El alcalde de La Victoria, Edwin Vásquez Sánchez, denunció en conferencia de prensa que el procurador público municipal, Fidel Castro Rodríguez, incurre en hostigamiento e intimidación, con el objetivo de evitar una sanción administrativa en su contra.
Según indició, la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios – STPAD, de la comuna de La Victoria sancionó con seis meses de suspensión a Castro Rodríguez, al encontrarlo responsable del otorgamiento indebido de vales de consumo por concepto de refrigerio a favor de los empleados y obreros de la entidad en los años 2019 y 2020.
La investigación inició en el año 2021 en mérito al Informe de Control Específico N° 019-2021-2-2738-SCE, del Órgano de Control Institucional – OCI, de la Contraloría General de la República, que recomendó el inicio de las acciones correspondientes para determinar la responsabilidad civil y administrativa a 11 funcionarios y servidores civiles por un presunto perjuicio económico a la entidad de un millón 133 mil 558.30 soles.
Sanción de suspensión
De acuerdo al informe de Precalificación de la Secretaría Técnica, del 8 de junio del 2022, el procurador público de la comuna de La Victoria, que en ese momento se desempeñaba como gerente de Asesoría Jurídica de la gestión del exalcalde Rony Olivera Morales, no advirtió la ilegalidad del otorgamiento de los vales de consumo, cometiendo la falta administrativa de “negligencia en el desempeño de funciones”, contenida en el literal “d” del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, y recomendó una suspensión de seis meses en su contra.
Ante los indicios razonables de la responsabilidad administrativa, el 19 de diciembre del 2022, se notificó la sanción de suspensión por el mismo período y el 11 de mayo se emitió la Resolución de Sanción N° 001-2023-OS-UP/MDLV.
Vásquez Sánchez sostiene que, por estos hechos, a modo de represaría, el procurador habría formulado la denuncia penal contra él y sus funcionarios por el presunto delito de ocultamiento de información.
El 15 de mayo, Castro Rodríguez se dirigió al encargado Áreas Verdes de la comuna distrital, Pablo Burga Maldona, con el Informe 25-2023-MDLV/PPM, solicitando en el plazo de un día un informe a su despacho sobre la disminución de la presión en el riego tecnificado de los sardineles de la avenida Los Incas y la calle Inti Raymi “ya que se están secando”. Dicho pedido lo formuló advirtiendo que su incumplimiento sería asumido como perjuicio estatal.
“El procurador fue asesor jurídico de la gestión anterior y en ese período se cometió el perjuicio a la municipalidad por los vales de consumo. Luego, fue designado por el exalcalde Rony Olivera como procurador público, permaneciendo en el cargo al amparo de la ley que traslada la facultad de nombramiento de procuradores a la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, como ya estaba en curso el proceso sancionador en su contra inició acciones de hostigamiento en mi contra y de los funcionarios de la gestión”, señaló Vásquez Sánchez.
Contratación de familiares
La autoridad municipal informó que ante la sanción administrativa y el comportamiento evidenciado por Castro Rodríguez ha solicitado a través de la Gerencia General a la Procuraduría General del Estado la reconsideración de la permanencia del funcionario.
“Hay otros hechos que también lo involucran. De la revisión de la documentación se ha encontrado que cuando fue gerente de Asesoría Jurídica de la municipalidad, por casi un año, en la gestión anterior, se extendieron dos contratos a dos familiares directos: su cónyuge y su hermano. Esos contratos, que han sido informados a la Procuraduría General del Estado representan, a nuestro entender, un conflicto de intereses, porque su hermano, por ejemplo, ha sido beneficiado con la permanencia laboral a plazo indeterminado”, manifestó el alcalde.
Vásquez Sánchez señaló que es tal el resquebrajamiento de la coordinación entre su despecho y la Procuraduría que, a la fecha, a casi cinco meses de haber asumido la alcaldía, no ha sido informado de cuántos procesos judiciales o arbitrajes tiene pendientes la Municipalidad Distrital de La Victoria.
Durante el año 2022, la corrupción habría ocasionado al país un perjuicio económico estimado de 24 mil 419 millones de soles, de los cuales, por nivel de gobierno, el 56 % (13 mil 721 millones) fue ocasionado por los gobiernos regionales y las municipalidades, seguido por el gobierno nacional con el 44 % 10 mil 696 millones) de acuerdo al resultado de la Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional elaborado para este año por el Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República. Lo revelado representa un nivel de incidencia del 13.4 % del presupuesto devengado del año mencionado, a nivel nacional.
En ese sentido, el contralor general, Nelson Shack, indicó que, si se reflexiona sobre sus efectos, con esos recursos públicos perdidos por la corrupción (más de 24 mil millones de soles), se podría eliminar la pobreza en el Perú, ya que aliviaría, como mínimo en dos años, este problema que hoy por hoy afecta a millones de peruanos.
Esta estimación se realiza por cuarto año consecutivo en base a la identificación del promedio móvil interanual de las proporciones de perjuicio económico al presupuesto público, sobre la cual se ejecuta una extrapolación que permite proyectar las proporciones de pérdidas respecto al año anterior, en función al tipo de gasto, sector, departamento y nivel de gobierno.
La finalidad es revelar la situación actual del daño patrimonial que ocasiona la corrupción y la inconducta funcional en el país, y así priorizar de manera estratégica los esfuerzos del control y exhortar a los funcionarios y servidores públicos a tomar acción para revertir esta situación que afecta al desarrollo económico y social de la población, principalmente de los sectores más vulnerables del país, ya que se dejan de ejecutar importantes obras y servicios.
