Funcionario era el noveno gerente municipal en dos años 9 meses de gestión edil y no reunía perfil exigido por Ley. Expedientes de otros 20 funcionarios que no reunirían requisitos para ocupar gerencias y subgerencias están en Control Interno.
“El último cambio del gerente municipal, el cual es el noveno en la gestión edil del alcalde Epifanio Cubas Coronado, solamente ha agudizado la crisis administrativa y económica en la Municipalidad de José Leonardo Ortiz”, sostuvo el regidor Isael Bustamante Medina, quien una vez más solicitó públicamente la intervención de la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción para auditar e investigar contrataciones, compras, licitaciones y entrega de buena pro, que presuntamente estarían adulteradas, amañadas y direccionadas.
Isael Bustamante refirió que en el mes de junio del presente año, al enterarse en los pasadizos de la casa edil que la persona de Juan Carlos Grandez Orbegoso había asumido la gerencia municipal, inmediatamente fue hasta Secretaria General de la casa edil a cargo de Elizabeth Crespo Chiroque, con el objetivo –por conducto regular- obtener el legajo profesional del citado funcionario.
“El objetivo era tener información en lo referente a si el señor Juan Carlos Grandez Orbegoso reunía o no el perfil profesional, pero es el caso que hasta la fecha no ha sido proporcionado y ahora nos enteramos que dicha persona ha sido separada del cargo por no reunir el perfil profesional, lo cual había sido observado por personal de la Oficina de Control Interno –OCI”, sostuvo.
Indica que en el tiempo de gestión municipal de Epifanio Cubas Coronado, se le ha solicitado de manera reiterada -por intermedio de la oficina responsable de velar por el recurso humano- los expedientes profesionales de cada uno de los funcionarios que ocupan cargos de confianza, pero a la fecha tampoco les ha sido remitidos.
“Las contrataciones de personal que el alcalde viene realizando solo han causado un daño presupuestal a la comuna. A esto se suma las planillas doradas que sus funcionarios de confianza cobran mensualmente, generando inestabilidad y hasta crisis económica en la comuna leonardina”, señala Isael Bustamante.
NO SUMAN
A su turno, el regidor Marino Olivera Cruzado sostuvo que no es novedad que el alcalde Epifanio Cubas Coronado lleve a la municipalidad de José Leonardo Ortiz a personas sin perfil profesional para que ocupen el cargo de gerente municipal, pero luego los saca ante la presión de los trabajadores o del Órgano de Control.
“El alcalde debe pensar que si va contratar a alguien es para sumar y no para restar. Las contrataciones de los nueve gerentes municipales que ha habido a lo largo de la gestión municipal, solo han perjudicado el presupuesto de los trabajadores, obreros y hasta empleados CAS, porque cada funcionario de confianza ha llegado a ocupar cargos cuando existe personas capacitado para desarrollar función en los puestos de confianza”, sostuvo.
Destaca también que es conocido en la casa edil que, el financiamiento de las remuneraciones del personal laboral no es suficiente para cubrirlo mes a mes. Es por ello que, en la actualidad a los trabajadores se les adeuda hasta tres meses de haberes, lo cual viene generando un caos laboral, y con permanente amenazas de paro de labores y hasta de una huelga, que perjudicaría el desarrollo de la actividad administrativa.
NO CUMPLE
A su turno, el regidor Onias Pérez Torres, detalló que el alcalde de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas Coronado, trata de cubrirse de sus desaciertos argumentando que él ha sido quien destituyó del cargo de gerente municipal a Juan Carlos Grandez Orbegoso, por no reunir el perfil profesional.
La autoridad municipal –indica- miente al señalar que él es el que se ha dado cuenta de la carencia de calidad profesional de Juan Carlos Grandez, pero es el caso que al mencionado funcionario lo llevó a la comuna leonardina el propio Epifanio Cubas, como un funcionario completo y que llegaba a solucionar los problemas de la comuna y del distrito.
