A casi dos años de gestión, el rechazo al Congreso de la República sigue en aumento por despropósitos de sus propios integrantes. Su credibilidad está por los suelos y le será muy difícil revertir -en el inmediato plazo- la opinión ciudadana sobre su pobre desempeño legislativo. Los electores tenemos una gran responsabilidad en todo ello, porque con nuestro voto permitimos que estos impresentables ganen una curul. Pero los partidos políticos también tienen su cuota de responsabilidad, porque son ellos quienes ponen en vidriera a sus candidatos, muchas veces escogidos a dedo por el caudillo o por quién da más dinero para la campaña. Una podredumbre total de deshonestidad.

El Congreso de la República sigue con su credibilidad por los suelos. Ni con una sesión de los chamanes más renombrados del país podría levantar cabeza, porque cada día sus propios integrantes se encargan de petardearlo y hundirlo. A casi ya dos años de gestión parlamentaria vale preguntarnos ¿qué tipo de personajes hemos elegido como nuestros representantes en ese poder del Estado? Con rarísimas excepciones, la mayoría de legisladores son una sarta de mediocres y avivatos, involucrados en hechos de corrupción de alto nivel, que son incapaces de elaborar buenas leyes que conduzcan a encontrar la brújula del desarrollo del país. Por el contrario, las bancadas -oficialistas y opositoras- se unen “estratégica y convenientemente” para avalar o desechar cualquier proyecto que ponga en peligro sus intereses o los de terceros. Pese a la convulsión social que se avivó desde diciembre del año pasado, la representación congresal no tuvo las agallas para aprobar normas que permitan salir de ese empantanamiento político. Su indiferencia y su falta de sensibilidad sumó para que las protestas crezcan cada vez más hasta tornarse inmanejables para el gobierno, que tuvo que apelar a la fuerza pública (Policía Nacional y Ejército) para imponer el orden, mediante métodos descalificados que hasta el momento han dejado cerca de 60 muertos. No cabe duda que el Legislativo y el Ejecutivo son los grandes culpables de toda esta miseria política, producto de ambiciones detestables por cuotas de poder y por gobernar de espaldas a las grandes necesidades del país.

Los malos ejemplos

Y el rechazo a la labor congresal seguirá creciendo aún más por acciones impropias de sus integrantes, que en lugar de adecentar y poner orden en la casa, los escándalos mediáticos están a la orden del día. Uno de los más recientes, que ha causado indignación y ha merecido cuestionamientos de todo tipo, es el que involucra a un grupo de parlamentarias conocidas como “las mocha sueldos”, quienes descaradamente recortaban el sueldo del personal asignado a sus oficinas. Cinco legisladoras de diferentes agrupaciones se han encargado de mellar más la alicaída imagen de esta institución, todas bajo el mismo modus operandi. El hecho más reciente involucra a la congresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, representante de la región Tumbes, quien con total desparpajo exigía hasta el 75% del sueldo de uno de sus trabajadores (casi 7.000 soles, según un informe de Latina). Por este motivo, el Ministerio Público le abrió investigación preliminar por el delito de concusión, y la Procuraduría General del Estado por el delito de cohecho pasivo impropio. Las otras parlamentarias que también emplearon esta misma modalidad y por la cual son investigadas por la Fiscalía son: Magaly Ruiz (La Libertad) y Rosío Torres (Loreto), ambas de Alianza para el Progreso (APP); la exoficialista Katy Ugarte (Cusco) y Heidi Juárez (Piura), ex APP. Mención aparte merecen los cuatro congresistas denunciados por el caso "Los Niños”, acusados de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final donde propone acusarlos ante la Comisión Permanente.

Responsabilidad compartida

¿Pero quién permitió que estos impresentables llegaran al Parlamento? Nosotros, los ciudadanos, con nuestro voto les dimos el espaldarazo para acceder a esa instancia y así obtengan la inmunidad y todas gollerías que les da el sistema. Pero aquí hay una responsabilidad compartida entre los electores y los partidos políticos. Los primeros, por no ejercer con suma responsabilidad, honestidad y con criterio de conciencia nuestra ciudadanía en las elecciones, para no equivocarnos y lamentarnos por la decisión que tomamos. Y los partidos políticos, por no ser rigurosos y exigentes en cada plebiscito, designando a sus mejores cuadros que los representen; es decir, aquellos con una hoja impecable de vida y una catadura moral a prueba de balas, porque así ayudarán al ciudadano a elegir mejor y a equivocarse menos, y no como ocurre actualmente que en sus listas aparecen postulantes con cuestionamientos de orden ético y moral, investigados por casos de corrupción o con antecedentes penales. Lamentablemente así se maneja la política en nuestro país, donde la honestidad y la decencia importan muy poco al momento de elegir a quienes nos van a representar en la función pública. Es por eso que la clase política está desacreditada y manchada por personajes que ven en la política un medio para enriquecerse del Estado y no para servir a la ciudadanía.

¿Pura pantomima?

