Preocupante. La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional – OCI de Electro Norte S.A, ha encendido las alarmas por las condiciones en las que se encuentra la infraestructura eléctrica de media y baja tensión en el distrito de La Victoria, advirtiendo que por estas razones la empresa prestadora podría ser multada por el organismo regulador.
Con el Oficio N° 023-2019-OCI/ENSA, la jefe del Órgano de Control Institucional – OCI, Rosamaría Godoy Vallejos, dio cuenta al presidente del Directorio del Grupo Distriluz, José Stok Capella, de las conclusiones del Informe de Visita de Control N° 001-2019-OCI/4255-VC, documento en el que se detallan las diferentes observaciones planteadas al mantenimiento de las redes de media y baja tensión que administra la Electro Norte S.A, recomendándole valorar los riesgos hallados y que disponga de las acciones preventivas correspondientes, las cuales debieron ser comunicadas en un plazo no mayor a 10 días hábiles. El oficio fue elevado el 5 de abril.
MAL ESTADO
Uno de los hallazgos del órgano de control es el mal estado de las redes de media y baja tensión, lo que ocasiona el riesgo de interrumpir el servicio eléctrico, vulnera la seguridad pública y genera las condiciones para que la empresa sea multada por el ente regulador.
En el informe se describe que en la Avenida Chinchaysuyo se identificó un poste nuevo de las redes de baja tensión que ha sido instalado al lado de uno antiguo, pendiente de retiro, en tanto en la cuadra 5 de la Avenida Los Amautas, en el distrito de La Victoria, se verificó la existencia de un poste antiguo de media tensión también pendiente de retiro.
En las calles Fraternidad y Shinchi Roca, también del distrito de La Victoria, se encontró postes de baja tensión en mal estado de conservación y el deterioro de su estructura “con grietas profundas, dejando al descubierto el acero de refuerzo, el mismo que se encuentra corroído”.
En la calle Las Ñustas los auditores también encontraron un poste de baja tensión con fisuras e inclinación, propenso al colapso, en tanto en la calle Huayna Capac se identificó una caja del tablero de medición de recloser sin tapa, situación hallada también en la Subestación Eléctrica 463.
Para la Contraloría, estos hallazgos van en contra del Artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas, que señala que los titulares de la concesión están obligados a “conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones adecuadas para su operación eficiente”, mientras que el Código Nacional de Electricidad ordena que las líneas y equipos que se encuentren permanentemente abandonados deben ser retirados o mantenidos en condiciones seguras.
MEDIDORES
También se identificó la falta de condiciones adecuadas en acometidas aéreas y cajas de medidores de energía. Estos casos se registran en las calles Ollantay y Lloque Yupanqui, también del distrito de La Victoria, así como en la Avenida Los Amautas, donde se encontró cajas de medidor de energía sin tapa y con los cables expuestos y equipos energizados.
En otras calles como Unión y Manuel Seoane se halló acometidas (conexiones) domiciliarias que presentan fijación precaria, medidores de energía sin fijación colgados de postes de baja tensión y cables que atraviesan la vía pública.
Del mismo modo se advirtió que en la Avenida Unión existen cables autoportantes y estructuras de baja tensión que se encuentran a menos de un metro de las edificaciones, en tanto en la calle Huayna Capac un transformador de la Subestación 463 se ubica a menos de dos metros y medio de una vivienda.
En la calle Las Ñustas se observó una estructura de la Subestación 385 también próxima a una edificación, mientras que en la calle Lloque Yupanqui se halló un conductor autoportante en contacto con un árbol.
La Ley de Concesiones Eléctricas establece parámetros respecto a la ubicación de las instalaciones eléctricas y las edificaciones, e incluso norma la poda de árboles que puedan interferir en el tendido de las redes o generar alguna afectación a la seguridad.
Por las omisiones detectadas en el mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas, ENSA podría ser multada por el ente regulador, en este caso el Organismo Supervisor de las Inversiones en Energía y Minería – OSINERMING.
Ante la problemática de los hospitales del Seguro Social de Salud – EsSalud, en Lambayeque, respecto al traslado de pacientes, equipos médicos y profesionales de la salud de la torre A del Hospital Naylamp hacia el Luis Heysen Inchaústegui, a causa de una orden de desalojo por deudas con la Oficina de Normalización Provisional –ONP, los jubilados del departamento exigen que se tenga en consideración que el nosocomio inaugurado en el 2010 iba a constituirse en un centro médico para la atención de adultos mayores.
El presidente de la Federación Unificada de Cesantes, Jubilados y Pensionistas de Lambayeque, Julio Olivos Cabrera, afirma que su gremio, el cual congrega a nueve mil afiliados, tuvo el ofrecimiento a mediados del año pasado de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli Aristondo, de convertir al Hospital Luis Heysen Inchaústegui en un nosocomio geriátrico.
“Nos sentimos burlados. Venimos luchando desde hace años por tener un hospital especializado para adultos mayores, pero ahora que los adscritos del Naylamp van a pasar al Luis Heysen, ¿ya qué espacio va a quedar para nosotros?”, cuestiona.
ANHELO TRUNCO
Olivera Cabrera cuenta que en el 2016, tras varias gestiones, la presidenta ejecutiva de EsSalud de aquel entonces, Virginia Baffigo de Pinillos, señaló que la Red Asistencial de Lambayeque sería la primera a nivel nacional en contar con un policlínico funcional geriátrico que atendería a 14 mil adultos mayores de 60 años adscritos a EsSalud.
La titular de EsSalud de ese entonces manifestó que este policlínico brindaría atención en consulta externa geriátrica y otras especialidades como odontología, cardiología, oftalmología, urología y gastroenterología.
Además, en el policlínico también se brindaría atención complementaria de urgencia como la curación de heridas, nebulizaciones, colocación de sondas, retiro de puntos, terapia de memoria, entre otras. La promesa cayó en saco roto.
