La comunidad académica lambayecana debe conocer un importante documento que es referente de la opinión pública en Latinoamérica, me refiero al Latinobarómetro. Este instrumento recoge la opinión en conjunto de los países en donde se aplica una encuesta especializada para saber su situación social y económica. Se le ha catalogado como un “instrumento de bien público de políticas públicas” para la toma de decisiones por quienes intervienen directamente en el Estado.
El Latinobarómetro está presente en nuestros países desde el año 1995 cumpliéndose por estas fechas 20 años de circulación con 18 publicaciones e interviniendo, en su inicio en el año de 1995, en 8 países pilotos. Hoy, en este 2015, interviene en 18 países del continente americano.
Este instrumento sirve para comparar la situación socioeconómica de nuestros países con la realidad interna primero y luego externa (por bloque), así, existen 6 tipos de barómetros en el mundo agrupados por bloques. El Latinobarómetro en nuestra región, el Afrobarómetro en África, etc., y todos ellos agrupados en el Globalbarómetro para hacer análisis comparados por regiones y países. Como ven es una herramienta muy importante.
En estos 20 años de vida, por así decirlo, se han hecho 18 publicaciones de nuestras realidades, año tras año. El mundo ha atravesado en estos años por diversos acontecimientos (me inclinaré por los de tipo económico) como son las crisis económicas, en total 4: la crisis del tequila, la crisis asiática-rusa, la puntocom y la subprime (2008). Según la misma fuente Latinoamérica creció en promedio en estos 20 años a la tasa de 3% y la disminución del índice de desigualdad fue muy modesta.
Una Latinoamérica con interesantes cifras macro, pero que en indicadores sociales muy minúsculos. El vaivén económico fue el común denominador de nuestros países por ser dependientes y no tener un modelo propio de crecimiento y desarrollo económico.
Ni Cuba, EEUU y Canadá están integrados a este análisis o bloque.
En el transcurso de estas ediciones, 20 años, los años de crecimiento han sido de 10 y los otros 10 años entre crisis según el estudio publicado y de acceso libre para todo aquel responsable que quiera enterarse de lo que pasa a su alrededor.
La edición 2015 del Latinobarómetro con el análisis de dos decenios está en www.latinobarometro.org
El análisis está compuesto por tres temas: Democracia, Economía e Internet. Como comprenderá amable lector me dedicaré a desglosar el tema económico para entender cómo nos fue en estos largos 20 años como región y al Perú en el 2015.
Si sufre del corazón le recomiendo no seguir leyendo este artículo.
ASPECTO ECONÓMICO DEL LATINOBARÓMETRO 2015
La economía tiene con fin supremo el bienestar general de la población. La población está compuesta por personas y las personas deben satisfacer sus necesidades básicas.
La encuesta es la materia prima del Latinobarómetro y me atrevo a decir que estas son más confiables que las encuestas oficiales muchas veces manipulables.
La primera pregunta es si la persona está satisfecha con su vida. Desde el año 97 se ha incrementado el nivel que se tiene con la satisfacción de la vida a nivel regional y el Perú es el último país donde los ciudadanos están satisfechos con su vida (59% de la población) por debajo del promedio Latinoamericano (77%). Uruguay es el primero.
Además de ser el último país de la región en estar satisfecho con la vida propia, también somos uno de los últimos en estar satisfechos con la democracia (20% de la población) y con la economía (24%). Aquí se me vienen muchas preguntas con respecto a la “felicidad interna” de nuestra “sólida” economía peruana.
Se nos pregunta también por el progreso del país que como bloque aumenta la población que piensa que estamos retrocediendo, disminuye la gente que piensa que estamos progresando y aumenta la gente que piensa que estamos estancados. En el Perú solo el 29% de los peruanos piensan que estamos progresando. Una pena.
REALIDAD ECONÓMICA
También se nos pregunta por la situación económica actual del país y el resultado es que el 19% de los peruanos pensamos que nuestra economía es buena/muy buena y en general, como bloque, la población no se siente segura con su situación económica.
Los resultados son muy reveladores e inquietantes, así, un 38 % de peruanos dice que su sueldo no le alcanza para cubrir sus necesidades básica. ¿Y los demás? Por acá debemos empezar a revisar las cifras de pobreza monetaria y pobreza multidimensional que ya he abordado en otros artículos.
Los principales problemas que aqueja la región son, según el Latinobarómetro, los problemas económicos (34%), la delincuencia (23%) y la corrupción (7%). Estos tres problemas son los principales que debemos tener en la agenda para avanzar como sociedad.
Un punto que me inquieta es la pregunta de “en los últimos 12 meses ¿cuán seguido usted o su familia no han tenido suficiente comida para alimentarse?”, el 26% de los peruanos respondió “algunas veces/seguido”.
El 71% de la población peruana dice vivir muy inseguro y somos el segundo país en considerar que nuestro problema principal es la corrupción.
Hay mucho pan por rebanar.
(*) Economista.
En diciembre próximo culmina la gestión de Ciro Salazar Montaño como decano del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, período que ha permitido a la orden profesional la mejora de sus servicios y el fortalecimiento del trabajo hacia la comunidad, cumpliendo el rol que le asiste como gremio técnico.
Salazar Montaño refiere que la prioridad de su mandato ha sido trabajar en tres frentes: el saneamiento económico interno para la mejora de la infraestructura, la capacitación y el posicional institucional, siendo este último uno de los propósitos que más esfuerzo ha significado para su decanato.
