Tiene las cosas claras. Bajo el cobijo del partido Perú Acción, de Francisco Diez-Canseco Távara, el empresario Manuel Meoño Távara lanza su candidatura al Senado por Lambayeque en las próximas elecciones generales con un abanico de propuestas centradas en atraer inversión extranjera, gracias a las relaciones que sostiene a nivel internacional producto de una vida de trabajo.
“Estoy enfocado en la inversión extranjera en salud, educación y agricultura. Conozco a nivel internacional a empresarios de poder económico muy grande, con un músculo financiero exorbitante, que están dispuestos a hacer hospitales y colegios con tecnología de punta, donde cada chico tenga su computador”, destaca.
En cuanto a agricultura, manifiesta que conoce a empresarios interesados en financiar a los agricultores para que siembren, cosechen y luego comprarles toda su producción para llevarla a sus países. Sin embargo, es claro en señalar que esta inversión sólo llegará cuando haya las condiciones políticas propicias.
“Los empresarios están buscando el momento adecuado, mientras este gobierno no se vaya no vamos a mejorar (…) Voy a ser senador porque voy a servir a mi país. Tengo la obligación de hacerlo. Lo he hecho con otros países, cómo no voy a hacerlo con el mío, que es la tierra que me vio nacer y que me cobijará seguramente al final de mis días”, remarca.
Junta Nacional de Justicia
Meoño Távara analiza la coyuntura política y refiere que existe una intromisión por parte de las ONG internacionales respecto a la autonomía de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a la cual buscarían desestabilizar. Alude también al Congreso como responsable de esto.
“Acá las instituciones son autónomas. Algunos congresistas quieren parar o eliminar la nueva JNJ por intereses personales. El Congreso es un zoológico. Yo creo en la autonomía de las instituciones, eso hay que respetarlo y mantenerlo. Para elegir a una nueva JNJ debería haber personas más destacadas como exrectores de universidades, expresidentes de la Corte Suprema con experiencia, con un bagaje conocido, con trayectoria impecable para que puedan determinar quiénes quieren ocupar esos cargos”, sostiene.
Fiscalización a jueces y fiscales
Respecto al proyecto de ley del congresista Waldemar Cerrón sobre la creación de una comisión de fiscalización de jueces y fiscales, refiere que el legislador buscaría sacar provecho para su hermano, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia. Además, indica que los congresistas no tienen capacidad moral para fiscalizar.
“(Los congresistas) no tienen la honestidad ni la transparencia suficiente para hacerlo. La fiscalía y el Poder Judicial son instituciones autónomas. El Congreso quiere imponer esto al Poder Judicial y es algo que ya ha sido rechazado por su mismo presidente Javier Arévalo. Habrá un choque de trenes que ocasione un perjuicio para el país”, menciona.
Policía e investigación
Sobre el dictamen aprobado en primera votación el último jueves que propone modificar el Código Procesal Penal y faculta a la Policía Nacional a dirigir la investigación preliminar de los delitos, señala que las investigaciones de cualquier índole deben ser desarrolladas por la fiscalía, mientras que la Policía podría investigar casos menores.
“Si la Policía va a investigar tiene que hacerlo con mano de hierro como lo tiene Perú Acción. Hay que rescatar lo positivo de lo malo y poner gente idónea que lo haga. Estoy de acuerdo en que la Policía también investigue casos menores, pero no casos extremos y grandes porque allí viene más corrupción”, menciona.
Ministro del Interior
El empresario también se refiere al ministro del Interior, Juan José Santivañez, y la investigación que le ha abierto el Ministerio Público por unos audios en los que presuntamente se le escucha a él señalar que la presidenta Dina Boluarte le pide desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía.
“Santivañez ataca al fiscal Villena, lo ataca constantemente, le falta el respeto al fiscal de la nación que también ha contestado en otros términos. No vamos a comparar a un fiscal de la nación con un ministro puesto a dedo por el compadrazgo que hay por quienes están en el gobierno”, opina.
Añade que el ministro Santivañez tampoco está haciendo una buena labor, pues cada día aumenta el índice de homicidios, sicariato, robos y asaltos. Similar opinión tiene respecto al gabinete ministerial en pleno.