Apunta que en el 2017 su gremio elaboró junto a un equipo técnico multidisciplinario un documento que explicaba la necesidad que tiene Lambayeque de contar con un hospital geriátrico, el cual fue entregado a las autoridades del país a todo nivel.
Tras algunas gestiones en las que el congresista Marvín Palma Mendoza fungió como un aliado, lograron que la actual presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli Aristondo, ofrezca convertir al Hospital Luis Heysen Incháustegui en un nosocomio para adultos mayores.
“Recuerdo que incluso en una oportunidad llegó el jefe de Imagen Institucional de EsSalud y nos hizo grabar un video en la puerta del Hospital Heysen gritando ‘Heysen, amigo de los jubilados’. Nos hizo repetir tres veces la grabación hasta que saliera bien. A los pocos días, cuando llegó la doctora Molineli le agradecimos personalmente por la decisión tomada y nos dijo que este proyecto iba para adelante”, evoca.
No obstante, el 21 de marzo de este año la ONP solicitó al Poder Judicial que se ejecute la orden de desalojo de la torre A del Hospital Naylamp a causa de la demanda que el ente de pensiones le ganó al nosocomio por el vencimiento del contrato de alquiler que mantenía con este y la falta de pago del mismo.
Dicha medida ocasionó que desde la Presidencia Ejecutiva de EsSalud se decida trasladar a los pacientes, cuerpo médico y equipos del Hospital Naylamp al Luis Heysen Icháustegui, el cual atiende a 80 mil adscritos y que de por sí ya se encuentra saturado, tal como lo señaló el presidente del Cuerpo Médico de este nosocomio, Manuel Soria Alvarado, en la Edición 1112 de
EXPRESIÓN.
Ante este panorama, Julio Olivos apunta que el ofrecimiento de Molinelli Aristondo ha caído en saco roto, toda vez que el Hospital Heysen quedaría imposibilitado de convertirse en un centro médico exclusivo para la atención de adultos mayores. Es más, los pacientes geriátricos no tendrían espacio en este nosocomio.
“En abril enviamos un documento a la sede central de EsSalud en Lima para que la doctora Molinelli nos explique en qué situación quedamos los adultos mayores, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta”, asevera.
De los 130 mil adultos mayores en Lambayeque, la red asistencial de EsSalud atiende a 70 mil pacientes. De los 26 mil adultos mayores que reciben una pensión de jubilación, aproximadamente 10 mil son pacientes de la seguridad social.
PENSIONES
Por otro lado, Olivos Cabrera manifiesta que, después de 18 años, los jubilados del régimen regulado por el Decreto Legislativo Nº 19990, lograron que se les aumente las pensiones.
Según el Decreto Supremo Nº 139-2019-EF, los pensionistas que reciben el monto base de 415 soles, percibirán el aumento de 85 soles a partir de junio, mientras que quienes perciben entre 415 y 857 tendrán un incremento proporcional según una fórmula estipulada en dicha disposición. En tanto, quienes perciben 857 recibirán 35 soles adicionales.
Julio Olivos señala que el 30 % de los jubilados en el departamento perciben el monto piso de este régimen, por lo cual vienen luchando desde la Central de Jubilados en Lima para que este aumento que han recibido sea sostenido. Es decir, que cada año tengan un incremento hasta completar el equivalente a una canasta básica familiar.
“Hoy ni siquiera el sueldo mínimo alcanza para una canasta básica, imagínense nosotros. El aumento que hemos tenido es significativo, pero totalmente insuficiente”, asevera.
FONAVI
Finalmente, señala que otra de sus luchas ahora es lograr que todos los aportantes al Fondo Nacional de Vivienda – FONAVI, cobren lo que le corresponde, dado que el Decreto Supremo Nº 016-2014-EF señala en su artículo 14 que, según la Ley Nº 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, que son excluidos del proceso de devolución aquellos que hayan sido beneficiados con recursos de este fondo directa o indirectamente, entendiéndose por esto el acceso a créditos o programas de vivienda, agua, saneamiento o electrificación.
Apunta que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema a través de la sentencia sobre el Expediente Nº 008-2017-AI/TC, del 8 de noviembre de 2018, referente a la demanda de inconstitucionalidad contra la disposición antes señalada. La sentencia señala en sus artículos 70 y 71 que el procedimiento de devolución de los aportes debe ser regulado por el Congreso de la República en colaboración del Poder Ejecutivo y la Comisión Ad Hoc.
Esta última la integran dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, dos representantes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, dos representantes de la Oficina de Normalización Previsional – ONP, y tres representantes de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú – ANFPP.
Olivos Cabrera manifiesta que ahora están esperando que esto se debata en el Congreso. La consigna es que ningún jubilado se vea excluido de percibir esta devolución.
“El gobierno olvida que ejecutar proyectos de agua y desagüe, así como poner luz a los pueblos y es una tarea suya. No se nos puede excluir de la devolución del pago de nuestras aportaciones por haber recibido del Estado algo que es competencia suya”, sentencia.
Mediante Oficio N° 036-2019-MDP/GM, del 15 de abril pasado, el gerente de la Municipalidad Distrital de Pimentel hizo de conocimiento del gerente regional de la Contraloría General de la República que mediante Informe N° 104-2019-SCIPC.MDP, de la Subgerencia de Infraestructura, se realizó una inspección de campo el 25 de marzo para verificar el estado situacional y operativo del proyecto “Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la Urbanización Fermín Ávila Morón”, constatando que el abastecimiento de agua potable se realiza en horarios determinados, pese a que el objetivo de la obra fue suministrar del recurso las 24 horas del día a los pobladores de la zona.
Los horarios de abastecimiento actualmente son: de 6:00 a 9:00 de la mañana, luego de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Expresión denunció este hecho en la Edición 1106.
