El presidente del Jurado Electoral Especial – JEE de Chiclayo, José Rodríguez Tanta, informó que este viernes, a más tardar, se concluirá con la revisión de las actas observadas en la jurisdicción de su competencia, a fin de cerrar el conteo de la votación congresal.
El JEE de Chiclayo (existe otro en Lambayeque), recibió un total de 512 actas con algún tipo de observación, las mismas que fueron remitidas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales – ODPE Chiclayo, un grupo el 13 de abril por la noche y otra parte en las horas siguientes.
“Por disposición del nivel central, hasta el viernes pasado nos dedicamos a la resolución de las actas observadas por votación presidencial, que en total fueron 50 y todas ya han sido devueltas a la ODPE para que ingresen los votos al sistema. En estos momentos nos encontramos en la revisión de las actas congresales, a un ritmo de producción de 40 actas diarias y esperamos que hasta el viernes, como máximo, terminemos con la revisión de estas, a nivel del jurado de Chiclayo”, señala Rodríguez Tanta.
ACTAS PENDIENTES
En total, 248 actas de votación congresal fueron remitidas al Jurado Electoral Especial de Chiclayo por tener algún tipo de error material, ilegibilidad, falta de firmas u otras observaciones que son materia de resolución por parte de la entidad.
“Nos faltan solo 105 por resolver y esperamos tenerlas listas el viernes. Respecto al Parlamento Andino, hay 214 actas de votación que también están pendientes de resolver, las cuales podríamos resolver en menos de tres días, debido a que la observación es menos compleja. Lo más trabajoso es la votación congresal, debido a que al momento del voto se puede elegir por la organización política o haciendo uso del sistema preferencial, y ambos componentes son importantes para establecer las cuotas”, menciona.
Rodríguez Tanta indica que a efectos de tener mayor claridad en la resolución de las observaciones se confrontan las actas trabajadas por la ONPE como las que tiene el jurado electoral. Si hubiese algún problema, se contrasta con el acta que se elabora para el Jurado Nacional de Elecciones – JNE.
“La mayoría de veces el problema se origina por la inexperiencia de los miembros de mesa, quienes intentan avanzar lo más rápido en el llenado de actas, teniendo en cuenta que son 15, y a veces no hay una sumatoria correcta o se presentan problemas de ilegibilidad, aspectos que nosotros tenemos que resolver a nivel de jurado”, manifiesta el magistrado.
CAMBIOS DE UBICACIÓN
El presidente del JEE Chiclayo no descartó la posibilidad de que al final del conteo de votos se produzca alguna variación en la ubicación de los virtuales congresistas por Lambayeque, teniendo en cuenta la cercanía que existen entre dos o más candidatos de una misma organización política.
Por ejemplo, al cierre de esta edición, la diferencia entre Marleny Portero López, virtual congresista de Acción Popular y el candidato Edgar Cayotopa Martínez, de la misma organización política, es de solo 928 votos.
Similar situación se presenta entre los candidatos María Acuña Peralta e Hildomaro Rodríguez Alvarado, de la lista de Alianza Para el Progreso. La diferencia es de mil 631 votos a favor de Acuña Peralta, por el momento virtual congresista electa.
En Fuerza Popular, la diferencia entre Alejandro Aguinaga Recuenco y Violeta Fanzo Niquen, es de mil 261 votos a favor de Alejandro Aguinaga, quien tiene hasta ahora el cupo de la organización fujimorista en la representación congresal de Lambayeque.
“Las resoluciones que nosotros emitimos pueden ser impugnadas con todo derecho, en caso alguien considere que el criterio aplicado no ha sido el correcto. Supongo que las organizaciones políticas están pendientes de sus votos, ellos pueden acceder a la revisión de las actas en el sistema, pues los documentos están escaneados y tienen la oportunidad de cuestionar la resolución del jurado. A partir de la publicación, hay tres días para que puedan ejercer ese derecho. De no ocurrir ello, la ODPE procede a vaciar los votos, tal como ha sucedido con las actas presidenciales, en las que no ha habido ningún tipo de impugnación o cuestionamiento por parte de las organizaciones”, menciona Rodríguez Tanta.
Añade que, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, ha anunciado que en mayo se dará a conocer los resultados definitivos (formales) de las elecciones del 11 de abril. Empero, las organizaciones políticas tienen una noción clara de quienes serán sus representantes elegidos para el próximo Congreso.
Con una acción de amparo, el expresidente de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, Marco Antonio Díaz Castillo, impediría la asamblea virtual, donde se pretendería elegir al Comité Electoral para elegir a la nueva junta directiva.
El exdirigente cuestionó la convocatoria del actual presidente, Edivar Juan Carrasco Vásquez, debido a que no existirían las condiciones para la realización de un proceso transparente, por la poca accesibilidad de los comuneros a los medios tecnológicos.
“Es la primera vez que se desarrollará una reunión vía Zoom, para lo cual nuestra gente no está preparada, no tienen un teléfono para acceder a internet, no saben manejar estos equipos”, anotó Díaz Castillo.
Cuestionó que Edivar Carrasco esté haciendo una convocatoria con el 20 % de los comuneros y personas extrañas a la comunidad, ya que pretendería aferrarse al cargo.
“Está haciendo firmar a 200 personas que ni comuneros son. Está yendo casa por casa para hacerlos firmar y poner su huella digital, situación que no tiene validez porque atenta contra los derechos fundamentales de las personas y de cada comunero, ya que no les está dejando ejercer su libre derecho en una asamblea general”, indicó, sugiriendo que esta debería desarrollarse en un lugar amplio y con la debida protección y garantía a causa de la pandemia del COVID-19.
El exdirigente recordó que la elección de Edivar Carrasco habría sido ilegal, con la intervención de un juez de paz que ordenó su inscripción en Registros Públicos. Esta institución – señaló - puso una salvedad: que se inscriba por mandato y responsabilidad del juez, deslindando así ante un eventual proceso judicial.
