Durante la época de la colonia, lo que hoy es el Perú, fue un importante polo comercial para el mundo. A pesar de tener un comercio monopólico, nuestra diversidad era tan rica que era de interés global, principalmente de las potencias que competían con el imperio español por la hegemonía de la época, como Gran Bretaña. Serían los ingleses quienes finalmente terminaron motivando a consolidar la independencia de nuestro país, lo que significó la apertura comercial del Perú y aunque limitada, su primera proyección hacia el comercio global.
La particular ubicación del litoral de nuestro territorio, facilitaba que el Callao, administrado por la casa de Contratación de Sevilla, fuese junto a Acapulco (México) y Panamá, los principales puertos en el Pacífico, desde donde partían hacia Europa toda clase de mercancías, en un intercambio comercial que podría durar meses. Nadie podía dudar de la importancia del puerto del Callao a solo kilómetros de Lima, la capital del Virreinato y joya de la corona.
El proyecto republicano, inestable en sus inicios, encontró con el boom del guano y en el mariscal Ramón Castilla el primer modernizador del país. La necesidad, de exportación y recepción de carga, sumadas a la bonanza económica del momento, permitieron al Perú incrementar el número de puertos (Pisco, Arica, Paita, etc.) y mejorar la marina de guerra, de manera tal que pudieran asegurar la seguridad de los productos.
A pesar de la crisis política, que justificó la derrota ante Chile en la guerra, donde perdimos los puertos de Iquique y Arica, y sobre todo la debacle económica generada; en cuanto el Perú atravesaba una leve recuperación, el lambayecano Augusto B. Leguía iniciaría, a costas de una gran deuda, la recuperación y mejora del sistema ferroviario nacional, conectando a través de los ferrocarriles a los puertos del Perú con las zonas de producción. Un proceso que terminó por ralentizarse por décadas y en muchos casos terminar desapareciendo.
En la región, no hemos sido ni mucho menos, los únicos en este camino, nuestros más cercanos competidores en esta parte del Pacífico, Chile, han logrado durante las décadas pasadas generar una ventaja considerable en términos de infraestructura portuaria y vial, lo cual la ha contribuido significativamente en el desarrollo económico e industrial del hermano país del sur. Puertos como San Antonio o Valparaíso han sido cercanos competidores del Callao, convirtiéndose en un importante polo de inversiones. Similar situación ocurre con el puerto de Guayaquil en Ecuador con una capacidad de 2 millones TEUs.
En la carrera portuaria
Actualmente, luego de décadas de comportamiento económico positivo para estándares internacionales, una de las economías más estables de América Latina y nuestro sector industrial en constante crecimiento, Perú parece motivado por sus aliados internacionales a apostar nuevamente por generar infraestructura que le permita conectarse con el mundo, como política de estado.
El sistema portuario peruano actual está constituido por 87 puertos públicos y privados, tanto marítimos como fluviales, entre los que destacan los terminales portuarios de Callao, Matarani, Chimbote, Paita y Salaverry. Se trata, además, de un sector que no ha parado de crecer, pues no sólo movilizó en 2021 un 57 % más de carga que en 2010, sino que, también, superó los datos anteriores al inicio de la pandemia.[i]
Este año, durante la cumbre del APEC, el propio presidente Xi Jin Ping, estará presente en la inauguración del Puerto de Chancay. Este megaproyecto, a cargo de la empresa china Cosco Shipping, es clave para el comercio internacional y será un hub que redistribuirá la carga de los países de Chile, Ecuador y Colombia. Su inversión asciende, en su primera etapa, a US$ 1213 millones y cuya concepción final superará los US$ 3600. Este hecho no solo es un símbolo, sino que constituye un evento geopolítico enorme en términos de cooperación.
La edificación del Puerto de Chancay, tendrá un impacto positivo en la economía de numerosas familias a lo largo del corredor central del país hacia la costa, generando empleo y brindando ventajas a los participantes en la cadena del comercio internacional. Así como la reducción de costos logísticos para el transporte Asia-Pacífico.
Esta es la primera pieza, del corredor Bioceánico que China busca implementar para poder integrar la región amazónica Perú Brasil, permitiendo facilitar la integración comercial y abaratar los costos de transporte y logística. Esta cadena involucra necesariamente conectar a través de carreteras, vías férreas e hidrovías muchos departamentos del país, involucrando incluso zonas que actualmente se encuentran inconexas, como muchas en el nor-oriente peruano.
Otra megaobra
Este hecho ya ha despertado la mirada atenta de los Estados Unidos que a través de capitales financieros pretenden invertir en otra megaobra en Arequipa, que sería el Puerto de Corío, cuyo calado (profundidad disponible para encallar embarcaciones grandes) está entre los 30 y 50 metros, lo cual favorecería el arribo de buques de mayor capacidad y que podría ser otra enorme puerta de entrada al Mundo.
Queda claro entonces que vivimos un momento clave para el desarrollo de nuestro país. No solo porque las grandes potencias nos miren como eventuales socios comerciales, sino porque podemos poner a nuestro favor esas condiciones para impulsar firmemente ejes de desarrollo económico con una visión país.
Para ello es necesario de manera urgente crear la infraestructura necesaria para reforzar estos megaproyectos y ser capaces de desarrollar nuestra industria nacional, para, sin necesidad de intermediarios obtener los beneficios del mercado más grande del mundo: Asia, que además es desde ya el destino de una buena parte de nuestros productos de exportación.
Desarrollo en el norte
Es en ese sentido que los gobiernos subnacionales también tienen la responsabilidad de convertir a sus regiones en una propuesta atractiva para complementar estas iniciativas. En Lambayeque por ejemplo, ya se aprobó la ejecución del Mega puerto Eten, que con un calado mayor que el del Callao, puede ser el gran socio norteño de Chancay y la gran puerta de entrada al Nor-Oriente Peruano, lo que permitiría además aprovechar el potencial agroindustrial del proyecto Olmos-Tinajones.
Esta es una posibilidad que también podría aprovechar Piura con los puertos de Bayóvar y Paita, y la celeridad y eficiencia con que las autoridades resuelvan los procesos burocráticos en los próximos meses será gravitante para asegurar ser priorizados en la conformación de los ejes de Integración Macro-Norte y Macro-sur que se avizoran en el corto y mediano plazo.