Los moradores manifiestan que el 24 de marzo pasado hubo una filtración de agua en la zona, originada por averías en las redes antiguas, las cuales hasta la fecha no han sido clausuradas, manteniéndose activas, a pesar de haberse instalado una nueva red de distribución.
Estos hacen hincapié que durante la ejecución de la obra se produjeron daños al pavimento y cerámica de las viviendas aledañas, evidenciándose la colocación de accesorios mal instalados, situaciones que a la fecha no han sido subsanadas por el ejecutor de la obra, en este caso la empresa R & M Bioconstrucciones SAC, que inclusive habría instalado tres electrobombas sumergibles de la cámara de bombeo de calidad no recomendada, las cuales al momento de la visita realizada se encontraban inoperativas, funcionando el sistema por rebose, siendo las aguas servidas descargadas al dren colindante.
In situ también se pudo verificar – refiere el informe – la existencia de 74 buzones, ocho de los cuales presentan características de antigüedad en su construcción, lo que estaría demostrando que los mismos no habrían sido renovados al momento de la ejecución del proyecto.
DIRIGENTES
Expresión tuvo la oportunidad de conversar con el teniente gobernador de la jurisdicción, Manuel Tejada Carrasco, y el presidente de la Asociación de Propietarios de la Urbanización Fermín Ávila Morón, Segundo Goycochea Paredes, en forma contundente manifestaron que la obra tiene serias deficiencias en su ejecución, las cuales pese a la serie de advertencias y comunicaciones cursadas a la fecha no han sido subsanadas, ya que el servicio de abastecimiento del agua potable se brinda por horas y la evacuación de las aguas servidas se realiza mediante las bombas sumergibles, presumiéndose que alguna de ellas inclusive ya no funcionan.
El sistema de bombeo se realizando utilizando dichas bombas en forma manual y no eléctrica, como técnicamente debería realizarse, por lo que se presume que las aguas residuales son almacenadas para luego alcanzar su nivel en el reservorio construido en las cámaras de bombeo y luego ser evacuadas por horas hacia la laguna de oxidación, utilizando previamente el sistema de rebose para su desembocadura en el dren que colinda con la urbanización.
RECEPCIÓN DE OBRA
El 1 de marzo del 2018 se constituyó al lugar de la ejecución de la obra la Comisión de Recepción de Obras de la Municipalidad Distrital de Pimentel, presidida por el ingeniero Jorge Fallaque Collantes, los miembros ingeniero Edgar Paiva Chero y el contador Simón Mendoza Ramírez; por el contratista R&M Bioconstrucciones SAC el ingeniero Miguel Huancaruna Campos, el residente de la obra, ingeniero Manuel Puicón Ramírez, y en representación de EPSEL el ingeniero José Humberto Quiñones Yahiro, supervisor de obra (primera etapa) y a la vez coordinador del proyecto, con la finalidad de verificar el levantamiento de observaciones, de acuerdo al acta del 29 de enero del 2018, procediendo luego de la inspección de campo con la recepción de la obra mediante la suscripción de la referida acta por todos los firmantes mencionados.
TRANSFERENCIA A EPSEL
Mediante el Oficio N° 151-32019-EPSEL SA, del 8 de marzo pasado, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL, hace de conocimiento a la autoridad edil de la comuna pimenteleña que el proceso de transferencia de la obra en mención continua pendiente por falta de la subsanación de observaciones de carácter administrativo.
Las observaciones no resueltas son: el saneamiento físico legal de los terrenos donde se ha construido la infraestructura sanitaria y el tanque elevado, inexistencia de la declaratoria de fábrica de la infraestructura sanitaria, del tanque elevado y de las obras construidas en la cámara de bombeo y carencia del Certificado de Desinfección del reservorio de almacenamiento.
En tanto, la gerencia municipal de la actual gestión ha cursado el Oficio N° 029-2019-MDP/GM a EPSEL, mediante la cual le solicita dar respuesta a sus peticiones respecto al horario del servicio de agua potable que se viene brindando a la población, la clausura de las redes antiguas, si existen empalmes no contemplados en el expediente técnico, entre otros aspectos formales.
+ NOTICIAS
El Órgano de Control Institucional – OCI, de la Sociedad de la Beneficencia de Chiclayo continúa detectando irregularidades en el manejo de los programas sociales de la entidad. Esta vez se trata de los comedores “9 de Octubre” y “Primero de Mayo”, donde se atiende a personas que no se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad, además de malos manejos en la inocuidad de los alimentos.
Así se indica en el Informe de Visita de Control N° 006-2019-OCI/0512-VC, “Verificación de beneficiarios y atención alimentaria a los centros de apoyo ‘9 de Octubre’ y ‘Primero de Mayo’”, suscrito el 24 de mayo.
La Beneficencia de Chiclayo tiene por finalidad prestar servicios de protección social de interés público en su ámbito local provincial a las niñas, adolescentes y personas adultas mayores que se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad, por lo que ha implementado los Centros de Apoyo Alimentario.
A los niños y adultos mayores se brindan desayunos y almuerzos en los centros “9 de Octubre”, “Primero de Junio”, “Primero de Mayo” y “Cruz de la Esperanza”. En la Edición 1114, Expresión dio cuenta de lo detectado por la Contraloría General de la República en el manejo de la asistencia alimentaria a los ancianos beneficiarios en el centro “Divino Niño Jesús”.
Estas dependencias están a cargo de la Gerencia de Asistencia y Promoción Social, encargada de planificar, monitorear y conducir las actividades de promoción y apoyo social de la población objetivo, en tanto la Subgerencia de Asistencia Social orienta sus acciones a través del servicio de apoyo alimentario en los diferentes programas y el comedor institucional a las personas que carecen de recursos y/o requieren apoyo para cubrir las necesidades básicas de alimentación.
Otra área involucrada es la Subgerencia de Promoción y Desarrollo Humano, que realiza los estudios sociales de oficio para focalizar, evaluar e identificar a la población en extrema pobreza y proponer su atención.
