El poder de la delincuencia en el Perú, ha crecido a pasos agigantados, la seguridad ciudadana se ha resquebrajado en su totalidad a tal punto que hasta la tranquilidad y la confianza fueron asaltadas no solo por los delincuentes, ladrones o dueños de lo ajeno, ahora se le suma el tan cuestionado sistema nacional de justicia del Perú, encargado de impartir justicia de manera firme, veraz y equitativa pero que actualmente está en el ojo de la tormenta.

Las últimas noticias nos hacen creer que ahora la Policía Nacional del Perú se encuentra con las manos atadas, tras la reciente prisión preventiva del Suboficial de la PNP – Piura,  Elvis Miranda, esto ha generado el descontento y desconfianza de un sistema de justicia pasivo, incrédulo ante el inminente avance de la delincuencia que día a día nos muestra que para ellos no hay nada imposible.

El suboficial, acudió al llamado de un transeúnte que había sido asaltado, persiguió a los delincuentes y disparó a uno de ellos que desacató la orden de alto, pero lo más llamativo del caso es que según el Decreto Supremo 012-2016 –IN publicado en el diario El Peruano, se aduce lo siguiente ante el uso de la fuerza:

-       En defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves.

-       Cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida.

-       Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está fugando. En esta situación solo se justifica el uso de la fuerza letal ante quien en su huida, genere un riesgo evidente, manifiesto e inmediato capaz de causar lesiones graves o muerte.

Entonces, hasta este punto es entendible que el uso del arma reglamentaria es justificable. Indudablemente, la investigación debe tomar su curso como siempre ocurre cuando hay un fallecido en una intervención policial, pero de ahí a emitir una culpabilidad sobre el suboficial Elvis Miranda como presunto responsable de un delito grave y enviarlo a la prisión preventiva mientras dura el proceso, hay un abismo que jueces y fiscales entienden solamente en su mente. Pues la ley es clara, y el uso de la fuerza es propiamente justificable.

Este nuevo actuar del sistema de justicia del Perú no es el primero y seguramente no será el último caso que se resuelve de esta manera, mermando la autoridad de la Policía Nacional. Este es un patrón de conducta que solo  favorecen a los delincuentes, perjudicando a los policías y ciudadanos que los confrontan.

Entonces, si la policía que es la llamada a velar por el orden público no tiene autoridad para repeler a estos delincuentes ¿quién lo hará? Ahora, la impunidad se ha vuelto una amiga inseparable de los jueces, fiscales y delincuentes.

Debemos subsanar los problemas que acarrean desde hace mucho tiempo atrás, como son las leyes y reglamentos que sin duda hay que cambiar a la brevedad posible. Los jueces y fiscales deben actuar de acuerdo a ley y no a interés de algunos cuantos.

                                           Egresado y Asistente de Prensa de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo