La Asociación Anticorrupción Kuskachay realizó el año pasado un proyecto que consistió en investigar a los candidatos que se presentaron en las elecciones regionales y municipales de 2022, llegando a más de diez regiones, haciendo entrevistas y evacuando los resultados de esas indagaciones sobre los antecedentes de los postulantes.
Sin embargo, la respuesta de la ciudadanía respecto a los trabajos que expusieron no fue bien recepcionada por la población, más allá de la suerte de escoger bien o mal. “La tendencia del elector peruano es a desatenderse de estos antecedentes que existen en varias plataformas, pero la diferencia de Kuskachay es que va a la contrastación, vamos un paso más allá”, expresó.
Manifestó que la ciudadanía no ha generado una responsabilidad para elegir a sus autoridades, por eso después se quejan de las personas que llevan al poder con su voto. “Creo que a veces se pide más información para comprar un celular que de los antecedentes de los candidatos”.
Explicó que Kuskachay es una asociación civil compuesta por profesionales dedicados a la investigación, al activismo en la lucha contra la corrupción, y su propósito es hacer proyectos diferentes, frontales en torno a este tema, porque entendemos que los diagnósticos, las evaluaciones y la teoría está bastante avanzada y lo que se necesita es pasar a la acción.
Desatención del ciudadano
Herrera Velarde señaló que más allá de los números, que a veces son muy relativos, es muy difícil calcular cuánto se pierde por corrupción, porque se tendría que tener sentencias firmes, y lo que saca la Contraloría de la República son proyecciones, pero el asunto va mucho más allá, que implica dos cosas: la primera es la desatención que tiene el ciudadano respecto al Estado, lo cual se refleja en las protestas sociales.
“El ciudadano piensa que el Estado no cumple con él porque no hay plata, y por ello no recibe los servicios del Estado que le corresponde: postas médicas, hospitales, colegios, carreteras, entonces allí hay una insatisfacción que generan las protestas sociales. Lo segundo es que se cree que esto sucede porque hay ausencia de dinero y se echa la responsabilidad a las empresas, lo cual es falso”, subrayó.
Dijo que en el Perú hay mucho dinero que reciben los gobiernos regionales, el asunto es que nadie los controla y como se han creado señores feudales en las regiones y los municipios, queda al final un descrédito de la empresa y la sensación de que tenemos que acomodarnos, porque eso funciona así y nadie lo va a cambiar.
Por otro lado, Eduardo Herrera refirió que hay que diferenciar entre ineficiencia y corrupción, y el gran problema de la Contraloría es que abarca ambos y allí viene una gran confusión. La solución pasa por una estrategia diferente que no existe, y es el periodismo es el que marca la pauta en la lucha contra la corrupción.
Recursos para fiscalizar
“Mi propuesta siempre ha sido que se debe empezar a fiscalizar de forma permanente y eso no está pasando, esto no lo va ser el ciudadano porque tiene que trabajar, sino las entidades de la sociedad civil y el mismo Estado, aunque este último no tiene interés. Se tiene que fiscalizar y accionar legalmente, pero para ello se necesita recursos para poder funcionar”, detalló.
Por ejemplo, agregó, se puede tomar un gobierno regional y averiguar cuánto gasta, con quién gasta, cómo gasta, con quién contrata o si el gobernador aumenta su patrimonio, y de allí pasar a la acción legal. Es como una especie de Contraloría o Procuraduría privada para lograr no solo la condena, sino cómo se le quita el patrimonio al corrupto, es allí donde se golpea este tipo de criminalidad.
Herrera explicó que lo que hace la Contraloría en la lucha contra la corrupción es insuficiente, pese a que puedan existir esfuerzos; pero el problema radica es que esta institución tiene un problema de diseño de origen, que hace que vean a la corrupción y la ineficiencia de la misma forma, lo cual genera que los funcionarios públicos no quieran firmar nada.
Manifestó que todo esto tendría que venir desde el Estado, que no quiere hacer las cosas, entonces en ausencia de ello el sector privado puede mover la aguja. “Lo que pasa es que hay una inacción, una intolerancia y complicidad, entonces como el Estado no quiere hacer nada, hay que empezar a empujar esto desde la ciudadanía”, declaró.
Precisó que en el país existe la idea de que una ley va a cambiar las cosas y no es así, por eso que hay aventureros estafando que dicen que hay que cambiar la Constitución.
El director de la Asociación Anticorrupción Kuskachay admitió que así como hay ONG corruptas, totalmente distorsionadas, también hay abogados que son vehículos de la corrupción, eso es clarísimo.
“Cuando nosotros hemos hecho nuestro primer proyecto publicamos a todos nuestros financistas en la página web, porque esa es la forma de mostrar transparencia. Nuestra política siempre ha sido que el financista no tiene ninguna injerencia sobre la estrategia que hace la asociación”, puntualizó Herrera Velarde.
El presidente de la Asociación Mypes Unidas, señaló que es inconcebible que haya facturas que estén “durmiendo” por años en diferentes instituciones del Estado, atentando contra la economía de las medianas y pequeñas empresas. “Son muy buenos para cobrar impuestos, pero para pagarnos son unos irresponsables”.