Finalmente, proyectos como los puertos de Corío, Puerto Eten y Bayóvar tienen el potencial de ser catalizadores para el desarrollo económico del Perú y la mejora significativa de la calidad de vida de sus habitantes. La interconexión de estos con los puertos de Chancay y Callao fortalecerá aún más este impacto, creando una red logística integrada que potenciará el comercio, la inversión y la distribución de beneficios en todo el país. La colaboración entre estos puertos también puede generar sinergias en términos de desarrollo de tecnologías y mejores prácticas. Compartir conocimientos y recursos puede acelerar la implementación de medidas sostenibles y eficientes, promoviendo prácticas amigables con el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible a largo plazo.
Es imperativo que el gobierno y los actores involucrados trabajen de la mano para garantizar el éxito de estos proyectos y maximizar su efecto sobre nuestro país y sus habitantes. Tenemos ante nosotros una oportunidad de oro para volver a ser competitivos a nivel internacional.
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(*) Politólogo | santacruzcarranza@gmail.com
Analizar la Cooperación Técnica Internacional es conocer brevemente su definición y como fue creado en el Perú, ya que en la actualidad si bien es cierto ha habido tendencias de incremento presupuestario a nivel nacional, a nivel departamental es muy poco lo que se viene realizando como ayuda para los grupos vulnerables según los Objetivos de Desarrollo del Milenio alineados a los Planes Estratégicos Institucionales Regionales y Objetivos Institucionales Nacionales.
Así podemos describir que la Cooperación Técnica, “está dirigida a apoyar a países en vías de desarrollo, mediante la transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias, en determinadas áreas donde un país o fuente cooperante haya adquirido un mayor nivel de desarrollo”. - La Cooperación Financiera consiste en “la asignación de recursos en efectivo transferidos por países u organismos internacionales de cooperación, destinados a apoyar intervenciones, donaciones, asistencia humanitaria u otro tipo de ayuda hacia los países en vías de desarrollo”. Esta Cooperación a su vez puede ser: - Cooperación Financiera Reembolsable, “aquella que asume la forma de créditos concesionales o blandos, bajo condiciones de interés y tiempos más favorables, y se encuentran bajo la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF” y Cooperación Financiera No Reembolsable “es aquella en donde no hay reintegro de los recursos monetarios”.
Es por ello que para organizar y formalizar la Cooperación Técnica Internacional a nivel nacional la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), mediante Ley Nº 27692 como ente rector de la cooperación técnica internacional en el Perú, cuya responsabilidad es la de conducir, programar, organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo, y por consiguiente gozan de los beneficios tributarios que la ley establece, así como DECRETO SUPREMO Nº 050-2012-RE que aprueba la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional.
La Ayuda Oficial Internacional, es un medio importante para apoyar las respuestas nacionales frente a la crisis de la COVID-19, en materia de salud, pobreza, seguridad alimentaria, entre otros, además de redoblar esfuerzos para mantener presupuestos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en ejes como derechos fundamentales y dignidad de las personas; oportunidades y acceso a los servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional e infraestructura y recursos naturales y ambiente.
La Cooperación Técnica Internacional-CTI- se basa a su contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su alineamiento con la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional-PNCTI.
A nivel mundial según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico-OCDE, aproximadamente USD 178.9 mil millones de Dólares de los recursos provenientes de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo-CAD- se orientaron a atender actividades concernientes a la COVID 19.
A nivel nacional la Cooperación Técnica Internacional-CTI- alcanzó un total de USD 490 millones de dólares de los cuales USD 358.4 millones (73%) corresponden a la Cooperación Oficial (aquella cooperación que proviene del exterior, resultado de gestiones y negociaciones entre gobiernos, ya sea a nivel central o subnacional )y USD 132.2 millones (27%) a la Cooperación No Gubernamental (cooperación surgida en el seno de la sociedad civil, a cargo de organizaciones no gubernamentales (ONG) sin fines de lucro30. Esta cooperación se realiza a partir de fuentes privadas originarias de países desarrollados o entidades privadas originarias de países en vías de desarrollo), incrementándose un 4% más comparado con el año 2021 y desde el año 2015 que fue de USD 359.6 millones de dólares se ha incrementado en más de 36%.
La Cooperación Bilateral en el Perú alcanzó un total de USD 289.2 millones de dólares, de los cuales los principales países cooperantes es Estados Unidos con el 54% de participación en cooperación bilateral (USD 157.3 millones) seguido de Alemania con un 12% de participación en Cooperación Bilateral (USD 35.2 millones), Canadá 8% de participación (USD 23.4 millones), Suiza 7% de participación (USD 18.5 millones), España 5% de participación (USD 14.1, millones), entre los principales.
La Cooperación Multilateral (cooperación oficial que brindan conjuntamente los países desarrollados, las agencias, instituciones, organizaciones u organizaciones multilaterales autónomas a los países en vías de desarrollo. Consiste en la transferencia de recursos por parte de los países donantes a las organizaciones multilaterales, para que éstas los utilicen en la financiación de sus propias actividades, de modo que la gestión queda en manos de las instituciones públicas internacionales y no de los gobiernos donantes) en el Perú alcanzó los USD 69.1 millones de dólares entre los principales organismos multilaterales tenemos al Fondo para el medio ambiente mundial con una participación de 29% de cooperación (USD 20.1 millones), seguido del Fondo Mundial con una participación del 17% de cooperación multilateral (USD 11.9 millones) La FAO -Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación- CON UN 10% de participación (USD 6.5 millones) y el Banco Interamericano de Desarrollo con un 9% de participación (USD 6.3 millones) entre los principales organismos multilaterales
En el año 2022, la cooperación ejecutada contribuyó principalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- 03, 10, 02, y 08 representando aproximadamente el 42% del total.