“Hemos ampliado y modernizado la infraestructura en la sede principal y nuestro centro de esparcimiento para mejorar los servicios a los colegiados y a la comunidad lambayecana”, destaca el representante gremial.
Respecto a las obras ejecutadas, Ciro Salazar precisa que estás se han financiado sin necesidad de recurrir a créditos bancarios, garantizando así el correcto manejo de los recursos económicos del colegio.
“Nunca pensamos endeudar al colegio, todo se ha hecho con nuestros propios recursos generados por los aportes de los colegas y las utilidades de los servicios que brindamos. Algo importante de nuestra gestión es que hemos cancelado todas las deudas que nos dejaron las administraciones anteriores, más de medio millón de soles a un banco, así como los beneficios sociales a tres trabajadores que recurrieron a la vía judicial. También hemos saneado las deudas con los municipios de Chiclayo y Pimentel por impuestos, así como con el seguro social. A nadie le debemos”, señala.
Comenta que para lograr el saneamiento económico de la orden durante el primer año de gestión se buscó dar cumplimiento a las deudas heredadas y ahorrar todo lo posible para financiar la remodelación del ala Ízaga del edificio principal del colegio, obra valorizada en un millón 300 mil soles.
“Logramos reunir el monto, realizamos la licitación, el presupuesto fue depositado en una cuenta intangible y de ahí mismo se obtuvieron los recursos para invertir en el centro de esparcimiento durante más de año y medio. Las mejoras se han realizado de manera sostenida, casi diariamente para beneficio de nuestros asociados”, menciona.
Los trabajos en infraestructura se han dado por etapas. Primero se ejecutó la remodelación de la tesorería, luego la ampliación del ala Ízaga, donde se ha reconstruido la fachada y habilitado una escalera de evacuación, instalado un ascensor de 800 kilos, modernizado los ambientes del tercer, cuarto y quinto piso. También se ha construido un piso más para el funcionamiento del cafetín y el gimnasio que próximamente será equipado.
En el centro de esparcimiento se han realizado ampliaciones para la construcción de la cancha de frontón, la pavimentación de los accesos y la playa de estacionamiento, mejora de las áreas verdes e instalación de un parque infantil y nuevo sistema de iluminación. Además, se ha instalado el riego tecnificado en los jardines, construido una zona de camping y remodelado los tres comedores existentes.
Se cuenta con una mejor plataforma deportiva, tribunas metálicas y mallas, y un nuevo cerco perimétrico que incluye el tratamiento arquitectónico de la fachada.
CAPACITACIÓN A LOS AGREMIADOS
El CIP Lambayeque tiene aproximadamente nueve mil agremiados, de los cuales cerca del 60% se encuentran hábiles para el ejercicio profesional y más de mil tienen condición vitalicia.
“Trabajar de esta forma genera confianza entre los colegas y siendo así acuden a los servicios del colegio, pagan sus cuotas y participan de los cursos de capacitación que hemos implementado. Una ventaja de mantenerse al día en sus cuotas es que los ingenieros han podido acceder a cursos de cinco y 50 soles, ampliando así de manera significativa el número de participantes”, explica.
Entre enero del 2013, que se inició la gestión de Salazar Montaño, y septiembre de este año se han beneficiado con las capacitaciones nueve mil 540 ingenieros, asistiendo a cursos en el Centro de Informática y en el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería.
Así se han dictado cursos y programas de especialidad, y diplomados.
“Estas actividades también han generado utilidades para el colegio y todo se ha reinvertido en los proyectos que hemos desarrollado. Lo que también ha sido importante este año es la custodia de los ingresos. Hemos sido austeros, no hemos dispendiado los recursos y así hemos podido crecer como institución”, anota.
DEFENSA DEL PATRIMONIO
El 10 de septiembre pasado cerca de 50 sujetos provistos de armas y objetos contundentes, ingresaron en horas de la madrugada al centro de esparcimiento de la orden reclamando la propiedad. Además, trasladaron a la zona materiales de construcción y maquinaria pesada, hecho que fue advertido por los vigilantes del local quienes fueron reducidos.
Con presencia de la Policía Nacional los presuntos invasores fueron desalojados y 27 detenidos. Dos de ellos se encuentran con mandato de prisión preventiva.
“Estaban acompañados de un abogado. Según él tiene la documentación que prueba la propiedad del bien a nombre de una empresa de productos balanceados con sede en Lima. Para ingresar con la maquinaria pesada violentaron la puerta principal del centro de esparcimiento, llegaron con material de construcción e incluso columnas de fierro para levantar un cerco, porque incluso habían avanzado con la excavación de 50 metros de zanja. La policía requisó a los invasores y les encontró armas de fuego e instrumentos punzocortantes. Sí debo saludar a la policía por su diligente accionar, permitiendo que los invasores sean detenidos”, comenta.
Salazar Montaño afirma que no existe duda sobre la propiedad del área de dos hectáreas 400 mil metros cuadrados, toda vez que dichos terrenos fueron adjudicados al Colegio de Ingenieros después de la Reforma Agraria y la orden cuenta con las partidas registrales en regla.
“Se ha procedido a denunciar penalmente a estar personas y se están haciendo todos los esfuerzos para cautelar el patrimonio del colegio”, asegura.
ORDEN REPRESENTATIVA
Salazar Montaño relieva el esfuerzo hecho para que el Colegio de Ingenieros de Lambayeque recupere su posicionamiento en la sociedad regional, retomando su postura de defensa de los intereses del departamento, el correcto uso de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción.