“Lo que dice el alcalde es totalmente falso. La salida de la gerencia municipal de Juan Carlos Grandez Orbegoso, se debe a las observaciones que desde el mes de junio pasado hicimos los regidores tras su llegada y su ocupación del cago. El burgomaestre junto a sus incondicionales lo escudó durante tres meses, lo cual nos llevó a pedir la intervención del Órgano de Control Interno – OCI- y los resultados los tenemos ahora, el señor Juan Carlos Orbegoso ha sido destituido del cargo por no reunir el perfil profesional y mucho menos contar con la experiencia requerida”, mencionó.
OTROS 20 MÁS
Asimismo, Onias Pérez resaltó que el personal del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, ante el pedido de los regidores de oposición, ha requerido los expedientes profesionales de 20 funcionarios de confianza de la gestión de Epifanio Cubas Coronado.
“El Órgano de Control de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz está trabajando ahora en la calidad del personal que el alcalde Epifanio Cubas Coronado lleva a trabajar a la comuna desde el primer día de gestión”, señaló.
El día 16 de agosto – recuerda- el OCI informó al burgomaestre que Grandez Orbegoso no cumplía con el tiempo y la experiencia de trabajo mínimo que exige la ley para desarrollar actividad en el sector público; sin embargo, Epifanio Cubas lo mantuvo en el cargo hasta el lunes 4 de setiembre, cuando la separación de la gerencia municipal debió ser inmediata.
Ahora – indica- el Órgano de Control Interno –OCI- evalúa el perfil profesional de otros 20 funcionarios de confianza de la autoridad municipal, y se espera que en los próximos días emita un informe el cual podría recomendar la separación del cargo de la mayoría de investigados, lo que significaría que la comuna leonardina se quedaría sin funcionarios en sus principales áreas.
NUEVO GERENTE
Ante la salida inminente de Juan Carlos Grandez Orbegoso de la gerencia municipal, el burgomaestre designo en el cargo de manera interina al gerente de Asesoría Jurídica de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, Edwin Zamora Millones, quien viene tratando de mantener un diálogo con los trabajadores, que desde el mes de junio último vienen reclamando el pago de sus haberes salariales.
De igual manera, otros de los problemas que la actual gerencia municipal viene tratando de encontrar una solución, es el exceso de trabajadores y el desbalance presupuestal que se estaría generando.
Asimismo, se habría detectado la existencia de incumplimiento en el depósito de los descuentos que realizan a las remuneraciones para cubrir los beneficios sociales como Administradoras de Fondos de Pensiones –AFP- y Oficina de Normalización Previsional –ONP y EsSalud.
DESCUENTOS
Isael Bustamante se atrevió a señalar que solamente en este año existirían retenciones en un promedio de dos millones de soles, los cuales son descontados de los haberes de los trabajadores y tendrían que ser depositados a las cuentas de los beneficios sociales, pero esto no vendría ocurriendo.
“En la próxima sesión de concejo estaremos exigiendo una rendición de cuentas para saber qué se ha hecho con ese dinero, el cual no lo pueden tocar sino que tienen que ser depositados a las cuentas del Estado para que se cubran los beneficios sociales de los trabajadores. Vuelvo a preguntar ¿Qué se ha hecho con ese dinero?”, recalcó.
Asimismo, lamentó que los funcionarios de confianza del alcalde Epifanio Cubas Coronado no hayan cumplido con los objetivos de gestión, y prueba de esa inacción es la condición administrativa y económica en que actualmente se encuentra la comuna.
MÁS DESTITUIDOS
Isael Bustamante recordó que, la mala racha en el 2017 para el alcalde Epifanio Cubas Coronado se dio con la salida abrupta del subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, quien desde su ingreso a la comuna en el mes de junio del año 2016 se había convertido en el hombre de confianza y consulta del burgomaestre.
Sin embargo, tras buen tiempo de investigación se descubrió que Castillo Castañeda no reunía el perfil profesional para ejercer el cargo. Eso – señala- lo sustentó en el expediente administrativo N° 4945-2017 del 12 de abril pasado, demandando su inmediata separación de la institución, teniendo como base la Ley de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -Servir.