De otro lado, los ODS con menor cantidad de recursos ejecutados fueron el ODS 07, 09, 14 y 17, que en su conjunto representaron alrededor del 6% del total. (Véase gráfico Nº 04)
Cabe resaltar que la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI) contempla 17 Puntos importantes agrupados en 4 ejes Prioritarios, las cuales están orientadas las intervenciones de la Cooperación Internacional Financiera No Reembolsable están son:
Eje 1: Inclusión Social y Acceso a Servicios Básicos:
1. Derechos humanos y diversidad cultural.
2. Acceso universal a una justicia eficiente, eficaz y transparente.
3. Empoderamiento de la mujer y atención a grupos vulnerables.
4. Acceso equitativo a una educación integral de calidad.
5. Acceso a servicios integrales de Salud y Nutrición con calidad.
6. Acceso a servicios adecuados de agua, saneamiento, energía rural y telecomunicaciones.
Eje 2: Estado y Gobernabilidad:
7. Modernización y descentralización de la Administración Pública con eficiencia, eficacia y transparencia.
8. Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos.
9. Seguridad Ciudadana y gestión de riesgos de desastres.
Eje 3: Economía competitiva, empleo y desarrollo regional:
10. Estructura productiva y turística diversificada, competitiva y sostenible.
11. Oferta exportable y acceso a nuevos mercados.
12. Ciencia, tecnología e innovación.
13. Gestión de la migración laboral interna y externa, con énfasis en la generación de oportunidades de trabajo.
14. Actividades económicas diversificadas concordantes con las ventajas comparativas y competitivas de cada espacio geográfico regional.
Eje 4: Recursos naturales y medio ambiente:
15. Conservación y aprovechamiento sostenible de los RRNN.
16. Manejo integrado, eficiente y sostenible del recurso hídrico y de las cuencas hidrográficas.
17. Calidad ambiental y adaptación al cambio climático, incorporando la perspectiva de la Gobernanza Climática.
Los departamentos donde se ejecutaron mayor cantidad de recursos de cooperación fueron Lima con el 28%, Loreto el 6% y con el 5%, San Martín, Cusco y Piura, además de las intervenciones ejecutadas a nivel nacional que representaron el 19% del monto total ejecutado.
Los departamentos con menos del 1% de cooperación ejecutada fueron Ica, Pasco, Tacna y Moquegua.
Entre las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX) tenemos que Save the Children International ha ejecutado un monto de cooperación financiera de USD 1,825,665 millones seguido de Forest Trends Association con USD 220,334; Basel Institute on Governance Sucursal Perú con USD 212,329 millones seguido de los Organismos no Gubernamentales de Desarrollo como Aldeas Infantiles con USD 530,878 totalizando un promedio de 2.6% del monto ejecutado a nivel nacional, en la participación a nivel departamental (Véase gráfico Nº 05).
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(*) Economista.
Una odisea es la que atraviesan 18 profesionales, entre ellos 15 médicos, dos enfermeras y un químico, quienes tuvieron que hacer valer el concurso de contratación CAS realizado por la Gerencia Regional de Salud – GERESA Lambayeque a fines del año pasado, pero siguen sin ser incluidos en planilla y, por lo tanto, sin recibir sus remuneraciones.
El día 1 de diciembre del 2023 se publicó la GERESA lanzó la convocatoria a concurso público CAS n.° 03-2023, ofertando un total de 18 plazas. En total se presentaron 179 postulantes, realizándose la primera fase de evaluación el 13 y 14 de diciembre. Las plazas fueron cubiertas el 20 de diciembre.
Los ganadores fueron convocados a la firma de los respectivos contratos para el día siguiente. Sin embargo, el procedimiento no se realizó. Sin embargo, personal de Recursos Humanos de la GERESA sí extendió las cartas de presentación a los ganadores para que concurran de manera inmediata a trabajar en los establecimientos adjudicados.
El 4 de enero pasado, el entonces jefe del Área de Recursos Humanos, Jaime Llumpo, informó que a los profesionales que se procedería a la realización de la firma del contrato, además de una adenda donde se prorrogaban, puesto que eran plazas presupuestadas del AIRSHP que tenían un carácter indeterminado. Indicó que a más tardar se firmaría la siguiente semana, pero el ofrecimiento tampoco se cumplió, siendo el nuevo jefe del área Henry Malaver.
Consultado por los trabajadores, Malaver señaló que el grupo de 18 estaba incluido dentro de los 243 trabajadores de la PEA CAS sin disponibilidad, pero que se estaban haciendo las modificatorias para garantizar su permanencia. Además, afirmó que el contrato se regularizaría con la fecha que ingresaron a laborar.
Maltrato de la gerente
Al no tener una solución a su reclamo, los trabajadores solicitaron reunirse con la nueva gerente regional, Jessica Antón de la Cruz, la misma que fue programada para el 16 de enero a las 8:30 de la mañana.
También conversaron con el presidente de la Comisión Evaluadora del Concurso CAS 003-2023, Manuel Mestanza, quién informó que todo estaba en regla y se tenía toda la documentación de manera manual, puesto que no había SISGEDO y era imposible poder enviar la documentación por dicho medio. Asimismo, refirió que el informe final fue presentado el 29 de diciembre del 2023, antes del cambio de gerente.
Grande fue la sorpresa de los trabajadores el 16 de enero, cuando Antón de la Cruz, sin recibirlos en su despacho, sino en la puerta de su vehículo, a punto de abordar, les dijo que el concurso quedaba sin efecto. “Por si acaso ese concurso no va, yo no voy a firmar nada porque no hay resolución, no hay NADA. Van a tener que volver a concursar. Hablen con el jefe de recursos humanos”, indicó.
La respuesta de Malaver fue aún más sorprendente, pues este indicó que había encontrado una serie de inconvenientes del proceso en sí, por lo que emitió un informe a su jefe inmediato de los hallazgos manifestando que no habían informes ni actas de la comisión ni un acto resolutivo de aprobación de bases, no hubo contratos, ni el registro en el AIRSHP y que incluso no se les habían remunerado los días laborados en diciembre. Por lo tanto – dijo – se trataba de un “Procedimiento viciado”.
Ese mismo día, por la tarde, la gerente regional de Salud finalmente recibió a los trabajadores, negando toda posibilidad de dar una solución al problema, señalando que para su despacho, el concurso no existía y, por lo tanto, ningún vínculo entre la entidad y los trabajadores.