La estimación de la corrupción e inconducta funcional muestra que el nivel de incidencia entre del año 2022 respecto al año 2021 fue ligeramente menor pasando de 13.6 % a 13.4 %. Sin embargo, en términos absolutos, el perjuicio fue mayor: en el 2021 fue de 24 mil 262 millones elevándose el 2022 a 24 mil 419 millones de soles.
Por tipo de gasto
La estimación hecha por la Contraloría General revela que, en el 2022, la incidencia del perjuicio económico se presenta, por tipo de gasto, también en el rubro de Inversión (obras), con una incidencia de aproximadamente 16.8 % (siete mil 945 millones), seguido por Bienes y Servicios con 12.8 % (seis mil 523 millones) y Otros con 11.9 % (nueve mil 950 millones).
Un ejemplo de lo identificado fue el caso del puente Tarata, en la región San Martín, donde se identificó a tres funcionarios de Provías Descentralizado con presunta responsabilidad penal y administrativa por beneficiar al postor con la buena pro, para lo cual postergaron irregularmente la etapa de presentación de propuestas, además que se incumplieron requisitos, entre otras irregularidades (Informe de Control Específico N° 001-2022-2-5568-SCE).
Otro ejemplo de irregularidad detectada por la Contraloría, en el rubro de Bienes y Servicios, es el caso de la dilatación injustificada para la compra de 700 mil pasaportes electrónicos que generó un desabastecimiento y la afectación del servicio, pese a las alertas emitidas por la Contraloría General. Se identificó la presunta responsabilidad de cuatro funcionarios y/o servidores de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Informe de Control Específico N° 012-2022-2-5996-SCE).
Si bien en relación al año 2021 hubo una leve caída en el monto de corrupción correspondiente al gobierno nacional (de 11 mil 57 millones de soles a 10 mil 696 millones), se observó un incremento en las pérdidas por irregularidades en gastos de personal y otros, relacionado principalmente a problemas en el nombramiento de personal y aprobación de beneficios laborales al margen de la Ley. En los dos últimos años, de los 16 mil 938 millones de pérdida acumulados por el Poder Ejecutivo, el 41 % corresponde al gasto en contrataciones, 30 % al gasto en personal y 21 % en inversiones.
Incidencia y ranking
De acuerdo a la estimación realizada por la subgerencia del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General, la incidencia de perjuicio económico a nivel nacional, en los tres niveles de gobierno, es de 13.4% del presupuesto público. Los departamentos con mayor incidencia en corrupción e inconducta funcional, en una escala de nivel Alto, son: Moquegua (24.0 %), La Libertad (20.2 %), Apurímac (18.5 %), Huancavelica (18.2 %), Áncash (17.5 %), Arequipa (17.4 %), Cusco (16.5 %) y Lambayeque (15.8 %).
El estudio también presenta el ranking absoluto del perjuicio económico por territorio y que en este caso está encabezado por las regiones de Cusco (mil 601 millones), Áncash mil 381 millones), Piura (mil 337 millones), La Libertad (mil 324 millones), Arequipa (mil 176 millones) y Cajamarca (mil 42 millones). En Lima Metropolitana, que concentra la mayoría de entidades públicas del país, las pérdidas se elevan a los siete mil 648 millones.
Las top 10
Las entidades que se ubican como las 10 primeras en el ranking de perjuicio e incidencia por corrupción e inconducta funcional, son:
En el gobierno nacional, cuyo monto de perjuicio económico es de 10 mil 696 millones, generados por tipo de gasto en Abastecimiento (14.1 %), Inversión (12.4 %) y otros (8.0 %), tenemos al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (CENARES); Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS); Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); Corte Superior de Justicia de Lima; Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED); Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); Instituto Nacional Penitenciario (INPE); Gerencia General del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
Al igual que el año pasado, CENARES, MTC y ATU lideran el ranking. Hay otras entidades que no figuraban y ahora aparecen, como el caso del PRONIS, que era una unidad ejecutora del Minsa, a cargo de los proyectos de infraestructura, y que tiene alrededor de 60 proyectos hospitalarios paralizados a nivel nacional.
En el caso de los gobiernos regionales, el perjuicio económico es ocho mil 38 millones, que se generó por tipo de gasto en Inversión (20.9 %), Abastecimiento (14.1 %) y otros (19.4 %), las entidades involucradas son: Región Piura (Educación); Región Cusco (Plan Copesco); Región Lambayeque (Educación); Región Callao; Región Arequipa (Educación Arequipa Sur); Región la Libertad (Educación Sánchez Carrión); Región Puno (Sede Central), Región Piura (Salud); Región Callao (Dirección de Salud I Callao) y Región Ica (Sede Central).
Para el caso de los gobiernos locales o municipalidades, donde el perjuicio económico por corrupción asciende a cinco mil 685 millones, por irregularidades en Inversión (18.5%), Abastecimiento (8.8 %) y otros (17.2 %), el top 10 está integrado por Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad Distrital de San Marcos (Áncash), Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (Moquegua), Municipalidad Distrital de Quimbiri (Cusco), Municipalidad Provincial de La Convención (Cusco), Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho (Apurímac), Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (Lima Metropolitana), Municipalidad Provincial de Trujillo (La Libertad), Municipalidad Distrital de San Isidro (Lima Metropolitana) y Municipalidad Provincial de Arequipa.
El número de fallecidos por dengue en la región Lambayeque se incrementó a 16, según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud. El número de casos totales superan los 5600, mientras que 135 personas aún permanecen hospitalizadas y 13 de ellas con diagnóstico grave. La situación se ha salido de control, pese a los esfuerzos -de última hora- que despliega el sector para tratar de controlar la enfermedad.
