Eran 105 los miembros de la asociación a la que pertenecen, cuando el 2020 los extrabajadores de la sede del Gobierno Regional de Lambayeque iniciaron el trámite para que se les pague el saldo del proceso de nivelación. Han transcurrido 4 años y hoy suman 77. Es decir, han fallecido 28 sin haber percibido lo que legítimamente les corresponde, a pesar de existir disposiciones legales que señalan la preferencia de atención a los adultos mayores.
Esta trágica declaración la hicieron saber los directivos de la Asociación de Pensionistas D.L. 20530, sede GORE, al gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, en el oficio N° 019-ASPEN-P, firmado el 16 agosto del 2024 por el presiden de la institución, CPC José Fernando Piccini Navarrete.
En el documento reclaman se cumpla con pagar el saldo del proceso de nivelación; deuda que asciende a 856,103.11 soles, sin incluir los intereses legales. Señalan que se ha incumplido también los alcances de la Ley 30490, “Ley de la persona Adulto Mayor”, que otorga protección y seguridad física, económica y social a la persona Adulto Mayor.
Antecedentes
La reclamación de la ASPEN se viene efectuando desde el año 2021 e igualmente reiterada durante los años 2022, 2023 y 2024, en torno a la atención del saldo de 8.25 cuotas mensuales del proceso de nivelación correspondientes al año 2016 (mayo-diciembre), que asciende al 51% del cálculo del proceso de nivelación aprobado por el 7mo Juzgado Especializado en lo civil y recaído en el expediente Nª 3287-2001-0-1076-JR-CL-07. Ello equivale a 856,103.11 soles, sin incluir los intereses legales.
Recuerdan que en diciembre 2019 los atendieron por última vez, con saldos de libre disponibilidad del Pliego, con 1.5 cuotas mensuales, equivalente a 157,519.38. “Desde esa fecha a la actualidad no se nos atiende cuota alguna, a pesar de haberse devuelto al Ministerio de Economía y Finanzas, año a año, desde el 2020 al 2023, los saldos de libre disponibilidad”.
En la comunicación hecha llegar al gobernador, le informan que desde octubre del 2023 vienen gestionando la atención de dicho pago, habiéndose reunido con el gerente general regional, la oficina ejecutiva de Recursos humanos y la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Señalan que el pasado mes de julio el Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado los DD.SS. 136-2024-EF y 137-2024-EF, que reconoce, el primero, 400 millones de soles para atención de Deuda Social; y el segundo 178 millones de soles para atender deudas de diversa índole, de los sectores y gobiernos regionales, en ambos casos. “Lo grave, señor gobernador, es la falta de sensibilidad social para atender las necesidades de personas ya jubiladas y, en especial, porque existen los dispositivos legales que así lo facultan”, precisan.
Coordinación
Añaden que, para ello, dicha Asociación ha mostrado la mejor disposición de coordinación con las autoridades del gobierno regional, habiendo suscrito, a través de los años, un conjunto de actas de coordinación y tramitadas oportunamente desde el 2010.
Así, adjuntan al gobernador un cuadro en el Anexo Nº 01, donde se muestra la hoja de cálculo elaborada por la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos sobre el saldo de 8.25 cuotas mensuales del proceso de nivelación aprobada por el Sétimo Juzgado Especializado Civil, correspondiente al periodo abril-diciembre 2016, puesto que desde enero 2017 se les viene abonando su pensión al 100% nivelada, tal como lo dispone el Régimen Laboral DL 20530.
En este sentido, en su comunicación vuelven a adjuntar cerca de 20 copias de documentos de coordinación suscritos entre la Asociación y autoridades del GORE, “que aseguren el cumplimiento del proceso de nivelación de nuestras pensiones y aprobado por el Sétimo Juzgado Especializado Civil (Expediente Nº 03287-2001-0-1076-JRE-Cl-07, ya que, a la fecha, solo está pendiente el saldo de la deuda, sin incluir los intereses legales”, finalizan.
El Primer Juzgado Constitucional de Chiclayo, a cargo del juez Carlos Diez Canseco Solano, declaró fundada la demanda de amparo presentada por la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque contra el Gobierno Regional Lambayeque y la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, por pretender bombear aguas pluviales y de desagüe hacia la infraestructura menor de riego en Chiclayo.
La intención de ambas entidades quedó establecida en la Resolución Ejecutiva Regional n.º 000077-2024-GR.LAM/GR, del 9 de febrero del 2024, que aprueba el “Protocolo de respuestas a desastres y recuperación del servicio de agua y saneamiento en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Pimentel y La Victoria”; lo que implicaba el arrojo de las aguas residuales a las acequias Yortuque, Cois y Pulen, afectando el derecho a la salud, seguridad alimentaria y medio ambiente de cientos de agricultores de la zona, práctica que se ha convertido en moneda corriente sin considerar la afectación a los usuarios.
Al respecto, el presidente de la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque, Ramón Ríos Asenjo, junto a su consejo directivo, dispuso que se tomen las medidas legales pertinentes para poner en salvaguarda la integridad del recurso hídrico con el cual se abastece a los usuarios en la jurisdicción de la comisión de usuarios de Chiclayo, debido a los evidentes actos de contaminación perpetrados durante las lluvias producidas por el ciclón Yaku, donde las entidades demandadas dispusieron, sin criterio técnico alguno, que las aguas servidas sean vertidas a las acequias, afectando la dotación a más de 1957 hectáreas de cultivos.