“Cuando iniciamos la gestión entendimos que el colegio había claudicado en su obligación de velar por el desarrollo de la región y se había convertido en parte de la comparsa de los gobernantes de turno. Decidimos por esa razón convocar a una asamblea de acuerdo a los estatutos y actuar en función de la obligación social que tiene el colegio. Nos manifestamos en contra de la ejecución del proyecto de agua y alcantarillado en las condiciones como lo venía haciendo la gestión de Roberto Torres Gonzáles, publicamos nuestro pronunciamiento y remitimos el informe técnico a los órganos de control y al Ministerio de Vivienda, luego se logró la paralización de la obra”, comenta el decano.
Ciro Salazar indica que aún hay mucho por avanzar en cuanto a institucionalidad en Lambayeque e incluye en ello a la orden profesional, sobre todo por el liderazgo que los gremios deben tener en defensa de los intereses regionales.
“Puedo decir que el fortalecimiento institucional es nuestro mayor logro, tanto a nivel interno como externo, pues recuperamos la confianza de los asociados y también de la ciudadanía y en esa senda debemos mantenernos para servir mejor a Lambayeque. Hay aún bastante por hacer, pero lo importante es que se han sentado bases sólidas para que el colegio siga creciendo e identificándose aún más con los lambayecanos y su desarrollo”, remarca.
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Ante una emergencia los protocolos y sistemas de evacuación y atención a damnificados y afectados se ponen en marcha. Sin embargo, existe un grupo de habitantes que por sí mismo no puede afrontar la magnitud de desastres como el Fenómeno El Niño. Es por esta razón que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se trabaja para la conformación de mesas regionales de protección que permitan evitar pérdidas mayores.
El viceministro de Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños Galdos, explica que la redistribución del presupuesto de las arcas regionales, admitida por decreto de urgencia, debe atender también a las poblaciones más afectadas: niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores.
“Desde Poblaciones Vulnerables y también la Comisión Nacional de Vivienda – CONAVI, estamos desarrollando actividades para prepararnos. Justamente he llegado a la ciudad para instalar una mesa regional de protección, la cual considera, además de los temas de infraestructura que desarrolla el Ministerio de Agricultura – MINAGRI, un plan especial para proteger a la familia y especialmente a las poblaciones vulnerables”, detalla.
“Cuando se piensa en el tema de los albergues y alimentos con los que se debe contar, no siempre se considera a toda la población específica como pueden ser las adolescentes y mujeres embarazadas, que requieren ciertos implementos e insumos que deberían contener estos albergues a donde se direccionan las poblaciones damnificadas”, expone Fernando Bolaños.
MESA REGIONAL
Conformar una mesa regional que atienda la protección de las poblaciones vulnerables es una tarea que le compete tanto a entidades públicas como a agentes de la sociedad civil. “Esto es lo que vamos a conversar en la Mesa Regional de Protección, vamos a brindar asistencia técnica al gobierno regional y a las autoridades para que se organicen en los meses que quedan y poder proteger a todas las poblaciones vulnerables de cara al FEN”, declara el viceministro.
La mesa está conformada por el Gobierno Regional de Lambayeque (Gerencia de Desarrollo Social), la Defensoría del Pueblo, el Centro de Emergencia Mujer y todas las instituciones que se encuentren estrechamente vinculadas a la protección de las poblaciones. “Asimismo, esperamos que desde la sociedad civil (voluntariados y organizaciones no gubernamentales) se animen a formar parte de esta mesa”, añade Bolaños Galdos.
La idea es que esta mesa concerté reuniones cada quince días hasta finales de noviembre, de manera que para tal fecha nos encontremos en mejores condiciones para afrontar este evento climático.
El objetivo de la mesa es trabajar de forma especializada por cada uno de los agentes conformantes del segmento poblacional, desde los niños hasta los adultos mayores. “Si tenemos un grupo de trabajo con los niños, ellos tienen que determinar cuántos niños hay en cada ámbito, quiénes son todas las organizaciones que trabajan por los niños y contar con un plan para que en caso se presente una inundación, saber quién se va a encargar de cuantificar la población afectada en este pliego”, expone el viceministro de Poblaciones Vulnerables.
Cada grupo de trabajo, ya se para niños, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores, desarrollará un pequeño plan. “Esto se desarrolla con todo el apoyo del Instituto de Defensa Civil – INDECI, pues son ellos quienes lideran el tema del Centro de Emergencia y vamos a coordinar con las autoridades regionales y locales”, menciona Fernando Bolaños.
De la misma manera, el Ministerio de la Mujer ha iniciado trabajos en la zona norte del país, que sería la más afectada por el evento climático. “Hemos iniciado con las cinco regiones del norte: Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Se nos ha anunciado que el programa del FEN va a estar en casi todo el país, trabajaremos en las 14 regiones priorizadas restantes”, comenta el representante del pliego nacional.
Fernando Bolaños reconoce el trabajo realizado por otros ministerios en atender la infraestructura nacional para contrarrestar los efectos del FEN; sin embargo, refiere que no hay que sacar de foco a quienes representan la principal prioridad: los pobladores. “Tenemos que ver el tema de proteger a las personas y cómo estas son afectadas de formas diferentes, hay que desarrollar planes que permitan actuar de manera adecuada para cada una de estas poblaciones”, acota.
ACTIVIDADES
Bolaños Galdos explica que, desde el ministerio, todas las capacitaciones a realizarse en lo que queda del año incluirán módulos de capacitación para la población. “Todas las capacitaciones que nosotros como ministerio vamos a tener en los siguientes meses van a incluir un módulo para que la gente sepa y se capacite en temas de prevención del FEN para las regiones donde se desarrolla esto”, comunica.