Indica que la separación de Yuri Castillo de la casa edil, del cargo y de la gestión, fue solicitada por Control Interno en el mes de abril pasado, pero la autoridad municipal se rehusaba a cumplir la recomendación a pesar que sobre él recaía responsabilidad y era pasible de una denuncia penal.
“Después de tres meses, la quincena del mes de julio, es que recién Epifanio Cubas emite resolución sacando del cargo a Yuri Castillo Castañeda, lo cual nos lleva a suponer que había algún tipo de compromiso o que habría intentado escudarlo”, señala.
Yuri Castillo –explica- venía pidiendo la separación de la comuna leonardina de funcionarios que supuestamente no reunían el perfil profesional; sin embargo, él no se miraba para darse cuenta que tampoco cumplía con el perfil profesional exigido por el Manual de Organización de Funciones.
“En este caso, Yuri Castillo y la persona que lo llevó a la comuna leonardina; es decir, el alcalde Epifanio Cubas Coronado, han cometido delito de ejercicio ilegal de cargo e incluso hasta el de usurpación de funciones, pero llama la atención que el Procurador Municipal hasta el momento no haya actuado para el hecho en conocimiento del Ministerio Público”, señaló.
OTRO ANTECEDENTE
Asimismo, el fiscalizador recordó que uno de los graves casos que envuelve a Epifanio Cubas Coronado, fue contratar como subgerente de Logística de la comuna a un bachiller en biología e incluso se encontraba inhabilitado para ejercer la función púbica por haber afectado la economía del Estado cuando se desempeñó como funcionario en la Municipalidad de Cochabamba, en la región Cajamarca.
“Estoy hablando del ex subgerente de Logística y Servicios Generales, Rald Clay de la Piedra Arévalo, quien al ser llevado a trabajar a municipalidad de José Leonardo por la autoridad municipal, éste señor se encontraba inhabilitado para ejercer la función pública, según el registro de Sancionados con sanción vigente, sustentado en el expediente N° 001-412-2015-CG/SAN”, explicó.
Agrega, que al ser persona de confianza del alcalde Epifanio Cubas Coronado, Rald de la Piedra Arévalo trabajó cómoda y holgadamente en la gestión edil, sin que aparentemente otro hombre de confianza del burgomaestre, Yuri Castillo, en calidad de Gerente de Recursos Humanos, haya descubierto algo y mucho menos haya dado cuenta de ello o hecho algo para impedirlo.
En la empresa azucarera AgroPucalá los adultos mayores son importantes, razón por la que valorando su contribución al progreso de la agroindustrial hace tres años funciona un programa de atención social para ellos, con el que se busca mejorar su calidad de vida e interacción con la comunidad.
La actual gestión que encabezan Luis Dávila Dávila, como administrador judicial, y Max Ayora Inoñán, como gerente general, entiende que para consolidar la paz social en la empresa también se hace necesario atender a las personas que en algún momento de su vida dieron su juventud y trabajo, y que hoy, jubilados de las labores diversas que han desarrollado, debe ser mirados con respeto, dedicación y apoyo en su salud y calidad de vida.
Desde hace tres años el piloto que se creó para atender a las personas adultas mayores no solo se ha sostenido, sino que se afianza en su trabajo y crece de manera responsable, tal como lo manifiestan los mismos beneficiarios.
Edwin Cabrejos, jefe de los Servicios Médicos del Hospital de Pátapo, destaca la labor de la alta dirección de la azucarera, resaltando la oportunidad que se ha dado a un sector de jóvenes profesionales con ideas frescas e innovadoras, quienes han puesto en marcha el proyecto del Adulto Mayor, hoy reconocido a nivel departamental y constituido en un ejemplo de organización.
DINÁMICA
El programa del Adulto Mayor de Agro Pucalá se inauguró el 5 de agosto de 2015 con 60 ex trabajadores de la empresa y 10 ancianos particulares, quienes suelen reunirse todos los viernes para confraternizar, escuchar música, intercambiar ideas, gozar de un sano esparcimiento y fortalecer a la familia pucaleña.