“Actualmente, se vienen cometiendo delitos relacionados a la tala ilegal y repartición y venta de las tierras de la comunidad, bajo el pretexto de que el señor Carrasco está recuperando tierras”, remarcó.
Incluso, reveló que esta semana se ha continuado con esta práctica, habiéndose registrado enfrentamientos y roces entre comuneros. “El mandato del señor Edivar Carrasco ya caducó y Registros Públicos le ha manifestado que debe convocar a elecciones limpias y transparentes, donde participen los 828 comuneros”, anotó.
CONVOCATORIA
Precisó que los 828 comuneros están inscritos y vigentes en Registros Públicos, sin embargo, no ha tomado en cuenta ese padrón y está utilizando aquel con el que fue elegido en el período 2019- 2020, que sería fraudulento.
Subrayó que Registros Públicos recién lo reconoció en octubre del 2020 y le dio la potestad de solo tres meses: octubre, noviembre y diciembre, vigencia que ya caducó.
“Está llamando a una asamblea virtual mediante Zoom para aferrarse al cargo y engañar a toda la masa comunera, por lo cual estamos presentando un recurso de amparo ante el Poder Judicial, a fin de anular esta asamblea”, indicó.
Añadió que lo más grave es que se intenten desarrollar las elecciones comunales en plena época de pandemia y período electoral, razón por la cual se debe paralizar todo acto de confusión y enfrentamiento hasta que se resuelva la segunda vuelta electoral y el Perú vuelva a la calma.
“Recién allí se pueden llevar unas elecciones limpias y transparentes en nuestra Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina con la participación de todos los comuneros. Qué miedo tiene el señor Edivar Carrasco de enfrentarse en unas elecciones limpias y transparentes. Si ha hecho bien las cosas, que gane, pero que deje votar a todos los comuneros”, indicó.
GRAVES DENUNCIAS
El exdirigente advirtió que los delitos que se vienen cometiendo son graves, como la repartición de terrenos en el área de conservación privada, donde hay intereses por parte de grupos que pretenden adueñarse de la comunidad, como el liderado por Javier Ruiz Gutiérrez, quien ejecuta proyectos que no están identificados con los comuneros.
Puso como ejemplo, el proyecto Pavas, supervisado por él en una zona intangible donde se habría empleado cemento, situación que denunció en su oportunidad ante el Ministerio del Ambiente, la Fiscalía del Medioambiente y el Poder Judicial, debido a que no tenía permiso del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – Sernanp, ni del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor, para construir en esas áreas intangibles que son correderos de los animales, según manifestó
Además, subrayó que congresistas del Frente Amplio han apoyado actos de corrupción, inmiscuyéndose en la comunidad. Citó el caso de la exlegisladora María Elena Foronda Farro, quien habría buscado enfrentarlos.
Detalló que los congresistas de la bancada de Frente Amplio han sorprendido al Ministerio de Justicia, que ha sacado una resolución que denomina a Edivar Carrasco Vásquez y otros como defensores ambientales. “Nosotros hemos puesto una acción de amparo contra esa resolución porque agrede y miente”, señaló.
IMPLICADOS
“Prácticamente, el Estado está coludido con los depredadores de la comunidad. Venimos ofreciendo pruebas y ahora el caso está en el Poder Judicial”, acotó.
También subrayó que se iniciarán juicios orales contra expresidentes de la comunidad por la repartición de tierras, de mil hasta dos mil 500 hectáreas a sola firma de los dirigentes, tal como apunta que se hace ahora, según refirió.
Precisó que los expresidentes fueron manejados por gente que no tenía nada que ver con la comunidad “y esa gente los ha llevado a cometer una serie de delitos, por los que hoy están procesados. Luego zafaron cuerpo y los dejaron con el problema y prácticamente están asumiendo la responsabilidad”, recalcó.
Invoco a la Fiscalía y al Poder Judicial a realizar una investigación exhaustiva para castigar a los responsables. También cuestionó el enmallado de mil 500 hectáreas en el sector de Pavas para proteger la reserva y el Cerro Chaparrí.
Aclaró que el muro levantado no tiene el respaldo de la asamblea, “solo de la gente que ha inscrito y ha nombrado a dedo”, señaló, en alusión a Edivar Carrasco.
También identificó a familiares de policías y del exalcalde de Chongoyape Agustín Lozano, como autores de presuntas irregularidades.
“Me da mucha pena, pero tenemos que decirlo. Agustín Lozano es una persona muy buena, pero su tía carnal está metida en esos delitos de tráficos de tierras y tala ilegal del área de conservación privada, situación que tendría que investigarse”, subrayó.
Destacó que este medio le brindó la oportunidad hacer llegar sus denuncias, siempre con el rigor de que estas vengan debidamente documentadas.
“Estoy muy agradecido con usted (en referencia a la directora de Expresión Rosa Chambergo). Tocamos sus puertas y nos dio la oportunidad de escucharnos, Con pruebas en mano denunciamos todos los hechos” finalizó.
La Contraloría General de la República, a través de las veedurías escolares virtuales a la estrategia “Aprendo en Casa” del Ministerio de Educación, realizadas entre agosto del 2020 y enero de este año, evidenció situaciones que podrían haber incidido en el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de colegios estatales, lo que podría afectar su desarrollo académico, por lo que ha formulado una serie de recomendaciones para mejorar la prestación del servicio educativo virtual implementado por la emergencia sanitaria por COVID-19.
Tomás Tello Benzaquen, jefe de la Gerencia Regional de Control – Lambayeque, señala que uno de los aspectos más resaltantes del Informe de Orientación de Oficio N° 9919-2021-CG/SADEN-SOO, es que prácticamente la tercera parte de los alumnos de secundaria de instituciones educativas públicas no lograron obtener la nota mínima satisfactoria en el año lectivo 2020, la misma que se concluyó a partir de información del Ministerio de Educación.