Experto en Salud Pública, Omar Neyra, precisa que es evidente que estamos en una crisis por el dengue, que no se debió llegar a estas instancias porque este mal está presente por décadas en el país, donde hay zonas endémicas, y era previsible que haya un brote porque se presentaron lluvias, aumento de temperaturas. “No se actuó adecuadamente, hace cuatro o cinco meses no hay una política de previsión importante y por eso estamos en una crisis bastante fuerte, como en Lambayeque”.
Manifestó que la cifra de pacientes con la enfermedad es bastante abultada, por ello se requiere fortalecer el primer nivel de atención para no colapsar los hospitales, aunque ello ya es inevitable desde hace un par de semanas. “Es clave fortalecer el primer nivel, con atención rápida, ágil, digna de los pacientes, porque es allí donde se maneja a la mayoría de pacientes que tienen síntomas leves y moderados. Si no se hace esto, el sistema hospitalario colapsa y quienes realmente lo necesitan no acceden y terminan falleciendo”.
Dijo que a la par de fortalecer el primer nivel de atención, urge seguir trabajando en prevención y promoción de la salud, educando a la población; pero también ir a las zonas donde hay mayor número de contagios (cerco epidemiológico) con personal sanitario especializado, que permita ir controlando de a pocos para que no crezca el número de enfermos.
Equipos miran de costado el asunto
Neyra expresó que en este tema hay mucha responsabilidad operativa del Gobierno Regional (Gore) de Lambayeque, que tiene a cargo el sistema de salud en su territorio. “Si bien hay una rectoría del Minsa a nivel nacional, la operatividad está a cargo de los gobiernos regionales, un trabajo en conjunto podría ser clave, pero veo que los gobernadores y sus equipos miran de costado el asunto”.
Refirió que el Minsa intenta hacer algo, pero la situación ya está desbordada, finalmente seguimos sufriendo otra catástrofe sanitaria después de tres años de la covid-19, no hemos aprendido nada. “Nos complicamos por no hacer una planificación adecuada y una reacción ante estos problemas que son permanentes”.
El experto en Salud Pública subrayó que en todo esto hay una mezcla de desidia e ineptitud en los diversos gobiernos, que no permite hacer estas coordinaciones que son básicas, para responder rápida y adecuadamente. “No necesitas cambios de normas o leyes para que esto funcione bien, es un tema de voluntad y gestión de las personas que toman decisiones. Tenemos una estructura elefantiásica en el sector que no permite usar innovación, tecnología, datos, por eso es que terminamos así”.
Neyra reiteró que desde la covid-19 no hemos aprendido nada, y en dengue existen protocolos, experiencia, manejo, el tema es claro, pero los burócratas tratan de inventar la pólvora cuando la información está allí, pero no lo quieren usar correctamente, “y por eso me reafirmo en decir que hay ineptitud y desidia que no permite atender adecuadamente estos casos”.
Asegurar infraestructura hospitalaria
Explicó que no hemos sido capaces de reestructurar la salud, teníamos todo para hacerlo después de la pandemia y no lo hicimos; y ahora nos sorprende otro virus. “Ello tiene que ver con la gestión y las personas; pero el gobierno insiste con funcionarios que no tuvieron un manejo adecuado en la covid-19 y ese es uno de los grandes errores, que hoy lo estamos viviendo con el dengue”.
Aseveró que en este momento no deberíamos estar trabajando por el dengue, que no ha debido ser un problema, sino tratando de asegurar (y no planificar) la infraestructura hospitalaria que permita soportar el anunciado fenómeno de El Niño. “Los hospitales están detenidos, hay mucha corrupción, empresas chinas que paralizan obras, la ARCC no funciona, y mientras se constituye la Autoridad Nacional de Infraestructura, va a llegar El Niño y nos va a coger desprevenidos”.
Omar Neyra puntualizó que es inconcebible que al 2023 el Perú no tenga agua potable en su totalidad, cuando ha habido recursos para invertir en ello; pero como sociedad no somos capaces de asegurar un servicio tan básico como el agua.
Sin embargo, recalo que aquí hay una responsabilidad de los ciudadanos que no sabemos elegir a nuestras autoridades, que son los que manejan el Estado. “Los Castillos (en relación al expresidente de la República) se reproducirán en la medida que no seamos conscientes y responsables por quien votamos”.
Del 18 al 21 de mayo, Chiclayo recibe a las delegaciones de todo el país para participar de la Asamblea Nacional y Estatutaria del Colegio de Periodistas del Perú, encuentro que tiene como anfitrión al Consejo Departamental de Lambayeque.
Los decanos regionales comparten con Expresión sus expectativas de tan importante actividad, en momentos en los que la libertad de expresión, prensa e información corren serio peligro por las iniciativas legislativas que buscan penalizar el trabajo periodístico.
Flor Muñoz Apaza
Decana del Colegio de Periodistas de Arequipa
“Actualmente laboro en el Área de Comunicaciones del Centro de Empleo de Arequipa, ahora dependiente de la Gerencia Regional de Trabajo. La asamblea es la principal actividad en la que participan los decanos para debatir y presentar propuestas frente a la problemática que atraviesan cada uno de nuestros colegiados al momento de efectuar sus labores en instituciones públicas, privadas o medios de comunicación social. Mi deseo es que se consolide nuestro colegio como uno de los más importantes del país, respetando los derechos de cada uno de nuestros integrantes”.
