La defensa del ex gerente de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Carlos Santa Cruz Alarcón, cuestionó la falta de motivación de la resolución de la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Cecilia Grandez, que amplió por 15 meses más la prisión preventiva contra su patrocinado involucrado en el caso Limpios de la Corrupción.
El abogado Juan Carlos Chero precisa que la magistrada hizo un calco de los mismos hechos de convicción que usó la jueza Cecilia Costa al inicio del proceso de investigación contra los ex funcionarios de la comuna chiclayana.
“Después de 18 meses de investigación no se puede volver a repetir la versión, cuando en este período se debió corroborar o agregar más elementos de convicción contra el imputado”, anota.
Precisa que, por ejemplo, en la resolución de la jueza Grandez se vuelve a citar que Carlos Santa Cruz adquirió un departamento en el Condominio Los Parques de San Gabriel a nombre de su esposa María Luisa Soto Solano, cuando el mismo Ministerio Público desafectó el bien al probarse que fue adquirido lícitamente.
Durante el período de investigación (18 meses) han sido llamados a declarar tanto la esposa del exfuncionario como sus padres, quienes mostraron la procedencia de la cuota inicial proveniente de un reintegro por Palmas Magisteriales y los pagos mensuales, considerando que es un bien adquirido a través de un crédito hipotecario a 20 años.
Sin embargo, durante la audiencia de prisión preventiva, el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco deslizó la posibilidad de que el bien podría ser nuevamente afectado si se comprueba el uso de documentos falsos. “Han tenido 18 meses para investigar y ahora con un argumento infantil vuelvan a cuestionar la documentación presentada que proviene de los bancos”, agregó la defensa de Santa Cruz.
Advierte también que en el pedido de incautación de bienes se pretendió de manera argumentar que Santa Cruz Alarcón adquirió un vehículo marca Lifan desde el año 2012 con los vales sin rendir del año 2014, cuando en la investigación ha quedado demostrado que el vehículo fue adquirido en partes y solo la última cuota de 500 dólares fue puesta en duda por la jueza Grandez en la audiencia de reexamen, porque coincidía con el período de los vales sin rendir, es decir, julio del 2014. Sin embargo, la magistrada hizo un cálculo rápido con su remuneración a la hora de valorar las pruebas – según consta en los audios - sin considerar que Santa Cruz percibió un sueldo adicional por gratificación de Fiestas Patrias libre de afectaciones por la suma de cuatro mil soles.
En la audiencia y según se recoge en su resolución la jueza dijo “tengo dudas” y bajo ese argumento mantuvo retenido el bien.
De igual modo, el vehículo Nissan que vuelve a ser mencionado en la resolución y en la audiencia, indica la defensa, que María Isabel Soto Solano, cuñada del imputado, cuando ha sido citada a la fiscalía, ha demostrado la procedencia lícita de los fondos empleados en su adquisición, el depósito judicial con que costeó y pagó el vehículo. “Ahora en forma maliciosa vuelven a poner en duda su adquisición, incluso por su sola afiliación con el imputado se pretendió en un inicio asociar su departamento adquirido en el año 2007 con la investigación. Estos son hechos que se deben rechazar y cuestionar, a buenas y primeras, la Fiscalía no puede manchar la honra y reputación de las personas”, anota.
En su opinión, la fiscalía ha pretendido argumentar que con los vales sin rendir se han adquirido bienes, pero también se ha financiado la campaña electoral de Roberto Torres Gonzáles. “Deberían ponerse de acuerdo: o adquirió bienes o se financió la campaña, porque con 168 mil soles no se puede hacer ambas cosas a la vez, considerando que el costo de una campaña electoral es altísimo”, indica el letrado.
VALES SIN RENDIR
Refiere que sobre los vales sin rendir, no se ha dicho, por ejemplo, que no se agotó la vía administrativa y que “la Contraloría, sin darle la oportunidad de hacer sus descargos, conociendo donde se encuentra el señor Carlos Santa Cruz Alarcón desde el 30 de setiembre del 2014, los elevó a la fiscalía como elementos de convicción para que se le amplíe por el delito de peculado doloso, cargo que fue formalizado después del pedido de ampliación de prisión preventiva, donde solo se consideró los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir”.
Para el abogado, lo delicado del asunto es que la Contraloría recién 57 días después de haber remitido los hallazgos a la fiscalía, le pidió a Santa Cruz Alarcón que haga sus descargos.
Indicó que en la administración pública hay procesos que deben cumplirse, y en el caso de Carlos Santa Cruz, no se han agotado, por cuanto en el Derecho Administrativo se considera un elemento importante la debida notificación, sin embargo, hasta la fecha, no se ha acreditado documentalmente que el ex gerente de Imagen Institucional y Relaciones Públicas haya sido notificado formalmente para rendir cuentas.
“El señor fue capturado el 30 de setiembre del 2014 y toda la documentación, llámese boletas de pago y facturas, quedaron en su escritorio, desconociéndose su paradero o destino final tras la intervención de la fiscalía”, anota.
El letrado precisa que no existe ninguna escucha dónde se le diga a Santa Cruz Alarcón que haga uso de los vales para fines electorales, ni tampoco declaraciones de periodistas que corroboren tal situación, tal como lo han afirmado colabores eficaces. Inclusive existen evidentes contradicciones entre estos que serán expuestas en juicio oral.
“También es cuestionable que la fiscalía cite como un elemento obstruccionista un correo que la señora María Luisa Soto Solano envió al señor Juan Merino Aurich para que le facilite copias de los depósito que se le hizo por la compra de un vehículo a plazos desde el año 2012. Sacan frases de contexto para hacer parecer que la señora trata de manipular al señor Aurich cuando solo está solicitando algo que por derecho le corresponde, inclusive ante la negativa, la señora le cursó una carta notarial pidiendo lo dicho en el correo electrónico que consta en una acta fiscal”, señala.
Anotó que ante tal situación apelarán por la falta de motivación la decisión de la jueza Cecilia Grandez y esperan que la sala superior valore las pruebas que van a presentar.
“El señor Santa Cruz tiene domicilio real, una hija menor de edad por quien velar y una madre viuda a quien cuidar, puesto que su padre murió un mes después de su detención, siempre ha sido una persona productiva tal como lo demuestran sus certificados de trabajo, sin embargo, encontrándose privado de su libertad se está quitando el derecho a una persona de poder desenvolverse dentro de la sociedad, en tanto se le compruebe si existe o delito o no”, anota el letrado.