Por otro lado, se están desarrollando unas cartillas de utilidad tanto para autoridades como para las familias. “Creo que como en el caso de terremotos (otro factor del cual no estamos exentos), debemos tener un plan que inicie desde el núcleo de la población: la familia. Hay que saber cuáles son las rutas de escape, contar con una mochila equipada con insumos, alimentos, frazadas de abrigo; este tema es trabajado por el INDECI y ya se cuenta con un protocolo en ese sentido”, indica el viceministro de Poblaciones Vulnerables.
Para incluir a las personas discapacitadas y adultos mayores hay que considerar algunos aspectos adicionales. “Si la persona tiene baja visión y requiere de lentes, habría que considerarse contar con un par de repuesto; si existe el requerimiento de bastones de apoyo deberían incluirse en las mochilas. Hemos entregado al Gobierno Regional un conjunto de sillas de ruedas, aproximadamente mil, que se han entregado en la región para atender a las personas que las requieran o que durante el evento se encuentren damnificadas y que no puedan valerse por sí mismas para trasladarse”, subraya Fernando Bolaños.
Asimismo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, ha realizado donaciones que podrían entregarse en los próximos meses a la región.
“Cada familia debe desarrollar su propio plan. Si yo sé que vivo cerca de un río, que la zona es propensa a inundaciones, yo como familia debo contar con un plan y los equipamientos básicos para cualquier eventualidad. Esas cosas no se hacen de la noche a la mañana y requieren de una comunicación y se deben desarrollar esfuerzos para que la gente sepa”, refiere la autoridad nacional.
PLAN DE CONTINGENCIA
Para el desarrollo del plan de contingencia regional se cuenta con el apoyo de Vilma Dávila, consultora que trabajó en el año 1998 en la zona del río La Leche. “En una emergencia encontramos que existen diferenciaciones en cada uno de los damnificados. No hay que ver las cosas desde el punto de vista pasivo, esperando a que llegue la ayuda, sino debemos ponernos las pilas y preguntarnos ¿qué podemos hacer por nuestra familia y nuestros hijos? Sí, se pueden hacer muchas cosas, hay que tener un rol activo durante la situación de emergencia”, aclara.
Desde la capital se recomiendan una serie de actividades a fin de preparar al departamento ante la llegada de El Niño. “Hay que elaborar un plan de actividades y en concreto un plan de contingencia que nos permita comprender cuál es el análisis de riesgo, las zonas más afectadas en la región. Una vez ubicados los escenarios de riesgos hay que establecer cuáles son las instituciones que deben intervenir en cada uno de ellos”, comenta Vilma Dávila.
Todas aquellas instituciones que tengan que ver con la preparación, respuesta y rehabilitación tienen que estar implicadas en este asunto.
En toda estrategia de un plan de contingencia hay que establecer estas tres fases antes mencionadas. “Estas no son etapas que tengan una fecha de inicio y una fecha de culminación, no es que hoy inicia la fase de preparación y esta acaba el 31 de octubre; es una mirada cíclica que nos permite prepararnos para la respuesta y luego la rehabilitación”, explica la asesora.
La idea es que en la respuesta no se generen mayores condiciones de riesgo, el desastre no diferencia a las personas, sino que afecta a toda la población; la diferencia está en la respuesta de la población ante este evento.
Los lineamientos para la fase de preparación sugeridos por la asesora Vilma Dávila consideran la conformación de mesas de protección, elaboración de protocolos y rutas de atención. Debemos de establecer un sistema de comunicación, se ha visto por televisión que ante la presencia de sismos se recomienda no utilizar el celular sino mensajes de texto o redes sociales.
“Hay que desarrollar el fortalecimiento de capacidades, a veces uno apoya a los demás… ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sabemos qué tarea cumplir durante la emergencia? Es importante que la población sea instruida en este aspecto para que sean de ayuda y no entorpezcan el proceso de atención a los damnificados”, expone Vilma Dávila.
En razón a la fase de respuesta, más allá de los mecanismos de evacuación que se implementan con INDECI y otros organismos, hay que ver en experiencias de otros países que se pueden replicar en la forma como afrontaron una emergencia.
“La conformación de las brigadas blancas, por ejemplo, las personas mayores de 60 años no se quedan observando cómo se atiende a la población, sino que desde sus capacidades contribuyen y apoyan a los voluntarios y brigadas a agilizar las acciones de rescate, facilitando insumos”, comenta la especialista.
Posteriormente se debe realizar una evaluación de daños, porque “tras la eventualidad no es fácil distinguir cuántos adultos mayores se vieron afectados o damnificados, lo mismo sucede en el caso de mujeres embarazadas y niños (clasificación por edades)”.
Finalmente, la asesora recalca la importancia de los padres de familia en estos momentos de adversidad. “Los niños son como esponjas que absorben todo lo que ven y si ellos se dan cuenta que sus papás lloran o se derrumban ante la catástrofe, se genera una especie de trauma. Ya habrá tiempo para lamentarse las pérdidas, si queremos evitar que el daño sea aún mayor debemos dar el ejemplo a nuestros hijos”, culmina.
Más de un año le tomó a la directiva que preside Baxter González Solano recuperar el orden institucional en el Colegio de Periodistas de Lambayeque, gremio debilitado en el que imperó la anarquía e ilegalidad, así como la violación de los propios estatutos en los últimos 15 años. La tarea es compleja, pero los resultados empiezan a palparse, sobre todo con la recuperación de la confianza entre los asociados y el ingreso de nuevos profesionales a su seno.