Para el caso de Lambayeque, el 35 % de los escolares del nivel secundario no alcanzó los objetivos académicos trazados por el sector educación para el año pasado, por lo que deberán recibir reforzamiento académico por parte de sus docentes.
REALIDAD NACIONAL
“Según información proporcionada por el Ministerio de Educación y consignada en el informe de resultados de las veedurías aplicadas en las 25 regiones del país, el 43 % de los alumnos de secundaria fueron aprobados, el 32 % no logró obtener la nota mínima satisfactoria y necesitan consolidar sus conocimientos (promoción guiada en la que se les brindará mayor tiempo y oportunidades para alcanzar el nivel educativo esperado), mientras que el 25 % de la información se encuentra pendiente de procesar en el MINEDU (a febrero 2021)”, refiere el funcionario.
Seis regiones presentan un mayor porcentaje de alumnos con promoción guiada en relación a los alumnos aprobados: Tacna (47 %), Madre de Dios (44 %), Áncash (42 %), Ucayali (39 %), Ayacucho (38 %) y La Libertad (38 %).
Además, en 11 regiones se supera el promedio nacional (32 %) de alumnos con promoción guiada: Huánuco (38 %) Huancavelica (37 %), San Martín (36 %), Moquegua (36 %), Tumbes (35 %), Lambayeque (35 %), Amazonas (35 %), Junín (34 %), Cusco (33 %), Puno (33 %) y Pasco (33 %).
“El objetivo de las veedurías escolares realizadas por la Contraloría es contribuir a la supervisión de las clases virtuales implementadas por el MINEDU durante la pandemia por el coronavirus y aportar a la mejora del servicio educativo”, destaca Tello Benzaquen.
PRINCIPALES DIFICULTADES
De acuerdo a los estudiantes que ejercieron como auditores juveniles, las principales dificultades para recibir las clases virtuales fueron: fallas en el servicio de Internet (72 %), comparten equipo (computadora, tv, radio) con otra persona (5 9%), falta de plan de datos para celular (59 %), falta de servicio de Internet (52 %) o no cuentan con equipo celular (48 %). La región que presentó mayor dificultad por compartir equipo fue Pasco al alcanzar el 73 %.
El celular fue el principal medio de comunicación para que los estudiantes de secundaria accedieran a la estrategia “Aprendo en casa” (52 %). El 24% usó el televisor, el 18 % empleó una computadora y el 7 % la radio. No accedió a la estrategia el 2 % de los alumnos.
“Desde la mirada de los padres de familia, las dificultades fueron: falta de equipos (computadora, tableta, celular) para las clases virtuales (44 %), falta de conectividad a Internet (41 %) y desconocimiento sobre el uso de las tecnologías de la información (17 %). En tanto, un 27 % de los padres aseguró que sus hijos no tuvieron ninguna dificultad”, menciona.
HORAS LECTIVAS
Otro hecho identificado es que los alumnos de secundaria habrían recibido en promedio alrededor de dos horas de clases lectivas bajo la estrategia “Aprendo en Casa”. De esta manera, el 48 % de los alumnos de secundaria afirma que recibieron clases con su profesor por menos de dos horas; el 35 % recibió clases de dos a cuatro horas continuas; y el 18 % respondió que habría recibido clases lectivas por más de cuatro horas.
Asimismo, para el 61 % de los estudiantes que participaron en la veeduría escolar, las clases de la estrategia “Aprendo en casa” no son suficientes para su aprendizaje; mientras que el 58 % de los padres de familia consideraron que el aprendizaje obtenido por su hijo fue regular.
OPORTUNIDADES DE MEJORA
“El informe permite evidenciar oportunidades de mejora enfocadas en la capacitación docente para que el MINEDU pueda tomar acciones al respecto y superar las situaciones adversas identificadas”, señala el jefe de la Gerencia Regional de Control.
El 59 % de los docentes que participaron en la veeduría escolar manifestaron que no recibieron capacitación desde el inicio de la ejecución de la estrategia. Incluso, un 22 % de los docentes que participaron afirman que recibieron prestaciones “hace poco” y un 5 % de ellos menciona que no ha recibido prestaciones.
Según los informes de control, el mayor número de situaciones adversas identificadas por la Contraloría durante el año 2020 estuvieron relacionadas a carencias en la capacitación docente para dictar los cursos de enseñanza a distancia (24 situaciones adversas).
Asimismo, el MINEDU informó que el 65 % de los docentes a nivel nacional recibió capacitación virtual y solo el 6 % acompañamiento pedagógico. Los docentes de mil 55 distritos (56 % del total nacional) no recibieron asistencia técnica en la estrategia.
La Contraloría realizó un total de 108 mil 358 veedurías escolares virtuales a la estrategia “Aprendo en Casa”, realizada por igual número de auditores juveniles (estudiantes de nivel secundario) durante el período agosto de 2020 a enero 2021. Asimismo, contó con la participación de 77 mil 852 padres de familia y 36 mil 649 docentes.
El informe de orientación de oficio con los resultados de las veedurías escolares fue remitido al MINEDU para que tome las medidas correctivas necesarias a fin de alcanzar los objetivos del programa de educación virtual implementando en el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19.
OPERATIVO “TABLETS”
Por otro lado, la Contraloría General inició el 5 de abril el operativo nacional para verificar la oportuna distribución y uso de más de un millón de tablets y sus complementos (cargadores solares y chip de Internet) a beneficiarios de la estrategia nacional “Aprendo en Casa”, compuesto por escolares y docentes de instituciones educativas en zonas rurales y urbanas en situación de pobreza.
A dos semanas de iniciado el operativo nacional, que contempla visitas de control a una muestra representativa de cinco mil 490 instituciones educativas públicas, además de ocho mil 974 estudiantes y docentes, se verificó si recibieron y si se encuentran operativos los dispositivos electrónicos que les permita continuar con el proceso de aprendizaje durante el aislamiento social como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
Hasta el momento, los equipos de control, van evidenciando que 480 instituciones educativas de Huancavelica, Junín, La Libertad y Cajamarca no han recibido las tablets por parte del Ministerio de Educación, y en otros casos, pese a haberlos recibidos, no han sido distribuidos por los directores de instituciones educativas de Áncash, Apurímac, Lambayeque, La Libertad, Lima Provincias, Piura, Tacna y Ucayali.
