El Fiscal David Caballero Velezmoro ha pedido al Poder Judicial 18 años de prisión contra Manuel Valverde Ancajima, ex alcalde del Distrito de Pítipo acusado por los delitos contra la administración pública en su modalidad de incumplimiento de deberes funcionales, colusión, peculado doloso y apropiación agravada en perjuicio del Estado.

Los pobladores del distrito ferreñafaño no se han olvidado que Valverde Ancajima, ex funcionarios de la comuna edil y el representante del consorcio ejecutor están acusados de los delitos de peculado, colusión y omisión de funciones, luego que se hallaran una serie de irregularidades en el proyecto de saneamiento básico que debió beneficiar a más de ocho mil habitantes de los diversos sectores del distrito pitipeño con una obra valorizada en diez millones de soles del Programa Agua Para Todos.

El proceso judicial está detenido con un habeas corpus planteado por uno de los denunciados, hace más de un año se encuentra en el Tribunal Constitucional a la espera de pronunciamiento.

 De todos los actuados por parte del Ministerio Público se ha determinado que los trabajados físicos avanzaron solo hasta el 75 %, en tanto el presupuesto de 10 millones de soles se agotó en su totalidad. Lo grave, es que la municipalidad de Pítipo pagó hasta 17 valorizaciones a favor del Consorcio Perú II, encargado de la ejecución del proyecto, por trabajos que no fueron realizados. Además, la obra fue aplazada hasta cuatro veces y a la empresa se le aceptó cartas fianzas vencidas.

Los trabajos de saneamiento básico en Pítipo fueron encargados al Consorcio Perú II, que tuvo como representante legal a Manuel Cajilima Velásquez, a quien durante este tiempo se ha vinculado al congresista Javier Velásquez Quesquén, muy cercano también al exalcalde Manuel Valverde. Para la supervisión fue contratada la empresa Consorcio Pítipo Ingenieros & Asociados.

Ambas empresas recibieron el pago total del presupuesto asignado para el proyecto, aun cuando las cartas fianzas que debían servir de garantía para el municipio se encontraban vencidas.

El Consorcio Perú II estuvo conformado por las empresas Power Producción SAC, Constructora Minka SRL, Pérez y Castro Ingenieros y Constructora Aro Contratistas Generales SRL. Las dos últimas empresas con domicilio fiscal en Piura y Ucayali, respectivamente.

Las primeras denuncias por las irregularidades en la obra de Pítipo las presentó el ciudadano Riquelme Verona, quien en el 2010 se desempeñó como presidente del Frente de Defensa del distrito. Sin embargo, no fue sino hasta el 2013 que el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Ferreñafe, a cargo del fiscal David Caballero Velezmoro, decidió abrir la investigación preliminar para determinar responsabilidades en la negligente ejecución de los trabajos.

La denuncia fiscal comprende también a Rodolfo Sandoval Santamaría, exgerente de la comuna; Óscar Barreda Bulnes, exjefe de Infraestructura; Dirma Huamán Campos, exjefa de Tesorería, y Víctor Hugo Chevez Villegas, exjefe del SIAF.

También han sido comprendidos Óscar Torres Labrín, ingeniero residente; Ana Cisneros Ibana, supervisora de la obra; Vanessa Borja Izquierdo, gerente general del Consorcio Perú II y Manuel Cajilima Velásquez, representante legal de la empresa ejecutora.

Para el fiscal Caballero Velezmoro, la actuación de Cajilima Velásquez en la obra de Pítipo responde a un procedimiento de encubrimiento, que le habría permitido beneficiarse directamente de los cobros efectuados por el consorcio ejecutor sin aparecer en los documentos suscritos entre la municipalidad y la empresa.

Cajilima Velásquez es acusado de colusión y peculado doloso, pues de acuerdo al Ministerio Público este y Vanesa Borja Izquierdo, quien fungía como gerente de la empresa, “procedieron a elaborar valorizaciones de la obra conteniendo partidas y frentes de trabajo que en realidad no se habían ejecutado, contando para ello con la participación del residente, Segundo Torres Alabrín, para de esta manera agotar todo el presupuesto de la obra, perjudicando los intereses del municipio de Pítipo”.