Días después, Antón de la Cruz, emitió un memorando prohibiendo el ingreso de los trabajadores a los establecimientos a los que habían sido designados, pese a que no se había declarado la nulidad del concurso de diciembre. Sin embargo, el informe de Asesoría Jurídica, que sí valoró los documentos físicos existentes (el Gobierno Regional de Lambayeque tuvo problemas con el SISGEDO para la digitalización de trámites), dio la razón a los trabajadores.
Solución a medias
Al fin, el 30 de enero lograron la firma de los contratos, con fecha de vínculo del 21 al 31 de diciembre del 2023, días que aún no se les ha pagado. Asimismo, están a la espera de la suscripción de una adenda, con vigencia anual, para la continuidad de sus labores.
Empero, hasta el momento no han sido incorporados al AIRSHP y al INFORHUS, por lo que no aparecen aún en el sistema de la GERESA.
Por otro lado, el 26 de enero se emitió un memorando dejando sin efecto el enviado por Antón de la Cruz, sobre la prohibición de ingreso a los trabajadores.
El pr贸ximo 6 de junio el exalcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, se sentar谩 en el banquillo de los acusados, toda vez que para ese d铆a se ha programado el inicio del juicio oral en su contra por el caso Ve贸lia. Gasco Arrobas fue acusado por la Fiscal铆a Especializada en Delitos de Corrupci贸n de Funcionarios por los delitos de negociaci贸n incompatible y colusi贸n.
En el 2019, a meses de haber iniciado su gesti贸n, la gesti贸n de Marcos Gasco declar贸 el desabastecimiento inminente del servicio de limpieza p煤blica, para con ello contratar de manera directa a la empresa Veolia para el alquiler de 10 compactadoras, por m谩s de un mill贸n 800 mil soles.
El proceso estuvo lleno de irregularidades, seg煤n confirm贸 a fines de ese a帽o la Contralor铆a General de la Rep煤blica, determinando un perjuicio econ贸mico al municipio por m谩s de 240 mil soles.
Acusaci贸n fiscal
De acuerdo al requerimiento, presentado al juez del D茅cimo Juzgado de Investigaci贸n Preparatoria Anticorrupci贸n de Chiclayo, la fiscal Karim Ninaquispe formul贸 la acusaci贸n por la presunta comisi贸n del delito de colusi贸n agravada (seis a帽os de prisi贸n), alternativamente negociaci贸n incompatible (cuatro a帽os), en agravio del Estado.
Los implicados en la acusaci贸n son Marcos Gasco Arrobas, alcalde de la comuna; Cinthya Flores Huamanquispe, exgerente de Asesor铆a Jur铆dica; el tambi茅n gerente de Asesor铆a Jur铆dica Jos茅 Flores Cabanillas, los exgerentes del municipio Cristian Rosenthal Ninapaytan; Ricardo Romero Renter铆a y Luis Ponce Ayala; Juan Ib谩帽ez 脕lvarez, ex gerente de Administraci贸n; 脫scar Ahumada Ramos, ex jefe de la Unidad de Servicios y Gesti贸n de Residuos S贸lidos; Adriana Ghersi Burga, jefa de la Unidad de Servicios y Gesti贸n de Residuos S贸lidos; Edgardo Siaden Ortega, jefe de la Unidad de Log铆stica; Juan Bendez煤 Zevallos y Ralph Montoya Vega.
El caso
La fiscal dio cuenta al juez que el 14 de enero del 2019, Gasco Arrobas, en su condici贸n de alcalde de Chiclayo, solicit贸 al entonces gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, un convenio de cooperaci贸n interinstitucional entre el municipio y la regi贸n consistente en el apoyo de maquinaria pesada (volquetes y cargador frontal), para retirar la acumulaci贸n de residuos s贸lidos en los puntos cr铆ticos en las v铆as de acceso y zonas urbanas de la ciudad, debido a la inoperatividad de m谩s del 60 % de la maquinaria de la comuna. Dicho convenio se firm贸 el 22 de enero.
Estando vigente el convenio, el mismo que se prolong贸 hasta marzo de ese a帽o, el 28 de febrero se realiz贸 la sesi贸n de concejo liderada por Gasco Arrobas en la que por mayor铆a, con 12 votos a favor, se aprob贸 el desabastecimiento inminente del servicio de recojo de residuos s贸lidos por un per铆odo de 90 d铆as. Los tres votos en abstenci贸n fueron de los regidores: Jhony Piana Ram铆rez, Percy Espinoza Gonzales y Orlando Puell Varas.
En base a ese acuerdo, el 11 y 12 de marzo, el 谩rea de Log铆stica solicit贸 cotizaciones para la contrataci贸n de maquinaria, obteniendo el mismo 11 de marzo la respuesta de Veolia Servicios Per煤 SAC, que ofert贸 el recojo de tonelada de basura a 140.42 soles. Tres d铆as despu茅s, el 14 de marzo, la empresa baj贸 su oferta a 136.88 soles por tonelada.
Otras dos empresas ofertaron 130 y 122 soles por tonelada.
Orientaci贸n de oficio
Frente a lo estaba sucediendo en la comuna, el 脫rgano de Control Institucional comunic贸 al alcalde el Informe de Orientaci贸n de Oficio N掳 289-2019-MPCH/OCI, en el que indica que los informes que sustentaron el acuerdo de declaratoria de desabastecimiento inminente del servicio de residuos s贸lidos 鈥渘o determinan con precisi贸n cu谩l es el bien o servicio cuya ausencia inminente compromete la continuidad de las funciones de la entidad (鈥) no se identifica cu谩l es el hecho o situaci贸n extraordinaria e imprevisible que determin贸 la ausencia inminente del bien o servicio y que los hechos generan el riesgo que la entidad realice una contrataci贸n directa al margen de la normativa de contrataciones, contraviniendo el principio de legalidad con que deben actuar las autoridades administrativas y la correcta administraci贸n p煤blica鈥.
Y fue justamente lo que sucedi贸. El 15 de marzo el concejo volvi贸 a sesionar y aprob贸 nuevamente 12 a 3, especificaciones a su acuerdo inicial, para allanar el camino a la contrataci贸n directa, se帽alando que el 鈥減roceso de desabastecimiento inminente implicar谩 la contrataci贸n del servicio de 10 m谩quinas compactadoras para el servicio de recojo de residuos s贸lidos por el per铆odo de 90 d铆as鈥.
