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Hasta el cierre de este informe ninguna de las municipalidades provinciales de Lambayeque había superado el 56 % de la ejecución del presupuesto de inversiones asignado para este año por el gobierno central. Dicho presupuesto es el que se utiliza para la ejecución de obras y proyectos de desarrollo. La comuna con un nivel de ejecución más bajo es la de Ferreñafe.
En la provincia de Ferreñafe, donde es alcalde Polanski Carmona Cruz, quien en mayo pasado fue detenido por una investigación por presunta corrupción, el municipio ha recibido 21 millones 11 mil 289 soles para obras, de los cuales ha gastado cinco millones 622 mil 25 soles, equivalentes al 26.8 %.
En segunda posición se encuentra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con la alcaldesa Janet Cubas Carranza, que ha ejecutado el 47.3 % de los 49 millones 455 mil 542 soles asignados, es decir, 23 millones 390 mil 862 soles.
Finalmente, el municipio de Lambayeque, cuyo alcalde es Percy Ramos Puelles, ha ejecutado el 55.4 % (20 millones 589 mil 162 soles), de los 37 millones 156 mil 125 soles recibidos. La información es actualizada al 11 de diciembre, de acuerdo al Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
Rol de los comités
Los retrasos en la ejecución del presupuesto de inversiones obedecen, en buena parte, a las deficiencias de las administraciones locales para el desarrollo de los procesos de contratación pública, debido a una serie de factores, que van desde la mala formulación de expedientes técnicos hasta la nulidad de adjudicaciones. En el ínterin ocurren situaciones como la incorrecta integración de las bases, observaciones y consultas de los postores no resueltas, intervenciones del Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, y también presuntos actos de corrupción, materializados en actos de direccionamiento, validación de documentos nulos o la calificación de ofertas que vulneran lo señalado por la Ley de Contrataciones del Estado.
“Los comités se rigen por un criterio de discrecionalidad que muchas veces no responde a los principios de veracidad y transparencia que exige la ley, y eso genera escenarios para que los procesos se terminen cayendo o declarando nulos”, explica el especialista en contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita.
Menciona que esto último da pie a mirar con detenimiento quiénes integran los comités de selección en los gobiernos locales, pues “sus antecedentes no deberían dejarse de lado al momento en el que son designados por el alcalde o el gerente municipal para cumplir funciones en los comités o puestos clave como Logística, que son de confianza”.
La trasparencia
“Todas las entidades del Estado están obligadas a la publicación de información en el Portal de Transparencia Estándar que tiene el Estado peruano y para ello existen responsables directos. Dicha información debe estar actualizada porque permite al ciudadano hacer un seguimiento de lo que ocurre en las administraciones”, señala el abogado y especialista en contratación pública Gino Silva Abo.
El escenario descrito es el ideal. Sin embargo, no todas las municipalidades cumplen con dicha exigencia, como es el caso de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, cuyo portal de transparencia no está actualizado y carece de información, por ejemplo, relacionada a los comités de selección. En el caso de la comuna de Ferreñafe, no aparece información entre mayo y julio, precisamente el tiempo en el que el alcalde estuvo detenido e internado en una clínica privada, mientras su defensa apelaba el mandato de prisión preventiva en su contra.
En Ferreñafe
Aun así, Expresión logró reconstruir información relacionada a los comités de las tres municipalidades provinciales, organizando la data existente en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, a través del cual se convocan, desarrollan y publican los recursos de los procesos convocados.
En agosto, la comuna de Ferreñafe convocó a cuatro procesos de contratación, uno de ellos para la “Creación del servicio de transitabiliddad vehicular y peatonal de la habilitación urbana Ernesto Vílchez Alcántara”, con un valor referencial de 4 millones 349 mil 815.70 soles. El comité lo integraron: July Alberca Carrasco, como presidenta, y Juan Burga Ramírez y Jhonar Tolentino Salinas, como miembros.
La contratación fue convocada el 21 de agosto en el SEACE y la entrega de la buena pro se programó para el 11 de octubre. Sin embargo, el 20 de noviembre se postergó la admisión, calificación, evaluación y adjudicación de la obra, para 9 días después otorgar la buena pro al Consorcio Esparta, aún sin contrato suscrito. Para entonces, la presidencia del comité había cambiado, asumiendo dicho rol César González Bernal.