Hugo Vásquez Camacho
Decano del Consejo Departamental de Periodistas y Comunicadores de Cajamarca
“Colaboro con TV Norte y diario El Clarín de mi ciudad. La Asamblea Nacional de Decanos significa la oportunidad de establecer consensos en la marcha del colegio, replantear algunos temas, revisar el Estatuto y afianzar los lazos de amistad entre los asistentes. La cálida región Lambayeque representa para mí y los cajamarquinos, una tierra hermana, que nos cobija y nos abraza, con la que compartimos historia, tradiciones, recursos e ideales de superación. Mi deseo para la orden profesional es que cada día crezca, se desarrolle, trascienda mucho más en el seno de la sociedad y contribuya al bienestar y desarrollo del país”.
Richard Campos Cáceres
Decano del Consejo Regional Callao del Colegio de Periodistas
“Laboro en la revista El Metro del Callao. Considero que la asamblea de Lambayeque es un espacio donde fortalecemos lazos institucionales, para mejorar el rol del CPP como garante de la sociedad en el mejor desempeño de nuestros miembros en la lucha contra la informalidad, el sicariato mediático y las normas que afecten la libertad de prensa. Mi anhelo es volver a la época dorada, donde la colegiatura era necesaria para trabajar en medios. Apoyo la derogatoria de Ley Torres y Torres Lara y la reducción de la tramitología para colegiar miembros”.
Frederik Jara Torrejón
Decano del Colegio de Periodistas de Huánuco
“Soy docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Tengo muchas expectativas sobre la asamblea, pues nos permite coordinar acciones en bien de nuestra institución colegiada y conocer el trabajo que se vienen realizando a nivel regional. Lambayeque una tierra moderna y acogedora, forjadora de la cultura Mochica, de grandes agricultores y textiles, pero sobre todo maravillosos orfebres, con extraordinarios trabajos en oro. Espero avanzar en el cambio de denominación a Colegio de Periodistas y Comunicadores del Perú y que la Asamblea Nacional nos permita coordinar acciones en bien de los periodistas y comunicadores sociales”.
Fernando Huamán Espinoza
Decano del Colegio de Periodistas de Ica
Soy docente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. La Asamblea Nacional de Decanos permitirá departir experiencias de nuestras regiones. Deseo que cada vez la institución se empodere entre de los colegios profesionales del país. Aspiramos a que el ejercicio de la profesión se realice en respeto de nuestro Código de Ética, con objetividad y veracidad”.
Carlos Prieto Campos
Decano del Consejo Regional Junín – Huancavelica del Colegio de Periodistas
“Actualmente me desempeño como decano de la Universidad Nacional del Centro del Perú y conduzco un programa de entrevistas en Radio Universitaria. El propósito de la Asamblea es lograr la unidad nacional del CPP y plantear nuevos retos para la institución. Deseo que este encuentro sea un éxito y felicito al Consejo Departamental de Lambayeque por la organización”.
Alfredo Galindo Peralta
Decano del Colegio de Periodistas de La Libertad
“Laboro actualmente en TV Cosmos como co-conductor del programa político ‘Pulso Social. La Asamblea Nacional de Decanos tiene mucho significado porque nos permitirá cohesionar ideas en temas de trascendencia para nuestro gremio, aparte que la presencialidad es una gran oportunidad para conocernos mejor. Lambayeque representa hoy el símbolo de la libertad de expresión, ciudad hermosa a la que todos queremos visitar. Mi deseo para nuestra orden profesional es que se fortalezca cada vez más, que sea la abanderada en la lucha por una auténtica libertad de prensa y de la democracia. En La Libertad estaremos siempre pendientes ante cualquier atropello en agravio de los hombres y mujeres de prensa, pero también invoco a que sigamos manteniendo nuestra independencia institucional. Un saludo para todos los colegas decanos y miembros de la orden profesional”.
Luis Tipacti Melgarejo
Decano del Colegio de Periodistas de Lima
“Estoy abocado al 100 % al trabajo en la orden profesional. Esta asamblea significa un momento muy importante, no solamente se trata de intercambiar ideas, opiniones y conocimiento respecto a la labor al pensamiento de cada decano a nivel nacional, sino también es un espacio para confraternizar y, lo que es más importante, conocer más de cerca la labor nuestra y el interés que tenemos todos por sacar adelante a nuestra institución. Mi deseo para la orden profesional es que se cumplan nuestras metas y que todos los profesionales de Comunicación y Periodismo estén titulados y colegiados”.
César Arias Ochoa
Decano del Colegio de Periodistas de Loreto
“La Asamblea de Decanos es muy importante para ver la situación nacional de la prensa. Lambayeque representa un alto nivel cultural del Perú, desde la antigüedad y es un privilegio que sea sede de este encuentro. Por motivo de salud, no podré asistir, pero estaré representado por el Segundo Vicedecano, Pedro Salazar Angulo, el director de Comunicaciones, David Nash y el presidente del Tribunal de Honor, Santiago Gonzales”.
Efren Huayapa Merma
Decano del Colegio de Periodistas de Moquegua
“Ejerzo el periodismo en el diario El Periódico Sur. La presente asamblea se considera importante porque luego de un tiempo largo de comunicación virtual será posible un encuentro presencial en Chiclayo, para conocer de cerca los diferentes problemas y vivir esa experiencia que permitirá conocer en carne propia diferentes realidades de los periodistas y comunicadores en el Perú. Hay muchas cosas que decir y hacer y junto a mis colegas espero que podamos aprovechar al máximo el encuentro a favor de la orden profesional”.
Pedro Charry Aysanoa
Decano del Colegio de Periodistas de Pasco
“Dirijo una emisora de radio en F.M. y A.M. en Pasco y soy docente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Las asambleas nacionales permiten dictar los lineamientos que orientan la institucionalidad deontológica del colegio y en éstas se analiza y discute la problemática nacional de los periodistas y en general de la sociedad. Saludo la predisposición de la decana del CPP Lambayeque, Rosa Chambergo, y de su Consejo Directivo, por ser anfitriones de la asamblea nacional y a la distinguida región de Lambayeque por su hospitalidad”.
