El nuevo Centro de Salud de Íllimo es actualmente la obra asistencial más importante de la provincia de Lambayeque. Cuando entre en funcionamiento podrá beneficiar a más de 50 mil habitantes, lo que evidencia su impacto en la calidad de vida de la población de la parte baja del valle La Leche, comprendiendo a distritos como Íllimo, Pacora, Túcume, Mochumí y Jayanca. El avance físico es del 98 % y, si bien los trabajos están paralizados desde julio, la participación de la sociedad civil ha sido determinante para llegar a ese nivel de ejecución asegurando el cumplimiento de estándares de integridad.
Tras El Niño Costero del 2017 y como parte del proceso de reconstrucción del departamento, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, consideró entre sus inversiones el proyecto de “Recuperación de los servicios de salud del Centro de Salud de Íllimo”, con un presupuesto superior a los S/43 millones, asignando la unidad ejecutora a la municipalidad del distrito, que nunca antes había manejado tal cantidad de recursos.
Proceso de selección
La contratación para la ejecución de la obra se realizó teniendo como base legal el Decreto Supremo 071-2018, que estableció el procedimiento especial para la reconstrucción a nivel nacional. En ese marco, el 14 de octubre del 2022, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace, la comuna illimana convocó la contratación de la obra con un valor referencial ascendente a S/43 millones 169 mil 630.57.
El comité de selección adjudicó el proyecto el 27 de octubre de ese año al postor San Carlos Contratistas Generales SRL. En la convocatoria se registraron 12 empresas, pero solo dos presentaron la oferta económica y técnica. Cumplido el plazo para el perfeccionamiento del contrato, se procedió a la firma del mismo el 15 de noviembre entre el entonces alcalde del distrito Miguel Baldera Sandoval y el representante legal del postor ganador, Javier Silva Delgado.
La supervisión fue adjudicada al Consorcio Supervisor Íllimo, cuyo contrato fue suscrito el 25 de noviembre del 2022 por un valor total de S/3 millones 166 mil 142.18.
El nuevo centro de salud, que tendrá categoría I-3, ofrecerá atención en salud familiar y comunitaria, salud ambiental, nutrición integral, prevención de enfermedades como el cáncer, aplicación de pruebas rápidas, toma de muestras y rehabilitación, así como la atención de partos de urgencia. El proyecto comprende la infraestructura y el equipamiento.
Inicio de obra y el Yaku
Los trabajos iniciaron en diciembre del 2022, no siendo afectados por el cambio de autoridades locales en enero del año siguiente. Por el contrario, la ejecución del componente de ingeniería continuó con normalidad hasta marzo del 2023, cuando los eventos originados por el ciclón Yaku ocasionaron severos daños en el distrito, cuya zonas urbana y rural quedaron completamente inundadas debido al desborde del río La Leche.
El emplazamiento donde se construye el centro de salud fue uno de los primeros alcanzados por las aguas del río, ubicado en el sector norte. El nivel de la inundación superó el metro de altura.
Aquellos episodios representaron dificultades para la continuidad de los trabajos, generando costos adicionales que hasta el momento no han sido cubiertos por el Estado. Además, la situación se complicó debido a la desactivación de la ARCC, en diciembre del 2023, siendo esta la fuente de financiamiento para el proyecto asistencial en Íllimo.
Veeduría ciudadana
Pero las crisis representan oportunidades y en este caso se dieron las condiciones para incorporar en el proceso constructivo a la sociedad civil como veedora, gracias a la participación de la Mancomunidad del Valle La Leche en la Red de Integridad Lambayeque, esfuerzo en el que confluyen actores estatales, colegios profesionales y organizaciones sociales, formado como parte del Proyecto Inversión Pública Transparente – TPI, por sus siglas en inglés, financiado por la cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica.
En el proyecto TPI de USAID se promueve la implementación y seguimiento de 15 estándares de integridad, esto con el objetivo de promover transparencia e idoneidad en los procesos de contratación pública en siete regiones del país, entre ellas Lambayeque.
Una de las primeras acciones fue la firma de un acuerdo de colaboración público – privada, a través del cual tanto la municipalidad como la contratista y supervisión se comprometieron a facilitar el trabajo de veeduría de la red, cumpliéndose de este modo el estándar de integridad 5, que justamente recomienda la implementación de dichos compromisos.
“Esta es una experiencia muy buena. Si bien aún no se concluye la obra, desde el momento en que la red mostró su interés de participar en la veeduría, la respuesta del municipio ha sido positiva. Tenemos la predisposición, lo mismo que la contratista y la supervisión, para ofrecer toda la información necesaria, de tal manera que la sociedad civil se involucre y tenga mayor presencia en la ejecución de las obras a fin de disminuir los riesgos. Es la primera vez que algo así sucede en nuestro distrito”, señala Carlos Vílchez Peches, gerente municipal.