La iniciativa se enfoca en el cuidado de la salud de los ancianos con una orientación profesional, en la que se apoyan con una serie de talleres que priorizan con actividades de entretenimiento, música, danzas y manualidades.
“A nuestros adultos mayores les programamos diversos viajes a diferentes sectores turísticos de Lambayeque para que conozcan de nuestra riqueza arqueológica y paisajista, oportunidad que nunca antes habían tenido”, sostiene el jefe de los Servicios Médicos de Pátapo.
Refiere que también se les instruye en su programa alimenticio con orientación nutricional, el cual es vigilado por los especialistas de salud.
SERGIO GRANDA / JUBILADO
“Con la nueva dirección de la Administración Judicial, los jubilados sentimos que se preocupan por nosotros, que nos dan el espacio que nos corresponde, hay un reconocimiento por los largos años que hemos laborado en la empresa. Hoy en día gozamos de estabilidad laboral, con los pagos al día. Felicitamos a quienes hoy dirigen la empresa por haber adquirido una ambulancia moderna para atendernos en casos de emergencia.
Hoy contamos con profesionales para atender nuestra salud y también con los medicamentos básicos.
También nuestros hijos pueden estudiar porque contamos con un pago puntual y lo que queremos es que ellos sean personas profesionales para servir a esta
Marcia Lluncor / Encargada del Área de Salud Pública
“Las actividades en favor de los adultos mayores de Agro Pucalá se realizan los viernes, empezamos con sesiones educativas, de cómo mejorar y cambiar el estilo de vida y trabajamos mucho lo que es prevención.
Apuntamos a orientaciones de carácter psicológico y les damos mucha confianza a todos nuestros adultos mayores. Ellos quieren mucho amor, confianza, atención y esta gestión está demostrando que tiene una atención centrada con quienes en su debido momentos pusieron toda su fuerza para la empresa”.
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El 19 de junio pasado dejó de existir en Navarra, España, uno de los sacerdotes vicentinos de mayor recordación en Chiclayo. El padre Rosendo Huguet Peralta, quien fue director del Colegio Manuel Pardo, cuya obra estuvo siempre marcada por sus dones de humanidad y afecto para con el prójimo.
Nació el 6 de noviembre de 1938 en el seno de una familia oriunda de Ribaforada, siendo el menor de siete hermanos. Según contaba en vida, fue ahí donde conoció el valor de la acción caritativa.
Quienes lo conocieron recuerdan su personalidad inquieta y su ánimo responsable. Rosendo Huguet estudió en su pueblo natal y la secundaria en Pamplona, capital de Navarra, para luego continuar su educación superior en Filosofía y Teología en Madrid, Cuenca y Salamanca, hasta que llegó a la Universidad Gregoriana de Roma donde realizó su formación de postgrado.
MISIONERO DE VERDAD
Siempre tuvo inspiración para su concepción filosófica en San Vicente de Paúl y esto motivo el inicio de su vida sacerdotal en la Congregación de la Misión.
Ingresó el 7 de octubre de 1957 y el 25 de junio de 1965 fue ordenado sacerdote, iniciando su larga travesía hacia el Perú, país que eligió voluntariamente para desarrollar su labor pastoral y educativa.
Llegó al país el 8 de octubre de 1966 para trabajar en Tarma, luego en Chiclayo e Ica. En esta última ciudad fue también director del Colegio San Vicente del Paúl.
EN EL MANUEL PARDO
En el Colegio Manuel Pardo ingresó en 1974 como profesor de Religión, luego fue nombrado como director de las Hijas de la Caridad en 1976 y en 1984 párroco y consejero provincial de la congregación en Miraflores. Años después retornó al Manuel Pardo, desempeñándose como director entre 1999 y el 2005.