“El premier forma parte de ello, no está cumpliendo con sus funciones, es un títere de la presidenta y todos los ministros deben renunciar para que se oxigene un poco y poner gente notable”, acota.
Vladimir Cerrón
Sobre la incapacidad que ha tenido el gobierno para detener al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, considera que la Policía ya sabe de su paradero, pero intencionalmente no lo captura, pues estaría blindado por el gobierno.
“El ministro del Interior es la cabeza de los altos mandos de la Policía. Cuánto tiempo ha transcurrido desde que tiene orden de captura y no lo pueden atrapar todavía, porque él está protegido por la Policía, el gobierno y sus partidarios. Su ubicación la saben perfectamente, pero no quieren llegar donde él. Digan lo que digan Cerrón es una persona poderosa debido a que tiene un partido político y cuenta con el respaldo del gobierno, pese a todo lo que ha cometido” expresa.
Venezuela
Finalmente, Manuel Meoño se refiere respecto a la situación en Venezuela, país donde el pasado 22 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la reelección de Nicolás Maduro como presidente. En opinión del empresario, se ha cometido un “fraude sin precedentes”.
“Como siempre Maduro ha interpuesto el poder que tiene con los militares y ha cometido un fraude sin precedentes jamás visto en la historia. Perdió por muchos puntos frente a un diplomático de carrera y ahora lo proclaman presidente, pero hay reacciones de otros países que están apoyando al verdadero ganador de la contienda electoral”, afirma.
Meoño Távara va más allá y sostiene que países como Estados Unidos deben intervenir directamente en Venezuela para sacar al chavismo del poder.
“De más está que varios países se pronuncien cuando no van a tener eco. Lo que tienen que hacer es intervenir. Estados Unidos y las grandes potencias deben intervenir de otra forma porque no pueden tener a un mafioso como Maduro y su cúpula militar que solo se han llenado de dinero a costa de los venezolanos causándoles más pobreza para salir ellos beneficiados. Tiene muchos años y la labor es pésima, paupérrima”, apunta.
+NOTICIA:
Pese a los intentos por dilatar el debate del pedido de suspensión contra el gobernador Jorge Pérez Flores, el Consejo Regional de Lambayeque se vio casi obligado a admitir este pedido, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones le trasladara esta solicitud, mediante Auto n.° 1, del 8 de agosto.
De esta forma, con nueve votos a favor y una abstención en solitario, del sentenciado consejero Gustavo Espinoza Soto, el Consejo Regional de Lambayeque admitió el lunes 26 de agosto el pedido de suspensión contra Jorge Pérez Flores, así como la ampliación de la solicitud inicial.
Dilaciones
Esta historia se remonta al pasado 3 de julio, cuando el consejero Ricardo Lara Doig presentó al consejero delegado del gobierno regional, Juan Pablo Horna Santa Cruz, el pedido de suspensión por 30 días contra el gobernador Jorge Pérez por no haber convocado, conducido ni asistido a la segunda sesión ordinaria de la instancia regional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Sin embargo, el Consejo Regional, mediante una cuestión previa presentada por el mismo consejero delegado, Juan Pablo Horna, derivó este pedido a la Comisión de Ética y Fiscalización. La cuestión previa fue aprobada por mayoría a excepción de los consejeros Julio César Sevilla Exebio y Sujeily Camacho Fernández.
Ante esta situación, Ricardo Lara optó por presentar este pedido el 2 de agosto ante el Jurado Nacional de Elecciones, el mismo que una semana después le corrió traslado al Consejo Regional de Lambayeque.
¿Qué dice la norma?
Según la Ley n.° 31439, ‘Ley que modifica la Ley n.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar con la finalidad de fortalecer las instancias de concertación, sean estas regionales, provinciales o distritales’, es obligación del gobernador regional crear la instancia, instalarla, convocarla y conducir las sesiones.
La norma, publicada en abril del 2022 en El Peruano, también señala en su artículo 31 que el incumplimiento de lo descrito acarrea una sanción de suspensión por hasta 30 días calendario.