De lo presupuestado para este año en la beneficencia para programas sociales, monto que asciende a ocho millones 578 mil 730 soles, se ha destinado para el funcionamiento de los Centros de Apoyo Alimentario “9 de Octubre”, “Primero de Mayo”, “Cruz de la Esperanza”, “Primero de Junio” y el Comedor Popular SBCH, un total de 749 mil 331 soles, de los cuales 89 mil 428 están destinados al apoyo al niño y adolescente en abandono y 659 mil 903 soles para apoyo al niño y adolescente en riesgo.
SIN REGLAMENTO
OCI concluye que no existe reglamento, directiva u otra disposición interna que defina los lineamientos generales para la focalización de beneficiarios de los Centros de Apoyo Alimentario, así como el monitoreo y supervisión de estos, lo que origina una deficiente focalización y supervisión.
El órgano de control solicitó a mediados de abril pasado a la Gerencia de Asistencia y Promoción Social que informe si la entidad cuenta con procedimientos para la focalización, monitoreo y supervisión de los programas sociales, respondiendo esta que para tales efectos se utilizan el diagnóstico socioeconómico de los lugares identificados para la intervención, así como las solicitudes que realizan las organizaciones de base, realizándose la focalización y calificación de los posibles beneficiarios con visitas domiciliarias y entrevistas.
A esto se suma que la entidad no tiene un reglamento o directiva u otra disposición interna que defina los lineamientos generales sobre el funcionamiento del servicio alimentario brindado por los Centros de Apoyo Alimentario. La justificación dada por la beneficencia es que los programas sociales son actividades incluidas en los documentos de gestión institucional y que se ejecutan a través de la gerencia correspondiente, “por lo que no ha sido necesario contar con un manual o reglamento”.
BENEFICIARIOS NO CALIFICADOS
El Órgano de Control Institucional identificó que las raciones de almuerzo destinadas a los beneficiarios de los Centros de Apoyo Alimentario “9 de Octubre” y “Primero de Mayo” son distribuidas también a terceros, lo que ocasiona que los beneficiarios debidamente inscritos no reciban la asistencia necesaria.
El 5 de abril, con el Oficio N° 000051-2019-SBCH/OCI, se solicitó a la gerencia general de la beneficencia las fichas socioeconómicas y el número de beneficiarios de ambos centros, recibiendo la respuesta con el Informe N° 82-2019-GAPS-SBCH, del 12 de abril, emitido por la Gerencia de Asistencia y Promoción Social, especificando que en el Centro de Apoyo Alimentario “9 de Octubre” se brinda desayuno y almuerzo a 41 personas, mientras que en el centro “Primero de Mayo”, se atiende a 47 beneficiarios.
“Durante la visita in situ realizada por la Comisión de Control a los Centros de Apoyo Alimentario ‘9 de Octubre’ y ‘Primero de Mayo’, durante los días 7, 8 y 9 de mayo del 2019, se verificó que las raciones de almuerzo destinadas a los beneficiarios, son otorgadas también a usuarios que no se encontraron inscritos en la lista proporcionada por la auxiliar de nutrición de los referidos centros de apoyo alimentario”, detalla el OCI.
Este hecho va en contra del Decreto Legislativo N° 1411, “Decreto legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las Sociedad de Beneficencia”, publicado el 12 de septiembre del 2018.
El Artículo 2 de dicha norma señala que “las sociedad de beneficencia tienen por finalidad prestar servicios de protección social de interés público en su ámbito local provincial, a las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad de manera complementaria a los servicios que presta el Estado, bajo los enfoques de derechos, género, intercultural e intergeneracional”.
En tanto, el Artículo 16 indica que “los servicios de protección social son aquellos que atienden de manera permanente las necesidades de la población vulnerable determinadas por el ente rector. Se establecen según el diagnóstico situacional de la población de la jurisdicción donde funciona la sociedad de beneficencia, y de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio y Poblaciones Vulnerables”.
SIN FOCALIZACIÓN
“La entidad no efectúa una adecuada focalización de los beneficiarios, lo que ocasionaría que el servicio no sea brindado a personas en situación de riesgo o vulnerabilidad”, señala en otra parte de su informe el órgano de control, precisando que de la revisión efectuada a las fichas de inscripción y fichas sociales de beneficiarios de los Centros de Apoyo Alimentario “9 de Octubre” y “Primero de Mayo”, remitidas por la Gerencia de Asistencia y Promoción Social, así como de la verificación del Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares, se advierte que un total de 72 beneficiarios no tienen clasificación socioeconómica.
“De la visita in situ realizada por la Comisión de Control a los domicilios de una muestra selectiva de beneficiarios de los centros de apoyo alimentario se verificó que algunos de los beneficiarios no viven en situación de pobreza ni pobreza extrema, toda vez que en algunos casos las familias cuentan con casas propias, construidas con material noble, y en algunas de ellas funcionan establecimiento comerciales (bodegas)”, precisa el informe del OCI.
A ello se suma que las fichas de inscripción de los beneficiarios tienen información incompleta y tampoco existen fichas socioeconómicas de beneficiarios inscritos en el programa social.
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
OCI determinó también que los Centros de Apoyo Alimentario no cuentan con un plan y programa de capacitación de higiene y manipulación de alimentos dirigido al personal encargado de la preparación de alimentos. Esto se corroboró con el Oficio N° 01-2019-GAPS-SBCH, del 17 de mayo, en el que la Gerencia de Asistencia y Promoción Social, reconoce: “Nuestra institución no cuenta con un Plan en Temas Relacionados a Nutrición, Manipulación y Preservación de alimentos al personal encargado de la preparación de los alimentos”.
También se encontró a personal ajeno al ambiente de cocina del Centro de Apoyo Alimentario “Primero de Mayo”, que además no llevaba puesta la indumentaria adecuada.
