La presidenta de la República, Dina Boluarte, cumplió cien días de gestión en medio de violentas protestas sociales que han dejado más de sesenta muertos, producto de enfrentamientos desiguales con efectivos policiales y miembros del Ejército. La calle pedía su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales; pero a estas alturas del partido ninguna de las tres demandas se concretará; porque ni Boluarte piensa renunciar y el Parlamento tampoco piensa convocar a elecciones. O sea que todo estaría consumado hasta julio de 2026. Pero a la gobernante también le ha tocado enfrentar las secuelas devastadoras que ha dejado el ciclón Yaku a su paso por el país. La mandataria por ahora se siente más tranquila tras recibir el respaldo de las FF.AA y el “apoyo incondicional” de las bancadas de derecha en el Legislativo, que hasta días antes del 7 de diciembre pedían su destitución e inhabilitación pública.
Cuando Dina Boluarte Zegarra llegó al poder lo hizo de la mano de Pedro Castillo, a quien secundó en la plancha presidencial de Perú Libre en las elecciones generales del 2021. Siempre mantuvo un perfil bajo, pese a que fue designada ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Era requerida por los medios de comunicación en situaciones muy puntuales, para pedirle su opinión por los escándalos del gobierno del presidente Castillo. Boluarte ganaría notoriedad cuando se advirtió su primera irregularidad en el régimen: nueve meses después de asumir como vicepresidenta recién pidió licencia, sin goce de haber, por cinco años como jefa de la Oficina del Reniec de Surco; pero su solicitud fue declarada improcedente dos veces, porque la institución al ser parte del sistema electoral, ninguno de sus funcionarios puede tener relación con el Ejecutivo. Boluarte no renunció a su puesto antes alegando que su cargo político podría ser efímero, y podría retornar a su plaza. El Tribunal de Servicio Civil ordenó anular la decisión del Reniec y ordenó emitir un nuevo pronunciamiento aceptando la licencia de cinco años. Boluarte jamás pensó en acceder al poder, por ello que para la campaña electoral pidió licencia sin goce de haber por el tiempo que duró la misma, pues junto a Castillo no estaban seguros de llegar a la instancia final.
Pero la presidenta alcanzaría su máxima notoriedad cuando simultáneamente a su labor como vicepresidenta y ministra de Estado ejerció la presidencia del Club Apurímac. Fue acusado de haber hecho gestiones ante el Servicio de Administración Tributaria para que le condonen una deuda a esa entidad privada, lo que contravenía el artículo 126 de la Constitución Política. Los cargos imputados a Boluarte eran por presunta infracción constitucional y por la comisión de delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Pero su situación se tornaría compleja cuando una comisión del Congreso pidió su destitución e inhabilitación para ejercer la función pública por el lapso de diez años. Es decir, buscaban sacarlo de la esfera del poder. Sin embargo, apareció su ángel de la guarda que lo salvaría del paredón. De la noche a la mañana, y por obra y gracia de los santos demonios, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales revirtió todo a favor de la hoy presidenta, recomendando el archivamiento de las denuncias en su contra. Esto sucedió el 5 de diciembre de 2022, como prediciendo el futuro halagador que se le asomaba a las tantas veces cuestionada Dina Boluarte.
Poder total en sus manos
De haber estado en el abismo, con la guillotina en el cuello, y de ser la segundona de Castillo, la vicepresidenta pasaría a ostentar todo el poder en sus manos en menos de lo que canta un gallo, claro con el espaldarazo que le había dado sospechosamente el Congreso en la víspera. El 7 de diciembre, Boluarte asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional, tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo por el Congreso, a consecuencia del intento de autogolpe que pretendió consumar al mismo estilo del exdictador Alberto Fujimori. Hoy ambos exmandatarios son vecinos en la “cárcel dorada” de Barbadillo. La abogada de 60 años, natural de Chalhuanca (Apurímac), se convirtió en la primera mujer en ocupar la primera magistratura de la nación. Dina Boluarte no gozó de ese periodo de gracia que se da a los presidentes para afianzarse en el cargo, para luego pedirles cuentas públicas. No tuvo tiempo ni para sentarse bien en el sillón de Pizarro, porque a los pocos días comenzarían las primeras protestas en el sur del país, un tanto tibias, pero que con el correr de los días se tornaron masivas y violentas. Los primeros diez fallecidos, producto de las movilizaciones exigiendo el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso, se produjeron en Ayacucho por disparos de bala durante enfrentamientos con efectivos policiales.