Contrataci贸n directa
El 25 de marzo, Edgardo Siaden Ortega, subgerente de Log铆stica, volvi贸 a requerir cotizaciones, pedido reiterado al d铆a siguiente a Veolia, empresa que finalmente respondi贸 el 27 de marzo, junto a la empresa Eco-Rin SAC. Tambi茅n se ten铆a la cotizaci贸n de Interaseo Per煤.
Adriana Ghersi Burga, jefa de la Unidad de Servicios y Gesti贸n de Residuos S贸lidos, indic贸 el 27 de marzo que las cotizaciones de las dos primeras empresas eran viables, mas no la de Interaseo Per煤, 鈥減orque en calidad de 谩rea usuaria las compactadoras municipales de 19 m3 manejan una capacidad de 10 toneladas, no de 13 como indica la propuesta鈥.
El 4 de abril, por invitaci贸n, Ve贸lia present贸 su propuesta por un mill贸n 896 mil 750 soles, suscribi茅ndose el 22 de ese mes el Contrato N掳 001-2019-MPCH/A para la prestaci贸n del servicio. Los firmantes fueron: Marcos Gasco Arrobas, como alcalde de Chiclayo, y Juan Bendez煤 Zevallos, representante de la empresa.
El 16 de diciembre del 2019, OCI emiti贸 el Informe N掳 029-2019-2-0425-AC, en el que se confirma que la contrataci贸n fue irregular y que la pericia contable arroj贸 un perjuicio econ贸mico de 218 mil 733.14 soles.
Los regidores Piana, Espinoza y Puell presentaron la denuncia ante la Fiscal铆a Anticorrupci贸n en marzo del 2019 y reci茅n en octubre del 2021 la fiscal Karim Ninaquispe declar贸 el fin de la misma. Desde entonces, demor贸 seis meses en formular el requerimiento acusatorio.
Por el delito Contra el Patrimonio, es su figura jurídica de Usurpación Agravada, fue denunciado ante el Ministerio Público, el alcalde del distrito de Zaña, Aladino Mori Centurión. Junto a él, también fueron denunciados Marco Antonio Olivos Burga y César Augusto Cumpa Suyón, por pretender apoderarse de un total de 10.6607 hectáreas de terreno, de propiedad de los esposos Juan Eduvigio Guevara Márquez y María Manuela Bellodas Paico.
El acto de usurpación – de acuerdo a la denuncia ante el Ministerio Público- fue puesta al descubierto el último 31 de enero, cuando el denunciante, Juan Pedro Jesús Guevara Bellodas, en representación de sus padres: Juan Eduvigio Guevara Márquez y María Manuela Bellodas Paico, se constituyó al predio rural denominado San Francisco, ubicado en el distrito de Zaña, para realizar trabajos de limpieza y mantenimiento.
Cuando junto a trabajadores realizaba el corte de maleza y la remoción de tierra, hizo aparición un grupo de 20 personas, entre hombres y mujeres, liderados por el alcalde del distrito de Zaña, Aladino Mori Centurión, los que violentamente ingresaron a la propiedad provisto de machetes y objetos contundentes, alegando que el terreno era propiedad privada y le pertenecía a la autoridad municipal. Al poco rato, hicieron aparición otro grupo de 60 personas más, los que bajo las órdenes de la autoridad edil, ingresaron y tomaron posesión del predio.
Dice ser el dueño
En el lugar de los hechos, el actual alcalde de Zaña, Aladino Mori Centurión, afirmó ser el dueño del terreno y que la propiedad la tiene desde el año de 1990; presentando solamente un certificado de posesión más no otras documentación que acredite y sustente lo que afirmaba.
Ante la superioridad numérica y el temor de ser agredidos por las personas que habían sido llevada por el alcalde de Zaña, Aladino Mori Centurión; el denunciante, Juan Pedro Jesús Guevara Bellodas acudió hasta la comisaría de Zaña para formular la denuncia por usurpación del terreno de sus padres, Juan Eduvigio Guevara Márquez y María Manuela Bellodas Paico.
Los agentes policiales, constituidos en el lugar de los hechos, levantaron las actas respectivas, constatando que al interior del predio había un buen grupo de personal provistas de machetes y palos con la consigna de no permitir el ingreso de nadie que no sea de apoyo a la autoridad municipal.
De igual manera, se constató que por parte del denunciante también había un grupo de personas que con maquinaria pesada venía realizando limpieza y nivelación del terreno. Además, constataron que la propiedad se encuentra delimitada por estacas, colocadas en el mes de julio del 2019, por funcionarios de la entidad de saneamiento competente.
El denunciante presentó documentación técnica y legal; encontrándose que sus padres estaban debidamente empadronados ante la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque del Gobierno Regional de Lambayeque, entidad que se encarga de realizar el saneamiento físico-legal de predios rurales; conforme lo establece el artículo 4° de la Ley de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales a cargo de los Gobiernos Regionales - LEY N.º 31145.
En la Comisaría
En la dependencia policial, el alcalde de Zaña, Aladino Mori Centurión, siguió sosteniendo ser el dueño, pero no presentaba ningún documento. Además, sostuvo ante los efectivos policiales que no permitiría que se realicen trabajos en el predio alegando que era propiedad privada.
A su turno, la parte agraviada sostuvo que el terreno era de su propiedad y la posesión la tienen desde hace más de 40 años, demostrando que se encuentran empadronados ante la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque del Gobierno Regional de Lambayeque, entidad que se encarga de realizar el saneamiento físico-legal de predios rurales, mediante la Partida Electrónica N° 02294417.
“Mis padres son los dueños”
El denunciante, durante su permanencia en la comisaría, sostuvo que el predio “San Francisco”, tiene asignada la Unidad Catastral N° 18760, teniendo como antecedente registral al predio matriz denominado “Ubicación Rural Predio Cayaltí y Anexos”, debidamente inscrito en la Partida Electrónica N° 02294417 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Chiclayo, teniendo como titular registral al Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), según el Certificado de Búsqueda Catastral, emitido el día 10 de setiembre del 2018, por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
Explica en su denuncia que el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), anteriormente era la entidad que se encargaba del saneamiento físico-legal de los predios rurales; sin embargo, mediante Decreto Supremo N.º 005-2007-VIVIENDA, se dispuso la fusión por absorción del PETT al Organismo de Formalización Informal – COFOPRI.