Los alcances del informe fueron puestos de conocimiento al presidente de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, Oswaldo Mendoza Otiniano, con el Oficio N° 000102-2019-SBCH/OCI, del 24 de mayo.
Graso error es el que contiene el expediente técnico elaborado por encargo del Gobierno Regional de Lambayeque, cuyo objeto es la creación de los servicios de educación inicial escolarizada en las instituciones educativas N° 1156 “El Marco”, N° 11153 “El Verde”, N° 10208 “Túcume”, N° 10227 “San Bernardino” y N° 499 “Hacienda Sasape”, en los distritos de Jayanca y Túcume.
Expresión tuvo la oportunidad de presenciar el acto público de presentación y admisión de ofertas que se realizó los días 23 y 24 de mayo, comprobando que para este procedimiento se registraron más de una centena de postores, quienes luego de ser llamados por el presidente del Comité de Selección solo se presentaron 36, de los cuales únicamente fueron admitidos 10 y dos quedaron pendientes para subsanar algunos documentos incluidos en su oferta que fueron observados por el comité.
La evaluación de las ofertas realizada por el Comité de Selección, presidido por Wilder Vásquez Guerrero y sus miembros José de La Rosa Barba Maique y José Giancarlo Huamán Vargas, fue extremadamente minuciosa y exhaustiva, tal es así que solo una mínima parte de los postores fueron admitidos, quedando fuera de carrera la mayoría de ellos, dentro de los cuales se encontraba el Consorcio Brisa, cuyo representante, al escuchar que su oferta no era admitida, recurrió al presidente del comité a fin de que reconsidere su decisión, por cuanto su precio ofertado sí cumplía con el monto mínimo requerido en las bases del procedimiento.
CIFRAS DISTINTAS
En ese momento es que el postor le hace conocer al comité en pleno que el expediente técnico contenía un vicio sustantivo, el cual estaba siendo tomado en cuenta para no admitir algunas ofertas de los participantes, tal es así que hace saber la existencia de un error en el expediente técnico del componente del costo directo de Arquitectura, el cual en el Resumen del Presupuesto de la Institución Educativa N° 11153 “El Marco”, arroja un monto de 515 mil 415.48 soles, mientras el presupuesto detallado de los costos unitarios del mismo proyecto consigna un importe total de 515 mil 415.69; es decir, este componente tiene dos precios diferentes en el expediente, condición que fue contrastada por nuestro equipo de investigación mediante el expediente que se encuentra publicado en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.
Como quiera que el proceso en cuestión, al cierre de nuestra edición, se encuentra inconcluso, tanto por la subsanación de las ofertas observadas, como por la evaluación final de aquellas que fueron admitidas, este fue reprogramado para ser reiniciado este miércoles con la finalidad de hacer público los resultados y, de ser el caso, realizar el procedimiento de desempate entre los participantes que ofertaron el valor mínimo establecido de ocho millones 724 mil 232.23 soles, el cual fue propuesto inclusive por el Consorcio Brisa cuya oferta no fue admitida, a pesar que – según el apoderado de dicho consorcio – cumplió con considerar el costo del componente en cuestión adecuadamente, como así sucedió con algunos otros participantes cuyas ofertas no fueron admitidas por este motivo.
OPINIÓN
A efectos de tener más elementos de convicción facticos respecto al cuestionamiento esbozado, el entendido en temas de las contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita, como parte del staff consultor de este medio periodístico, opina que el error efectivamente está plasmado en el expediente técnico (corroborado con el obrante en el SEACE) que desde ya lo invalida, más aún que la normatividad vigente lo establece como un vicio de nulidad.
En su opinión, dicho vicio podría haber servido para que el Comité de Selección, en forma discrecional, evalué las ofertas de algunos postores de una manera diferente, siendo estas iguales con las que fueron admitidas, pudiendo bajo esta modalidad, supuestamente, haber vulnerado principios fundamentales que rigen las contrataciones del Estado, como son los de Libertad de concurrencia, Igualdad de trato, Transparencia entre otros, lo que bajo los cuestionamientos esgrimidos por el apoderado del consorcio cuya oferta no fue admitida podría desencadenar en la nulidad del proceso.
+ NOTICIAS
La auditora y gerente del Estudio Reynoso, María Astrid Reynoso de Vargas, comenta desde su especialidad cuál es la realidad tributaria del sector agroexportador, señalando que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, desconoce las liquidaciones de compra emitidas a modo de constancia de transferencia de la prima “Fairtrade” por los exportadores a los productores que carecen del Registro Único de Contribuyentes – RUC, ocasionando que el ente recaudador grave a los primeros, así como a los segundos por considerarlos beneficiarios directos del fondo generado por la prima, que en realidad es un monto destinado a la construcción de carreteras e implementación de servicios básicos.
En algún momento se habló sobre el hecho de que si la SUNAT reconociera los desmedros en la producción de agroexportables se podrían reducir los montos de tributación. Ahora hay problemas con las certificaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA, ente que, según el presidente de ADEX, pone más trabas de las que fijan los mercados receptores. ¿Cómo está la situación del sector desde el punto de vista tributario?
En este momento estamos sumamente preocupados porque hay una plaga de la mosca de la fruta que está afectando a todos los cultivos. Esto se descubrió en Lima al momento de abrir la fruta en los supermercados. Los empresarios del norte, de donde procede la fruta, han tenido una entrevista con SENASA para que explique por qué no detectó esta plaga. Nuestra preocupación ahorita es que se erradique de raíz esta peste, ya que si no se toman medidas rápidas habrá un perjuicio total para toda la producción lambayecana.
¿De cuánta pérdida se hablan?