Pero la jornada más sangrienta se produciría en Juliaca, en Puno, donde fallecieron 17 ciudadanos, la mayoría jóvenes, tras ser impactados con proyectil de arma de fuego, también en enfrentamientos con agentes PNP y miembros del Ejército. Dina Boluarte parecía no inmutarse con estos hechos luctuosos y parecía que gobernaba desde la estratósfera, porque llamaba terroristas a los protestantes, desconocía el movimiento social en las calles, y ella y su premier apoyaban el accionar de las Fuerzas Armadas en todo este panorama sangriento. La presidenta ya tenía las manos manchadas de sangre. Las muertes seguirían en otras regiones del sur del país y hasta en el mismo Lima, hasta donde se trasladaron miles de pobladores aimaras, quechuas y mestizos para alzar su voz de protesta contra el gobierno al que consideraban espurio. Las muertes y las protestas siguieron día tras día con mayor intensidad y violencia, básicamente en el sur peruano, sin encontrar eco en Boluarte ni en el desprestigiado Congreso, que actuaban con la desconexión, la falta de empatía y ausencia de liderazgo que caracteriza a los caudillos políticos de nuestros tiempos. La gente perdió el miedo a las balas asesinas.
Ya no piensa en renunciar
Es innegable que hay un Estado y un gobierno que no los escucha, pero también es innegable que en las marchas se han infiltrado elementos radicales que despliegan un nivel de violencia inaceptable: intentos de toma de aeropuertos, quema de oficinas públicas, la muerte de un policía quemado vivo, además de bloqueos de carreteras en distintos puntos del país, lo que generó desabastecimiento de alimentos. Boluarte empezó a gobernar con un tufillo a dictadura, envalentonada tal vez por el respaldo que recibió de las Fuerzas Armadas, y si en algún momento de las protestas y la secuela de las muertes pensó en renunciar, a estas alturas de su mandato eso es cosa del pasado, pues en alianza con los partidos de la derecha conservadora del Parlamento, sumado al bloque de izquierda radical, ya ni piensan en la posibilidad de renunciar o de adelantar los comicios, y lo más probable es que gobiernen hasta junio del 2026. Pese a que todas las encuestas les dan menos de un dígito de aprobación ciudadana a ambos poderes del Estado. La presidenta tiene una desaprobación que supera el 85%, mientras que la desaprobación del Congreso supera el 90%. Ambos están deslegitimados y descalificados ante la sociedad, y no representan a la mayoría de peruanos.
Dina Boluarte, al igual que Castillo, a la luz de las evidencias, jamás estuvieron preparados para gobernar un país como el peruano, con tantas complejidades y temas pendientes por resolver en el aspecto social, económico y político. El poder les llegó en circunstancias inimaginables que ni ellos mismos sospechaban, pasaron a una segunda vuelta para sorpresa de partidos tradicionales o de mayor arraigo político. Fueron la sensación del momento. Boluarte no estuvo preparada política ni ideológicamente para asumir la enorme responsabilidad de gobernar un país diverso social y culturalmente, con un sistema político que ha permanecido incólume los últimos treinta años y sobre el cual han gobernado los presidentes desde Fujimori hasta Vizcarra. Nadie se atrevió a tocar un ápice del modelo económico neoliberal que se instauró en la década del 90, que ciertamente trajo progreso para las familias y desarrollo para el país, y que favoreció a los grandes empresarios, a las transnacionales, a los banqueros; pero no pasó lo mismo con la inmensa mayoría de peruanos, porque el modelo solo les dio migajas y las sobras que la derecha dejaba en el camino. Y una de las promesas del partido que llevó a Boluarte al poder era la convocatoria a una asamblea constituyente, para elaborar una nueva Constitución; pero ahora que está arropada por los grupos de derecha del Congreso, será difícil que lo ponga en su agenda, porque una vez que culmine su mandato seguramente una inmensa mayoría de peruanos le restregará en la cara por no haber cumplido esta promesa de campaña.