Incumplimiento
Al respecto, el gobernador regional Jorge Pérez incumplió hasta en 14 ocasiones el convocar la instancia regional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres: siete en el 2023 y siete este año. En todas estas fue la Gerencia de Programas Sociales la que realizó la convocatoria.
Por ejemplo, el 13 de febrero del año pasado se enviaron los Oficios Múltiples n.° 000021-2023-GR.LAMB/GRPS y n.° 000022-2023-GR.LAMB/GRPS, convocando a la instancia regional para el 14 de febrero. El 15 de mayo se hizo lo propio mediante los Oficios n.° 000064-2023-GR.LAMB/GRPS, n.° 000065-2023-GR.LAMB/GRPS y n.° 000393-2023-GR.LAMB/GRPS para el 15 de mayo; y luego de 5 de septiembre se convocó a la instancia para el 11 de septiembre a través de los Oficios n.° 000797-2023-GR.LAMB/GRPS y n.° 000798-2023-GR.LAMB/GRPS.
Este año la Gerencia de Programas Sociales convocó a la instancia regional el 19 de febrero, a través del Oficio n.° 000093-2024-GR.LAMB/GRPS, para la sesión que se desarrollaría al día siguiente. El 17 de junio se enviaron dos Oficios, el n.° 000105-2023-GR.LAMB/GRPS y n.° 000106-2024-GR.LAMB/GRPS, convocando para el 28 de junio. El 27 de junio se emitiría el Oficio n.° 000002-2024-GR.LAMB/GRPS y un día después se emitirían los oficios n.° 000108-2024-GR.LAMB/GRPS, n.° 000109-2024-GR.LAMB/GRPS y n.° 000621-2024-GR.LAMB/GRPS.
Pérez Flores también habría incumplido la norma en cuanto a la conducción de la instancia regional. Esto en cuatro ocasiones. La primera vez fue el 28 de marzo del año pasado, cuando se desarrolló la segunda sesión ordinaria. Aquella vez la conducción estuvo a cargo del entonces gerente regional de Programas Sociales, Manuel Velásquez Cumpa. Ese día incluso Jorge Pérez no asistió, pese a ser el presidente de esta plataforma por su calidad de gobernador.
El 15 de mayo del año pasado Pérez tampoco condujo la tercera sesión ordinaria. Si bien la conducción la tuvo la vicegobernadora Flor Saavedra López, este cargo según norma es indelegable.
Este año la misma situación se repitió en dos oportunidades, el 28 de junio y el 2 de julio. En ambas la conducción también recayó en la vicegobernadora Flor Saavedra.
Votación
Así, el lunes 26 el Consejo Regional desarrolló la sesión extraordinaria que tuvo como único punto la solicitud de pedido de suspensión contra el gobernador Jorge Pérez. Antes de votar, el consejero Gustavo Espinoza Soto planteó una cuestión previa, pidiendo que el caso sea visto en la Comisión de Ética y Fiscalización, toda vez que -según su argumento- el pedido de suspensión ya había sido votado inicialmente, mandando el caso a esta comisión, por lo que solicitó que sea la misma la que emita un informe correspondiente. No obstante, nadie secundó su cuestión previa.
Finalmente, se procedió a votar para admitir o no el pedido de suspensión. El resultado fue de nueve votos a favor y una abstención, precisamente Gustavo Espinoza, quien se hallaba en la sesión de manera virtual.
Como hecho anecdótico, los consejeros Manuela Zeña Ñanfuñay y Carlos Ventura Sandoval pidieron la reconsideración de su voto, hecho que también fue desestimado. Sería la consejera Zeña quien pediría después que se precise si habían votado ya para suspender al gobernador o admitir recién a trámite el pedido de suspensión.
“Se ha logrado admitir a trámite este pedido que en algún momento fue rechazado por la mayoría del Consejo Regional. Tuve que acudir al Jurado Nacional de Elecciones para que pueda ser admitida a trámite esta solicitud. El gobernador regional tendrá cinco días hábiles para presentar su defensa. Sería una buena oportunidad para que el gobernador esté aquí después de muchas invitaciones que le ha hecho el Consejo Regional. Esperamos que esté presente, aunque con su presencia o no igual el consejero delegado deberá convocar a una sesión extraordinaria para debatir el pedido de suspensión”, dijo Ricardo Lara al culminar la sesión.