En el emblemático colegio acuñó su filosofía en las frases que marcaron el derrotero de su actividad educativa, dejando para la historia consigas como “La verdad del Pardo es la verdad de Jesucristo”, “La ciencia es necesaria, pero el amor es vital”, “Pardo es un hogar para todos” y “La educación en el Pardo se llama persona”.
A lo largo de su vida sacerdotal desempeñó también diversos cargos, como el de asesor de obras misionales pontificias y concejal de cultura y espectáculos de Tarma. También fue asesor del Centro Diocesano Misionero, director espiritual de las Hijas de la Caridad en el Perú, la rama femenina de la congregación vicentina.
El padre Rosendo también tuvo un rol protagónico tras el terremoto de Pisco de agosto del 2007, organizando y llevando la ayuda humanitaria accesible a las familias damnificadas, tarea que le mereció el reconocimiento permanente de quienes lo rodeaban y de la colectividad en general.
MAESTRO Y AMIGO
Combinando su labor de misionero y maestro, mostró siempre una ferviente defensa de la educación como medio para alcanzar la verdad y con ella conseguir un estado pleno de la felicidad. Solía decir que nada que merezca la pena en la vida se conseguía sin enseñanza, por eso apostaba por una educación basada en la libertad responsable y en la reflexión crítica que cultive la autonomía de la recta consciencia sin caer en el dogmatismo de las normas impuestas.
“Existen personas que pasan por el mundo sin dejar huella. Existen otras que sí se hacen notar porque inventaron, fabricaron, produjeron algo que nos hace la vida más cómoda. Pero existe otro tipo de seres humanos que trascienden en la historia porque se dedican a buscar la felicidad de otros seres humanos, que no necesitan inventar cosas para dar felicidad porque poseen una herramienta mejor para ello: el amor”, escribió sobre él Tito Romero, con ocasión de los 50 años de vida sacerdotal del vicentino.
“He visto su seriedad cuando las cosas no se hacían bien y eso perjudicaba a las personas, y la he secundado. He seguido su ejemplo de entereza y esperanza en medio de la enfermedad, y me ha parecido una reacción muy consecuente con su manera de ser. He sido testigo de su sentido del humor, de sus ocurrencias, de sus frases célebres en la mesa, de sus aficiones mundanas, de su profundidad en la oración, y he comprendido que el P. Rosendo es un hombre que cree en el hombre. Nadie da lo que no tiene. Para hacer feliz a la persona, primero hay que ser una persona feliz. Supongo que a estas alturas, nadie duda de la felicidad del P. Rosendo. Quizá esta es la raíz de todo el personalismo del P. Rosendo: él es feliz, y quiere que todos los demás lo seamos”, añadió.
En vida recibió diversos homenajes por su fructífera obra. La Promoción 1991 del Colegio Manuel Pardo lleva su nombre, en tanto el Gobierno Regional de Lambayeque le confirió en el 2006 la más alta distinción departamental al imponerle la Medalla Señor de Sipán.
Asimismo, el Consorcio de Colegios Católicos del Perú le entregó la Condecoración Divino Maestro también en el 2006, año en el que su pueblo natal lo nombró “Ribaforadero Popular”. En 1998 fue Personaje Homenajeado en el Paloteado de Ribaforada.
La huella del padre Rosendo ha quedado en cada uno de los maestros, padres de familia y alumnos de la comunidad manuelpardina que admiraron su espíritu solidario y franco, su amplia sonrisa y protectora enseñanza.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, Duberlí Rodríguez Tineo, anunció el planteamiento de una reforma al Código Procesal Constitucional que impida que, en adelante, las partes de un mismo proceso presenten acciones de amparo en jurisdicciones ajenas a las que son escenario de la controversia judicial, modificatoria que tendría un impacto directo sobre la crisis de las azucareras.
Rodríguez Tineo ha explicado que resulta injustificable que algunos litigantes recurran a los jueces de otras jurisdicciones para acceder a auxilios constitucionales y con ellos obtener administraciones judiciales en las agroindustriales o pretender frenar las decisiones de los órganos directamente competentes.