Del mismo modo, se identificó que, en Amazonas, ocho colegios del distrito de El Cenepa no cuentan con suministro eléctrico lo que limita el uso de las tablets. También se ha reportado falta o limitaciones de cobertura del plan de datos (Internet) o que no cuentan con la activación del servicio en Amazonas, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Puno.
Se evidenció que la Dirección Regional de Educación de Loreto no supervisa ni monitorea la distribución de tablets y complementos, lo que conllevaría a una administración deficiente de dichos equipos electrónicos.
Otra situación advertida es que, en varias regiones, los directores de las instituciones educativas desconocen el procedimiento para el uso de los servicios de atención al usuario de las tablets y sus complementos, lo que podría afectar la continuidad del servicio. En Lima Metropolitana, se identificó también el caso de una institución educativa que no utiliza las tablets para las clases virtuales debido a que desconocen el usuario y password (contraseña) que le brinde el acceso al contenido pedagógico de Aprendo en Casa instalado en el dispositivo.
Roberto Villanés Esteban es un reconocido economista, miembro de la recientemente conformada Asociación Civil Integración Lambayecana – ACIL. Como un hombre preocupado por el devenir de su departamento, conversó con Expresión y puso sobre la mesa los importantes proyectos lambayecanos que deben ejecutarse con la articulación del gobierno central, el gobierno regional, la academia, la sociedad civil organizada y los empresarios.
¿Por qué es importante que los lambayecanos nos informemos de los principales proyectos que aún están pendientes de ejecutar y que son vitales
para el desarrollo de nuestro departamento?
Explicaré un marco conceptual de desarrollo regional, por cuanto cada proyecto tiene características que no nos alcanzaría el espacio para explicar. Si el objetivo central de la región es elevar el bienestar común de la población, donde las necesidades se multiplican y los recursos disponibles son escasos, entonces se comprenderá la necesidad de planificar nuestro desarrollo económico social con el concurso articulado de las organizaciones involucradas: la academia, el gobierno, la empresa y la sociedad a través de sus asociaciones civiles. Cada una de ellas está constituida por personas jurídicas que tienen responsabilidad social en la generación de empleo, educación de calidad, la salud para todos, la seguridad social y erradicar los factores nocivos. Solos no podrán resolverlo, coordinadamente sí lo resolverán y a menor costo (en tiempo, recursos y compromiso social).
¿Es decir, las organizaciones citadas deben definir los proyectos prioritarios en Lambayeque para ser desarrollados por los profesionales de nuestro departamento?
Sí y pueden ser financiados con recursos del Estado, con los de la Alianza Publico Privada, con iniciativas privadas autofinanciadas o con las obras por impuestos. Cada uno tiene su contexto legal y sus procedimientos administrativos. Lo importante, como se observará, son las ideas y los perfiles que deben ser desarrollados a nivel de proyectos de factibilidad, con el concurso de las organizaciones citadas, en el que ninguna de ellas puede excluirse por causa alguna. Aquí desarrollarán un papel importante las tesis multidisciplinarias realizadas por los estudiantes para su graduación, con la asesoría de los especialistas.
¿Es importante la participación de la sociedad civil organizada?
La comunidad debe conocer e involucrarse en el desarrollo de nuevos proyectos. Solo conociendo y aportando recursos específicos podrá defender la realización de las obras. En este sentido, ACIL tiene identificados los principales proyectos de la región, que necesitan el apoyo de todas las autoridades actuales y las electas, para socializarlos una vez que se aprueben. Naturalmente, las obras ejecutadas que tienen problemas por no ajustarse al proyecto original, por motivos varios, deberán ser examinadas y dictaminadas en las áreas correspondientes como: Procuraduría General, Contraloría General, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia.
¿Cree usted que con el Proyecto Olmos tenemos un desarrollo agroindustrial sostenido en Lambayeque?
La irrigación de Olmos en su primera etapa es una realidad. No debemos cometer los errores que salinizaron el 30 % de las tierras irrigadas por el Reservorio Tinajones. Debemos tratar de utilizar el 100 % de la capacidad de trasvase de las aguas del Huancabamba para la irrigación; utilizar tecnología de punta para la agroexportación, demostrando que tenemos capacidad de exportación en el tiempo, como un factor importante para justificar la construcción del Puerto Eten; concesión de créditos para la Comunidad de Olmos.
La academia debe dar respuesta consistente a las necesidades de las empresas agroexportadoras, desde la planificación de cultivos hasta la certificación de calidad a los productos de agroexportación. El desarrollo agroindustrial sostenido de Lambayeque es un objetivo que se materializará si se desarrollan las etapas subsiguientes del Proyecto Olmos, incluyendo la generación de energía hidroeléctrica proyectada.
Nuestra pesquería artesanal, los puertos pesqueros y la depredación
marítima no están siendo abordados con responsabilidad por parte de nuestras autoridades. ¿En qué situación está el Terminal Pesquero de San José? ¿Qué puede decir al respecto?
Después de más de ocho años de construcción, el terminal pesquero de San José entró en funcionamiento a fines del año pasado. Por informe de nuestro asociado, el ingeniero Luis Vílchez, estamos muy lejos de utilizar el 100 % de la capacidad del terminal pesquero. Existen algunas observaciones que levantar y el control de operaciones todavía no está del todo organizada. La Capitanía de Puerto de Pimentel está esperando la designación del área para fines de control. En cuanto a la depredación marina, existen algunos proyectos que todavía están lejos de materializarse, comenzando con el tratamiento de las aguas servidas que llegan a las playas, el tratamiento de los deshechos proveniente de los drenes contaminados con insecticidas, el control de la extracción de especies marinas en épocas de veda, control en altamar de los barcos rastreadores, etc.