Pedido de vacancia
Precisamente sobre Ricardo Lara, el mismo lunes se ingresó una solicitud de vacancia ante el Jurado Nacional de Elecciones en su contra, debido a que presuntamente una empresa de la cual es gerente, ‘Empresa de publicidad de La Vitoria – Publivic SRL’, contrató con la Municipalidad de Pimentel por 6903 soles el pasado 2 de junio.
El servicio ofrecido, el alquiler de estructuras metálicas e instalación de paneles, lo realizó cuando ya desempeñaba funciones como consejero regional, hecho que contravendría lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual señala que los consejeros regionales se encuentran impedidos de contratar con las entidades públicas de la región donde ejercen su cargo, prohibición que se extiende incluso un año después de terminar su mandato.
+ NOTICIAS
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada - Fecor Lambayeque, archivó la investigación por el presunto delito de organización criminal contra el empresario Olivio Huancaruna Perales y otros. El caso inició en marzo del 2022 a cargo del fiscal Aldo Paredes Delgado.
Con la Disposición Fiscal n.° 15, contenida en la Carpeta Fiscal n.° 09-2022, del 7 de agosto último, el fiscal Juan Mogollón Castillo, declara que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra el empresario Olivio Huancaruna Perales, actual presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque por el presunto delito de organización criminal.
La decisión se da también a favor de las empresas Agrícola San Juan SAC, Perales Huancaruna SAC y Altomayo Perú, vinculadas a la familia del empresario exportador.
La denuncia
La denuncia fue presentada por Edmundo Gálvez Rodríguez, quien acudió al Ministerio Público e 4 de marzo del 2022 para poner en conocimiento a la Fecor Lambayeque de la existencia de una presunta organización criminal liderada por Max Ayora Inoñán, quien habría continuado un supuesto accionar delictivo previamente denunciado en el 2018, esta vez con el concurso de nuevos involucrados, entre los que se mencionó al empresario Olivio Huancaruna Perales, entre agosto del 2018 y mayo del 2019.
Según el denunciante, las acciones de la supuesta organización estaban orientadas a la apropiación de las ganancias o beneficios económicos producidos por la empresa AgroPucalá S.A.A. e Industrial Pucalá S.A.C, “para lo cual habría cometido los delitos de lavado de activos, defraudación tributaria y fraude contra la administración de la persona jurídica”, en agravio de las empresas antes mencionadas y del Estado.
En dicha denuncia, Gálvez Rodríguez incluyó a las empresas Perales Huancaruna SAC, actualmente PERHUSA SAC; Altomayo Perú SAC, hoy Verdum SAC y la Empresa Agrícola San Juan SAC, las que en su opinión se apoderaban de las ganancias de AgroPucalá e Industrial Pucalá y habrían creado empresas fantasmas, aparentemente para realizar operaciones comerciales con las empresas azucareras agraviadas y así apropiarse de su patrimonio.
Análisis fiscal
Para el fiscal Juan Mogollón Castillo, tras analizar las supuestas pruebas presentadas por el denunciante y realizar las diligencias correspondientes a nivel preliminar, no cabe la sospecha de la existencia de una organización criminal.
“No nos llevan a la sospecha fuerte relacionadas con la designación o reparto de roles de los integrantes de la presunta organización, no se aprecia una estructura organizada en el tiempo con un plan criminal definido, esto es, no se ha demostrado la función delictiva que cumplían los sindicados en la organización criminal, pues incluso las empresas presuntas agraviadas: AgroPucalá e Industrial Pucalá, no han remitido documentación idónea que acredite un perjuicio patrimonial tal como señala la parte denunciante”, precisa la disposición fiscal.
El representante del Ministerio Público precisa que debe entenderse que el elemento funcional requiere que cada integrante de la organización criminal denunciada tenga un rol en específico que coadyuve a la realización de los delitos para los cuales fue creada la organización para ello es necesario verificar cierta concurrencia en sus actividades en beneficio de la organización, así como la delegación de las mismas por parte de quien organice el reparto de roles, “circunstancia que no se vislumbra en el presente caso”.