González Bernal aparece en tres informes de la Contraloría General de la República. De acuerdo al Informe n.° 024-2024-2-0378, tendría responsabilidad penal en el procedimiento de selección para la ejecución de obra: “Mejoramiento de la transitabilidad a nivel de tratamiento superficial bicapa de la carretera Culden, La Chapa, El Lloque y Udima del distrito de Catache - provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca”. Dicho informe fue publicado el 11 de noviembre.
También ha sido señalado con responsabilidad penal y administrativa por Contraloría, en el Informe n.° 007-2021-2-0989, relacionado con el procedimiento de contratación pública especial para la ejecución de obra: "Rehabilitación de la bocatoma Prada en el río Motupe, distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque", a cargo de la Gerencia Regional de Agricultura; y con responsabilidad administrativa en el Informe n.° 004-2021-2-0989, “en la contratación del servicio ejecución de la actividad de rehabilitación de la bocatoma y canal Huaca de la Cruz, río La Leche-Íllimo-Lambayeque”, a cargo de la misma gerencia.
La primera presidenta del comité, July Alberca Carrasco, trabajó en el Gobierno Regional de Lambayeque e integró el comité para la obra del colegio Federico Villarreal, cuya contratación tuvo diferentes postergaciones, tal como sucedió en la obra de Ferreñafe.
El integrante del comité Juan Burga Ramírez figura en dos informes de Contraloría, con responsabilidad civil y administrativa (4488-2022-CG/GRLA-SCE), y penal y administrativa (081-2023-2-0344).
Burga Ramírez y Tolentino Salinas integraron otro comité de selección para la ejecución de obra: "Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal, en la urbanización Manuel Alcántara del distrito de Ferreñafe”, con un valor referencial de un millón 518 mil 24.51 soles. El presidente del comité fue Ronald González González, quien también fue señalado por Contraloría con responsabilidad penal y administrativa en los informes 030-2024-2-0373 y 021-2024-2-0373, por procesos en las municipalidades de Chota y Anguía, en este último caso siendo alcalde José Nenil Medina Guerrero, cercado al expresidente Pedro Castillo Terrones.
González González ha sido el encargado de dirigir el proceso de compra de alimentos en la comuna de Ferreñafe.
Todos los personajes mencionados, a excepción de July Alberca Carrasco, han tenido presencia en al menos 13 comités y procesos de contratación y compras en la municipalidad de Ferreñafe entre agosto y diciembre de este año.
Comuna de Chiclayo
La Municipalidad Provincial de Chiclayo convocó el 22 de noviembre el proceso para el “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el pueblo joven San Nicolás del distrito de Chiclayo”, valorizado en cuatro millones 227 mil 419.68 soles, con el comité presidido por Yudith Santa Cruz Cubas e integrado por Junior Enríquez Porras y Enrique Beraun Coronel. El otorgamiento de la buena pro está programado para el 6 de enero del 2025.
Como antecedente se tiene que tanto Santa Cruz Cubas como Enríquez Porras integraron el comité que adjudicó el servicio de mantenimiento de la transitabilidad en diversas avenidas del casco urbano de la ciudad de Chiclayo, por de 3 millones 600 mil soles, al Consorcio Chiclayo, representado por Jorge Luis Porras Carrión, quien fue condenado por el delito de colusión agravada por una obra que ejecutó en la ciudad de Tacna.
El 15 de agosto la comuna declaró desierto el proceso porque la empresa no cumplió con presentar la documentación completa para el perfeccionamiento del contrato, convocándose a un nuevo proceso, dirigido por el mismo comité, el cual ganó la empresa Corporación Asfaltos y Pavimentos Castillo SAC, firmándose el contrato el 4 de noviembre.
En el proceso para la adquisición de camionetas y motocicletas para la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Subgerencia de Coordinación de Alcaldía, con valor referencial de 3 millones 772 mil 197.70 soles, convocado el 22 de agosto, se designó como integrante el comité a José Orbegoso Saldaña, quien tiene como antecedente una sanción del Tribunal de Disciplina Policial, Resolución n.° 056-2014-IN/SATDP, por infracción grave.
En el municipio de Lambayeque
De junio a diciembre, en la Municipalidad Provincial de Lambayeque los procesos más importantes, en cuanto a monto se refiere, han estado relacionados con la compra de alimentos. El 3 de junio se lanzó en el SEACE la adquisición de arroz pilado superior y arveja entera para el programa de complementación alimentaria, por un millón 328 mil 550 soles. El comité estuvo integrado por José Castillo Villegas, como presidente, y Horacio de la Cruz Silva y José Sipión Bornaz.
