A toda costa, los implicados en el caso Línea pretenden evitar la investigación fiscal luego que se reabriera en base a las nuevas evidencias presentadas por Juan Miguel Valdivia Goycochea, exfuncionario de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL.

Mediante escrito de fecha 9 de febrero de este año, Mario Salini Falconí; exadministrador de la Empresa de Transportes Línea, presentó ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo una demanda de hábeas corpus contra el fiscal César Celis Zapata, solicitando se declare nula y sin efecto legal la Disposición Fiscal N° 6, de fecha 12 de julio de 2017, con la que dispuso reexaminar los actuados en la Carpeta Fiscal 2585-2010.

En dicha carpeta se formalizó la investigación preliminar contra el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, por el delito de cohecho pasivo, y Víctor Andrés Díaz Zárate y Mario Carlos Alberto Salini Falconí por el delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado.

Salini Falconí también remitió un escrito a Haydee Bravo Chávez, coordinadora de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, informándole que con fecha 9 de febrero de 2018 presentó el hábeas corpus, por lo que “…a efectos de evitar una nueva investigación”, solicitó a su despacho la suspensión de la investigación hasta las resultas de la acción judicial.

EL CASO LÍNEA

El 9 de agosto del 2010, en el programa Expresión TV, transmitido por Canal 21, propaló un vídeo en el que se observa a Víctor Díaz Zárate recibiendo un sobre que contenía dinero de manos del entonces administrador de la Empresa de Transportes Línea, Mario Salini Falconí.

Al día siguiente el Procurador Anticorrupción de Lambayeque; Elver Díaz Bravo, mediante Oficio N° 196-2010, se dirigió ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno; en este caso la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa que despachaba Sergio Lucio Zapata Orozco, solicitando la investigación correspondiente, en el entendido que el dinero era para ser entregado a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en agradecimiento por haber favorecido a la empresa con la Ordenanza Municipal N° 016-2009, del 20 de noviembre de 2009. Adjunto al oficio de denuncia Díaz Bravo remitió al Ministerio Público un CD rotulado “Extorsión a transportista agosto 2010”, la Ordenanza Municipal N° 016-2009 y una “nota anónima”.

La referida “nota anónima” señalaba que Díaz Zárate era un “operador de negocios sucios” relacionados a Roberto Torres Gonzales y Percy Quesquén Díaz; entonces jefe del SATCH, agregando además que en el vídeo se menciona a “Percy” y se ofrecen ordenanzas a pedido del cliente.

Mediante Disposición N° 01, de fecha 20 de agosto de 2010, el fiscal Zapata Orozco dispuso la realización de diligencias preliminares. Sin embargo, en este mismo documento ordenó: “Resérvese la visualización del vídeo”, remitiendo la carpeta fiscal al Departamento Desconcentrado contra la Corrupción por un plazo de 50 días a fin de que realice las diligencias dispuestas en la referida disposición. Es decir, el mismo fiscal que dispuso abrir investigación preliminar, ordenó que no se visualice el video que resultaba ser la prueba principal del delito.

Con la Disposición N° 02, del 30 de noviembre de 2010, el Zapata Orozco dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria sin haber dispuesto la visualización y menos la transcripción del vídeo por parte de peritos especializados, señalando en su séptimo considerando que: “…Valiéndose destacar por las consideraciones expuestas, que al haber reconocido los dos últimos nombrados la existencia del vídeo, no resulta necesaria ya su visualización…”.

CUESTIONABLE ACTUACIÓN

No obstante la denuncia formulada por el Procurador Anticorrupción en el Caso de Trasportes Línea se centraba justamente en que en dicho vídeo se podía observar al exadministrador de la referida empresa entregando un sobre con dinero a Díaz Zárate, presumiblemente para un funcionario de la MPCH (llamado Percy) a cambio de la emisión de una ordenanza que favorezca a la empresa de transportes.

Ante esto, el Procurador Público Anticorrupción, el 22 de diciembre de 2010 presentó una queja de derecho contra la disposición de archivo, señalando en su segundo considerando: “La visualización solicitada por la Procuraduría, era para no solo ver a las personas intervinientes en la entrega del sobre, sino para la captación del diálogo o voces y su respectiva transcripción, para una pericia con personal especializado…”.

En respuesta, el fiscal superior Julio Morales Saldaña, el 7 de marzo del 2011, dispuso revocar la disposición fiscal impugnada que ordenaba el archivamiento, señalando en el inciso c), del considerando sexto, que “se advierte que las diligencias preliminares dispuestas por el fiscal han sido insuficientes y deficientes (..) sin haberse dispuesto la visualización del vídeo (…), conformándose el señor fiscal en señalar en su disposición de archivo que dicha visualización resulta innecesaria debido a que los protagonistas de la misma han aceptado su existencia, sin establecer el contenido – conversación - de la misma, la cual resulta relevante para el caso en cuestión…”.

En cumplimiento de lo ordenado por el superior jerárquico, Zapata Orozco dispuso ampliar la investigación preliminar por 50 días más. Sin embargo, con fecha 15 de julio de 2011 nuevamente dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria y esta vez el superior estuvo de acuerdo a pesar de la reiterada oposición del Procurador Anticorrupción.

En aquella oportunidad tampoco se efectuó una pericia especializadaal vídeo; si no, únicamente, con un acta de visualización, audición y transcripción de vídeo, efectuada por el fiscal responsable de la investigación contando con la presencia, de Mario Salini Falconí y su abogada defensora, sin contar con la participación de ningún perito o especialista.

VARIAS MANOS

La carpeta fiscal 2585-2010 ha pasado, desde su reapertura, por las manos de varios fiscales que se han inhibido de continuar con la investigación: Pamela Aurazo Colchado, José Eduardo Céspedes García y Judith Verónica Pinto Zavalaga hasta llegar finalmente a manos de la coordinadora de la Tercera Fiscalía, Haydee Bravo Chávez, quien ha dispuesto la realización de algunas de las diligencias solicitadas por Valdivia Goycochea, entre ellas la realización de una pericia para determinar la fecha de grabación y grabación primigenia de los vídeos presentados: el rotulado “Vídeo Original” (Muestra 01) presentado por Salini Falconí cuando declaró ante la Policía Anticorrupcióny el rotulado “Extorsión a transportista agosto 2010” (Muestra 02) presentado por el Procurador Anticorrupción en la denuncia original.

Los resultados de la pericia realizada por la Unidad de Lavado de Activos (UNILAC) de la Policía Nacional del Perú son más que reveladores y afianzan la necesidad de continuar investigando. La conclusión “B” asevera que “…la Muestra N° 02 es más antigua que la Muestra N° 01…”, mientras que la conclusión “C” señala que “los archivos remitidos para este análisis, son dos (02) copias distintas, siendo así que la Muestra N° 02 se encuentra en un formato de vídeo y de autoreproducción, mientras que la Muestra N° 01 se encuentra recortada y en otro formato de vídeo...”.

Las sombras de las dudas se acrecientan y estas sean quizá las razones por la que el exadministrador de Transportes Línea desea que no se continúe investigando.

¿Cómo es que el vídeo rotulado “Extorsión a transportista agosto de 2010” es más antiguo que el supuesto “Vídeo original” presentado por Salini Falconí a la Policía Anticorrupción? ¿Qué parte del “Vídeo original” presentado por Salini Falconí es la que se ha “recortado”?

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