La directiva anterior no solo dejó una deuda de 163 mil soles por impuestos ante la Municipalidad Provincial de Chiclayo, también acumuló deudas por los servicios de agua y telefonía, y permitió la inhabilidad de la institución en su registro ante la SUNAT. Lo más grave, es que sus actos cayeron en ilegales al contravenir lo dispuesto por los estatutos, pues no se convocó a asambleas, no se rindió cuentas del manejo económico y, lo que es peor, se puso en riesgo el patrimonio institucional.
Estas son algunas de las tareas que debió corregir González Solano y su directiva al ganar las elecciones para el decanato, las que tuvieron que realizarse en la calle porque el día de las votaciones se encadenaron las puertas del local ubicado en la calle Colón. Durante once meses se les impidió el ingreso al inmueble y hubo necesidad de recurrir a las instancias judiciales para hacer valer el mandato de los colegiados. Así empezó la titánica tarea de recuperar la prestancia que antes, hace muchas décadas, tuvo el Colegio de Periodistas.
“Las instituciones no se forman para violar sus normas, se forman con estatutos para respetarlos y en ese caso el Poder Judicial también respeta todo aquello que esté estatutariamente establecido en una organización, y el orden institucional interno, en el sentido ético, administrativo, económico y social, debe predominar para poner orden entre los miembros. Si alguien no respeta los estatutos y el código de ética debe ser sancionado”, comenta el decano, quien tomó la iniciativa de hacer pública la situación de la orden y buscar el respaldo de los otros colegios profesionales, recibiendo el reconocimiento unánime a su legítimo mandato.
RECUPERACIÓN
Tras el paciente trabajo las condiciones han cambiado. La deuda con la comuna ha reducido a 28 mil soles, se han saneado los aspectos legales del manejo institucional y retomado la apertura del colegio para con sus integrantes.
En 18 meses 54 nuevos periodistas se han colegiado, permitiendo la captación de recursos para la mejora de los servicios a los agremiados.
“Los colegios profesionales se crean precisamente basados en un sentido ético, porque se supone que en la formación de sus integrantes hay una parte deontológica que nos hace actuar de manera correcta, dentro de una aptitud llena de valores, y de una actitud con ejercicio de honestidad y las buenas prácticas para la profesión. Sin embargo, como sucede también en las otras profesionales, a veces la conducta de algunos pocos genera vergüenza”, precisa.
MARCAR DIFERENCIAS
González Solano habla con severidad sobre el ejercicio de los periodistas locales, felicitando el desempeño correcto y ético de quienes sí lo tienen, y cuestionando el desprestigio que le generan a la profesión quienes llevan un desenvolvimiento contrario, incurriendo incluso en actos de corrupción.
“En todas las profesiones hay buenos y malos, y es aquí donde nosotros tenemos que buscar la autocalificación. El periodismo es incólume, porque nació con todas las bondades de una profesión, el problema está en quiénes y cómo la ejercen. Sí creo que causan vergüenza aquellos periodistas que se involucran en corruptelas y debemos ser mucho más duros en señalar que si están comprometidos deben asumir las responsabilidades que están contempladas dentro del Código Penal”, asevera el decano de la orden.
“No puede haber espíritu de cuerpo con la corrupción. Debemos ser inflexibles cuando a la corrupción la tenemos a la vista. Tenemos que denunciarla”, acota González Solano.
ROL DEL PERIODISTA
El decano del Colegio de Periodistas comenta que también existe preocupación por el contenido de los medios de comunicación local, sobre todo porque se ha dejado de lado la inclusión de aspectos educativos y culturales en lo que se ofrece a los lectores, oyentes o televidentes.
“Si los periodistas no tenemos un nivel de cultura adecuado será difícil desarrollar nuestra profesión frente a temas políticos, económicos, sociales o de la administración pública. Falta formación cultural entre los periodistas”, afirma, añadiendo que no es aceptable que políticos u otro tipo de profesionales que responden a intereses personales o de grupo, económicos o partidarios, y contraten espacios en los medios de comunicación se arroguen la identificación como periodistas.
“El político a su terreno. El periodismo y la política no son compatibles, porque los intereses políticos muchas veces son mayores a los objetivos del periodismo. Jamás se podrán coincidir ambos posiciones, porque el periodismo exige decir la verdad basada en una realidad, lo que para el político muchas veces no es conveniente”, remarca.
Finalmente, el representante gremial señala que es deber de las universidades locales revisar y actualizar permanentemente los currículos de estudio de los futuros periodistas, quienes deben ser formados en el uso correcto de las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC que han diversificado las formas de llegar al público.
“Las oportunidades de los que están ahora en formación profesional son mayores y evolucionan muy rápido, sobre todo las tecnologías y las redes sociales. Por esta razón las mallas curriculares deben ser más competitivas y si no, pues es un grave error, quizá porque las universidades no tienen aún la capacidad de evolucionar al mismo ritmo”, indica.
Chiclayo es una ciudad desordenada que recibirá en los próximos años el crecimiento poblacional generado por el Proyecto Olmos y el Terminal Portuario de Lambayeque, por lo que la planificación del territorio metropolitano es de vital importancia. Es así que, tras los intentos frustrados por ejecutar un plan de desarrollo urbano en años anteriores, se inicia un nuevo proceso a fin de encaminarla hacia el crecimiento sostenible.