Alberto Quispe Canaza
Decano (e) del Colegio de Periodistas de Puno
“La Asamblea Nacional de Decanos constituye una oportunidad de encuentro y la posibilidad de mejorar nuestro Estatuto en beneficio de los miembros de la orden, especialmente significa conocernos todos los Decanos de provincias, felicito la organización y coordinación de los anfitriones de este cónclave y por cierto mi respeto y admiración a la región Lambayeque. Un abrazo desde la región Puno, donde nació el imperio incaico. Es mi mejor deseo que los Consejos Regionales con nuestra sede nacional estemos más fortalecidos y unidos, y se mantenga el diálogo fluido con nuestra decanatura nacional, siempre en busca de los grandes objetivos”.
Ángel Chávez Torres
Decano del Colegio de Periodistas de San Martín
“La Asamblea Nacional de Decanos y directivos para mi tiene un gran significado: el gran reencuentro presencial después de una pandemia que nos aisló de todo y muchos colegas que quisiéramos haberlos tenido en este evento no estarán producto de la crisis sanitaria. También nos servirá grandemente para analizar nuestro estatuto y mejorarlo, siempre pensando, primero, en el fortalecimiento institucional y, segundo, en la protección y salvaguarda de los periodistas en los diferentes frentes de trabajo. Lambayeque significa para mí amistad, progreso y desarrollo. También mucha fortaleza para su recuperación ante los embates de la naturaleza”.
Tony Machaca López
Decano del Colegio de Periodistas de Tacna
“Actualmente laboró en el Área de Prensa del Ministerio Público de Tacna. La Asamblea Nacional de Decanos representa el foro más importante para tomar las mejores decisiones que contribuyan al fortalecimiento y futuro del Colegio de Periodistas del Perú, la defensa de los principios de la libertad de prensa y la labor del periodista y comunicador profesional, es también el retorno a la normalidad de las actividades dirigenciales con la primera asamblea nacional presencial post pandemia mundial. Anhelo, primero, el fortalecimiento de la orden profesional, luego la protección de los derechos de los periodistas y comunicadores y todo intento de afectar la libertad de prensa".
Ángel Lavalle Dios
Decano del Colegio de Periodistas de Tumbes
“Soy colaborador de los diarios Nuevo Norte de Trujillo y Tumbes 21. La Asamblea Nacional de Decanos y directivos nacionales significa la oportunidad para ventilar las necesidades institucionales y alcanzar sus soluciones al abrigo del debate que estimula los consensos y los acuerdos, en tiempo real. Asimismo, este evento nacional, propicia el escenario para el reencuentro presencial, la oportunidad para conocernos personalmente e intercambiar experiencias sobre cada una de nuestras regiones, en temas de interés común y profesional. Deseo que nuestra orden propicie y mantenga la unidad institucional y profesional, al interno y con los gremios representativos de las comunicaciones y el periodismo nacional y que mantenga al día su atención y protagonismo, sobre las potencialidades y urgencias del Perú, América Latina y el mundo”.
El alcalde de La Victoria, Edwin Vásquez Sánchez, denunció en conferencia de prensa que el procurador público municipal, Fidel Castro Rodríguez, incurre en hostigamiento e intimidación, con el objetivo de evitar una sanción administrativa en su contra.
Según indició, la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios – STPAD, de la comuna de La Victoria sancionó con seis meses de suspensión a Castro Rodríguez, al encontrarlo responsable del otorgamiento indebido de vales de consumo por concepto de refrigerio a favor de los empleados y obreros de la entidad en los años 2019 y 2020.
La investigación inició en el año 2021 en mérito al Informe de Control Específico N° 019-2021-2-2738-SCE, del Órgano de Control Institucional – OCI, de la Contraloría General de la República, que recomendó el inicio de las acciones correspondientes para determinar la responsabilidad civil y administrativa a 11 funcionarios y servidores civiles por un presunto perjuicio económico a la entidad de un millón 133 mil 558.30 soles.
Sanción de suspensión
De acuerdo al informe de Precalificación de la Secretaría Técnica, del 8 de junio del 2022, el procurador público de la comuna de La Victoria, que en ese momento se desempeñaba como gerente de Asesoría Jurídica de la gestión del exalcalde Rony Olivera Morales, no advirtió la ilegalidad del otorgamiento de los vales de consumo, cometiendo la falta administrativa de “negligencia en el desempeño de funciones”, contenida en el literal “d” del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, y recomendó una suspensión de seis meses en su contra.
Ante los indicios razonables de la responsabilidad administrativa, el 19 de diciembre del 2022, se notificó la sanción de suspensión por el mismo período y el 11 de mayo se emitió la Resolución de Sanción N° 001-2023-OS-UP/MDLV.
Vásquez Sánchez sostiene que, por estos hechos, a modo de represaría, el procurador habría formulado la denuncia penal contra él y sus funcionarios por el presunto delito de ocultamiento de información.
El 15 de mayo, Castro Rodríguez se dirigió al encargado Áreas Verdes de la comuna distrital, Pablo Burga Maldona, con el Informe 25-2023-MDLV/PPM, solicitando en el plazo de un día un informe a su despacho sobre la disminución de la presión en el riego tecnificado de los sardineles de la avenida Los Incas y la calle Inti Raymi “ya que se están secando”. Dicho pedido lo formuló advirtiendo que su incumplimiento sería asumido como perjuicio estatal.