Posteriormente, mediante Decreto Supremo N.º 018-2014-VIVIENDA, se transfiere el Catastro Rural de COFOPRI al Ministerio de Agricultura y Riego, ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI; y, dispone que los procedimientos y servicios referidos a saneamiento físico-legal de predios rurales, estará a cargo de los Gobiernos Regionales sobre Catastro Rural. En ese sentido, la entidad encargada de realizar el saneamiento físico-legal de los predios rurales son los gobiernos regionales; para el presente caso, el Gobierno Regional de Lambayeque.
Por ello, el denunciante, Juan Pedro Jesús Guevara Bellodas, señala en su denuncia que los legítimos poseedores y propietarios son sus padres, Juan Eduvigio Guevara Márquez y María Manuela Bellodas Paico, quienes cuentan con toda su documentación en regla.
Medios de prueba
Mientras que el alcalde de Zaña, Aladino Mori Centurión, aducía ser el propietario, pero sin presentar ningún documento que acredite la titularidad, el denunciante sostuvo ser el dueño presentando un Certificado de Posesión N° 321/80-DR-II-CH-DIA-Z, con fecha 19 de setiembre de 1980, otorgada por Ing. Ricardo Zuñe Falla, en calidad de jefe de Distrito Agropecuario Zaña.
Además, indicó que sus padres se encuentran debidamente empadronados como titulares catastrales ante la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque, el cual cuenta con Unidad Catastral N° 18760, conforme lo acredita con copia informativa de plano catastral emitido por la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque del Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 29 de enero del 2024, que señala que los denunciantes son los poseedores y propietarios, primeros y únicos empadronados en la referida entidad estatal para el saneamiento y titulación de la propiedad.
A ello se suma, que en el mes de julio del 2019 la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque del Gobierno Regional de Lambayeque, realizó una inspección en el predio en litis y que dicho trámite fue solicitado por Juan Eduvigio Guevara Márquez y María Manuela Bellodas Paico, lo que conllevó a la colocación de hitos para realizar la demarcación y delimitación del terreno.
De igual manera, presentó memoria descriptiva del predio rural denominado “San Francisco”, cuya área es de 10.6607 hectáreas, contenida en la Unidad Catastral N° 18760, de fecha noviembre del 2018, autorizada por la Ingeniera Civil Flor Angélica Guevara Bellodas, debidamente visada por la oficina de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural de la Gerencia Regional de Agricultura - Lambayeque, con fecha 2 de julio del 2019.
También adjunta planos de ubicación y perimétricos, certificado registral inmobiliario, de fecha 16 de enero
del 2024 del predio matriz denominado Ubicación Rural Cayalti y Anexos emitido por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), así como plan de cultivo de los años 1984 - 1985, expedido en Formato Único del Ministerio de Agricultura.
La situación de decenas de familias en el Condominio Parques de San Gabriel se ha tornado insostenible, debido a la falta de agua potable por reducción del suministro, lo que impide que las bombas automáticas trasladen el líquido a los edificios de la III, IV, V y VI etapa.
Ante la situación, los vecinos se han visto obligados a recurrir a la Fiscalía de Prevención del Delito y han presentado la queja respectiva ante la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL.
Para el abastecimiento normal de agua potable al interior del condominio, se necesita que las bombas mantengan un nivel de 210 metros cúbicos. Sin embargo, en las últimas semanas el caudal se vio severamente reducido, dejando sin abastecimiento a las familias. Aun cuando la situación pareciera haberse normalizado, al menos para la IV etapa, EPSEL todavía está llenando parte de las bombas con cisternas, lo que no asegura el normal suministro.
Denuncia ante fiscalía
El 28 de enero los representantes de las familias formularon denuncia penal contra EPSEL por el delito contra la salud, debido a que desde octubre del año pasado la empresa no cumplía con informar de manera técnica y detalla la situación del suministro de agua potable al condominio.
Concretamente, el 13 de octubre, los propietarios dirigentes de la IV y V etapa solicitaron por escrito a la empresa que informe de manera urgente cuánto era el suministro de agua que se estaba habilitando al condominio, advirtiendo que de no alcanzar el mínimo requería se presentarían problemas de abastecimiento en los departamentos e incluso podrían ocasionarse daños a los equipos de bombeo instalados.
En aquel momento, se puso de conocimiento de la empresa que la dotación de agua por cisternas era insipiente para más de 400 familias residentes entre la III y IV etapa.
Pedían, además, que se informe si la inmobiliaria Clasem, constructora del condominio, había entregado la factibilidad de agua para las etapas II, III y IV, y si EPSEL había supervisado su cumplimiento en el período establecido. También solicitaban información respecto a si la V y VI etapa contaban con factibilidad independiente para el suministro del agua.
“Sin embargo, EPSEL, mediante Carta n.° 55-2023-EPSEL.S.AGG.GO, nos da contestación conforme a lo detallado en la carta, y es que en efecto en esa fecha el supervisor de EPSEL, después de 5 días, para esto ya las cisternas habían llenado el reservorio de agua que tenemos, sumado al poco volumen que ingresaba diariamente por la dotación de EPSEL, logramos tener agua con normalidad desde el mes de noviembre a diciembre. Se le hizo saber al técnico que esto es debido a abastecimiento de cisternas, no porque EPSEL nos dote de agua con normalidad, durante más de 7 años no hemos tenido problemas de agua. Nos dijeron que nos darían una hora más de dotación de agua. Sin embargo, no fue así”, se lee en la denuncia”.
Los vecinos informaron en su denuncia que durante todo este tiempo han estado sujetos a que EPSEL envíe cisternas para completar el suministro necesario para las familias.
Cuando las familias presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito tenían 10 días sin recibir el abastecimiento normal, por lo que pedían que se investigue si el suministro destinado a Parques de San Gabriel se estaba perdiendo por conexiones clandestinas o por autorizaciones nuevas.