“Siendo ello así, la presente investigación no cumple con este requisito para considerarla como crimen organizado”, concluye el fiscal.
En consecuencia, el representante de la Fecor Lambayeque declaró no procedente formalizar ni continuar la investigación por el delito contra la tranquilidad pública, en la figura de organización criminal, contra Olivio Huancaruna Perales y otros, así como contra las empresas PERHUSA SAC, Verdum SAC y Agrícola San Juan SAC.
El distrito de Pomahuaca, ubicado en la provincia de Jaén, ha logrado la mejora de sus servicios más elementales gracias a las gestiones realizadas por su gobierno local, liderado por el alcalde Filemón Recalde Reyes. Coordinaciones a todo nivel han hecho posible el financiamiento de proyectos que impactan en la calidad de vida de sus habitantes.
La jurisdicción tiene 12000 habitantes y 7500 electores. El burgomaestre señala que son complejas las condiciones que existen en la actualidad para lograr que el gobierno nacional asigne partidas extraordinarias para el financiamiento de grandes proyectos, ya sea en saneamiento básico, salud, vías y puentes.
“Lo que nosotros necesitamos de manera urgente es mejorar los servicios de saneamiento, pero además la remodelación total del centro de salud del distrito, cuya infraestructura no es segura ni ofrece calidad para la atención de nuestros vecinos. Nosotros como municipalidad hemos hecho nuestro trabajo elaborando el expediente técnico por 10 millones de soles, considerando incluso la compra de una ambulancia, pero el Ministerio de Salud aún no resuelve el presupuesto. En los caseríos hace falta agua y desagüe, pero se ha llegado a tal extremo que varias de las partidas asignadas, días después son retiradas por el gobierno nacional”, menciona.
Necesidad de apoyo
Filemón Recalde se suma a las exigencias de los alcaldes a nivel nacional, quienes piden mayor atención por parte del gobierno central.
“Tenemos reuniones con los ministros, con la Presidencia del Consejo de Ministros e incluso con la propia presidenta Dina Boluarte, pero ningún resultado concreto. Del gobierno provincial no recibimos ningún apoyo. Lo que sí reconozco es el apoyo del Gobierno Regional de Cajamarca, a través del gobernador Roger Guevara Rodríguez, pues estamos próximos a firmar un convenio para la ejecución de una carretera de 60 millones de soles, que unirá la capital del distrito con el caserío de Lanchema, a lo largo de 52 kilómetros”, explica.
La autoridad informa que por el Fondo de Compensación Municipal – Foncomun, la comuna de Pomahuaca recibe una asignación de entre 250 mil y 300 mil soles.
Para este año, el municipio cuenta con un presupuesto de Proyectos de Inversión (para obras), ascendente a 5 millones 930 mil soles.
“Se nos ha aprobado el financiamiento para un proyecto de agua y unidades básicas de saneamiento para los caseríos, así como para la construcción de dos puentes a través de un programa de Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo que puedo asegurar es que nada de los recursos va a ser devuelto al Estado. Tenemos profesionales y jefes de áreas muy eficientes y competitivos”, menciona.
El 95 % de la población de Pomahuaca se dedica a la agricultura, siendo las frutas, el arroz y el cacao los principales productos de la parte baja, mientras que en la parte alta los cultivos son principalmente de panllevar y cacao.
“Nuestra población tiene una particularidad y es que no paga tributos municipales. No existe esa cultura de tributación en toda esta zona, tanto aquí en Pomahuaca como en los distritos vecinos. El recojo de basura no es pagado por los vecinos y nosotros, con nuestras limitaciones, nos encargamos de mantener limpio el distrito, algo de lo que pueden dar fe quienes nos visitan”, refiere.
La población tampoco paga por el servicio de agua potable, aun cuando recibe el suministro las 24 horas del día y con tratamiento de cloración.
Gestión y resultados
Recalde Reyes ha sido alcalde en dos oportunidades y rememora que en su período 2011-2014 se ejecutó el proyecto de saneamiento básico de la capital del distrito y siete caseríos, mejorando con ello la calidad de vida de los habitantes.