“Como presidente del Poder Judicial estoy promoviendo una modificatoria al Código Procesal Constitucional, en el sentido de que no se puede abusar de las acciones de amparo o hábeas corpus, llevándolos a lugares tan alejados de donde está el conflicto. Estamos preparando una iniciativa legislativa en el sentido de que cuando se quiera demandar la nulidad de resoluciones judiciales se tiene que presentar la demanda en el respectivo distrito judicial donde se emitió la resolución que se cuestiona”, expresó.
REFORMA NECESARIA
Un ejemplo claro de esta situación es lo que se presenta en la Empresa Agroindustrial Tumán, en la que un grupo opositor a la validez y presencia del IV Directorio que preside Wigberto Cabrejos Flores recurrió al Juzgado Mixto de Bongará, en Amazonas, para conseguir una resolución que autoriza el ingreso de una administración judicial que favorece a la empresa Alimenta Perú, reconociendo una supuesta acreencia estimada en 19 mil bolsas de azúcar.
Según lo señalado por el presidente del Poder Judicial, con la reforma del Código Procesal Constitucional casos como ese no volverían a repetirse, toda vez que las partes que participan de una controversia ante los órganos jurisdiccionales estarían obligadas a recurrir a los jueces dentro del territorio en el que se revisa el proceso.
“Muchos de los amparos hoy caen en manos de los jueces supernumerarios que son vulnerables a los poderes fácticos”, dijo Rodríguez Tineo, quien postula incluso que en adelante toda acción constitucional de oposición sea revisada por una sala superior, a fin de garantizar la transparencia e imparcialidad de las decisiones. “Eso da más garantía”, indicó.
CASO TUMÁN
Al parecer, las palabras del máximo representante de la judicatura en el país han calado hondo en los jueces de Lambayeque, quienes han rechazado hasta el momento cuatro pretensiones que buscaban anular lo dispuesto por el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, que despacha la juez Karina Fabián Palomino, que ordenó la convocatoria a una Junta General de Accionistas que permita la designación de un nuevo directorio para la agroindustrial Tumán.
Las demandas presentadas son: la N° 1086-2017, iniciada por Genaro Llamo Pozo sobre Proceso de Amparo; la N° 1185-2017, iniciada por Segundo Chavesta Flores sobre Nulidad de Convocatoria a Junta de Accionistas; la N° 1203-2017, iniciada por Leoncio Egúsquiza Sánchez y Alejandro Zevallos Gonzáles sobre Nulidad de Acto Jurídico; y la N° 1210-2017, iniciada por Julio Sirlopú Paico sobre Proceso de Amparo. Todas tenían el objetivo de suspender la Junta General de Accionistas convocada para el 4 de julio, en primera citación, y el 9 del mismo mes, en la que deben participar las personas naturales y jurídicas que tienen participación accionarial en la azucarera.
En el caso del amparo presentado por Sirlopú Paico, el juez del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, declaró improcedente el recurso señalando que el mandato del Séptimo Juzgado debe ser respetado, conforme el ordenamiento jurídico.
Al respecto, el asesor legal de la azucarera, José Carlos Isla Montaño, precisó que en los últimos cinco días han ingresado en los juzgados de Chiclayo más de seis demandas similares que buscan suspender la junta de accionistas.
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Siendo Agustín Ramos García aún rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, tras la promulgación de la Ley N° 30220, Nueva Ley Universitaria, dispuso que los profesores mayores de 70 años sean cesados, en atención a la norma que señala que esa es la edad límite para el ejercicio de la docencia, y que las casas superiores solo podían mantener en su plana a educadores que tengan igual o mayor edad, siempre y cuando pasen a la condición de extraordinarios y el número no exceda el 5 % del total.
Varios de los catedráticos consideraron lesiva e ilegal la decisión del entonces rector y recurrieron al Poder Judicial para retornar a sus labores académicas amparados en medidas cautelares. Uno de ellos, el catedrático Carlos Salvador Reyes Aponte, siguió por la vía civil y esta en segunda instancia falló en su contra, mediante la Resolución 196, del 10 de mayo del 2016, emitida por la Primera Sala Civil de Lambayeque.