“Somos más de 400 familias sólo entre la III y IV etapa, todos tenemos hijos pequeños que han enfermado con sarpullido, fiebres, alergias y problemas estomacales. Debido a la falta de agua se emanan olores fuertes que contaminan el ambiente en el que vivimos mientras los señores de EPSEL hacen caso omiso a nuestro reclamo”, señalaron.
Decisión fiscal
En el Informe n.° 060-2023-EPSEL S.A. GO/OD/CEMRD/LAMG, indica que el desabastecimiento de agua potable en la zona no se debe a problemas operativos, teniéndose que coordinar con el encargado de las redes que abastecen agua para incrementar el volumen, pues las conexiones se encuentran en buen estado y operativas.
Ante la solicitud de intervención, el 29 de enero la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo emitió la Disposición n.° 1, señalando que ante los hechos expuestos se alertó sobre la necesidad de iniciar procedimiento preventivo ante la posible comisión de los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, previsto en el Artículo 283° del Código Penal y supresión, destrucción u ocultamiento de documentos, tipificado en el Artículo 430° del mismo cuerpo de leyes, debiendo activar las competencias del organismo regulador y recabar información de las entidades involucradas, sin perjuicio de emitir algún otro pronunciamiento sobre los delitos a prevenir, conforme a los avances del procedimiento preventivo.
En consecuencia, el fiscal Erland Sánchez Díaz dispuso iniciar procedimiento preventivo durante el plazo de 90 días contra los que resulten responsables de los delitos antes señalados; oficiar a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS Lambayeque, con la finalidad de activar sus competencias sobre la presunta vulneración de los derechos de los usuarios del servicio de agua potable en las etapas I, II, III, IV, V y VI del Condominio Parques de San Gabriel, “quienes se han visto afectados con el bajo nivel de ingreso de agua potable, concediéndole el pago de 7 días para remitir un informe sobre las acciones y resultados”.
Asimismo, oficiar a EPSEL con la finalidad de solicitar información sobre las causas por las cuales no se cuenta con el adecuado nivel de ingreso de agua potable, otorgándole también 7 días para emitir la información solicitada.
También se ha requerido a EPSEL que informe si la inmobiliaria Clasem comunicó oportunamente la factibilidad del servicio de agua potable para todas las etapas del condominio. De ser así, que se dé cuenta si EPSEL ha cumplido con evaluar dicha factibilidad.
Incumplimiento
Isela Sarango Campos, propietaria firmante de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, señala que el plazo de siete días otorgado tanto a SUNASS como a EPSEL se venció sin que ninguna de las dos entidades alcance al despacho fiscal los informes requeridos.
“La diligencia en EPSEL, programada para el miércoles 7 de febrero, se ha suspendido para el lunes 12 de febrero, en tanto el fiscal ha reiterado su disposición con el requerimiento tanto a EPSEL como a SUNASS, pues no han cumplido con enviar la información”, señala.
La también abogada precisa que ha encontrado documentación en la que EPSEL otorga la factibilidad a la inmobiliaria Clasem para construir la etapa VI-B, pero con suministro propio de agua a través de un pozo tubular. Sin embargo, anota, dicho pozo no estaría funcionando.
“Lo que presumimos es que se ha empalmado dicha etapa a las redes de suministro de las etapas anteriores y eso ha originado la reducción del volumen. Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Chiclayo ya en su momento ordenó parar la construcción de más edificios, porque la licencia fue para mil 400 departamentos, y al momento de hacer su inspección encontró que había mil 416”, comenta.
Añade que después de la denuncia se ha normalizado el suministro, pero eso no garantiza que el problema vuelva a presentarse, pues desde EPSEL han comunicado extraoficialmente que no tienen los planos de conexiones en el condominio, lo cual resultaría incongruente debido a que la empresa debía contar con tal documentación para otorgar la factibilidad.
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En diálogo con Expresión, la alcaldesa de la ciudad, Janet Cubas Carranza, aseveró que siente dolor por el estado actual de Chiclayo, consecuencia – asegura – de la mala gestión de sus antecesores. Sostiene que no renuncia al reto de solucionar los problemas más urgentes, ante los cuales afirma dar la cara.
La alcaldesa señala que al término de su primer año de gestión se logró comprometer el 75 % del presupuesto destinado para proyectos de inversión, cuyo monto total ascendió a 73 millones 56 mil 243 soles, lo que significa que los recursos certificados al 31 de diciembre pasado serán ejecutados este año.
“Los recursos comprometidos se van a ejecutar, por ejemplo, en obras como el Colegio Juan Tomis Stack, que ya empezó, igual que la reconstrucción del colegio Juan Mejía Baca. Si no hubiéramos comprometido y no hubiéramos quedado únicamente con el porcentaje de lo ejecutado, creo que sí sería válida y contra razón la crítica”, manifestó la alcaldesa.
Para el presente año, informa, la comuna cuenta con 206 millones de soles de presupuesto, recursos que destinarán para el cambio de las redes de agua y alcantarillado de todo el pueblo joven y ampliación San Antonio, valorizado en más de tres millones de soles; la obra de saneamiento en el casco central de Chiclayo, que ya iniciamos con el trabajo pericial; el colector Taymi, en Pósope, igualmente la pavimentación del pueblo joven San Nicolás, con una contrapartida de recursos que se sumarán a los del gobierno regional.
Menciona que hace una semana se ha iniciado la reposición y parchado de calles en el casco central de Chiclayo, actividad que se realiza por las noches, para lo cual se ha destinado ocho millones de soles.
“Tenemos calles como Ízaga y Balta, Angamos y San José, San Martín y San José, Luis González y San José, donde aún aflora el agua residual y de eso no sólo se ha comunicado al gerente de EPSEL, sino también a las autoridades ambientales. Nosotros estamos cargando esa mochila. Por ejemplo, en la avenida Bolognesi y José Leonardo Ortiz, ¿cuánto tiempo se ha demorado EPSEL para concluir ese emisor y cuánto tiempo ha pasado ya y aún no reparan los pavimentos? ¿Qué nos dicen los técnicos de ESPEL? Que están esperando un saldo de obra para poder reponer el pavimento, igual caso sucede con la avenida Haya de la Torre. EPSEL ejecutó esos trabajos más allá de la programación y ahora nosotros estamos luchando para que reponga los pavimentos”, indicó.