“El procurador fue asesor jurídico de la gestión anterior y en ese período se cometió el perjuicio a la municipalidad por los vales de consumo. Luego, fue designado por el exalcalde Rony Olivera como procurador público, permaneciendo en el cargo al amparo de la ley que traslada la facultad de nombramiento de procuradores a la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, como ya estaba en curso el proceso sancionador en su contra inició acciones de hostigamiento en mi contra y de los funcionarios de la gestión”, señaló Vásquez Sánchez.
Contratación de familiares
La autoridad municipal informó que ante la sanción administrativa y el comportamiento evidenciado por Castro Rodríguez ha solicitado a través de la Gerencia General a la Procuraduría General del Estado la reconsideración de la permanencia del funcionario.
“Hay otros hechos que también lo involucran. De la revisión de la documentación se ha encontrado que cuando fue gerente de Asesoría Jurídica de la municipalidad, por casi un año, en la gestión anterior, se extendieron dos contratos a dos familiares directos: su cónyuge y su hermano. Esos contratos, que han sido informados a la Procuraduría General del Estado representan, a nuestro entender, un conflicto de intereses, porque su hermano, por ejemplo, ha sido beneficiado con la permanencia laboral a plazo indeterminado”, manifestó el alcalde.
Vásquez Sánchez señaló que es tal el resquebrajamiento de la coordinación entre su despecho y la Procuraduría que, a la fecha, a casi cinco meses de haber asumido la alcaldía, no ha sido informado de cuántos procesos judiciales o arbitrajes tiene pendientes la Municipalidad Distrital de La Victoria.
El 15 de enero del 2020, el Primer Juzgado Penal Colegiado Penamente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el Expediente n.° 1378-2015-I0-1706-JR-PE-05, condenó a Carlos Roncal como autor de los delitos de defraudación tributaria y lavado de activos en agravio del Estado, a 13 años de prisión.
Para el colegiado, Roncal Miñano incurrió en lavado de activos en su figura de conversión y transferencia, por supuestamente haber convertido el dinero obtenido producto de la defraudación tributaria adquiriendo una serie de bienes y realizando inversiones. Sin embargo, el empresario se sometió al proceso de fiscalización iniciado por SUNAT por el período 2013-2014.
La sentencia fue apelada por su defensa, recayendo la responsabilidad en la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, que, sin valorar los argumentos expuestos, el 1 de septiembre de ese año decidió ratificar la condena de primera instancia.
Habiéndose agotado esta vía, Roncal Miñano presentó el recurso de casación para revocar y lograr la nulidad de las decisiones mencionadas, a fin de que se disponga que otro juzgado penal de la Corte de Lambayeque realice un nuevo juicio oral y emita su decisión, tomando en cuenta los elementos de defensa. Empero, dicho recurso fue desestimado por la Corte Suprema.
Estudio Souza – Nakazaki
En agosto del 2016, el Estudio Souza Nakazaki emitió un informe jurídico sobre la imputación del Ministerio Público contra Roncal Miñano, concretamente la referida a la omisión en la declaración jurada de sus reales ingresos.
Para la fiscalía, Roncal Miñano era responsable no haber sustentado los incrementos patrimoniales no justificados del año 2013 por el importe de 655,955 mil soles y del ejercicio 2014 por el importe de 182,105 mil soles, “lo que lo vincularía con el delito de defraudación tributaria en la modalidad de ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos, rentas, o consignar pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar, y con el lavado de activos, por haber realizado actividades de guarda, administración, y utilización de dicho dinero cuya procedencia era de la comisión de un delito”.
Al respecto, el análisis del estudio jurídico expuso la atipicidad de los hechos objeto del proceso penal, pues el delito de defraudación tributaria, en la modalidad de omisión, no se produjo, toda vez que los datos sobre las rentas no consignados en la declaración jurada sí fueron colocados por el contribuyente en el sistema jurídico de información al que tenía acceso la administración tributaria; es decir, la SUNAT.
A ello sumó que la observancia del carácter fragmentario y secundario del Derecho Penal exige diferenciar la infracción tributaria formal de omisión de datos en la declaración jurada, del delito de defraudación, que exige en la modalidad especial de ocultamiento, “un ardid que impida conocer a la Administración Tributaria los hechos punibles”.
En ese sentido, se consideró que la causa de exclusión de la pena regularización tributaria debía ser aplicada también en el caso de un proceso penal en trámite, al así exigirlo el entendimiento del artículo 189 del Código Tributario, ley penal que debía ser interpretada y aplicada constitucionalmente. En consecuencia, no era justificable la acción penal contra el empresario, teniendo en cuenta que este cumplió con la regularización del pago de impuestos a la SUNAT, allanándose a la fiscalización iniciada, antes de la formalización del proceso a nivel judicial.
Inicio del procedimiento de fiscalización tributaria a Carlos Roncal Miñano inició el 13 de abril del 2015 y la regularización tributaria (pago completo de tributos) se efectuó el 4 de junio del mismo año, finalizando el procedimiento de fiscalización el 17 de julio. La emisión de la disposición de formalización de la investigación preparatoria en su contra se dio recién el 14 de septiembre del 2015, cuando la obligación tributaria ya había sido subsanada. Aun así, el Poder Judicial no aplicó la exoneración de la acción penal establecida por ley y lo sentenció.
Picón & Asociados
El 16 de mayo del 2016, la firma de asesores tributarios Picón & Asociados emitió su informe pericial en relación a la situación de Roncal Miñano.