Los organismos electorales también tienen que ser implacables cuando acompañen a los partidos en sus elecciones internas, porque a veces son pura pantomima, ya que los caudillos o los dueños de los partidos terminan eligiendo a dedo, en cuatro paredes, a sus candidatos y dejan de lado la opinión de su militancia. Al no haber esa democracia participativa desde las bases, el partido se mueve a la voluntad del líder o del dueño, mercantilizando la política al mejor postor. Nuestra clase política no ha madurado lo suficiente como para enfrentar los grandes retos que nos depara un presente marcado por la incertidumbre, y un futuro poco alentador para generar más confianza y esperanza en un país golpeado por las incapacidades y la incompetencia de quienes nos gobiernan. Hay que estar alertas con las reformas que pretenda impulsar el Parlamento, porque bancadas con intereses subalternos -sobre todo de la derecha conservadora- quieren imponer el regreso a la bicameralidad y la reelección congresal, para que ellos puedan presentarse en el próximo proceso.

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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación - Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de Ley N°3646/2022-CR que propone establecer requisitos para la designación de directores de las Empresas Públicas Municipales, Regionales y de aquellas que se encuentran bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

Esta propuesta legislativa del congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (Fuerza Popular) recibió el respaldo unánime de los 19 parlamentarios integrantes de este grupo de trabajo presentes en la sala de todas las bancadas parlamentarias, luego del debate respectivo donde se destacó el objetivo de garantizar la transparencia en el acceso, la idoneidad y la meritocracia en el ejercicio de su función y fortalecer la lucha contra la corrupción en las diferentes empresas del Estado.

La presidenta de la comisión, Rosangela Barbarán, resaltó que esta propuesta busca asegurar que los directorios de las empresas estatales sean conformados por los mejores profesionales. “Este es una propuesta que busca para el directorio de las entidades públicas a lo mejor de lo mejor”, puntualizó.

Por su parte, el legislador y economista Carlos Anderson (No agrupado) saludó al autor de este proyecto que resulta positivo para el funcionamiento de las empresas estatales sobre la experiencia y la preparación de los miembros del directorio.

La congresista Noelia Herrera (Renovación Popular) felicitó al congresista Aguinaga por esta iniciativa que, según indicó, es un avance en el ordenamiento de las entidades estatales, aplicando conceptos de meritocracia y experiencia

A su turno, José Luna Gálvez, presidente de la Comisión de Presupuesto e integrante de la Comisión de Economía, señaló que este proyecto apunta a una visión gerencial y empresarial en el Estado en base a la experiencia porque “los gerentes no se forman de la noche a la mañana”.

DIRECTORIOS

El proyecto N°3646/2022-CR, aprobado en la Comisión de Economía, establece que la composición del directorio de las mismas será establecida conforme al tamaño. El directorio de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE) de ámbito regional incluirá por lo menos a un profesional con residencia efectiva en el departamento en donde la entidad desarrolla sus actividades principales.

Además, señala que están impedidas de ejercer cargo miembro del directorio las personas inhabilitadas por el Congreso o por mandato judicial para ejercer función pública y quienes hayan sido destituidas de la administración pública por falta grave o muy grave.

Aguinaga señala en su propuesta que las empresas con directorio de siete miembros estarán conformadas por dos profesionales con experiencias comprobada en finanzas, con formación en ciencias económicas, administrativas, contables o afines; otros dos profesionales con experiencia comprobada en gestión pública, con formación en ciencias jurídicas, políticas o afines y tres profesionales especialistas en temas relacionados con el objeto social de la empresa.

Las empresas con cinco directores están conformadas por dos profesionales con experiencias comprobada en materia financiera, cuya formación esté relacionada a las ciencias económicas, administrativas, contables o afines; un profesional con experiencia comprobada en gestión pública, cuya formación esté relacionada a las ciencias jurídicas, políticas o afines y los otros dos deberán ser profesionales especialistas en temas relacionados con el objeto social de la empresa.

En el caso de las empresas con tres directores, estas estarán conformadas por un profesional con experiencia comprobada en materia financiera, cuya formación esté relacionada a las ciencias económicas, administrativas, contables o afines; un profesional con experiencia en gestión pública, cuya formación esté relacionada a las ciencias jurídicas, políticas o afines y un profesional especialista en temas relacionados con el objeto social de la empresa.

RESPALDO DE CONTRALORÍA

De otro lado, la Contraloría General de la República expresó su pleno respaldo a este proyecto señalando que “tendrá un impacto positivo en el ordenamiento jurídico peruano al garantizar la idoneidad de los directores de las empresas del Estado”.

A través del oficio N°001116-2023-CG/DG, dirigido a la Comisión de Economía del Congreso que tiene a su cargo dictaminar la propuesta, la Contraloría señala que la iniciativa del legislador Aguinaga “complementa el esfuerzo del Estado peruano ha iniciado con la ley N°31419, que regula los requisitos mínimos para desempeñarse como funcionario o directivo público de libre designación en las entidades públicas”.