Añade que de la problemática respecto a las obras inconclusas de EPSEL ya se ha informado a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS.
“Al gerente de EPSEL he dicho: ‘Solucióneme ese problema de las aguas servidas en los puntos señalados’. Otro punto es Ízaga y Luis González, también Grau y Elías Aguirre. Necesitamos que EPSEL solucione el problema de los atoros para parchar las calles. En la esquina de SERPOST es una zona crítica y siendo de alto flujo vehicular, igual que en Angamos y San José, lo que genera la mortificación de los vecinos, malestar que es totalmente justificado, y soy yo quien carga la mochila”, asevera.
Diálogo y planificación
La alcaldesa de la ciudad informa que se ha formulado un Plan de Desarrollo Provincial de manera descentralizada, con participación de actores de la sociedad civil y la realización de diez talleres en los diferentes distritos, convocando a los actores locales.
“Por primera vez se ha hecho un proceso descentralizado y participativo. Se tiene ahora un Plan de Desarrollo Local Concertado al 2034, que ya está listo para ser presentado en sesión de concejo para su discusión y aprobación”, menciona.
Destaca que durante el 2023, a través de las diferentes áreas del municipio, ha procurado acercarse a todas las organizaciones de sociedad civil para recoger recomendaciones y sugerencias.
Asimismo, que con el acompañamiento de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros se ha trabajado en lo referido a modernización del Estado a nivel municipal, habiéndo logrado dos informes positivos sobre las acciones realizadas para la reorganización del aparato institucional.
“Lo que queremos es que nuestra municipalidad tenga procesos ágiles, útiles y transparentes para el servicio al ciudadano. Lo que necesitamos es que los administrados sean atendidos como corresponde, pero también que todo aquel que realice inversiones o negocios se haga responsable de los pasivos que estos generan para la ciudad, como, por ejemplo, los estacionamientos. Estamos trabajando la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA sin necesidad de contratar una consultora. Esa responsabilidad la ha asumido la Gerencia de Planificación y Presupuesto, que logró el premio nacional al mejor equipo de planificación en el país”, asevera.
El ordenamiento también apunta a la correcta clasificación del personal municipal. Es decir, que aquel trabajador que fue contratado como obrero cumpla esa labor y no desarrolle funciones administrativas. En tanto, los que se han profesionalizado en el transcurso del tiempo serán promovidos pero con contrataciones acorde a sus competencias.
“Con los sindicatos de trabajadores hemos sostenido el diálogo durante todo el año 2023, nunca les hemos dicho que nos los vamos a escuchar y tampoco hemos disimulado nuestra intención de ordenar el aspecto laboral”, indica.
Actualmente, la comuna de Chiclayo destina el 80 % de lo que recibe del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, al pago de planillas. Lo que recibe el municipio por FONCOMUN al año asciende a 70 millones de soles.
“A ello sumamos que tenemos una gruesa cifra por adeudos laborales acumulados en gestiones anteriores, los mismos que hemos empezado a pagar. Todo el año pasado hemos tenido embargos por procesos laborales”, señala.
Orden y proyectos
Cubas Carranza menciona que junto a sus técnicos trabaja en la gestión proyectos importantes para Chiclayo como la construcción del Terminal Terrestre, el nuevo mercado mayorista provincial y la renovación del servicio de agua y alcantarillado.
Empero, señala que es necesario tener una mayor participación de la Policía Nacional del Perú en cuanto al control del tránsito, por ejemplo, pues mientras no exista sanción policial la comuna no puede proceder a la intervención de vehículos mal estacionados al depósito.
“La población de Chiclayo no debe renunciar al anhelo de tener esos proyectos hechos realidad. Con ocasión de la llegada del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, hemos planteado la importancia de lograr el Terrapuerto Metropolitano y el Mercado Metropolitano, con el acompañamiento de Proinversión, pues su ejecución puede lograrse vía Alianza Público Privada – APP. El año pasado, cuando hemos establecido contacto con Proinversión se nos dijo claramente que el tema de Terrapuerto se encaminó tres veces: con Castillo, con Torres y con Cornejo, y cuando faltaba la firma del titular del pliego (alcalde), el proyecto de caía, dejando de lado el progreso de la ciudad debido a problemas totalmente paralelos”, indica.
Añade que el Ministerio de la Producción ha considerado a Chiclayo para la construcción de un hipermercado de alcance regional.
Respecto al Mercado Modelo, anuncia que la Municipalidad Provincial de Chiclayo y una comisión de representantes de comerciantes del mercado modelo, acordaron firmar un convenio de cooperación interinstitucional con apoyo técnico y legal para poder resolver temas pendientes como el del proceso de expropiación de las 37 tiendas.
“Queremos avanzar en todo lo que significa la documentación que la Dirección Nacional de Tasaciones nos ha requerido para el proceso de expropiación que la municipalidad ya inició este cumplimiento en el inicio de mi gestión”, destaca.
Situación de la ciudad
Sobre los comentarios que califican a Chiclayo como la ciudad más sucia del país, Janet Cubas precisa que la situación actual es crítica y obedece a lo que dejaron de hacer sus antecesores.
“Como lambayecana siento mucho dolor y como autoridad tengo la gran responsabilidad de remontar esa situación que viene de mucho tiempo atrás. Nosotros ya tenemos aprobado el expediente técnico y lo elevamos al Ministerio del Ambiente para conseguir que se financie el proyecto del relleno sanitario con el programa Con Punche Perú III, a través del gobierno regional. Ello considera también la culminación de la planta de transferencia de residuos sólidos, que por un problema de corrupción quedó trunco”, manifiesta.
Destaca que con un convenio aprobado por el concejo provincial se logró la asignación de maquinaria por parte del Ministerio del Ambiente y del Gobierno Regional de Lambayeque.
“Entiendo el malestar de la población. Como chiclayana, me duele que gestiones pasadas nos hayan llevado a esta calamitosa situación. Algunos me dicen: ‘Pero usted sabía’. Por supuesto que sí, pero cuando uno está en el cargo recién puede sincerar la información. No huyo al reto, estoy dando la cara a los problemas de Chiclayo, porque a eso nos hemos propuesto con el apoyo de las organizaciones y de los 15 regidores, de manera unánime”, asevera.