Los estándares
La participación de la red ha puesto énfasis en los estándares 11, 12, 13 y 14, justamente los vinculados a situaciones como las originadas a partir del impacto del ciclón Yaku sobre el proceso constructivo.
“Los estándares se aplican en los tres momentos de la contratación pública: actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual. Son parámetros que nos permiten medir y superar riesgos que se pueden presentar en las obras, por ejemplo, el cierre de brechas, la declaración jurada de intereses o la fiscalización posterior al ganador de la buena pro, que se evalúa en el estándar 9 y en el que hacemos mucha incidencia”, comenta José Carlos Sánchez Manayay, coordinador regional del proyecto TPI de USAID.
El estándar 11 está referido a la supervisión permanente de la obra, aspecto en el cual la veeduría ciudadana encontró durante sus visitas realizadas al supervisor responsable, identificado como Miguel Campos Santamaría, quien asumió dicha responsabilidad el 30 de abril de este año en reemplazo del primer supervisor, Julio Ramos Marcelo. En obra también se encontró al ingeniero residente, William Bedriñama Carrasco, presente en el proyecto desde el 1 de diciembre del 2022.
Otro hallazgo importante de la veeduría fue la actualización del cuaderno de obra digital, con asientos en los que se han registrado las incidencias de la ejecución, no conteniendo este ninguna queja o penalidad generada a partir de la ausencia de alguno de los profesionales integrantes de la propuesta técnica tanto en la ejecución como supervisión. Lo que sí se encontró fue el registro de hasta 12 penalidades (hasta mayo), por cuestiones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
Adicionales de obra
Sánchez Manayay explica que el estándar de integridad 12 está relacionado a la aprobación justificada de adicionales y/o ampliaciones de plazo de manera oportuna por parte de la entidad. En este caso, el municipio de Íllimo admitió dos adicionales en la obra: el primero sobre el cambio de especificación técnica y adicional de obra por partida con Resolución de Gerencia Municipal n.° 0120-2023-MDI/GM, y el segundo por mayores metrados sustentado en la necesidad de elevar el nivel de piso terminado en 0.30 centímetros respecto a la carretera Panamericana Norte Antigua, el mismo que fue aprobado el 29 de septiembre del 2023 con la Resolución de Gerencia Municipal n.° 176-2023-MDI/GM.
“La obra en estos momentos se encuentra paralizada porque está pendiente el pago de los adicionales. El avance físico es del 98 %, pero en julio pasado la empresa decidió paralizar hasta que no se resuelvan dichos pagos. El proyecto ha sido financiado por la ARCC, pero esta culminó sus funciones en diciembre pasado y no ha habido dónde gestionar los recursos necesarios. Sin embargo, por gestiones del alcalde Juan Pablo Santamaría Baldera, se ha logrado el financiamiento”, explica el gerente de la comuna.
Los adicionales 1 y 2 suman poco más de S/800 000 que deben ser cubiertos con una asignación extraordinaria que ha recibido la municipalidad de Íllimo desde el gobierno central. La entidad y la empresa contratista concilian el reinicio de los trabajos para evitar la paralización por tiempo indefinido de los trabajos.
De la verificación del estándar 13, sobre el pago de valorizaciones dentro de los plazos previstos y de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa, se tiene que han existido deficiencias en el registro del avance financiero en el Sistema de Seguimiento de Inversiones – SSI, esto debido – en parte – al cierre de las actividades de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, y el traslado de parte de sus competencias a la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN.
Sin embargo, lo informado por la empresa contratista es que no existen valorizaciones pendientes de pago.
En el Reporte de Seguimiento a la Ejecución de Inversiones del Formato n.° 12-B, existente en el portal Invierte.pe, se informa que el costo actualizado del proyecto es de S/47 millones 907 mil 406, de los cuales se ha devengado, a agosto de este año, S/25 millones 297 mil 297, que equivalen al 52.8 % del total.
Observaciones de control
Existe otro estándar, el 14, cuyo seguimiento es fundamental para conocer en qué medida la entidad (municipio) ha corregido y adoptado las acciones preventivas y observaciones planteadas por la Contraloría General de la República como ente de fiscalización.
La veeduría ejercida por la Red de Integridad Lambayeque ha hecho seguimiento a los cinco informes de hitos de control elaborados por Contraloría sobre la obra de salud en Íllimo. El primero de ellos, Hito de Control n.° 011-2023-OCI/OC0427-SCC, observó la demora en el cumplimiento de las condiciones para el inicio del plazo de la ejecución del proyecto y que el terreno donde se construye la infraestructura se ubica en zona inundable, situación que aún no ha sido subsanada por parte de la entidad.
Se infiere que ello implica la ejecución de obras preventivas a fin de evitar que episodios como los presentados durante el ciclón Yaku se repitan.
