuestión de confianza a dos gabinetes presidenciales, artículo 134 de la Constitución Política de 1993.

 

El gobierno había planteado esta cuestión de confianza —la tercera en menos de un año— sobre el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional - TC.

 

El argumento gubernamental fue que el proceso de selección no era transparente y no garantizaba la división de poderes en la nación.

 

El lunes, sin embargo, el Congreso —dominado por la oposición fujimorista y sus aliados— decidió seguir con la agenda preestablecida de la sesión; es decir, elegir primero a los miembros del TC y analizar después la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo.

 

Tras el nombramiento de un nuevo magistrado para el TC —uno de los seis que deben ser reemplazados por el fin de su período—, Vizcarra anunció la disolución de la cámara y la consecuente convocatoria de elecciones legislativas.

 

El presidente daba por hecho que, con la votación del magistrado, la cuestión de confianza le había sido denegada. Pero cuando ya el presidente había iniciado su intervención pública, el Congreso votó otorgándole la confianza.

 

Es por esto que los opositores argumentan que el presidente no tenía derecho a disolver la cámara y algunos hablan de "autogolpe".

 

El actual Congreso fue elegido en 2016 para un período que terminaba en 2021.

 

En un mensaje televisado, Vizcarra declaró que con la disolución del Congreso buscaba "dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades".

 

Agregó que espera que "esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país".

 

Tras el anuncio, los responsables de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron con Vizcarra para mostrar "su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente".

 

¿Cómo se llegó hasta aquí?

La crisis es el reflejo de una abierta división entre el gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, cuando el partido fujimorista Fuerza Popular logró la mayoría parlamentaria.

 

Vizcarra ha acusado a Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori -quien se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero- de tratar de usar las instituciones democráticas para su beneficio personal.

 

Asimismo se acusa al partido de utilizar su mayoría parlamentaria para hacerse con el control del Tribunal Constitucional.

 

Otra sombra que se cierne sobre el país es el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, que en 2018 le costó el cargo al presidente Pedro Pablo Kuczynski y llevó a la asunción de Martín Vizcarra, su entonces vicepresidente.

 

Vizcarra ante eso promovió una serie de reformas para combatir la corrupción, las cuales lo han enfrentado con el Congreso.

 

Y la cámara, a su vez, ha boicoteado varios intentos de tomar medidas contra la corrupción y rechazado los pedidos del mandatario para llevar a cabo elecciones legislativas.

 

Mientras tanto, la oposición en el Congreso inició el proceso para renovar a varios magistrados del TC, lo cual culminó con la decisión de Vizcarra de disolver el parlamento y convocar elecciones para el 26 de enero.

 

¿Qué escenarios se abrieron tras la disolución?

La última vez que sucedió un hecho similar fue en 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori alegó obstrucción del Parlamento en temas de seguridad y economía. Sus críticos afirmaron que fue para tapar las investigaciones de corrupción en su contra y consolidar su poder.

 

Más allá de ese precedente, la Constitución contempla que las elecciones para conformar un nuevo Congreso deben realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución de la cámara.

 

Elegido un nuevo Parlamento, este puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del ente haya expuesto los motivos de la suspensión parlamentaria.

 

Si las elecciones no se celebraran en el plazo señalado, "el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros", se lee en la Constitución.

 

La Constitución de Perú establece que el ejercicio de la presidencia puede quedar vacante por "su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso".

 

Pero tras conocerse la disolución de este lunes, los congresistas no solo no abandonaron la cámara, sino que aprobaron una moción para suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses.

 

A continuación, la vicepresidente Mercedes Aráoz juramentó como "presidenta en funciones" del país de manera temporal.

 

Sin embargo, el decreto publicado en el diario oficial El Peruano subraya que "carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha sido revocado".

 

Finalmente, este martes Mercedes Aráoz renunció al cargo de vicepresidenta y, por extensión, al encargo de actuar como "presidenta en funciones".

 

¿Qué puede pasar ahora?

La renuncia de Aráoz dio un nuevo giro a la grave crisis política que vive Perú y que agudiza el choque de poderes existente entre Congreso y gobierno.

 

El nuevo primer ministro, Vicente Zeballos, calificó la renuncia de Aráoz de "gesto democrático" en una entrevista con Canal N recogida por el diario La República.

 

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que esta salida pueda llevar a la convocatoria de elecciones generales anticipadas, tal y como desea Vizcarra.

 

"Las elecciones parlamentarias ya están convocadas y no hay marcha atrás en ese sentido. [Sobre las elecciones generales] habría que ver el contexto de la carta [de Aráoz], pero no puedo precisar en este momento", dijo Zeballos.

 

Vizcarra propuso el pasado mes de julio una reforma constitucional para adelantar los comicios generales a 2020 como salida a la "crisis institucional" del país, pero el Congreso rechazó su propuesta el pasado jueves.

 

La Constitución establece que, en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, corresponde al presidente del Congreso asumir sus funciones.

 

Pero aunque el Parlamento suspendió este lunes a Vizcarra de sus funciones y la vicepresidente Aráoz renunció, el presidente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea, descartó que fuera a asumir la presidencia de la República.

 

"Al haberse cerrado el Pleno del Congreso y no dejar ingresar a los congresistas, salvo al órgano de la Comisión Permanente, no hay votos suficientes para reaccionar de cualquier forma distinta (...). No puedo asumir porque no existe el órgano del Pleno del Congreso", dijo Olaechea al canal CNN.

 

"Las Fuerzas Armadas han apoyado al Ejecutivo y por la fuerza pueden imponerse al Legislativo. Si es que Vizcarra decide cerrarlo [el Legislativo], ha consumado el golpe de Estado, cosa que no está haciendo todavía: ha dejado un órgano [la Comisión Permanente] para que el Congreso siga", agregó.

 

Mientras tanto, el presidente Vizcarra trabajó este martes junto a Zeballos en la conformación de su nuevo gabinete de ministros para tomarles juramento a la mayor brevedad.

 

El anterior gabinete renunció este lunes en bloque al considerar que el Congreso le negó la cuestión de confianza solicitada por el ex primer ministro, Salvador del Solar, quien también dimitió.

 

El Congreso disuelto, por su parte, aseguró en un comunicado que se mantiene "en funciones" y convocó a una sesión de la Comisión Permanente para buscar "soluciones democráticas ante la crisis de poderes" abierta.

 

Asimismo, solicitó a policía y Fuerzas Armadas -que este martes realizaron un gran despliegue en el exterior del Congreso para evitar disturbios e impedir la entrada de congresistas- que permitan "el normal funcionamiento del Parlamento de la República".

 

Del mismo modo, el Congreso "saluda la disposición de parte de la OEA para ser mediadores componedores, acepta y espera su intervención, dentro del marco democrático".

 

FUENTE: BBCMundo

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