En la provincia de Ferreñafe se ubica el distrito de Cañaris, jurisdicción donde podría haberse desarrollado hace mucho tiempo el Proyecto Minero Cañariaco, que representaría un gran aporte a nuestro desarrollo. Sin embargo, no se ha podido ejecutar.
La explotación minera con tecnología apropiada puede ser compatible con el desarrollo humano y las actividades agropecuarias, sin contaminación de aguas, ni de los productos ni del medio ambiente. Además de brindar oportunidades de trabajo, la minería debe ofrecer servicios educativos, de salud y comunales a la población comprendida en el área de explotación. El proyecto minero Cañariaco se encuentra en etapa de estudio de factibilidad, representa una inversión de mil 500 millones de dólares y comprende la explotación de Cañariaco norte, Cañariaco sur y Quebrada Verde.
¿Debemos pensar en la generación de energía hidroeléctrica con el Proyecto
Olmos y a la vez pensar en la ampliación de Carhuaquero?
En esencia, debe respetarse la idea original del Proyecto Olmos, en cuanto a la generación de energía hidroeléctrica (640 megavatios). En efecto, se necesita la realización del proyecto de trasvase de las aguas de los ríos Tabaconas y Manchara al Huancabamba, elevar la altura de Presa Limón de 43 a 87 metros o construir otro embalse lateral en las inmediaciones del último río citado. Para la ampliación de Carhuaquero, que es propiedad privada, existe un perfil de proyecto para construir un reservorio en la provincia de Santa Cruz. Mediante un canal alimentador permitiría aumentar la capacidad de generación de energía hidroeléctrica hasta su límite: 125 megavatios.
Puerto Eten necesita 600 millones de dólares para hacerlo realidad, y bien puede hacerse con inversión privada ¿Qué significaría para Lambayeque Eten?
Antes de la convocatoria internacional para la construcción del terminal marítimo de Puerto Eten, se esperan los resultados del estudio económico que determinará el volumen real de exportación de la región Lambayeque y su mancomunidad. Debemos tener una capacidad mínima de exportación de 100 mil contenedores por año. ACIL, con el concurso del ingeniero Ramón Cornejo, atendió con la información requerida por intermedio de la Dirección Regional de Comercio Exterior, la Cámara de Comercio y de los proyectos de producción.
Concluido el estudio y evaluados los resultados, se convocará a concurso internacional. El proceso está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es importante acotar que se cuenta con el financiamiento del Estado, aprobado en el Presupuesto de la Republica 2021. Cuando se concluya la construcción del Puerto Eten, se iniciaría un despegue económico de las empresas de la región y su mancomunidad, que exportarán por Eten, debido al ahorro de los sobrecostos por transporte.
La vía El Sol tiene una postergación de más de 10 años ¿qué debemos hacer?
El proyecto de la Autopista del Sol, que une a las ciudades de Trujillo y Sullana con una extensión de 475 kilómetros, se ejecuta bajo la modalidad de Asociación Público Privada, con un compromiso de inversión de 492.6 millones de dólares. El contrato de concesión se suscribió el 25 de agosto de 2009 entre el Ministerio de Transportes y el Consorcio Vial del Sol – COVISOL (Concesionario). El proyecto está dividido en tres tramos: Trujillo – Chiclayo, Chiclayo – Piura, y Piura – Sullana.
El Colegio de Ingenieros de Lambayeque desde hace tres años demandó al Gobierno la demora en la ejecución de la Autopista del Sol, que se mantiene pendiente hasta la fecha. En efecto, la Autopista del Sol, ha quedado paralizada en Mocupe y debería empalmar, atravesando el río Reque, con dos puentes paralelos, continuar por Monsefú, La Victoria, Chiclayo, Mocce y Lambayeque, según el último trazo.
¿Por qué seguimos privados de esta vía?
hiclayo esta privado de esta vía de evitamiento, porque existen problemas como la demora por el reconocimiento del justiprecio de los terrenos, cada quien pide lo que “considera justo”. Los reclamos de distritos como Reque, que no quieren que pase por la ciudad; los traficantes de tierras que sobrevaloran el valor de las mismas; la burocracia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, que tiene pendiente la entrega de áreas de terreno para la construcción de la segunda calzada del tramo Trujillo-Chiclayo de la Autopista del Sol (vía independiente de sur a norte); etcétera, situación que viene dilatando su ejecución y afectando el aprovechamiento oportuno de esta infraestructura vial por parte de los usuarios.
Las autoridades y la sociedad civil organizada, conjuntamente con sus parlamentarios (incluidos los electos) debemos reclamar al Gobierno y al MTC la terminación de la obra iniciada hace diez años.
La ampliación del Aeropuerto internacional José Abelardo Quiñones Gonzales, está muy atrasado. ¿Qué debemos hacer?
El Aeropuerto José A. Quiñones Gonzales se inauguró en 1956 y, tiene la categoría de internacional desde 1994. CORPAC, propietaria del aeropuerto, tiene registrado un aumento significativo de operaciones y en el transporte de carga. El proyecto prevé la repavimentación de la pista, y una vez aprobados los estudios de viabilidad, la construcción de un nuevo edificio terminal, además de la remodelación de los accesos y otras obras de mejora, que incluyen una nueva torre de control, hangares, zona de combustibles, terminal de carga, etc.
Aeropuertos del Perú como empresa concesionaria del aeropuerto realizará trabajos de renovación y ampliación por más de 300 millones de dólares, motivo por el cual se contrató la elaboración del expediente técnico definitivo del Proyecto de Modernización del Aeropuerto, a la empresa AECOM Techmical Servicies Sucursal del Perú. Los problemas subsiguientes serán los recursos financieros y el aval del Estado, la convocatoria a concurso para su construcción y otros.