Caballero Velezmoro sostiene la tesis de que Cajilima Velásquez actuaba como representante encubierto del Consorcio Perú II y “en todo momento utilizó a terceras personas para que ostenten documentariamente la gerencia”. “Está demostrado que en realidad era él quien tenía el control y tomaba las decisiones dentro del consorcio”, se señala en la acusación.

Asimismo, el Ministerio Público halló un acta suscrita el 15 de enero del 2010, antes el juez de Paz de Pítipo, en la que el empresario se compromete a cancelar las remuneraciones adeudadas a los trabajadores de la obra. También, existe una carta del 5 de febrero del 2011, dirigida a la Cooperativa Financorp, en la que Cajilima Velásquez devuelve una carta fianza por adelanto de materiales para la obra de saneamiento.

A esto se suma que en el 2010 el entonces gerente administrativo del municipio distrital, Luis Osiris Tarrillo, declaró haber visto al empresario en las reuniones de coordinación de la obra; lo mismo que Torres Alabrín, residente del proyecto, quien declaró que fue este quien lo contrató para trabajar.

Otro hecho probatorio recabado por el Ministerio Público es que Manuel Cajilima compró un inmueble en la Urbanización Santa Victoria, inscrito con Partida Registral N° 02226071, con dinero de una cuenta bancaria a nombre del Consorcio Perú II. El empresario y su esposa, Gina Pozo Condezo, admitieron la adquisición ante la fiscalía.

Formulada la acusación contra Valverde Ancajima y los demás coimputados por la obra de saneamiento de Pítipo, hasta en cinco oportunidades se frustró la audiencia de control de acusación a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

La ausencia de los abogados impedía que la magistrada Yolanda Gil Ludeña, titular de dicho órgano jurisdiccional, desarrolle la audiencia en la que debía determinarse si el exalcalde de Pítipo, los exfuncionarios y los técnicos y representantes del Consorcio Perú II, debían ir o no a juicio oral.

La incertidumbre acabó, luego de un año de idas y vueltas, en septiembre del 2016, cuando Gil Ludeña ordenó que Manuel Valverde y compañía comparezcan ante los tribunales.

El 5 de enero del 2017 debió realizarse la instalación del juicio oral, pero fue materialmente imposible debido a la huelga que mantenían los trabajadores del Poder Judicial. La audiencia se reprogramó para el 22 de marzo, pero tampoco se concretó el acto por la audiencia de parte de los abogados y procesados.

Uno de los ausentes fue Manuel Valverde, quien aseguró que no podía asistir por el boqueo de carreteras debido a los huaycos. La audiencia fue reprogramada para el 17 de julio de ese año, pero tampoco se concretó, fijándose el 29 de mayo del 2018 como fecha de inicio. Empero, no acudieron dos de los imputados, uno de ellos Manuel Cajilima Velásquez, quien fue declarado reo contumaz.

Meses después, el juez Carlos Larios Manay, del Juzgado Anticorrupción de Lambayeque, declaró que era imposible instalar el juicio oral debido a que el Tribunal Constitucional tiene en curso la resolución de un hábeas corpus presentado contra la jueza Yolanda Gil Ludeña por haber admitido la acusación fiscal.

El magistrado resolvió reservar la programación de la audiencia de juicio oral hasta que el Tribunal Constitucional emita su pronunciamiento. El hábeas corpus se sustenta en que supuestamente la acusación de la fiscalía no se realizó de manera correcta y eso vulneró el debido proceso y el derecho de defensa.

El recurso, presentado por el exgerente de la municipalidad de Pítipo, Rodolfo Sandoval Santamaría, se encuentra pendiente de resolución desde abril del 2018 en la Sala 2 del Tribunal Constitucional y en tanto no se determine cuál será el pronunciamiento del colegiado no se fijará una nueva fecha para el inicio del juicio oral contra Manuel Valverde y compañía.

¿Llegará la justicia para el pueblo pitipeño?