El presidente de la Asociación Mypes Unidas, Daniel Hermoza Negreiros, demandó al Gobierno Central honrar las deudas con el sector de las Medianas y Pequeñas Empresas (Mypes) del país, porque hay muchas facturas que están durmiendo por años en diferentes instituciones del Ejecutivo nacional, las municipalidades, los gobiernos regionales, que no se pagan convirtiéndose luego en los famosos devengados.
Expresó que ello ocurre a pesar que existe una ley del Congreso de la República para crear un Registro Nacional de Empresas Acreedoras del Estado, por lo que están pidiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas emita el reglamento respectivo. Por primera vez en la historia se visibilizará la deuda total del Estado con las mypes, y para que estas se paguen.
“No se puede seguir con la política del perro muerto en el Estado, son muy buenos para cobrar impuestos, pero para pagarnos son unos irresponsables. Es necesario que las empresas estatales tienen comiencen a pagar de acuerdo a la Ley de Contrataciones, que señala que una vez que la factura está aceptada, la institución pública tiene la obligación de pagar en 25 días; pero ello no se viene cumpliendo”, subrayó.
El directivo puso como ejemplo de esta irresponsabilidad el caso de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), la cual no está pagando a sus proveedores, “de manera que se genera un efecto dominó terrible, porque al no cobrar la empresa, no le paga a sus trabajadores”. “Nosotros hemos cursado un oficio al premier Alberto Otárola solicitando que el sector público dé el ejemplo y que honre la deuda, porque son servicios que ya se dieron”.
Crisis aterradoras
Hermoza Negreiros explicó que las mypes pasan difíciles momentos por la acumulación de las crisis. Primero, la pandemia de la covid-19; luego la crisis política durante el gobierno de Martín Vizcarra; y después con la llegada del presidente Pedro Castillo, que contribuyó muchísimo a la inestabilidad del país con el anuncio de la asamblea constituyente, como si fuera una plataforma necesaria y urgente justo cuando salíamos de una crisis sanitaria tan terrible.
“Se tiene que ir en búsqueda de esa estabilidad, porque lo que nos dejó Castillo no solo fue un desgobierno, sino que desmotivó la inversión privada, tanto grande como pequeña, el tema de la asamblea constituyente trajo cero inversión entre el 2021 y 2022. Ahora estamos pagando esa factura de una aventura que era innecesaria promover en momentos tan graves que vivían las mypes”, expresó.
Indicó que hoy nos encontramos en una situación complicada por el actual proceso inflacionario, que no solo es en Perú sino en el mundo, debido a que hay una menor oferta debido a la parálisis que tuvo China, una de las locomotoras mundiales en cuanto a insumos y productos.
Lo lamentable de esta crisis mundial, en particular en Perú, se ha visto alimentada por la crisis política-social post Castillo, donde se perdió la campaña navideña y luego la campaña escolar, y ahora con la crisis climática acentuada en el norte, con la desaparición de muchas empresas y el golpe económico que ello significa”, estimó Daniel Hermoza.
Alarmante informalidad
En el país hay siete millones de mypes, de las cuales 2 millones 400 mil son formales, y el resto sin informales. De esta cantidad de formales, casi un millón están afiliadas el Régimen Único Simplificado (RUS); es decir, son mypes muy pequeñas (bodegas, bazares, peluquerías, entre otros) que tienen una facturación muy baja.
En cambio, hay un millón 400 mil mypes formales que son las que soportan el compromiso tributario con el Estado, que son las que dan empleo formal; pero hay más de 4.5 millones de mypes que son informales, contratan gente, pero no están dentro de la formalidad.
Daniel Hermoza recordó que el mayor volumen del empleo lo da la micro y pequeña empresa (90%), que es quien ha sostenido el modelo económico desde la década del 90, porque la empresa grande no tenía la capacidad de generar puesto de trabajo.
Indicó que actualmente hay un problema de sobreendeudamiento con estas pequeñas empresas, a pesar que existen créditos garantizados por el Estado; pero que funcionan de manera muy débil. Por ejemplo, uno dirigido al sector textil y confecciones todavía no llega siquiera al 40% de la demanda de créditos, lo que indica dos cosas: que no califican porque están prácticamente en quiebra o no cumplen los requisitos, lo cual es muy grave.
“La Ley 28015 que creó el RUS fue dada en el 2012, pero qué les ha dado a ellos (pequeñas empresas) por ser formales, nada, porque no tiene seguro social, fondo de pensiones, el Estado no les da un solo servicio, entonces no se puede seguir engañando, cuánto tiempo más tienen que esperar los beneficios del Estado. Ese tipo de injusticias son las que se tienen que solucionar con medidas creativas, adecuándonos a nuestra realidad. Pero así como está ahora, con una Sunat que es el cuco para muchas empresas, va a ser bien difícil la formalización”, sentenció.
¿Qué debe hacer el gobierno para evitar que más microempresas cierren por falta de liquidez?