En relación a la matriz de evaluación elaborada por el equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Chiclayo – MPCH y su director, Rodolfo Arbulú Chereque, se calificaron a 14 distritos como los conformantes del área metropolitana del departamento.
Los distritos son Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pomalca, Monsefú, Pimentel, Santa Rosa, Reque, Eten, Puerto Eten, Picsi, Lagunas, San José y Lambayeque.
La matriz considera como principales indicadores las relaciones urbanas, sociales, económicas, político - administrativas, físico - espaciales y ambientales; funciones económicas y proyectos de impacto metropolitano.
“Se han seleccionado estos distritos porque consideramos que en ellos se desarrollará el mayor crecimiento poblacional y económico de la zona”, declara Arbulú Chereque.
Entre estas ciudades, Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria presentan mayor población con 291 mil 777, 193 mil 232 y 90 mil 546 habitantes respectivamente.
Por otra parte, el distrito de mayor densidad poblacional del área metropolitana es José Leonardo Ortiz con un promedio 67 habitantes por hectáreas. En total, el área metropolitana está poblada por 830 mil 799 habitantes, en una extensión de 144 mil 797.86 hectáreas y con una densidad poblacional de seis personas por hectárea.
“En base a los datos recopilados hemos determinado tres posibles escenarios que corresponden a las tendencias y proyecciones de la población chiclayana de cara al 2025”, expone Rodolfo Arbulú.
El primer escenario es de carácter natural y considera que el incremento poblacional en la siguiente década será de 188 mil 727 personas; le sigue el escenario moderado, el cual proyecta para los próximos diez años un incremento anual de 24 mil 91 habitantes. Finalmente, un escenario explosivo considera el crecimiento poblacional en 351 mil 123 ciudadanos aproximadamente.
Esta teoría proyectiva respecto al incremento de pobladores en el área urbana de Chiclayo responde al análisis realizado a esta variable desde el año 1600, según explica el especialista.
“Actualmente el área urbana cuenta con una densidad promedio de 92 habitantes por hectárea. El estudio considera una densidad promedio de 500 habitantes por hectárea para el 2015, significando un crecimiento de 70.2 habitante por hectárea en diez años, traduciéndose en una desaceleración de la curva de crecimiento”, presenta.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
¿Cuáles son las actividades que caracterizan al área metropolitana de Chiclayo? La provincia presenta una estructura económica basada en actividades terciarias tales como el comercio al por menor y por mayor, servicios logísticos, financieros, de salud y educación.
El crecimiento anual del comercio es del 7.8 %, siendo las bodegas quienes representan la tercera parte de este rubro. Por otro lado, el comercio al por mayor no cuenta con las infraestructuras adecuadas. La actividad industrial tiene como su rama más dinámica a la agroindustria del azúcar y el arroz y las plantas procesadoras, puesto que ha presentado un crecimiento del 400 % en los últimos años.
En la actividad agropecuaria existen dos realidades: una importante cantidad de áreas agrícolas se están reemplazando por espacios urbanos y existe un pequeño (pero consistente) crecimiento de la actividad ganadera. Así también la actividad pesquera, en la cual predomina la tradicional en las caletas San José y Santa Rosa, carece de la infraestructura y equipamiento adecuado.
Finalmente, la actividad turística presenta un pequeño flujo creciente de los visitantes hacia los museos y restos arqueológicos y ecológicos del entorno. “La estructura urbana de la ciudad está determinada sobre las bases del sistema agrícola preexistente, los cuales definen los ejes viales de la ciudad”, indica Arbulú Chereque.
De considerarse la tasa de crecimiento explosivo promedio en la década venidera (3.55 %), actualmente existiría un déficit de 32 mil 875 unidades de vivienda. Para el 2020 el requerimiento aumentaría en 33 mil 446 unidades y en el 2025, 48 mil 61 viviendas; año donde el incremento en la demanda habitacional bordearía las 114 mil 383 unidades.
PROBLEMÁTICA EN TRANSPORTE
En relación al sector de transportes, el parque automotor del transporte público de Chiclayo presentó al 2014 un incremento del 250.56 % (221 mil 160 unidades) respecto al 2007, año para el cual se contaba con 60 mil vehículos en circulación.
Los medios de transporte de mayor presencia en el parque automotor son los taxis y las mototaxis y motos lineales, con 84 mil 235 y 65 mil 750 unidades respectivamente (representan el 38.09 % y el 29.73 % del parque automotor chiclayano). Asimismo, la modalidad de transporte interurbano de mayor demanda es la combi con 76.8 %.
Otro aspecto relacionado al transporte es el Aeropuerto Internacional José Abelardo Quiñones, ubicado en el grupo aéreo N° 06 de la Fuerza Aérea del Perú – FAP, en el inicio de la carretera a Pomalca.
“Es bueno señalar que la ubicación de este aeropuerto no responde al crecimiento urbanístico que se desarrolla en Chiclayo y sus distritos, dado que se encuentra actualmente dentro de la ciudad, ocasionando conflictos de usos en razón de la seguridad ciudadana de su entorno. Además, hay que considerar su cercanía con el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, lo que impide el descanso de los pacientes”, señala Arbulú Chereque.
Anota que debe considerarse la reubicación del aeropuerto, puesto que se vienen dos grandes proyectos como el de Olmos y el del Terminal Portuario, “los cuales generarán un gran movimiento económico en la ciudad y sus alrededores”.
El aeropuerto se encuentra concesionado desde el 2000 por un período de 30 años.