Le lloverán denuncias
Pero la presidenta estoy seguro no duerme tranquila pensando en los más de sesenta muertos en su corto régimen, todo hace indicar a manos de miembros de las Fuerzas Armadas, de la cual ella es reconocida como jefa suprema. Y no solamente ella, en la lista se incluye al actual premier Alberto Otárola, a su antecesor, Pedro Angulo, varios ministros y exministros de su gabinete, así como mandos policiales. Por ahora están a buen recaudo, pero una vez que termine su mandato le lloverán las denuncias de organismos de derechos humanos, que los demandarán por todos estos asesinatos a mansalva desde el Estado. Dicen que el karma existe, y a lo mejor en un tiempo no muy lejano Dina Boluarte podría ser la tercera gobernante que acompañe a Fujimori y Castillo en Barbadillo. La mandataria ha llegado a los cien días de su gobierno a sobre saltos y con un nudo en la garganta, atrapada entre la protesta social, la inestabilidad política y una violencia exacerbada por la indiferencia e insensibilidad del Estado para atender demandas postergadas por largos años. Boluarte y los congresistas no se irán este año, ni el 2024, sino que terminarán su mandato el 2026. La sangre derramada de tanto inocente solo será una estadística para su Gobierno y sus adláteres.
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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
Se hizo presente el ciclón Yaku en tierras lambayecanas, ocasionando graves daños en distintas partes de nuestra región. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú -SENAMHI, el jueves 9 de marzo, la provincia de Chiclayo soportó lluvias extremas que alcanzaron aproximadamente los 25 a 28 mm; es decir, de 25 a 28 litros de agua por cada metro cuadrado. Si lo comparamos con la lluvia del 2017 generada por el Fenómeno del Niño Costero, fue superior en intensidad, pues en ese año el tope fue de 24 litros por metro cuadrado.
En el norte de la región, fueron los distritos de Íllimo, Pacora, Túcume, Olmos, Motupe y Jayanca, los más afectados por la intensidad de las lluvias que llevó al desborde del río La Leche y, como consecuencia, el ingreso del agua a los domicilios. En esta zona, sus habitantes se dedican principalmente a labores agrícolas y ganaderos. En cuanto a las empresas, su giro es la exportación de productos agroindustriales.
La emergencia
El gobierno decidió declarar en emergencia a nuestra región, pero, lamentablemente su apoyo sigue siendo mínimo. Observamos en la ciudad hogares y calles inundadas mezcladas con aguas residuales provenientes de los desagües colapsados, generando así miles de damnificados. Me pregunto qué pasó con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC, y por qué a la fecha no vemos avances significativos de su trabajo.
El ciclón Yaku fue una prueba para determinar que no estamos preparados para afrontar este tipo de precipitaciones, y que cada año seguirá sucediendo lo mismo o peor a vista y paciencia de las autoridades políticas, afectando a la población y a las empresas. En el presente artículo, me centraré en dar a conocer el impacto negativo que se produce en el sector empresarial.
Consecuencias
Según el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, las pérdidas económicas superan los 500 millones de soles en Lambayeque, muy por encima de las otras regiones vecinas que rondan los 120 a 140 millones de soles.
Los sectores más perjudicados son comercio y servicio. El primero, se debe a la escasez de productos, ya que las carreteras se encuentran dañadas por las lluvias y huaicos, ocasionando que los pedidos no lleguen a tiempo. Según Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, son 40 vías nacionales que están interrumpidas por los derrumbes y deslizamientos. Ello conlleva, a que el emprendedor no tenga el stock suficiente para comercializar, impactando negativamente en sus ingresos y liquidez. Por parte del cliente, también se ve afectado por el incremento de los precios, principalmente en los productos de primera necesidad y artículos escolares.
Asimismo, el servicio de alimentos también es uno de los rubros más golpeados, pues las familias no desean salir a comer a restaurantes sabiendo que las calles están impregnadas con olores fétidos, ocasionado por el colapso de las redes de alcantarillado. Del mismo modo, el sector financiero, también puede verse agraviado con la situación, pues la cadena de pagos de sus clientes puede verse interrumpida, debido a la baja cantidad de ventas que reportan.
Como todo lambayecano, espero que esta situación se supere de la mejor manera, y anhelo que las autoridades hagan bien su trabajo para que no vuelva a repetirse.
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(*) MBA, consultor, mentor y catedrático. Especialista en Gestión Empresarial e Innovación.