La red señala que existen 3 situaciones adversas no corregidas por parte de la comuna distrital y que han sido debidamente notificadas por Contraloría a través de sus informes, formulados por el Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
“Como veeduría hemos alcanzado también recomendaciones a la municipalidad. Lo interesante en el seguimiento de los estándares de integridad es que permite advertir situaciones que puedan complicar la ejecución de obra. En Lambayeque hay más de 54 obras paralizadas y lo que queremos es que este proyecto salga adelante”, indica el coordinador del proyecto TPI.
En atención a ello, Vílchez Peche refiere que la municipalidad trabaja en el levantamiento de las observaciones del ente de control, para lo cual se ha elaborado un plan de acción.
“Ejecutar una obra de esta magnitud representa retos, sobre todo para un municipio tan pequeño como el nuestro. Ello supone tener una comunicación más fluida con la contratista y la supervisión”, remarca el funcionario.
Experiencia replicable
Uno de los aspectos relevantes del ejercicio de veeduría a cargo de la Red Integridad Lambayeque es que en él participan jóvenes estudiantes y profesionales que pertenecen al voluntariado Jóvenes del Milenio.
El vicepresidente de la organización, Luis Castro Silva, menciona que experiencias de este tipo promueven la transparencia y evitan casos de corrupción, pero además generan cultura de integridad entre quienes la responsabilidad de manejar recursos públicos.
“Hace falta promover más la participación ciudadana respecto a la gestión pública, a lo que día a día hacen nuestras autoridades. Es necesario hacerlo porque esto va a permitir que las autoridades sean más transparentes y, en consecuencia, que se pueda evitar casos de corrupción”.
El caso del Centro de Salud de Íllimo es uno de los proyectos de inversión pública en los que la Red de Integridad Lambayeque tiene participación activa a través de la veeduría. En otros distritos, como Cayaltí, hubo resistencia por parte de la contratista de una obra educativa para facilitar el acceso e información, mientras que en los distritos de José Leonardo Ortiz y Pacora las circunstancias han sido más favorables. La red también fiscaliza, como actor de la sociedad civil, obras a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque.
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Destacan esfuerzo de la Red de Integridad
Representantes de la sociedad civil destacan el trabajo realizado por la Red de Integridad de Lambayeque en la promoción y seguimiento de los estándares de integridad en las obras públicas, siendo una de las iniciativas más importantes ejecutadas con dicho objetivo a nivel departamental.
Wendy Paredes Castañeda
Gerente general de la Mancomunidad del Valle La Leche
“Bastante favorable la participación de la red porque ha permitido que haya interacción entrega la sociedad civil, el gobierno municipal y las empresas contratistas y supervisora. Considero que son experiencias muy favorables, la red está integrada por instituciones, adultos y jóvenes, y el hecho que en ella concluyan diversos actores hacen que alguna manera se tengan iniciativas para generar transparencia en las obras públicas. Estas experiencias deberían ser replicadas, esta ha sido la primera desde la mancomunidad para que sea abordada desde la veeduría”.
Javier Figueredo
Asociación Cívica Integración Lambayecana
“El trabajo de la red es importante porque une a varias organizaciones para realizar la veeduría de la ejecución de infraestructuras públicas. Es urgente que la sociedad civil a través de sus actores se convierta en fiscalizadora, desde la elaboración de los expedientes, procesos de contratación, ejecución y entrega. Ese proceso largo debe ser observado muy de cerca, para asegurarse la transparencia, porque en Lambayeque y a nivel nacional sabemos las deficiencias que existen en la administración pública. El trabajo está dando resultados”.
Carlos Burgos Montenegro
Decano del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Lambayeque
“La sociedad civil tiene un rol trascendente en la fiscalización de las obras públicas y en ese sentido es muy saludable el esfuerzo realizado por el proyecto TPI y la Red de Integridad Lambayeque, pues ha generado un espacio de diálogo entre las unidades ejecutoras y contratistas para prevenir actos que pongan en riesgo las inversiones. Esto ayuda a avanzar en el cierre de las brechas sociales que aún tenemos en el departamento, sobre todo en servicios elementales como salud y educación que son tan importantes”.
Carlos Balarezo Mesones
Representante del Colegio de Ingenieros de Lambayeque en la Red de Integridad
“El esfuerzo que se ha hecho en las veedurías es de resaltar, pero lo que se debe pensar es qué viene después, pues como sabemos estas acciones se han realizado como parte del proyecto TPI de USAID. Sería importante que se apunte al fortalecimiento de las capacidades de los actores locales como organizaciones de base, voluntariados, colectivos y frente de defensa para que puedan replicar la aplicación de los estándares y contribuyan con su fiscalización a la transparencia en las obras pública. Esa tarea también debe ser asumida por el Estado”.
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(*) Coordinador periodístico de Expresión | Becario del Curso de Periodismo de Soluciones para la cobertura de la Integridad y la Transparencia en las Contrataciones Públicas, realizado por la Fundación Gustavo Mohme Llona, USAID y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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