Chiclayo tiene un parque industrial que no ha crecido, que no cumple su rol. ¿Qué hacer ante esta realidad?
Existen en el país 19 parques industriales. Pese a existir la Ley 30078, para promover y desarrollar los parques industriales tecnoecológicos con enfoque clúster en alianza con los privados, y el Decreto Legislativo 1199, que crea el Sistema Nacional de Parques Industriales, ninguna de los parques funciona. En efecto, este modelo no existe, puesto que en muchos de nuestros parques se encuentran mezcladas con zonas residenciales o talleres.
Es tiempo de aprender las lecciones. Planeamiento urbano; saneamiento de las propiedades, incluyendo la estatal; zonificación económica por recursos potenciales; eliminación de trabas burocráticas; tratamiento a los industriales que inviertan en la región y su consiguiente capitalización; ofrecimiento de programas como Invierte Perú, por ejemplo.
¿Cómo hacemos para que Chiclayo cuente con su terminal terrestre?
La Municipalidad de Chiclayo, como no tiene los recursos necesarios para emprender una obra de magnitud como el terminal terrestre, por lo que debe recurrir a otros mecanismos financieros. En este sentido, conjugando la necesidad del terminal terrestre con falta de recursos, se puede utilizar la letra y el espíritu del Decreto Legislativo 1362, aprobado por el Decreto Supremo 240-2018-EF, que legisla acerca de la promoción de la inversión privada autofinanciada.
En este contexto, la municipalidad, al disponer de un terreno de varias hectáreas totalmente saneadas, puede ofrecer, previo concurso público, a empresas privadas que pueden construir y administrar este terminal terrestre por un tiempo determinado, bajo el acotado decreto legislativo. El terminal deberá cumplir con todas las exigencias del movimiento de personas y vehículos, de carga y descarga, de ambiente y confort para los pasajeros, etc. El terminal debe cumplir los lineamientos del Plan de Desarrollo Urbano de Chiclayo, del Plan de Desarrollo Metropolitano y el plan de demarcación de territorial y del medio ambiente.
¿Y qué hacer para contar con un verdadero mercado Modelo? ¿O la solución es la creación de mercados descentralizados?
Si tenemos en cuenta factores como el crecimiento de la población urbana de Chiclayo, el crecimiento desordenado de transporte urbano y el crecimiento vertical de las zonas urbanas, la solución se encamina hacia los mercados descentralizados, que deberán estar ubicados en los cuatro puntos cardinales, además de los mercados zonales. La pandemia del COVID-19, el trabajo a distancia, la educación a distancia y el delivery, son factores que no pueden ser ignorados. Los mercados descentralizados deberán estar de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
¿Por qué se hace necesario desarrollar un parque tecnológico para Chiclayo?
El parque tecnológico de innovación, investigación y desarrollo debe ser el producto del acuerdo de los siguientes agentes: el Gobierno Nacional (Concytec), Gobierno Regional de Lambayeque, la academia y los empresarios. El primero, facilitando recursos para la investigación e innovación; el segundo, investigando y presentando resultados a la comunidad; el tercero, utilizando los resultados y pagando los servicios de investigación y tecnología, además de mejorar su productividad y competitividad, que en definitiva deben crear nuevas fuentes de empleo y producción. Los actores de los parques tecnológicos mediante sinergia benefician a la comunidad y sus resultados redundan en cada actor constituyente, que si lo hicieran en forma independiente.
¿Cómo hacemos para dotar a la ciudad de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe de su drenaje pluvial, agua y alcantarillado? ¿Cuál es la solución?
Desde el 2018, el Colegio de Ingenieros de Lambayeque viene impulsando el proyecto para el abastecimiento de agua potable y el sistema de recolección a las poblaciones de la región Lambayeque. El anteproyecto, en general, consiste en utilizar como fuente principal de agua para consumo poblacional a la proveniente del reservorio de Tinajones (320 millones de metros cúbicos), como resultado de los trasvases de los ríos Conchano, Chotano y Chancay. Mediante captación lateral y tratamiento del agua en una planta, se trasladaría por gravedad al 90 % de la población de Lambayeque. Se dejaría de lado las lagunas Boró I y II, fuente de contaminación.
El problema es que, entre marzo y abril se aprobó otro anteproyecto que consiste en mejorar el sistema actual de tratamiento y distribución del agua a Chiclayo y tres distritos importantes. Este proyecto ha merecido el rechazo de ACIL y otras asociaciones civiles. La solución debe ser el tratamiento integral: agua para todos y por etapas, mediante distribución por gravedad, con el aporte de la población.
¿Cómo manejar el tema de los residuos sólidos en las tres provincias?
En setiembre de 2020, el gerente de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Chiclayo declaró que en noviembre próximo estarán concluidos los trabajos de construcción de las celdas transitorias para tratamiento de los residuos sólidos, que se genera en los distritos de José Leonardo Ortiz, La Victoria, Chiclayo, Reque y Zaña, con una inversión aproximada de nueve millones de soles, en 41 hectáreas de las 400 hectáreas que tiene la comuna chiclayana en las pampas de Reque. Las celdas transitorias son instalaciones para la disposición segura de los residuos sólidos municipales, con un tiempo de vida útil de tres años hasta contar con un relleno sanitario, y cumplir con todos los estándares ambientales internacionales para no contaminar el aire, el suelo ni el agua. No tenemos información del estado en que se encuentra esta inversión municipal y es obvio que la ciudadanía exige saber cómo se va a resolver este grave problema que afrontamos todos los chiclayanos.
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Insisto, el desarrollo de la región está en la población, en sus instituciones y sus autoridades públicas y privadas, que en manera concertada trabajan en acciones orientados a objetivos específicos. Una vez materializados tendrán un efecto multiplicador y/o acelerador del desarrollo que compartirá toda la mancomunidad del norte. Hoy no podemos darnos el lujo de esperar y de postergar oportunidades. Todos tenemos un rol que cumplir. En este sentido estamos jugando los descuentos.