APROVECHANDO ESPACIOS
El aprovechamiento del territorio es vital a la hora de entender la ubicación de las masas poblacionales proyectadas para los próximos diez años. En consecuencia, se debe elegir la zona más adecuada para el desarrollo de la industria inmobiliaria sin afectar otros sectores como es el agropecuario.
“Debemos de entender que Chiclayo nunca fue planificada como ciudad y que se encuentra ubicada en un terreno que debería utilizarse para la agricultura. Es por ello que queremos direccionar la expansión urbana hacia la costa lambayecana. El desierto costero es amplio y aquí podríamos empezar a planificar estructuras de vivienda”, señala Adolfo Arbulú.
El uso del suelo metropolitano de Chiclayo en el presente año está distribuido de la siguiente manera: el 50.5 % corresponde al segmento residencial (dos mil 746 hectáreas), el 7.6 % al ámbito comercial (364 Ha.), el 3.6 % está destinado a la industria (170 Ha.), el 4 % corresponde a recreación (191.91 Ha.), el 4.8 % a educación (227.99 Ha.), el 0.6 % a salud (28.49 Ha.) y otros representan el 21.9 % (mil 44 Ha.).
DÉFICIT METROPOLITANO
Educación, salud y los servicios de agua potable y alcantarillado presentan déficits en el área metropolitana de Chiclayo. “El diagnóstico nos ha llevado a determinar una serie de carencias en estos aspectos, que deben ser analizadas meticulosamente”, refiere Arbulú Chereque.
La educación primaria en la provincia presenta un superávit de cinco mil 508 alumnos y tan solo en Chiclayo distrito dicho exceso es de seis mil 498 estudiantes. Sin embargo, en el distrito de La Victoria el déficit estudiantil alcanza los dos mil 456 alumnos, representado el 7.84 % del total.
El nivel secundario presenta un superávit en Chiclayo distrito, con cuatro mil 544 alumnos; pese a ello, a nivel metropolitano existe un déficit de 23 mil 709 estudiantes.
“Hay que identificar por qué existen estos déficits en algunos distritos, mientras que en otros la población estudiantil sobrepasa la capacidad de los centros educativos”, alerta el especialista y director del diagnóstico.
En salud la situación es adversa, existe un déficit de 174 mil 907 pobladores no atendidos (información actualizada al 2014), siendo Lagunas, Pomalca, San José y Chiclayo los distritos que mayor déficit de población no atendida con un porcentaje de 32.30, 32.13, 29.51 y 28.93, respectivamente.
Asimismo, existe carencia de camas al 2015, con un promedio de mil 273 unidades. Se proyecta que para el 2020 el requerimiento de camas alcanzará las mil 605 unidades y para el 2025 se requerirán dos mil 81 camas.
Respecto al servicio de agua potable existe un déficit del 12 % en cobertura del servicio en el área metropolitana de Chiclayo, del 64.8 % de caudal y del 21.9 % en el nivel de atención.
“Actualmente la empresa encargada de brindar los servicios de agua potable no cuenta con la capacidad para realizar esta tarea. Muchas empresas quieren hacerse cargo del distrito para brindar estos servicios, pero lo que realmente necesitamos es que propongan atender otras zonas para de esta manera mejorar la calidad del rubro”, expone Rodolfo Arbulú.
El servicio de alcantarillado presenta diversas falencias: déficit de cobertura que bordea el 40 % de la población y en la cobertura en predios de atención existe un 33.3 % por subsanarse. “El sistema de alcantarillado no cuenta con las condiciones para afrontar un evento climático como es El Niño. Debemos dejar de entenderlo como un fenómeno puesto que es algo que ha caracterizado a la zona, ahora con este plan metropolitano que desarrollaremos tenemos la ocasión idónea para reestructurar y modificar el sistema de alcantarillado local”, sostiene Arbulú Chereque.
Es en razón de la llegada del FEN, que el equipo técnico ha identificado una serie de puntos críticos que serían los más afectados con la llegada del evento climático. Los distritos de Santa Rosa, Lagunas, Monsefú, Eten y Pimentel serían los más afectadas según dicho informe.
El 9 y 10 de septiembre el empresario Edwin Oviedo Picchotito se dirigió al Consejo Nacional de la Magistratura y a la Fiscalía Suprema de Control Interno, respectivamente, para denunciar al fiscal Juan Carrasco Millones por prevaricato, delito en el que habría incurrido en la investigación iniciada contra este y otros funcionarios y trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán, por la presunta existencia de una organización delictiva a su mando.
Oviedo Pichtotito refirió que el fiscal Carrasco Millones contravino e incumplió con lo dispuesto por el Artículo N° 261, literal a, del Decreto Legislativo N° 957, que regula el Código Procesal Penal del 2004, esto porque el administrador de justicia habría citado hechos falsos a efectos de lograr que el Poder Judicial admitiera el requerimiento de detención preliminar solicitado contra él y los demás comprendidos en la investigación.
La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo pidió al Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria la detención de los funcionarios de la empresa azucarera por considerar que existen elementos suficientes para suponer que estos lideraron a un grupo dedicado a acciones de violencia, por lo que se les atribuye la presunta responsabilidad en los delitos de cohecho pasivo, homicidio, robo agravado y asociación ilícita.
“El fiscal ha tratado desesperadamente de vincularme con los actos delictivos realizados presuntamente por personas cercanas a la Empresa Agroindustrial Tumán, sin haber podido demostrar siquiera algún nexo de vinculación de mi persona con hechos delictivos”, señala el empresario, quien considera que al verse impedido de sustentar dichos nexos Carrasco Millones habría recurrido a hechos falsos.