La compra fue adjudicada a la Asociación de Productores Agroindustriales Finca Milenaria, pero solo para la adquisición de arroz. La compra de arveja quedó desierta. En el SEACE no aparece el contrato con la asociación.
Castillo Villegas aparece en el Informe n.° 007-2018-2-0427 de Contraloría, con responsabilidad penal y administrativa, por su participación en la contratación de bienes y servicios inferiores a 3 y 8 UIT, entre el 2015 y el 2017.
En agosto se volvió a lanzar la convocatoria para compra de alimentos y el 19 de noviembre nuevamente, por un valor de un millón 88 mil 100 soles. En este último proceso la presidente del comité fue Francisca Seclén Niño y los integrantes Pedro Ulloque Quintero y Giannina González Salcedo.
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(*) Coordinador periodístico de Expresión | | Becario del Curso de Periodismo y Política realizado por la Fundación Gustavo Mohme Llona, Idea Internacional y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Inaugurado en 1987, el establecimiento penitenciario de Chiclayo fue construido en el antiguo fundo Santa María del Rocío, en Picsi. Se concibió inicialmente para albergar a una población de 1200 internos, pero hoy tras sus paredes de concreto armado viven casi 4400 reos, configurándose como uno de los penales con mayor hacinamiento del país.
Pero si la cifra de internos ha ido creciendo año tras año, la cifra de personal de tratamiento no. Luis Fernández Ruiz, director de la Oficina Regional Norte del Instituto Nacional Penitenciario - Inpe, refiere que el penal de Chiclayo solo cuenta con tres psicólogos, número a todas luces insuficiente para dar la contención psicológica que se necesita.
“Por lo menos requeriríamos de cuatro psicólogos por cada mil internos por pabellón, pero ahora solo contamos con tres profesionales para toda la población de 4400 internos que tiene el penal. Necesitaríamos unos 20 psicólogos como mínimo. No tenemos ni uno por pabellón”, menciona.
Seguridad
Similar situación ocurre con los profesionales en trabajo social y con los servidores de seguridad. De estos últimos solo se cuenta con 120 agentes, quienes se dividen en tres turnos. Se requiere -asegura- entre 100 a 150 por turno para garantizar la seguridad de la cárcel.
“Tenemos un promedio de 40 agentes de seguridad por turno, pero descontemos al personal que realiza las diligencias hospitalarias. Son dos custodios por cada interno y a veces hay diez internos hospitalizados, es decir, son 20 servidores que tenemos fuera y en el penal nos quedamos solo con 20. Es un déficit tremendo. Gracias a las gestiones de la Presidencia del Inpe se designará personal a la zona norte de la escuela que se está clausurando para el ingreso de nuevos agentes”, manifiesta.
Destaca que, a pesar de la brecha de personal de seguridad, desde el 2021 no se reporta un motín en el penal, aunque nunca se descarta el riesgo de que una nueva revuelta ocurra.
Agrega que también es necesario el equipamiento del penal con herramientas tecnológicas como escáneres digitales para la detección de sustancias prohibidas u otros objetos.
“No tenemos en la puerta de ingreso o en los accesos al penal ese tipo de tecnología que nos sería de mucho ayuda para detectar el ingreso de sustancias. Ahora vemos que muchas personas las ingresan dentro de sus estómagos ingiriendo pastillas, eso es muy complicado detectar”, afirma.
Hacinamiento
Luis Fernández señala que tanto fue el nivel de hacinamiento que durante la pandemia se decidió trasladar a la población femenina de la prisión hacia el penal de Pacasmayo, debido a los motines que se registraron y que puso en riesgo incluso a las mismas internas.
“Este establecimiento penitenciario no estuvo diseñado para albergar dos tipos de población, tanto masculina como femenina. Fue a raíz de los múltiples motines que hubo en pandemia que se tornó demasiado peligroso que exista un ambiente donde estén albergadas mujeres, por eso se tomó la decisión de que todas vayan al penal de Pacasmayo, dado que se reaperturó para ese fin”, sostiene.
Actualmente, el penal solo cuenta con un espacio pequeño a donde van las presas antes de ser clasificadas y trasladadas. La cifra mensual de internas provenientes de Chiclayo que son derivadas a otros penales, Pacasmayo sobre todo, oscila entre diez y doce.
Agrega que el hacinamiento en el penal también se debe a que más del 30 % de la población penitenciaria en Chiclayo no cuenta con una sentencia, mientras que otros se encuentran recluidos por delitos menores. Por ejemplo, hay cerca de 80 internos por faltas contra la persona y 200 por omisión a la asistencia familiar.