A una hora y media de Lambayeque se ubica el distrito de Salas, un pueblo pujante que por muchos años ha sido olvidado por las autoridades nacionales y regionales. Según el último Censo Nacional Poblacional, el 66.5 % de habitantes vive en pobreza y el 19.62 % en pobreza extrema. Para cambiar esta realidad – explica su alcalde Antony Mesones Flores – desde la municipalidad se ha emprendido una labor orientada a modificar las estructuras productivas y comerciales del distrito, a fin de promover una agricultura de exportación.
En ese marco, la comuna apostó desde el 2019 por la siembra de orégano, producto muy cotizado en el mercado internacional, que encaja con las condiciones de las tierras en Salas. Actualmente, en el distrito se siembran entre 35 y 40 hectáreas de esta especia, en la que están involucradas alrededor de 50 familias.
Gracias a la instalación de una Oficina Agraria, conformada por ingenieros agrónomos y especialistas en comercio internacional, los productores de orégano reciben constante capacitación para hacer cada vez más atractivos sus cultivos al mercado alemán, que por ahora es el destino de las exportaciones.
EXPANSIÓN
“El orégano es como la alfalfa, se produce cada tres o cuatro meses. En Salas tenemos un promedio de cuatro cosechas al año. Esta iniciativa ya ha llamado la atención de muchos lugares. El año pasado vinieron cinco alcaldes de la mancomunidad Serrán (Bajo Piura), quienes visitaron los campos de cultivo. Ahora a ellos se les venden las semillas, porque también quieren ingresar a la producción, ya que este es un cultivo muy rentable para el mercado europeo, de una alta demanda y sostenibilidad”, asevera.
Actualmente, los caseríos de Tempón Alto, Tempón Bajo, Humedades Alto, Humedades Bajo y Pueblo Nuevo son los que se dedican a la siembra del orégano. Además, se han establecido alianzas con empresas agroexportadoras.
“En este momento estamos en pleno proceso de expansión del cultivo de orégano a otros caseríos. El año pasado prácticamente esta labor se paralizó, pero este año queremos alcanzar a más, porque el mercado internacional nos pide un promedio de 90 hectáreas para iniciar. Ahora estamos exportando pequeñas cantidades, pero para asegurar el destino necesitamos 90 hectáreas. Por eso estamos en el proceso de comprometer a más productores. Este cultivo les cambiará su vida”, sostiene.
PANELA ORGÁNICA
Mesones Flores cuenta que tradicionalmente en la zona media de Salas se ha sembrado caña de azúcar, de la cual se elabora la chancaca y el aguardiente para la venta del mercado interno. Sin embargo, desde el 2019 se impulsó con los agricultores de algunos caseríos como El Naranjo, El Sauce y Succha la producción de panela orgánica, que es un producto con mayor rentabilidad en el marcado exterior.
A la fecha, indica que cerca del 80 % de los agricultores de la caña de azúcar ya están inmersos en la producción de panela orgánica. En la parte baja de Salas (costa) también se ha hecho una labor de persuasión con quienes se dedicaban a la siembra maíz, frijol y frijol chileno. A todos ellos se les ha organizado y poco a poco se están asociando.
“Hay una asociación y una empresa ya constituida, que también está articulada con el mercado alemán. Al inicio fue solo un pequeño grupo de agricultores los que apostaron por la panela orgánica, pero cuando vieron que esto sí funcionaba se fueron acoplando más personas. Es natural que tengan miedo, pero la Oficina Agraria nos ayuda a articularlos”, asevera.
Asimismo, manifiesta que en la parte altoandina del distrito también han iniciado el cultivo de la granadilla ‘colombiana’, producto también de gran demanda internacional.
ASOCIATIVIDAD
Mesones Flores resalta que la municipalidad viene trabajando en la conformación de cooperativas agrarias con los productores de los centros poblados Penachí y Colaya, así como con algunos caseríos, a fin de lograr que en el futuro sean ellos mismos los que directamente exporten.
Sin embargo, uno de los problemas con los que se ha topado la gestión municipal es que por efecto del COVID-19 muchos productores se han descapitalizado, en virtud de lo cual se viene coordinando con Agroideas y Agrobanco el otorgamiento de créditos financieros.
“No solo se trata de decirles hay que sembrar este producto, sino también de ayudarles. Ahora cuando alguien viene y pregunta si le pueden vender la semilla para sembrar orégano, lo contactamos con los productores y estos a su vez le dicen que antes deben pertenecer a la asociación, porque todos trabajan articulados. Uno solo no puede vender”, explica.
Al respecto, el 20 de abril llegó al distrito de Salas el exacalde de Villa El Salvador (Lima) Michel Azcueta Gorostiza, quien se interesó en octubre del año pasado por esta iniciativa municipal, tanto del orégano como de la panela. Con él se firmó un convenio marco de cooperación, a fin de lograr el enlace con firmas internacionales para seguir impulsando la exportación.
“Lo que nos interesa ahora es consolidar estos modelos de desarrollo del orégano, la panela orgánica y la granadilla colombiana, para que se pueda dar sostenibilidad y fuerza a estas propuestas. Sabemos que la gestión es corta, el otro año terminamos, pero queremos que esto permanezca en el tiempo”, sostiene.
AGUA
Por otro lado, destaca que, para asegurar la sostenibilidad de estos productos, la Municipalidad de Salas viene trabajando un proyecto con Sierra Azul, unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura, mediante la cual se busca “sembrar” y “cosechar” agua.
“Estamos inmersos en un proyecto innovador, único en el norte del Perú, para la siembra del agua. Vamos a hacer zanjas de infiltración en el valle de Chacuacapampa, que es el más alto de Penachí, está en la cabecera de cuenca, y una cobertura arbórea. Así vamos a empezar a cosechar agua y en los próximos cinco años incrementaremos gradualmente la cantidad del recurso hídrico en la zona altoandina”, anota.