De la revisión, los peritos determinaron que la SUNAT emitió el Informe de Indicios de Delito Tributario N° 184-2015-SUNAT/6H0201, en contra de Carlos Roncal Miñano vulnerando el principio del debido procedimiento, lo cual generaba su nulidad, conforme lo previsto en el numeral 2 del Artículo 109° del Código Tributario y el Artículo 10º de la LPAG.
“Al momento de la emisión del informe de indicios de delito tributario no existía perjuicio fiscal, debido a que la deuda tributaria había sido declarada y cancelada, por lo que no correspondía que se emitiese dicho informe, debiendo la división penal proceder con el archivamiento del expediente”, señala la pericia, añadiendo que el informe no contiene los nombres y apellidos completos, firma, post firma del auditor encargado del caso ni tampoco la firma del supervisor correspondiente, tal como lo exige el literal i) del numeral 7.1 de la CIRCULAR N° 019-2011-SUNAT, por lo que el informe referido carecía de validez.
“La evaluación y conformidad del informe se realizó en forma extemporánea, generando con ello que la formalización de la investigación preparatoria por parte del Ministerio Público se realice sobre la base de un documento que no contaba con la validez y conformidad por parte de la División Penal, contraviniendo lo dispuesto por la CIRCULAR N° 19-2011-SUNAT y el numeral 1 del Artículo 7° de la Ley Penal Tributaria”, precisa.
Caro & Asociados
El 17 de mayo del 2016, la firma de especialistas en derecho penal económico y de la empresa Caro & Asociados realizó un análisis jurídico-penal en torno a los efectos jurídico-procesales de los actos de regularización tributaria en la persecución penal instaurada contra Roncal Miñano, por delito de defraudación tributaria en agravio del Estado.
En su informe, el estudio argumenta que Roncal Miñano “cumplió con regularizar las obligaciones tributarias correspondientes a los periodos 2013 y 2014, habiendo procedido asimismo al pago íntegro de la deuda tributaria correspondiente a los mencionados periodos”.
“Los actos de regularización tributaria desarrollados por el Sr. Roncal Miñano han cumplido con las condiciones impuestas por el artículo 189° del Código Tributario; en tal virtud, debe rechazarse la punibilidad de cualquier hecho que le sea imputado y que guarde relación con posibles infracciones de deberes tributarios correspondientes a los periodos 2013 y 2014”, refiere el informe.
Caro & Asociados señala que el cumplimiento de las condiciones impuestas por el artículo 189° del Código Tributario parte de una interpretación de dicho dispositivo legal formulada en clave teleológica y que pasa por calificar la ausencia de efectos perniciosos sobre los componentes del bien jurídico protegido y la espontaneidad del comportamiento del obligado tributario a partir de ciertas consideraciones (comportamiento en el procedimiento de fiscalización tributaria, inmediatez entre el conocimiento de los actos de fiscalización y el sometimiento a la regularización tributaria, el pago efectivo de la deuda tributaria).
Anota que correspondía invocar la aplicación del artículo 189° del Código Tributario a través de la formulación de una Excepción de Improcedencia de Acción (artículo 5° del Código Procesal Penal), pues el imputado “no sería justiciable penalmente”.
Como se ha dicho, la Corte Suprema negó la casación para declarar la nulidad de la sentencia contra Carlos Roncal, por lo que su defensa presentó un recurso de hábeas corpus, invocando la vulneración de principios y derechos. La vista de la causa está pendiente en el Tribunal Constitucional.
La exministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y directora de Videnza Instituto, refiere que el desastroso gobierno de Pedro Castillo, con gente no calificada para la gestión pública, sumado a la inestabilidad política y social, nos está pasando la factura hoy con secuelas graves para el país. Una de ellas es el crecimiento de la pobreza a 27,5%, según ha revelado el INEI.
El reciente informe del INEI respecto a la situación de la pobreza monetaria en el país, el cual ha crecido a 27,5%, fue analizado por la exministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y directora de Videnza Instituto, Paola Bustamante, quien expresó su preocupación porque hay un 32,3% de la población que está en condición de vulnerable; es decir que cualquier shock externo, como quedarse sin empleo o tener una persona enferma en casa, podría hacerlos retroceder y llegar a la pobreza.
En diálogo con Expresión sostuvo que cuando se habla de pobreza se tiene que hablar de pobres y pobres extremos. En el caso de este último, el 5% de la población es pobre extremo, eso significa que más de un millón y medio de personas se encuentra en esa condición, y eso preocupa teniendo en cuenta todo lo que significa la canasta básica de alimentos.
Bustamante indicó que la pobreza se combate con inversión y generación de empleo, y lo que están pasando en el país, con la inestabilidad política, la crisis económica, social, de inseguridad jurídica, con los diferentes mensajes que se dan, han provocado que las inversiones extranjeras se retraigan, y cuando no hay inversión no se genera empleo y se deja de pagar impuestos.
“Ello implica que hay menos dinero en la caja fiscal; por lo tanto, habrá menos obra pública y cuando sucede ello hay menos empleo. Entonces se tienen que generar las condiciones a nivel nacional, regional, provincial y local para que haya mayor inversión pública y privada”, señaló.
Precisó que ante esta coyuntura los ministerios tienen que tener un rol muy importante, en las zonas donde ha subido la pobreza tiene que haber una mejor focalización para que los programas sociales lleguen oportunamente, y en algunos casos aumentar el número de beneficiarios para evitar que caigan en una situación peor.
Cierre de brechas sociales
Paola Bustamante expresó que el programa social no te saca de la pobreza, sólo es un paliativo, como un colchón para que te proteja y no estés en peor situación de la que ya estás; pero la solución pasa porque haya más inversión, que se cierren brechas sociales y que la población pueda incorporarse en el ciclo económico, que implica producir, trabajar, tener ingreso y desarrollo económico en la familia.