Ante ello, Reyes Aporte recurrió al Tribunal Constitucional solicitando que se declare inaplicable la Resolución Rectoral N° 1176-2014-R, del 10 de julio del 2014, que dispuso, de conformidad a lo señalado en el Artículo 84 de la Nueva Ley Universitaria, el cese de sus funciones por límite de edad.
La ley establece que: “La edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es setenta años”, lo que en opinión de Reyes Aponte trasgredía sus derechos constitucionales.
Al respecto, el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú emitió el 26 de noviembre del 2016 la Sentencia Interlocutoria en la cual declara improcedente el recurso de agravio constitucional presentado por el catedrático, señalando textualmente que el recurso especial “carece de trascendencia”.
SUSTENTO
La sentencia emitida por los tribunos Marianella Ledesma Narváez, José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, hace mención que el Tribunal Constitucional con las sentencias 0014-2014-PI, 0016-2014-PI, 019-2014-PI y 007-2015-PI, ha confirmado la legalidad de la Nueva Ley Universitaria, reconociendo quiénes y en qué condiciones pueden ejercer la docencia en calidad de extraordinarios.
Además, consideraron que lo argumentado por Reyes Aponte, respecto a que los docentes habrían sido cesados irregularmente, queda desestimado en función de la Resolución del Consejo Universitario de la UNPRG, que ratificó la separación de los profesores mayores de 70 años de edad.
En consecuencia, y de lo expuesto, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso, considerando además que esto se hizo en virtud del fundamento 49 de la Sentencia emitida el 29 de agosto del 2014 en el Expediente N° 00987-2014-PA/TC, en el que se establece que el tribunal asume tal decisión ante recursos que carecen de fundamentación, que son de intrascendencia constitucional, que contradigan algún precedente dado por el organismo o que se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.
SITUACIÓN DE LOS DOCENTES
En consideración de la sentencia del Tribunal Constitucional, la permanencia de varios docentes, entre ellos Reyes Aponte al interior de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, no tendría sustento legal, máxime porque algunos de ellos ocupan actualmente cargos administrativos, lo que también atenta contra lo dispuesto por la Nueva Ley Universitaria.
En dicha situación se encuentra el decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FCHSE, Néstor Tenorio Requejo, quien el 22 de abril pasado cumplió la edad límite para ocupar cargo administrativo (70 años), al igual que Reyes Aponte, quien se desempeña como asesor de Procesos Académicos de los Programas Especiales de la facultad.
SALVADOS POR EL PODER JUDICIAL
Consultado por Expresión, el jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la casa superior de estudios, Luis Carrasco Lucero, explicó que el fallo del Tribunal Constitucional es solo aplicable al caso de Reyes Aponte. Sin embargo, anotó que la misma suerte pueden correr al menos 20 profesores que se mantienen con medidas cautelares al interior de la universidad.
En el 2014, cuando el exrector Agustín Ramos emitió la resolución de cese esta se aplicó sobre 53 profesores. Todos ellos fueron repuestos por el Poder Judicial con medidas cautelares, pero algunos de ellos lograron sentencias a su favor en primera y segunda instancia, las cuales tienen naturaleza de cosa juzgada.
Carrasco Lucero refirió que esta situación benefició a más de la mitad de docentes mayores de 70 años, quienes permanecerán en la UNPRG en virtud de los fallos dados por el Poder Judicial.
“El Poder Judicial acogió sus demandas argumentando que no se ha reglamentado en el Estatuto de la universidad cuál es el proceso que se debe seguir para que pasen a la condición de extraordinarios”, dijo.
Lo preocupante es que aun cuando la gestión del actual rector Jorge Oliva Núñez aprobó un nuevo Estatuto para la UNPRG, hasta el momento no se ha reglamentado el procedimiento, debido a que la Asamblea Universitaria no está conformada en su totalidad.