Este proyecto se iniciará con la construcción de 34.66 kilómetros de zanjas de infiltración y la cobertura arbórea de 72 hectáreas con especies nativas.
Para la parte baja del distrito, señala que la municipalidad también está trabajando en un proyecto con Sierra Azul, pues en el afluente se pierde el 60 % del agua. Por ello, la comuna ya presentó un expediente para la construcción de un canal de 14 kilómetros, que ayudará a la irrigación de los caseríos de la zona costera.
“También estamos utilizando el agua del subsuelo y tenemos un proyecto con Agroideas para implementar con este grupo de productores el riego tecnificado. Con el orégano debemos tecnificar, así se ahorrará cerca del 70 % del gasto de lo que es agua y se mejorará la efectividad”, asevera.
PANDEMIA
Según el reporte del Comando Covid Sipán, en Salas se han detectado 266 contagios del COVID-19 y diez fallecidos. El burgomaestre explica que cada vez se hace más difícil mantener a las personas en sus domicilios, pues muchos trabajan en las fábricas de Olmos y Motupe, lo cual les obliga a viajar.
Indica que el año pasado la municipalidad recibió apoyo del Ministerio de Salud y del gobierno regional, pero en lo que va del 2021 todavía no ha recibido ningún tipo de auxilio para combatir la pandemia.
“Le pido al gerente de Salud y al gobernador regional que nos apoye con medicamentos para el tratamiento del COVID-19 en su etapa inicial. Tenemos carencia de fármacos en el centro de salud”, señala.
Además, refiere que la única fuente de financiamiento que tiene actualmente la comuna es el Fondo de Compensación Municipal, el cual hasta el 2019 solía alcanzar los 300 mil soles por mes, pero desde el inicio de la pandemia se redujo en cerca del 40 %. Ahora se les destina entre 230 mil y 250 mil soles.
Apunta que la municipalidad cuenta con 53 trabajadores, de los cuales la mayoría realiza trabajo virtual.
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Agencia de empleos. En lo que va de la gestión de Marcos Gasco Arrobas como alcalde de Chiclayo, el municipio ha destinado casi 10 millones de soles para pagar sueldos a trabajadores temporales, locadores que son incluidos en la planilla engrosando el gasto, los mismos que por la naturaleza de su contratación no están obligados, si quiera, a cumplir un horario fijo.
Siete regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo solicitaron este lunes al alcalde Marcos Gasco Arrobas que remita la información correspondiente de los documentos que dieron lugar a los contratos por locación de servicios de cuatro ciudadanos, que presuntamente habrían trabajado en el restaurante Ventarrón, de propiedad de la autoridad edil.
Los regidores firmantes son Karina Villegas Campos, Percy Espinoza Gonzales, Jony Piana Ramírez, Orlando Puell Varas, Pedro Ubillús Falla, Pamela Alva Carranza y Randy Vegas Díaz.
Según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los funcionarios de la comuna - por disposición del alcalde - cuentan con siete días hábiles para entregar la información a los munícipes.
En diálogo con Expresión, el regidor Percy Espinoza señaló: "Por el momento lo que estamos haciendo es solicitar la información para determinar la veracidad de las denuncias que hemos recibido. Luego dependerá del ente encargado señalar si hubo una falta o un delito".
LOS CONTRATADOS
El primero en la lista de los ahora exempleados del municipio es Jordan Iván Burga Mondragón, quien fue chef para el restaurante “Ventarrón”.
Burga Mondragón aparece en los registros municipales con tres órdenes de servicio (N° 0652, 01259 y 00198), que fueron emitidas entre septiembre del 2020 y febrero de este año por un total de ocho mil 400 soles.
Las dos primeras contrataciones del ex cocinero del restaurante del alcalde se dieron para el servicio de promotor en la subgerencia de Promoción de la Familia y en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM). En tanto, última contratación fue para “apoyo en coordinación de trabajos de campo” para el CIAM.
Similar es la situación de Leonor Guevara Sánchez, a quien la municipalidad también le desembolsó ocho mil 400 soles con tres órdenes emitidas entre octubre del 2020 y marzo de este año.
A Guevara Sánchez se le contrató como promotora del CIAM y de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad – OMAPED, dependencia en la que también se contrató a Josué Edwin Delgado Medina, quien trabajó en el bar de la empresa gastronómica de Gasco Arrobas.
Este también cobró ocho mil 400 soles, según las órdenes de servicio N° 00201, 01260 y 0653.
Otro extrabajador del restaurante es Fabian Chuquipoma Vásquez, contratado como promotor para el municipio por ocho mil 400 soles mensuales.
LA CONSULTORA
También está el caso de Doris Llatas Quispe quien según su propia información es consultora de belleza de la compañía de cosméticos UNIQUE y no registra estudios superiores ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria - SUNEDU.
Sin embargo, el año pasado, Llatas Quispe cobró a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, bajo la administración del alcalde Marcos Gasco Arrobas, 24 mil soles.
Documentación a la que Expresión accedió evidencia que el 17 de febrero del 2020, se giró a nombre de Llatas Quispe la Orden de Servicios N° 0000109, por la suma de 18 mil soles, en atención al servicio solicitado por la alcaldía con el Memorando N° 002-2020-MPCH/A.
Según el portal de Proveedores del Estado, la orden se emitió por Requerimiento de un Servicio de Apoyo Operativo.
La orden de servicio se emitió a favor de Doris Llatas 40 días después que esta tramitara su Registro Único de Contribuyente - RUC, según información de la SUNAT, como persona natural sin negocio.
Un segundo pago a favor de Llatas Quispe es el autorizado el 19 de octubre del año pasado, en plena pandemia, por la suma total de seis mil soles. Este segundo pago se realizó por Servicio de Apoyo Administrativo.
Expresión se comunicó al teléfono celular registrado por Llatas Quispe como proveedora. Empero, no hubo respuesta. Un tercer pago a favor de la trabajadora ascendería a 12 mil soles.