“A través del Poder Judicial se están haciendo grandes esfuerzos para que los internos que llegan al penal sean sentenciados. Hoy, más del 65 % ya está sentenciado, pero aún es una cifra insuficiente. Deberíamos buscar otro tipo de alternativas, otras penas para estos señores”, menciona.
Refiere que con el alcalde de Picsi, Juan Coronado Sánchez, se ha avanzado en las coordinaciones para la obtención de la licencia social, a fin de lograr la tan ansiada ampliación del penal, dado que se cuenta con el terreno en este distrito para su edificación.
No obstante, esta no es una tarea fácil, dado que en Trujillo y Piura también cuentan con terrenos para la ampliación de pabellones, pero tampoco se ha obtenido la licencia social por parte de la población.
Resocialización
A pesar de todos estos problemas, el Inpe trabaja en la resocialización de los internos, a través del programa ‘Cárceles Productivas’. Un ejemplo es la labor que realizan en el taller de panadería, donde diez reclusos elaboran panes, dulces y por estas fechas también panetones, los mismos que cuentan con registro sanitario y están a la venta al público.
“El panetón se llama ‘Maqui’, aproximadamente diez internos lo fabrican. Este año tenemos registro sanitario para lanzarlo a la venta al público. La empresa ‘Dulce Maqui’ ha apostado por la rehabilitación de los internos a través de este rubro. Es un panetón de calidad que no tiene nada que envidiar a ninguna marca”, señala el director regional de Inpe.
Israel Zapata, maestro panadero que está a cargo del taller, señala que estos panetones son preparados con premezcla y en un día los internos pueden sacar hasta 80 unidades.
“Ya llevamos tres años trabajando acá, todos los años elaboramos panetones y siempre mejoramos el sabor. Esta Navidad tenemos la oportunidad de sacarlos a la venta, por lo que invitamos a la colectividad a adquirirlos. Por ahora vamos preparando 2000 panetones”, indica.
Otros talleres que funcionan en el penal son el de cuero, donde elaboran bolsos, billeteras, maletines y monederos; carpintería, donde se producen catres, cofres, y tallados; y costura, donde se fabrican batas hospitalarias.
Además, dentro del penal funciona el Centro de Educación Básica Alternativa ‘Ciro Alegría’, donde estudian 180 internos del régimen cerrado especial.
+NOTICIAS:
Mediante el Decreto Supremo N.º 134-2024-PCM, el gobierno declaró el estado de emergencia en 32 de los 38 distritos del departamento de Lambayeque debido al déficit hídrico por la falta de lluvias. Ante esta situación, los integrantes de la Séptima Brigada de Infantería apoyan en el control de los canales, esto a fin de evitar que personas inescrupulosas hurten el agua que ha sido priorizada para uso poblacional en detrimento del uso agrícola.
“Estamos viviendo una época de sequía, por eso todos los días estamos saliendo desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente para resguardar todos los canales, porque tenemos conocimiento que hay personas que extraen irregularmente el agua, lo cual en un futuro muy corto podría afectar a la población lambayecana”, asevera el general Cristhian García Rodríguez, jefe de la Séptima Brigada de Infantería.
Comenta que hasta el momento se han reportado siete incidencias, las cuales se han resuelto sin mayor resistencia por parte de estas personas, que por lo general son agricultores que intentan llevar agua para sus cultivos. Esta labor de patrullajes diurnos y nocturnos se realizan en coordinación Epsel, la Prefectura y la fiscalía.
Asimismo, refiere que el ejército se encuentra preparado con mejores condiciones para enfrentar eventuales lluvias como las del verano pasado, ocurridas en el marco del ciclón ‘Yaku’.
Inseguridad ciudadana
De otro lado, señala que también se han equipado con cascos, chalecos y escudos, de modo que estén preparados para apoyar a la Policía en el control del orden interno en caso así se dispusiera, tal como ocurre en 21 distritos de Lima y Callao declarados en emergencia por inseguridad ciudadana.
“Hemos recibido también la instrucción por parte de los asesores legales y de la Policía para que nuestro personal esté en condiciones de actuar en caso se desborde la inseguridad ciudadana y el marco legal así lo permita”, acota.
García Rodríguez resalta que el Ejército del Perú tiene, además del control del orden interno, otros cuatro roles que son: el apoyo en la gestión de riesgo de desastre como parte de la primera respuesta, el apoyo en la política exterior, el apoyo al desarrollo económico y social, y mantener y resguardar la soberanía nacional.