La primero es tratar de sobre pasar la actual crisis de consumo, y para ello debe incrementar los fondos al empleo temporal. El Ministerio de Trabajo tiene un programa muy interesante en el norte, ya han suscrito convenios con municipalidades para financiar mano de obra y se hagan canales de riego, mantenimiento de pistas, arreglo de colegios, de tal manera que se incremente el empleo temporal. El gobierno ha anunciado 46 millones de soles para este programa, pero creemos que fácilmente puede llegar a dos o tres mil millones de presupuesto, de tal manera que esto vaya directamente a las familias. Creo que dándoles empleo los ayudamos más que dándoles un bono, porque además tienen la oportunidad que tener experiencia laboral en diferentes tareas. En segundo lugar, creemos que es necesario que se pague la deuda social, como el caso del Fonavi, de tal manera que esto incremente el consumo de un sector vulnerable que pasa los 50 y 60 años.
¿A cuánto asciende la deuda que tiene el Estado con las mypes?
Esa es justamente la ley que hemos logrado se apruebe en el Congreso y que falta reglamentar, allí recién se va a saber cuál es el monto de la deuda del Estado, pero gracias a esta norma las unidades ejecutoras se verán obligadas a informar esa deuda oculta acumulada por años. Lo que no debemos permitir es que se siga incrementando esta deuda para no romper la cadena de pagos. Se necesita generar una estabilidad política, social y también jurídica en el país, descartar de plano cualquier modificación a la Constitución para que las inversiones puedan venir, porque en la medida que haya empresas más sólidas invirtiendo en Perú, la necesidad de ser formal va a crecer; pero cuando hay crisis muchas empresas formales huyen a la informalidad, porque ya no soportan pagar impuestos muy altos, el tema tributario, laboral. Es un mecanismo de defensa trabajar bajo la informalidad, y no es porque ellos quieran, sino porque el mercado no está respondiendo.
El presidente de la Asociación Mypes Unidas informó que han propuesto al Congreso un esquema tributario regionalizado o distritalizado, de tal manera que las empresas informales que están en un ámbito de distrito, donde hay una oficina tributaria en cada municipalidad, puedan pagar sus impuestos en su lugar de origen.
Agregó que las empresas que son informales en la zona tienen que inscribirse en el RUC, pero tributariamente dependan de las comunas, de tal manera que el impuesto que paga pueda ser fiscalizado, lo que no sucede ahora, porque todo va a una bolsa grande como la Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas, y allí no hay capacidad de fiscalizar.
“Esta es una medida que a nosotros nos parece necesaria, de tal manera que las empresas se acostumbren a tributar, pero lo más importante es que puedan fiscalizar al alcalde, porque a un ministro que hace con la plata lo que le da la gana es mucho más difícil. Ahora esta empresa comenzará a crecer dentro de la formalidad y en algún momento va a querer expandirse, allí ya pasará a un régimen general, pero lo importante es que comience a pagar”, declaró Hermoza Negreiros.
Indolencia del sector público
El directivo expresó que cada día que el sector público se demora en implementar un programa o en lanzar un crédito, mueren empresas y se pierde empleo. “Ellos (Estado) se toman su tiempo, sus procesos, porque los funcionarios públicos tienen su sueldo mensual asegurado, pero no saben que cada día entre 300 y 400 mypes desaparecen de la formalidad. Estamos es un momento complicado y no debe primar la indolencia en el sector público”, añadió.
Señaló que hay que tener fe en el futuro, en lo que saben hacer, porque son emprendedores comprometidos con sus familias y el país; pero sí tienen que exigir más al gobierno para que tome acciones y se comprometa con las mypes. “Hace 10 años las mypes aportaban el 40% del PBI, luego bajó al 25 % y hoy estamos en 15 %, por cada 100 soles que se le da al Ejecutivo, 15 lo ponen las mypes. No dejemos que la crisis se profundice por desidia e indolencia de este gobierno”, aseveró.
Daniel Hermoza dijo que hay dos cifras que son relevantes y merecen toda la atención: uno, se ha perdido el 25 % de la capacidad de reposición del comercio minorista; es decir, si antes compraban sus stocks y reponían sus productos con cuatro mil soles, hoy tienen que hacerlo con cinco mil y más soles.
Y la segunda es que solo el 30 % de la maquinaria productiva en el sector confecciones y metalmecánica está trabajando, en tanto que el 70% está paralizada, lo cual indica que hay un problema muy grave en el sector productivo, y se debe básicamente a la crisis de consumo que vivimos, porque la gente está dejando de comprar.
Explicó que Mypes Unidas del Perú es una respuesta al centralismo de Lima, donde los gremios locales monopolizaban la relación entre la dirigencia y el gobierno, de tal manera que las propuestas siempre estaban circunscritas a la realidad de Lima.
Mypes Unidas está conformada por más de 35 gremios a nivel nacional y de todos los sectores, representan un potencial de siete mil mypes, siendo uno de los más emblemáticos el gremio de mujeres bodegueras que agrupa a más de dos mil empresarias que necesitan apoyo del Estado, como diseñar una estrategia de crédito especialmente para ellas, porque los créditos garantizados por el Estado no les llega.