La falta de recursos presupuestales no ha detenido a la autoridad. Recientemente ha logrado la donación de una motoniveladora y un rodillo vibratorio, así como de una unidad vehicular y en 15 días recibirá la donación de otra camioneta, por parte del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA.
“Tenemos un proyecto de 8 millones de soles para saneamiento y estamos terminando la elaboración de 3 proyectos importantes: uno para la renovación de un colegio por 17 millones de soles en el caserío de Ambolón; y otro para la renovación total de la Institución Educativa 16122, por 40 millones de soles. Hemos logrado que los docentes y padres de familia se sumen a la gestión que hemos logrado, porque el Ministerio de Educación tenía la unidad ejecutora. El ministerio nos dijo claramente que la obra saldría para el 2029, pero gracias a las gestiones se ha conseguido que la unidad ejecutora sea asignada a la municipalidad. Dios permita, el próximo año iniciaremos la obra en un área de una hectárea y media”, comenta.
Respecto a salud, refiere que el año pasado se realizó una gran jornada de atención en diversas especialidades para la población, atendiendo a más de 1500 vecinos. Semanas después, en coordinación con la VI Brigada de Selva del Ejército del Perú, se realizó una acción cívica con diferentes servicios.
“Nos preocupa la salud y por ello esta semana realizaremos una nueva jornada, esta vez con el apoyo de una clínica particular de Jaén, para ofrecer atención con importantes descuentos a la población”, menciona.
El viernes 23 de agosto se realizaron las elecciones del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – Conrede Lambayeque, asistiendo a sufragar los decanos de 23 de las 25 órdenes existentes en el departamento. La votación dio como ganadora a la lista liderada por la decana del Colegio de Periodistas, Rosa Chambergo Montejo, para el período 2024-2026.
La lista liderada por Chambergo Montejo está integrada por el decano del Colegio de Ingenieros del Perú – CD Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, como vicepresidente; la decana del Colegio de Nutricionistas del Perú – CR Lambayeque Amazonas, Yvone Gálvez Berríos, como secretaria; la decana del Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque, Maribel Carranza Torres, como tesorera, y el decano del Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Lambayeque, Julio Huerta Ciurlizza.
Como personera de la lista participó la decana del Colegio de Psicólogos del Perú – CR VI Lambayeque Amazonas, Marisol Calonge de la Piedra.
El Comité Electoral fue presidido por la decana del Colegio Profesional de Licenciados en Turismo, Rosse Esparza Huamanchumo, e integrado por los decanos: Jorge Luis Ríos Ordoñez, del Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque, como secretario, y Segundo Valdivia Velásquez, del Colegio de Matemáticos de Lambayeque.
A la elección acudieron los decanos y representantes de 23 de los 25 colegios profesionales de Lambayeque, siendo una jornada histórica no sólo por el nivel de participación, sino también porque la lista liderada por Chambergo Montejo fue elegida por unanimidad, representando el 92 % del total de respaldo de los decanos habilitados para la elección.
Propuesta
Entre las propuestas de la lista ganadora se tiene la inscripción del Conrede Lambayeque en registros públicos y la consolidación del Consejo Regional de Decanos como actor de la sociedad civil a nivel regional y nacional.
Asimismo, la publicación de la revista trimestral del Conrede Lambayeque, versión impresa y digital, con la información más importante de las actividades de las 25 órdenes profesionales, así como la realización de no menos de 4 mesas temáticas al año sobre problemática regional.
Del mismo modo se ha propuesto la realización de dos jornadas de capacitación para los integrantes de todos los colegios relacionadas al fortalecimiento profesional; el desarrollo de mesas de trabajo con participación de las universidades locales y la publicación de pronunciamientos y comunicados difundiendo la posición de los colegios profesionales ante las coyunturas y problemáticas locales, regionales y nacionales.
También se ha propuesto el desarrollo de las Olimpiadas Intercolegios profesionales, el manejo activo de las redes sociales del Conrede Lambayeque y las gestiones para la creación de nuevos colegios profesionales en el departamento, así como el trabajo de coordinación con el Conrede Nacional.