De miles de soles en producción, ya que no nos van a recibir en ningún lado. SENASA dice que no tiene ningún informe de que haya habido esta plaga, que ellos no la han detectado, pero existen normas sanitarias y de inocuidad que deben cumplir todos los agroexportadores, las cuales indican que cuando hay una fruta en mal estado, inmediatamente se debe enterrar o quemar para evitar la proliferación de la mosca de la fruta. Sin embargo, la norma tributaria dice que para que te acepten la deducibilidad - porque esto se trata de un desmedro - se tiene que informar con 6 días hábiles de anticipación a la SUNAT para destruir el producto en presencia de un notario o juez de Paz. Si tú no comunicas esto, prácticamente no puedes deducir tributariamente esta pérdida.
Entonces, la norma sanitaria te dice que debes enterrar en el mismo día el producto, pero como la administración tributaria no acepta esta deducción inmediata mientras no haya comunicación, ni vaya un notario, las empresas han retenido su fruta en mal estado y estas son las consecuencias que ahora vemos.
¿No existe comunicación entre estos dos entes fiscalizadores, uno de la inocuidad y el otro del tema tributario para tener una norma equilibrada?
Como tributaristas tuvimos el caso de una empresa a la que no se le quiso hacer la deducibilidad y nos hemos ido en casación hasta la Corte Suprema, donde perdimos porque el órgano judicial cuestionó si nosotros contábamos con el informe de SENASA, pero este ente prácticamente nunca los emite y la prueba está en que ahorita que tenemos la plaga de la mosca de la fruta, ellos ni siquiera han detectado esta proliferación. Al final la Corte Suprema en su fallo de inicios del 2017 le dio la razón a la SUNAT, porque nosotros no contábamos con ese informe.
Esto genera jurisprudencia negativa en virtud de lo que los agroexportadores están trabajando…
Exacto. Las normas no están acordes con la realidad. Ahora nosotros como empresarios del sector exportador tenemos el caso del tratamiento contable y tributable de la prima “Fairtrade”. Para llegar a los mercados de destino, estos nos imponen cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales está que el productor agrario tenga una cadena de valor para que se implementen escuelas, carreteras, agua, desagüe, en la zona donde se desarrolla el cultivo, pues se busca la sostenibilidad social del productor agrario.
Si como exportadores nos preocupamos porque el productor agrario sea sostenible socialmente, entonces nos certifican con la prima “Fairtrade”, que es el premio justo para el productor agrario como beneficiario final.
Esta prima consiste en que el mercado de destino establece auditoras internacionales que no solo certifican al exportador, sino también la planta de proceso y las zonas de cultivos, las cuales deben tener las mínimas condiciones como baños, agua, el que sus hijos no trabajen en el campo, que haya escuelas donde los niños puedan asistir, etc. Los campos certificados tienen un plus, que es un premio por cada caja de exportación que se incluye en la factura del exportador, quien recibe el pago de parte del comprador del exterior y lo transmite al beneficiario final, que es el productor agrario.
¿A través de quién?, ¿de SUNAT?
No, cuando el exportador factura al cliente del exterior, en la factura de exportación tiene que agregarse la prima “Fairtrade” como un cargo adicional, pero el exportador es simplemente un recaudador que le trasmite este premio al productor agrario.
¿Quién administra este fondo social?
Los lineamientos de la primaestablecen que los productores agrarios tienen que organizarse en asociaciones a las cuales se les deposita el fondo para que ayuden con lo antes mencionado para su sostenibilidad. Esa función realmente le compete al Estado, pero ante su inacción, con estos fondos las asociaciones realizan ese trabajo social.
¿Y se está cumpliendo?
Sí. Las auditoras verifican que todo el dinero que recibe el exportador se lo transmita al productor agrario a través de las asociaciones y luego piden que se le diga cómo se ha invertido.
¿Y es un porcentaje mínimo?
Por cada caja de producto exportado, un dólar. El problema radica cuando el exportador adquiere productos de productores que carecen de RUC. Según el reglamento de comprobantes de pago, está permitido emitir liquidaciones de compra. Entonces, cuando tiene que transmitirse esta prima “Fairtrade”, el exportador le emite al productor agrario estos comprobantes para que quede constancia de la transacción.
Sin embargo, cuando ha venido la SUNAT a fiscalizar a los exportadores, les desconoce el costo emitido en las liquidaciones de compra, aludiendo que, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, estas son para comprar bienes, mas no para cobrar ni consignar otro tipo de conceptos. Entonces gravan al exportardor con el impuesto a la renta el monto de esa prima.
¿Con cuánto les están gravando?
Con el 15 % que es la tasa del impuesto del sector agrario. Le quisimos hacer entender esto a la SUNAT en el proceso de fiscalización y simplemente nos dijo que ellos se basaban en la norma y el reglamento de comprobantes de pago no ha previsto esta situación. Yo les dije que dicha norma es de 1999 y no ha sufrido modificaciones, mientras que la norma “Fairtrade” es del 2015. Por eso digo que las normas tributarias no van acordes con la realidad
Por último, ha salido el Informe N.° 037-2017-SUNAT/5D0000, del 2017, en el cual dice que el productor agrario por la prima que recibe debe pagar también un impuesto a la renta porque él es el beneficiario final. O sea, grava al exportador y al productor primario, cuando realmente este último no aprovecha esa prima porque se gasta en hacer obras, en suplir la función del Estado.
¿El Estado se ha convertido en un verdadero perro del hortelano, que no hace ni deja hacer?
Y encima hace hasta doble imposición, porque le grava al exportador por algo que trasmite y no es beneficiario.
¿Y no se ha pensado en inconstitucionalidad de estos cobros?
Nosotros impugnamos estas resoluciones entre fines del 2017 e inicios del 2018 y la SUNAT no nos dio la razón. Ahora estamos en el tribunal fiscal, donde están los casos estancados.
Paralelamente a ello, como Cámara de Comercio hemos elevado una consulta institucional a la SUNAT exigiéndole que se pronuncie al respecto, ya que si ellos nos dicen que no es el comprobante idóneo la liquidación de compra, pues que regulen con cual debemos trabajar. No pueden decirnos simplemente no.