Dijo que no hay que perder de vista cómo se han movido las cifras en cuanto al acceso a servicios como el agua, saneamiento, telefonía, internet, porque todo eso forma parte de la pobreza multidimensional (el INEI pobreza monetaria). “Imaginemos que esa persona que antes gastaba 415 soles al mes, ahora gasta 600 soles, y según la línea de pobreza deja de ser pobre; pero esa misma persona posiblemente sigue viviendo en la misma casa, padeciendo por acceso a servicios básicos, entonces esa persona es pobre, pero multidimensional”.
Explicó que lo importante es que se vaya reduciendo la pobreza monetaria y la multidimensional, pero para ello se tiene que generar las condiciones que permitan mayor inversión para continuar ejecutando obras de agua, de saneamiento, de conectividad, que son el medio para brindar servicios y tener un desarrollo integral.
Esta es una llamada de atención para las autoridades implementen mecanismos que permitan la reducción inmediata de la pobreza, y la implementación está a cargo de las autoridades del gobierno nacional, regional y municipal.
Cajamarca, una región recurrente
La extitular del Midis lamentó que Cajamarca sea la región con el mayor índice de pobreza, lo cual se ha vuelto recurrente, pese a tener recursos, universidades, un importante sector empresarial, recibe canon y regalías mineras, ¿no se entiende qué ha pasado?
Bustamante subrayó que el gobierno ha aprobado una norma que brinda a los gobiernos regionales y municipalidades provinciales, la posibilidad de contratar profesionales de alto nivel para que puedan ayudar a la gestión. “Hoy estas entidades tienen financiamiento para contratar a gerentes regionales y gerentes municipales de alto perfil profesional, para que ayuden a gestionar mejor sus entidades”.
Asimismo, detalló que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de Servir, está financiando a todos los gobiernos regionales y algunos municipales, la contratación de los jefes de Planificación, de Logística, de Asesoría jurídica, de Inversión Pública. “Hay una inversión que está haciendo el Estado para dotar de profesionales altamente calificados, que puedan ayudar a mejorar la gestión”.
En ese sentido, agregó que los gobernadores tienen que armar equipos, dejarlos trabajar, priorizar la promoción de la inversión pública y privada, la generación de empleo, garantizar un mayor acceso a servicios básicos, para reducir la pobreza monetaria y multidimensional.
Recordó que terminada la década del 90 fue muy difícil para el Perú reconstruir y lograr que las instituciones funcionen desde una política económica, así como garantizar que sean sólidas. “Ha habido un trabajo más allá de quienes han sido los gobernantes, hubo una línea continua de fortalecer la política económica, de mantenerla y de garantizar cada vez más equipos meritocráticos, y eso lamentablemente se ha borrado de un tirón en el último tiempo”.
Personas sin perfil ni capacidad
La exministra manifestó que la decisión de poner en cargos públicos ministeriales y viceministeriales a personas sin ningún tipo de capacidad, ni conocimiento para dirigir el país, nos ha pasado la factura de la peor manera. “Vemos que los cambios sucesivos de ministros han generado un problema grave, porque no cumplen con el perfil, no conocen su trabajo, y los viceministros que son quienes deberían resguardar las políticas nacionales, tampoco han demostrado eficiencia”.
Bustamante sentenció que el desafortunado gobierno de Pedro Castillo nos está pasando la factura, lo cual ha traído consecuencias graves para la estabilidad política, jurídica y económica, que hace que los mensajes hacia afuera sean contradictorios. “Hoy estamos pagando esa irresponsabilidad de quienes asumieron las direcciones, sin tener la capacidad y el perfil deseado para el puesto”.
Cuestionó que con el actual régimen todavía haya cambios continuos, antes los directores duraban uno o dos años, porque se requiere estabilidad para mantener las intervenciones, pero ahora los cambian cada cuatro meses y allí no hay forma de poder avanzar en una línea que priorice temas concretos.
Lo mismo está pasando con los gobiernos regionales que en cuatro meses algunos casos ya han cambiado hasta tres veces de gerentes generales, ese es un problema porque no hay estabilidad en la gestión y eso causa un problema en la planificación y en la ejecución.
36,2 % de niños con anemia
La directora de Videnza expresó que el 36,2 % de niños menores de tres años tiene anemia en la región Lambayeque, según el último estudio de la pobreza en el país expuesto por el INEI.
Precisó que la problemática de la anemia tiene un correlato directo con la calidad del agua que consumen los infantes, y esa es una llamada de atención a las autoridades, porque todo lo que ingieran de sulfato ferroso se va a ir en diarreas.
Manifestó que como consecuencia de todo ello vamos a tener niños que no aprenden lo que leen, no razonan adecuadamente, no se van a desarrollar integralmente y no van a crecer.
Bustamante refirió que el desarrollo de las regiones no solo depende de los gobiernos nacionales, sino también involucra al sector privado. “Hablamos de mineras que aportan canon y regalías, que pagan sus impuestos, eso está bien; pero qué pasa con aquellas empresas que firman contratos con el Estado y terminan estafándolo, que incumplen, falsifican documentos. Ese es el sector empresarial que no necesitamos en el país”, subrayó.
La extitular del Midis aseveró que hay un sector empresarial que no hace bien la cosas y son tan responsables como aquellos que dirigen un país, una región, una provincia o un distrito. “Tiene que haber una articulación intersectorial, profesionales capacitados e idóneos, para que haya mejores resultados en la gestión del Estado que beneficien al ciudadano”, sostuvo.