Llamado de unidad
“Para el Colegio de Periodistas de Lambayeque es un honor recibir la responsabilidad de representar, desde la presidencia del Conrede, a todos los colegios profesionales del departamento, reto que asumimos con humildad y la más alta voluntad para trabajar por el desarrollo de nuestra región, que necesita de la voz técnica, coherente y responsable de la sociedad civil”, señaló Rosa Chambergo.
Hizo un llamado a trabajar en unidad para consolidar al consejo de decanos y convocar a más organizaciones de la sociedad civil para aportar de manera propositiva y fiscalizar el manejo de los recursos públicos.
“Los colegios profesionales tienen una responsabilidad muy grande, velando no sólo por el comportamiento ético de sus agremiados, sino también para que Lambayeque sea una región competitiva. Lo haremos con unidad y trabajo decidido”, anotó.
El Poder Judicial ha enmendado a quienes buscaban una condena contra el empresario Edwin Oviedo Picchotito. El Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad lo absolvió, junto a otras personas, del presunto delito de asesinato. La decisión del órgano jurisdiccional se dio en el juicio del caso "Los Wachiturros de Tumán", iniciado en el 2016 por la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado - Fecor Lambayeque, en ese momento a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones.
La imputación de la fiscalía fue por las muertes de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Vite, requiriendo en total 52 años de cárcel contra el empresario. El caso tuvo que ser trasladado por la Corte Suprema de la República a la Corte de la Libertad ante la falta de garantías procesales en el Distrito Judicial de Lambayeque.
Ante la decisión judicial, el abogado defensor, César Nakazaki Servigón, señaló que las pruebas del Ministerio Público no demostraron que su patrocinado tenía responsabilidad en ambas muertes y recordó que Oviedo Picchotito fue enviado a prisión preventiva como parte de la estrategia fiscal, con una tesis que hoy ha quedado anulada.
Expresiónconversó con Nakazaki Servigón, quien afirmó que el Ministerio Público fabricó testigo de cargo con el objetivo de imputar a Edwin Oviedo.
¿Qué implicancias tiene como precedente el adelanto del fallo absolutorio a favor del empresario Edwin Oviedo y otros en el caso “Los Wachiturros de Tumán”?
Para los acusados y, en particular, para Edwin Oviedo es importante porque significa que la inocencia que se defendió desde el primer día, incluso estando preso en el penal de Picsi, hoy es reconocida por tres jueces que integran el colegiado en La Libertad, debido a las graves deficiencias en la investigación llevada a cabo por la Fecor Lambayeque, que armó un caso sobre la base de colaboradores eficaces sin ningún sustento probatorio y por eso lo que ha dicho el juzgado no es sólo que se declara inocente a los acusados, sino que pide al Ministerio Público que investigue por qué hubo un caso tan deficiente y de manera tan ligera se llevó a juicio a seres humanos, a los que se tuvo procesados por años.
¿Por qué señala que el Ministerio Público fabricó testigos de cargo?
Advierto lo siguiente: lo que están viendo en el caso Wachiturros lo van a ver también en el caso “Limpios de la Corrupción”, del exalcalde Roberto Torres Gonzales, y en el caso “Hermandad del Norte”, de los hermanos Roncal Miñano, donde yo también he intervenido, por lo que hablo con conocimiento de causa.
Se armó, se inventó, la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, no se corroboró la información que dio, y a pesar de eso, contrario a lo que establece la ley y la jurisprudencia, de que sólo se puede usar testigos colaboradores cuando está confirmada la información, se formuló acusación.
Un patrón de las investigaciones de Juan Carrasco Millones era sacar declaraciones de aspirantes a colaboradores como si fueran naipes de la manga de un mago, pero sin confirmación, porque la mentira nunca se podrá confirmar, y eso lo dijimos desde el primer día en la defensa: jamás se iba a poder corroborar que él haya ordenado matar a un ser humano porque eso era mentira.
Cuántos años después eso lo ha confirmado un juzgado de La Libertad, señalando que Edwin Oviedo es inocente y que el caso nunca tuvo justificación.
¿Cuáles son las razones de fuerza que llevaron al colegiado penal de Trujillo a resolver a favor de Edwin Oviedo y los otros coprocesados?