¿Y ese es un planteamiento que están haciendo solo los agroexportadores de Lambayeque?
El 2 de mayo estuve en Lima y sostuve una reunión con la Gerencia de Dictámenes Jurídicos que está a cargo de la evaluación de nuestra consulta y de emitir una opinión legal al respecto. Las personas que me atendieron se sintieron asombradas porque recién tomaban conocimiento de lo que está pasando. Nos llama la atención que esto lo dé a conocer Lambayeque y no haya habido ninguna comunicación a nivel nacional, pero me dijeron que si está sucediendo en Lambayeque, debe estar ocurriendo también en todo el Perú.
Las personas con las que estuve reunida me encargaron que tratara de buscar un vínculo con todas las cámaras de comercio y empresarios a nivel del país para recoger la problemática y hacer llegar la voz de diferentes gremios.
Por esta razón es que me he reunido con la Asociación Regional de Exportadores - AREX y ellos también tienen la misma problemática, pero no saben cómo sustentarla, entonces la parte técnica la estoy viendo yo. He asistido también a la reunión con presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP, porque en Lima y el resto del país debe suceder lo mismo.
En el sector agroexportador no todas las empresas asentadas en Lambayeque tributan aquí. ¿Cuántas lo hacen en Lima?
Lambayeque es un departamento muy rico en producción, pero no en tributación, porque la mayoría de empresas son contribuyentes de Lima. Alrededor de un 80 % se va a Lima, realidad que no pasa con Ica ni con La Libertad.
El colmo. Mientras miles de pacientes del Hospital Naylamp son distribuidos en los saturados hospitales Almanzor Aguinaga y Luis Heysen por el desalojo judicial, que por falta de pago se dispuso sobre uno de los edificios que ocupaba el nosocomio, la Red Asistencial Lambayeque – RAL, se da el lujo de pagar ocho mil soles mensuales por el alquiler de una vivienda en la Urbanización Santa Victoria, donde desde la semana pasada funciona la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas.
Durante años, EsSalud fue incapaz de pagarle a la ONP los 16 mil soles correspondientes al arrendamiento de la Torre A que hasta hace unas semanas ocupó el Hospital Naylamp, por lo que la entidad previsional inició un proceso judicial en el 2014 que concluyó con el desalojo del edificio, perjudicando a una población de más de 120 mil asegurados adscritos a dicho nosocomio.
Sin embargo, la Red Asistencial Lambayeque no tuvo reparo alguno en suscribir un contrato de arrendamiento por 288 mil soles, por un período de 36 meses, comprometiéndose a cancelar ocho mil soles cada 30 días; la mitad de lo que pagaba por un edificio, para hacer uso de la vivienda signada con el número 134 de la Urbanización Santa Victoria.
Expresión accedió en exclusiva al contrato de alquiler suscrito el 18 de diciembre del año pasado, con efectos inmediatos, firmado por el jefe de la Oficina de Administración de la Red, Edgar Arrascue López, y el jefe de Adquisiciones, contador Pedro Cuyate Castillo.
BUENA PRO
El 23 de octubre del año pasado, EsSalud, a través de la Red Asistencial Lambayeque “Juan Aita Valle”, lanzó el proceso de Adjudicación Directa N° 1810D00051, para la contratación del “Servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de Lambayeque”, invitando a través de correo electrónico a Nicolás Carranza Valle, representado por María Elena Riofrío de Carranza, en su calidad de apoderada.
Tres días después se realizó la presentación de la oferta y el 29 de octubre la adjudicación a través del portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, por un valor de 288 mil soles.
Nicolás Carranza Valle, ya fallecido, fue durante mucho tiempo proveedor del Estado con el alquiler de esa vivienda. En el 2012, por ejemplo, suscribió un contrato con el Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra”, del Ministerio de Trabajo, por 36 mil soles, acuerdo que se renovó entre julio del 2013 y junio del 2014, con el mismo programa, por el monto de 67 mil 200 soles.
Antes, en el 2007, también alquiló el inmueble a FONCODES, para el funcionamiento de su Oficina Zonal Chiclayo, por 19 mil 600 soles.
CONTRATO CON ESSALUD
Adjudicada la buen pro, el 18 de diciembre del 2018 se firmó el Contrato N° 61, “Contratación de servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de Lambayeque”, con el objeto de - se lee en el documento - “brindar bienestar y seguridad a los asegurados y público en general, mejorando la calidad en la atención, orientación y comunicación a las personas, así como a las entidades empleadoras con relación a los seguros que administra EsSalud”.
Como se ha dicho, el monto de la contratación es de 288 mil soles, cifra que incluye todos los impuestos de ley; es decir, tributos, seguros, inspecciones, pruebas y, “de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del contrato”.
A través del acuerdo, EsSalud se compromete al pago periódico mensual de ocho mil soles durante 36 meses, tiempo fijado como duración del contrato, recibiendo Riofrío de Carranza una garantía ascendente a 24 mil soles, equivalentes a tres meses de arrendamiento.
USO TARDÍO
De acuerdo a la Cláusula Quinta del contrato, referida al plazo de ejecución de la prestación, los 36 meses del alquiler se contabilizan a partir del día siguiente de la suscripción del documento; quiere decir que entró en vigencia el 19 de diciembre del año pasado.
Según fuentes de la seguridad social, la Red Asistencial Lambayeque habría abonado en diciembre lo correspondiente a un mes completo de alquiler.
Lo escandaloso de este caso es que la vivienda recién fue ocupada por EsSalud en mayo de este año. Concretamente, el lunes 20 de mayo iniciaron las labores de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de la red en la vivienda alquilada.
Siendo así, EsSalud pagó por el inmueble el alquiler durante cinco meses sin hacer uso del mismo, habiendo desembolsado hasta abril pasado 40 mil soles de sus recursos.
