En las últimas dos décadas, el Perú ha experimentado una serie de declaratorias de emergencia como respuesta a conflictos sociales, desastres naturales y problemas de seguridad. Este artículo analiza la efectividad de estas medidas extraordinarias, evaluando si han contribuido a resolver los problemas estructurales que las originaron o si solo han actuado como soluciones temporales. Se presentan datos estadísticos y casos específicos para sustentar el análisis, revelando si estas intervenciones del Estado han significado avances o retrocesos en la gestión pública.
a. Contexto y Frecuencia de las Declaratorias de Emergencia
Las declaratorias de emergencia en el Perú son una herramienta legal utilizada por el Estado para actuar con rapidez ante situaciones que amenazan la seguridad, el orden público o la integridad territorial. Durante los últimos 20 años, el país ha enfrentado más de 200 declaratorias de emergencia, según datos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Estas emergencias incluyen fenómenos naturales como inundaciones y deslizamientos, así como conflictos sociales y problemas de seguridad, especialmente en regiones afectadas por minería ilegal y narcotráfico.
Por ejemplo, durante el periodo 2015-2023, más del 65% de las declaratorias estuvieron relacionadas con desastres naturales, especialmente en el norte y sur del país, donde el Fenómeno de El Niño causó daños severos. Otro 30% de estas medidas fueron declaradas en respuesta a protestas sociales, como las ocurridas en las regiones mineras de Apurímac y Arequipa, mientras que el 5% restante estuvo vinculado a la lucha contra el narcotráfico en zonas como el VRAEM.
b. Avances: ¿Qué se ha logrado?
Las declaratorias de emergencia han permitido una rápida movilización de recursos, facilitando la acción inmediata del Estado. En el caso del Fenómeno de El Niño Costero de 2017, las acciones tomadas bajo el estado de emergencia permitieron reducir los tiempos de respuesta ante las inundaciones y activaron mecanismos de reconstrucción en un marco más expedito. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en 2017 se destinaron S/ 8,000 millones para la reconstrucción de infraestructuras afectadas, lo que ayudó a restaurar servicios básicos en las regiones más golpeadas.
En términos de seguridad, la declaratoria de emergencia en el VRAEM ha permitido el despliegue de fuerzas militares para contener el avance del narcotráfico y del terrorismo. Entre 2018 y 2023, las operaciones realizadas bajo estos marcos legales lograron la incautación de más de 12 toneladas de cocaína y la destrucción de más de 500 laboratorios clandestinos.
c. Retrocesos: ¿Qué no se ha resuelto?
A pesar de los avances, las declaratorias de emergencia no han resuelto problemas de fondo en muchas áreas. En regiones mineras como Las Bambas, las protestas sociales continúan a pesar de la intervención del Estado. Esto refleja que la medida es muchas veces una solución temporal, incapaz de abordar los problemas estructurales, como la falta de diálogo efectivo entre las comunidades y las empresas mineras. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2018 y 2023, más del 80% de los conflictos sociales que dieron lugar a una declaratoria de emergencia siguieron activos tras su levantamiento.
En cuanto a la gestión de desastres naturales, aunque las declaratorias permiten una respuesta rápida, la falta de planificación a largo plazo ha sido una constante. El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 2014-2021 identificó que solo el 30% de las zonas de alto riesgo habían implementado medidas de mitigación antes de los desastres, lo que refleja una insuficiencia en la preparación. Así, las emergencias siguen siendo recurrentes en las mismas áreas, generando ciclos de vulnerabilidad.
Las declaratorias de emergencia en el Perú han demostrado ser útiles para actuar con rapidez ante situaciones de crisis, pero su impacto a largo plazo es limitado. Mientras que han permitido avances temporales en la mitigación de desastres y en el control del narcotráfico, no han resuelto problemas estructurales en sectores como los conflictos sociales o la planificación ante riesgos naturales. En muchas ocasiones, se convierten en parches temporales que no abordan las raíces de los problemas, lo que genera una repetición constante de las mismas situaciones de emergencia.
Fortalecer la planificación preventiva: Se debe invertir más en políticas preventivas que reduzcan la necesidad de recurrir a declaratorias de emergencia. Esto incluye la creación de infraestructura resistente a desastres naturales y la implementación de sistemas de alerta temprana eficaces.
Mejorar el diálogo en zonas de conflicto social: Es fundamental desarrollar mecanismos de mediación y participación ciudadana para que las comunidades puedan expresar sus demandas de manera efectiva antes de que los conflictos escalen al punto de requerir estados de emergencia.
Monitoreo y evaluación post-emergencia: Se necesita un seguimiento más riguroso de las áreas que han sido objeto de declaratoria de emergencia para asegurar que las medidas implementadas tengan un impacto duradero y no solo temporal.
Desarrollo de políticas integrales en zonas críticas: En áreas como el VRAEM, se requiere un enfoque multisectorial que integre educación, infraestructura, desarrollo agrícola y seguridad, de manera que las declaratorias de emergencia no sean el único recurso para combatir problemas crónicos.
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