Los testigos colaboradores entre sí no se pueden corroborar, porque todos son testigos sospechosos, porque dan su testimonio a cambio de beneficios, no de manera desinteresada, son delincuentes y declaran de manera anónima. Lo que dice la ley es que sólo se puede utilizar en juicio el testimonio de un colaborador eficaz cuando hay otra prueba que confirma lo que este dice.
En el caso de las colaboraciones del exfiscal Carrasco no hay ningún elemento de corroboración: testigo, pericia, documento, indicio… cero, cero corroboración. Entonces dice el juzgado: Además del dicho del colaborador eficaz, ¿qué más se tiene? La fiscalía ha respondido que nada, entonces por eso se le declara inocente a Edwin Oviedo.
Una de las afirmaciones de la fiscalía era que se asesinó a Percy Farro Vitte siendo trabajador de la azucarera Tumán y se ha demostrado que jamás trabajó para la empresa. Se dijo que se mató al señor Manuel Rimarachín porque era opositor a la administración judicial del Grupo Oviedo, y se ha demostrado que era amigo de la administración y que este lo enviaba a Lima financiado para que siga cursos de preparación en dirigencia laboral. O sea, no era enemigo, sino un súper amigo de la administración.
Si no hay móvil, no hay delito. Nosotros hemos traído abajo todos los móviles que decía el colaborador eficaz.
Es muy probable que el Ministerio Público apele. ¿Existe confianza en que el Poder Judicial ratificará el fallo de primera instancia?
Sin ninguna duda y lo digo con la misma firmeza que desde el primer día dije que Edwin Oviedo era inocente y lo íbamos a demostrar. No cabe la menor duda de que el fallo se confirmará en segunda instancia, porque principios como testigo colaborador sin corroboración no da condena o sin móvil no hay homicidio, son universales en materia probatoria y serán suficientes para que se ratifique la sentencia absolutoria.
Lo que siempre se buscó fue un juzgado imparcial, sin prejuicios, que haga justicia y eso ha hecho la Corte de La Libertad.
¿Cómo queda la situación del colaborador que buscó el exfiscal Carrasco Millones, Gregorio Leguía Serna, cuyos testimonios no se corroboraron?
El fraude en la creación de este colaborador eficaz estaba evidenciado desde Chiclayo, porque este decía que el autor material, el que escogió a los que mataron a las dos personas y armó todo, fue Gregorio Leguía Serna. Eso decía, pero el fiscal en vez de acusarlo pidió que lo absuelvan y lo retiren del caso.
Yo recuerdo que al juez Carlos Chanamé Chumán se le pedía que no acepte ese acuerdo de colaboración eficaz, porque era fraudulento, pero hizo oídos sordos. Ese fraude ha sido confirmado por el colegiado de Trujillo.
Confirmada en última instancia la decisión del colegiado, ¿Edwin Oviedo podría demandar a quienes le imputaron estos hechos y lo enviaron a prisión preventiva?
Hay una gran herramienta que no sé por qué no la usan mis colegas, que es la acción de responsabilidad civil contra jueces y fiscales. A un juez que es incapaz, ligero o negligente, se le puede exigir indemnización para las víctimas inocentes.
Acciones legales hay varias y en su momento se evaluarán. Por ahora, lo primero es que el caso termine de manera positiva en última instancia.
¿Qué mensaje deja el hecho de que la Corte de La Libertad le enmiende la plana a fiscales y jueces de Lambayeque que vieron este caso?
Me dio mucha pena haber sido el primero en plantear, por primera vez, ante la Corte Suprema de Justicia de la República cinco transferencias de competencia, porque el exfiscal Carrasco no estaba contento con un solo proceso, lo dividió en cinco, y en los cinco tuvimos que demostrar que en la Corte de Lambayeque no había garantía. Por eso fueron enviados a La Libertad. Ya tenemos dos sentencias absolutorias y así seguiremos con todos los casos que fabricó Carrasco.
¿Los medios de comunicaciones que señalaron que Edwin Oviedo era responsable de las muertes, deberán rectificarse?
No deberían esperar a que Edwin Oviedo lo pida, de oficio deberían hacerlo por un sentido común. No se puede mancillar el honor e imagen de manera tan ligera, y aquí se hizo sin haber sentencia.
