Se sienta un precedente en la justicia peruana. El caso los Wachiturros no solo debe quedar en un expediente, en el traslado de competencia a otra fiscalía y Corte de Justicia; el caso debe y tiene que ser motivo de análisis, reflexión y discusión en la academia peruana.

Seguramente casos como estos se registran a diario en nuestro país. Seguramente hay muchos inocentes purgando cárcel, a quienes no se les escuchó el alegato de su inocencia. Y cómo no, si los miles de expedientes judiciales, que hacen cada vez más dificultosa la carga procesal, no les permiten a los juzgadores hacer un trabajo personalizado como se espera. Este tal vez sea un anhelo o un sueño caro de todo procesado.

Pasaron 8 largos años de falsas acusaciones, de fabricar imputaciones al antojo del exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones. Quién sabe Dios de qué estuvo motivado para aseverar cargos que no pudo probar, pues todo lo aguantaba el papel. Sus ansias de titulares en cuánto diario llamaba para alimentar de “nuevas evidencias”, no resultaron. Todo fueron más grandes falacias que no se pueden volver a repetir, sea quien sea el imputado.

Con conocimiento de causa digo que los respetables fiscales y jueces lambayecanos, esos profesionales idóneos, capaces, que no necesitan flashes, que no filtran sus investigaciones para mediatizar los casos, hoy sienten vergüenza. Los Watichurros es un caso que tuvo que ser trasladado a otra jurisdicción para que otro colegiado resuelva conforme a ley, porque los acusados reclamaban garantía procesal, esa que no tuvieron desde el 2016, cuando se dio a conocer la escandalosa imputación de Carrasco Millones.

Me queda claro que si los involucrados no se hubieran defendido durante estos años, empleando todos los recursos legales necesarios para demostrar su inocencia, hoy serían víctimas de la más grave injusticia.

Destaco el papel del abogado defensor, quien no solo ha dado cátedra en su defensa, sino que desde que tomó el caso fue preciso en señalar que Edwin Oviedo era inocente.

Por ello, el Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad emitió el jueves 22 de agosto un adelanto de fallo en el cual absuelve al empresario azucarero Edwin Oviedo Picchotito y a otros ciudadanos acusados del presunto delito de asesinato. El juicio estuvo relacionado con el caso conocido como “Los Wachiturros de Tumán”,

En entrevista con Expresión, la que en esta edición publicamos, el letrado chiclayano César Nakazaki Servigón manifestó que el juzgado a cargo del juicio oral de La Libertad recurrió a una figura que se llama adelanto de fallo, donde señala cuál es el sentido de la sentencia y hace un pequeño resumen de la misma, en la que ha determinado por unanimidad la inocencia de Edwin Oviedo y de los otros acusados, luego de haberse demostrado que la fiscalía no reunió prueba de cargo y que, más bien, quedó evidenciada la inocencia de su patrocinado.

Fue entonces correcto, legal y de conocimiento que Nakazaki Servigón pidiera a la Corte Suprema de la República trasladar desde el Distrito Judicial de Lambayeque a la Corte de La Libertad este sonado caso, que ha terminado encontrando justicia por la fuerza de la razón que esgrimió desde la defensa.

En alguna de las conversaciones que sostuve con el empresario Edwin Oviedo, me dijo: “He pagado cárcel injustamente, se me ha privado de la libertad por nada, nunca he cometido delito o falta alguna, tal como se me imputa; soy un hombre correcto, con aciertos y desaciertos, pero incapaz de matar o mandar a matar a alguien. Mi mente está siempre en lo positivo, se me ha hecho un incalculable daño, confío en que la justicia divina y de los buenos administradores de justicia me devolverán mi honor y dignidad. Mírame a los ojos, jamás se me hubiera ocurrido semejante atrocidad de la que me acusa inmisericordemente el fiscal Carrasco”.

Como más temprano que tarde la verdad sale a la luz, así se ha evidenciado. A lo largo del juicio, la defensa de Edwin Oviedo argumentó en contra de las acusaciones, presentando pruebas y testigos que, en conjunto, llevaron al tribunal a considerar que no existían elementos suficientes para sostener un veredicto condenatorio.

Por ello, Nakazaki Servigón dijo en Expresión que está establecido que los fallecidos fueron víctimas de homicidio, pero no se demostró que Edwin Oviedo haya dado la orden de matarlos. Eso es lo que se ha desvirtuado a lo largo de un extenso proceso judicial de 8 años.

En buena hora se solicitó la transferencia de competencias, que es la que determina cuando se evidencia que en la corte de origen no se garantiza un debido proceso y eso quedó claro por la mala actuación del exfiscal Carrasco Millones, que, utilizando figuras fraudulentas de la colaboración eficaz, habría fabricado testigos de cargo que sirvieron para que él abra un proceso amañado de puras mentiras.

¿El caso será borrón y cuenta nueva? Finalmente, ¿quién resarcirá tanto daño, será el Estado peruano, el exfiscal Carrasco, los jueces que no revisaron bien la acusación fiscal y privaron de la libertad a Edwin Oviedo, quien en esa fecha desempeñaba un importante trabajo desde la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol y como director de Azucarera Pomalca?

Este caso es público. Me gustará saber cuánto invirtió el Ministerio Público en todo este proceso. Tenemos derecho a conocer cómo cuantifica el Estado el tiempo, recursos y personas empleadas en un proceso que nunca demostró las pruebas fehacientes por parte del Ministerio Público. ¿Acaso fue un tema personal de quien intenta hoy en día convertirse en candidato a la presidencia de la república? La verdad siempre se sabe.

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Editora / Directora fundadora.