LO NO PROBADO
Por ejemplo, en su requerimiento al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, el fiscal señaló que Edwin Oviedo sería el presunto líder de una organización criminal y que por medio de esta y su accionar delictivo busca permanecer en el control de la azucarera Tumán.
“Dijo que yo tendría el control de facto de la empresa sin haber estudiado todo el proceso civil signado con el Expediente N° 49490-2005 que obra en el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo que ordenó la instalación de una administración judicial en Tumán para así ejecutar el cobro de una acreencia que me corresponde”, dice.
Otro aspecto señalado en el requerimiento fiscal es que Oviedo Picchotito tiene vinculación a la empresa D’Libano Inversiones SAC y Shema, que compran la producción azucarera de Tumán.
Edwin Oviedo señala que no tienen vínculo alguno con la empresa D’Libano Inversiones SAC ni ejerce control sobre el administrador judicial que está a cargo de la agroindustrial. En ese sentido, el empresario rechaza también la sindicación realizada por el Ministerio Público respecto a que lidera una organización criminal para obtener beneficios de orden económico.
“Es totalmente falso que haya ordenado la ejecución de crímenes tan graves como asesinatos y robos agravados. La fiscalía no ha podido sustentar debidamente la falsedad de sus afirmaciones, la relación de mando que existiría por parte mía como acreedor judicial y accionista de la agroindustrial Tumán, con el administrador judicial Segundo Ordinola y el ex jefe de seguridad Víctor Rodríguez Ortiz”, afirma.
Edwin Oviedo acota que es tal la validez de su reclamo y denuncia ante los el Consejo Nacional de la Magistratura y la Fiscalía Suprema de Control Interno, que el mismo juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Shilling Castañeda Salazar, rechazó el requerimiento del fiscal por considerar que no había elementos que sustenten los cargos señalados en su contra.
PREVARICATO
El delito de prevaricato se encuentra previsto en el Artículo 418 del Código Penal, el cual señala lo siguiente: “El Juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”.
Según Oviedo Picchotito, Carrasco Millones habría incurrido en prevaricato al haber emitido la Disposición Fiscal del 20 de agosto del 2015 contrariamente a lo dispuesto en el artículo 261, literal a, del Decreto Legislativo N° 957, que regula el Código Procesal Penal del 2004, y al haber amparado su requerimiento sobre la base de hechos no probados.
Además señala que la es manifiestamente contraria al texto expreso y claro de la Ley, por lo que Carrasco Millones habría inobservado artículos del Decreto Legislativo N° 957 que regula el Código Procesal Penal.
AMPLITUD DE DENUNCIA
El 15 y 22 de septiembre pasado, Oviedo Picchotito procedió a presentar la amplitud de denuncia contra el fiscal Juan Carrasco Millones, esta vez por la presunta comisión del delito contra la libertad en su figura de violación del secreto profesional, así como omisión rehusamiento o demora de actos funcionales, por lo que solicita al Consejo Nacional de la Magistratura y a la Fiscalía Suprema de Control Interno formular la denuncia penal correspondiente.
“Tanto el fiscal como su equipo de trabajo reveló información reservada correspondiente a la investigación fiscal signada con N° 1661-2015 a los medios de comunicación causando perjuicio contra mi persona y omitió guardar reserva de la investigación infringiendo de este modo lo dispuesto por el Artículo N° 324, numeral 1, del Código Procesal Penal del 2004”, señala el empresario.
Según Oviedo Picchotito, el fiscal ha dado declaraciones a los medios de comunicación ameritando publicaciones de diversa índole en el marco de la investigación preliminar iniciada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.
“Hemos alcanzado un total de 26 publicaciones como medios probatorios de la acción del fiscal y su inconducta en la difusión de pormenores de la investigación, algo que está terminantemente prohibido, pues solo las partes pueden tener conocimiento del contenido de la carpeta fiscal”, explica.
De acuerdo al Artículo 165 del Código Penal incurre en el delito de violación del secreto profesional “el que teniendo información por razón de su estado, oficio, empelo, profesión o ministerio, de secretos cuya publicación puede causar daño, los revela sin consentimiento del interesado, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años y con 60 a 120 días multa”.
“Conforme se aprecia en las notas periodísticas el fiscal, conjuntamente con su equipo de trabajo, trasgredió la reserva y confidencialidad de las investigaciones al revelar información a los medios de comunicación sin contar con la autorización de ninguna de las partes, configurando de este modo el delito. Está demás señalar la existencia del daño ocasionado a mi persona, puesto que al haber revelado aspectos de la investigación vulnera mi derecho a la presunción de inocencia”, manifiesta el empresario.
VULNERACIÓN DE LA RESERVA
Respecto al delito de reserva y secreto de la investigación, el Artículo 324, numeral 1, del Código Procesal Penal, señala que “la investigación tiene carácter reservado. Solo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados”, quienes además en cualquier momento pueden tener copias simples de las actuaciones.
“Con sus declaraciones el fiscal Carrasco infringió el secreto de la investigación, porque la ley exige la reserva y con sus declaraciones se vulneró este aspecto. De acuerdo a que lo dice la norma solo las partes pueden conocer el desarrollo de la investigación”, asevera el empresario.
Por otro lado, Oviedo Picchotito presentó un requerimiento de tutela de proceso ante el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, debido a que – según señala – sus abogados han tenido restricciones para acceder a la carpeta fiscal bajo argumentos insostenibles de la fiscalía, lo que podría configurarse como una vulneración del derecho a la defensa.