Proyectos
De otro lado, la autoridad castrense anuncia que este 19 de diciembre se inaugurará el complejo militar Sipán, el cual se ubica en el distrito de Pimentel y ha demandado una inversión de 445 millones de soles. Este complejo permitirá mejorar la capacidad operativa de la Séptima Brigada de Infantería.
Añade que también se han hecho alianzas con el sector público y privados para que los soldados, al terminar su servicio militar, no solo salgan como licenciados del Ejército, sino que tengan capacidades técnicas en textilería, electricidad, metalmecánica, sistemas drywall, entre otros.
“Hoy hemos logrado importantes alianzas y nuestros soldados que salen del ejército están siendo captados para trabajar inmediatamente en el sector privado. Todo esto fuera de las becas que también hemos logrado con otras instituciones”, sostiene.
+ NOTICIAS:
Ernesto Oliden Barón, quien desde el 19 de noviembre ocupa la jefatura de la Oficina de Logística del Hospital Regional de Lambayeque, dirigió a Expresión una carta notarial amenazante, exigiendo que este medio de comunicación se rectifique de la información difundida en la Edición 1380, como parte del informe titulado: “¿Trabajadores fantasmas en el hospital regional? Programaron sueldos para personal que ya no labora o nunca tuvo vínculo”. Sin embargo, documento existe en el sistema de la Policía Nacional del Perú.
Oliden Barón, quien ejerce como jefe de Logística pese a tener solo el grado de bachiller en Administración, aun cuando el Manual de Organización y Funciones – MOF, del nosocomio, exige el título profesional, remitió la carta notarial el 5 de diciembre y niega haber sido denunciado por el delito de violación sexual, información que se consignó en condicional en la Edición 1380.
“Debo manifestar mi total rechazo y desagrado, pues me ha acusado de un delito tan execrable como el delito de violación, hecho que resulta ser falso pues nunca he visto por ese ilícito penal o alguno de igual naturaleza (SIC)”, señala en su carta.
El servidor amenazó a este medio con iniciar un proceso penal por el supuesto delito de difamación si es que no se realiza la rectificación que exigió.
Sin embargo, no adjuntó ningún documento que acredite su negativa, como los antecedentes policiales o penales actualizados, a fin de desvirtuar la información difundida.
Expresión accedió a la totalidad de los antecedentes que obran en el sistema de la Policía Nacional del Perú, confirmando que, en efecto, sí fue denunciado por violación sexual en Cajamarca.
La denuncia
La ciudadana de iniciales D.J.Z.Q, de 26 años, acudió el 16 de septiembre de este año a la Policía Nacional del Perú para denunciar haber sido víctima de violación sexual.
Según el detalle de la denuncia, esta refirió que el 15 de septiembre se encontraba en Cajamarca en la fiesta de una amiga y que fue allí donde habría conocido a Ernesto Oliden Barón. Al finalizar la fiesta, éste se habría ofrecido en llevarla hasta su casa, ubicada en el caserío San Nicolás, pero antes la habría invitado a beber en un establecimiento llamado Sorbos, ubicado frente a la Plaza de Armas de Cajamarca.
De acuerdo al relato, la presunta víctima recuerda haber llegado a dicho establecimiento y tomado un par de copas, para luego despertar en un hospedaje llamado La Pascana, completamente desnuda.
“Lo que quiere denunciar es que abusaron de ella, hecho ocurrido en circunstancias que lo que denuncia ante la PNP para los fines del caso”, señala el documento, suscrito por el suboficial Eduardo Melgarejo Vásquez.
El historial
La denuncia quedó registrada con el número 31046343 en el sistema de denuncias de la Policía Nacional del Perú, siendo su fecha de reporte el 25 de noviembre pasado.
Dicho registro coincide con otras intervenciones realizadas y registradas contra Oliden Barón, como la del 28 de enero del 2023, cuando fue intervenido por personal policía en la vía Chiclayo – Pimentel por conducir en estado de ebriedad, según consta en sus antecedentes policiales. En el 2015 también fue intervenido por la misma razón.
Es más, en la actualización del reporte, al 26 de noviembre del 2024, Oliden Barón aparece como requisitoriado, en razón de la denuncia número 31052071.
En consecuencia, Expresión rechaza los términos amenazantes del funcionario y haber incurrido en algún tipo de práctica difamatoria, pues los hechos expuestos están debidamente documentados y existen en fuente oficial.