Además, existe una clara vulneración a la Ley n.° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, donde está terminantemente prohibido el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento en la infraestructura de regadío.
La consecuencia
Es así, que en la sentencia dictada por el juzgado, se hace hincapié que como consecuencia de la evacuación de aguas residuales en infraestructuras que tienen como destino final predios agrícolas, existe una vulneración derecho a un medioambiente adecuado; ya que, el permitir que se evacuen aguas residuales sin tratamiento previo conllevará a adulterar la calidad de las tierras agrícolas donde se cultiva y siembran diversos tipos de productos y plantas, generando el deterioro de las mismas y afectando el medioambiente donde radican los agricultores y trabajan la tierra a fin de mantenerla en óptimas condiciones.
“En función a lo indicado y como consecuencia de la evacuación de aguas residuales en infraestructuras que tienen como destino final predios agrícolas, permite determinar que existe una vulneración al contenido constitucionalmente protegido del derecho a un medio ambiente adecuada; ya que, el permitir que se evacuen aguas residuales sin tratamiento previo conllevará a adulterar las tierras agrícolas donde se cultivas y siembran diversos tipos de productos y plantas, generando el deterioro de las mismas y afectando el medio ambiente donde radican los agricultores y trabajan la tierra a fin de mantenerla en óptimas condiciones”, menciona la sentencia.
Ríos Asenjo anunció que la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque, continuará realizando las acciones legales pertinentes a fin de poner a buen recaudo la totalidad de derechos que corresponden a los cientos de agricultores, sabiendo que se encuentran amparados por la legislación actual vigente.
También están en pie de lucha. Desde hace más de medio siglo, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público – IESPP ‘Sagrado Corazón de Jesús’ forma a los maestros de Lambayeque, pero año a año esta labor no solo se vuelve más complicada, sino que hasta se torna heroica, pues los 47 docentes que allí laboran lo hacen con sueldos por debajo de lo que un docente de la primera escala de la carrera pública magisterial percibe.
Esta situación, que no es ajena a otros institutos de educación superior pedagógica en el país, ha hecho que los docentes del Sagrado Corazón de Jesús acaten desde el lunes 26 de agosto una huelga nacional indefinida en aras de exigir reivindicaciones laborales.
Ley muerta
El secretario de Asuntos Pedagógicos e Investigación del Sindicato de Docentes de Educación Superior Pedagógica Pública - Base Lambayeque, Jorge Coronel Chávez, señala que a finales del 2022 se aprobó la Ley 31653, la cual modifica a la Ley 30512, ‘Ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes’. Esta norma despertó una ilusión en los docentes, ya que les permitía acceder a una evaluación ordinaria para la promoción y ascenso, de modo que mejoren su escala remunerativa.
Sin embargo, desde el 28 de diciembre del 2022 en que la ley fue aprobada, esta no ha sido implementada, condenando a los docentes a remuneraciones que no van acorde al mercado.
“Los docentes contratados de la educación superior pedagógica ganan menos que un docente de la educación básica de la primera escala, pues ya sean nombrados o contratados ganan más de 3100 soles; mientras que un docente contratado de la educación superior pedagógica con 40 horas, permanencia en el instituto, preparación de clase, acompañamiento a estudiantes, tutoría e investigación gana aproximadamente 2400 soles. Es una falta de respeto a la labor docente”, denuncia.
Coronel Chávez señala que en el IESPP ‘Sagrado Corazón de Jesús’ laboran 32 docentes nombrados y 15 contratados. No obstante, desde el 2000 no ha vuelto a haber nombramiento docente en los institutos de educación superior pedagógica. Los docentes que quedaron nombrados desde inicios de siglo tampoco han visto incrementos en sus remuneraciones desde el 2016.
“Pedimos el nombramiento de nuestros docentes de manera extraordinaria en conformidad a la Ley 32086, aprobada a inicios de este año, que tampoco se ha reglamentado ni implementado”, exige.
Por su parte, Aurora Villena Irigoyen, docente también de IESPP ‘Sagrado Corazón de Jesús’, señala que brindan clases a 983 estudiantes, pero han realizado ya cinco convocatorias para contratar a nuevos docentes y estas han quedado desiertas.
“Sacamos convocatorias y no quieren venir a trabajar al instituto porque ganan menos que un docente de la educación básica. Estamos en la quinta convocatoria y no tenemos docentes. Nuestros alumnos no estudian porque no hay docentes que quieran venir a trabajar a nuestro instituto, por el sueldo, porque no ganan lo que quisieran”, revela.
Deuda social
En cuanto a la deuda social, Jorge Coronel indica que esta deuda asciende a entre 80 mil y 90 mil soles por cada docente, es decir, alrededor de tres millones de soles solo en ‘Sagrado Corazón de Jesús’.
“La deuda social es la que tiene el Estado con los profesores respecto a preparación de clase y evaluación. Este año hubo un presupuesto, pero no alcanza a todos. Hay docentes que, habiendo ganado en el Poder Judicial, que tiene sentencia consentida, no les están devolviendo ni un sol este año”, comenta.
Otro pedido que forma parte de la plataforma de lucha de los docentes es que se brinde el presupuesto y se dé el acompañamiento para el licenciamiento de los institutos pedagógicos.