LA NOTA
A través de una nota de prensa anunciando la apertura de las oficinas, se conoció que el traslado de la oficina fue dispuesto por la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas y la Red Asistencial.
“El ingeniero Miguel Rondón Sánchez, jefe de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de la citada red manifestó que dicha oficina estará atendiendo de lunes a viernes, en el horario de 8 a.m. a 4 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 12 p.m.”, detalla la circular.
Desde la vivienda de la calle Los Mirtos se brindarán los servicios de afiliación al seguro regular, seguro complementario de trabajo de riesgo, seguro agrario dependiente e independiente, seguro más vida, así como la afiliación al seguro independiente y potestativo. Del mismo modo, se realizan los pagos por subsidio por lactancia, maternidad e incapacidad temporal, verificación de condiciones de asegurados, auditoría de seguros y evaluación de derecho de cobertura.
Todos estos servicios se ofrecían antes en las instalaciones del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en el área conocida como “Hospital Viejo”.
El alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, insiste en la pertinencia de la ordenanza municipal aprobada el viernes último con nueve votos del concejo provincial, con la que se admite el ingreso de camiones de carga de hasta 42 toneladas a la ciudad, pese a la incompatibilidad técnica que existe, debido a que se agudizan varios de los problemas que hasta el momento su gestión ha sido incapaz de atender: ordenamiento de tránsito, mejoramiento de vías y funcionalidad del sistema de agua y alcantarillado.
Las primeras consecuencias de la cuestionada norma municipal ya se hicieron notar. En los últimos días camiones de distintas características han ingreso a la ciudad yendo en contra de los lineamientos técnicos que antes el municipio fijó.
ORDENANZA Y SENTENCIA
En marzo del 2012, la Municipalidad Provincial de Chiclayo emitió la Ordenanza N° 006-2012, regulando el acceso del transporte público de carga y descarga en la ciudad, estableciendo circuitos viales a utilizar de forma obligatoria por los transportistas. En ese momento, varios gremios de comerciante, sobre todo mayoristas del mercado Moshoqueque, presentaron una acción de amparo la misma que fue declarada infundada por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, en el Expediente N° 1564-2013-0-1706-JR-CI-03, el 16 de septiembre del 2015, fallo que posteriormente confirmó la Primera Sala Civil de Lambayeque, con su Sentencia N° 789, del 12 de octubre del 2016.
Gasco y los nueve regidores que aprobaron la nueva ordenanza sostienen que la medida ayudará a regular el ingreso de los vehículos de carga, que pese al mandato de la norma del 2012 han ingresado al casco urbano y que con ello, al aplicar las sanciones y multas a quienes infrinjan los horarios establecidos en el mecanismo, la comuna estaría en capacidad de recaudar siete millones de soles durante el tiempo de vigencia del mismo, el cual se ha fijado por un año.
Sin embargo, lo que la administración Gasco no ha logrado explicar hasta el momento con claridad es cuáles son los criterios técnicos para establecer el ingreso de los vehículos de carga de hasta 42 toneladas por vías que ni siquiera han sido rehabilitadas por el municipio, tras el Fenómeno El Niño Costero 2017. Peor aún, por aquellas en las que las redes de agua y alcantarillado tampoco han sido cambiadas.
OPINIÓN TÉCNICA DE EPSEL
Desde la Gerencia de Proyectos de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, se ha confirmado que no existe opinión técnica a favor de la ordenanza. Por el contrario, la entidad le hizo saber al alcalde de la ciudad que está pendiente de ejecución del saldo de obra del proyecto de renovación de las redes de agua y alcantarillado que se inició en el gobierno de Roberto Torres y no fue concluido.
“Esa ordenanza debió tener una opinión técnica de EPSEL, porque la empresa debió emitir opinión favorable diciendo que el sistema de agua y desagüe no corre ningún peligro por la rodadura de los camiones de ese tonelaje. Sin eso la ordenanza no debió aprobarse. Cuando uno va a construir un edificio lo primero que se pide es la factibilidad de agua, desagüe y electricidad, sin eso no se puede construir. De igual manera, debió hacerse con la ordenanza del transporte de carga”, señala el decano del Colegio de Arquitecto de Lambayeque, Antonio Uriarte Gonzales.
Añade que si la ordenanza plantea anillos viales para el transporte pesado esto debe formar parte del Plan Regulador de Rutas y, en consecuencia, debió plantearse una solución integral al problema del transporte, no parcial, como pretende hacer el municipio.
“¿Se ha evaluado, por ejemplo, qué tipo de diseño de pavimento tiene la avenida Sáenz Peña y si soporta camiones de 42 toneladas? Si no se ha hecho eso y tampoco soporta la capacidad de esa carga, entonces es una ordenanza antitécnica. Si el argumento es que se recaudará siete millones de soles, ¿con eso se piensa cubrir la reparación de las vías dañadas?”, menciona.
NO RESISTIRÁN
Todas las calles que se pavimentaron en el gobierno de Roberto Torres Gonzales, tras la intervención inconclusa del proyecto de renovación de las redes de agua y alcantarillado, fueron cubiertas con losas de concreto de resistencia de 210 kilos por centímetro cuadrado (f°C= 210kg/cm2), el mismo que no soporta el tránsito de carga pesada. La municipalidad elaboró el expediente para tránsito liviano.
“El primer carro que ingrese no romperá nada, pero la cantidad de vehículos de carga hará que la vía colapse por fatiga. Los paños de concreto de vías como Pedro Ruiz, Leoncio Prado, Luis González, desde Leoncio Prado hasta Arica, la Avenida Arica, Alfonso Ugarte o Alfredo Lapoint, fueron diseñados para tránsito liviano. Las repeticiones que sobrepasen la carga de diseño harán que colapsen. Eso empezará por las esquinas de las losas”, explica el ingeniero y especialista en pavimentos César Tiparra de los Santos, quien fue residente de la obra.
“Las losas de concreto no se parchan, se tienen que volver a ejecutar de manera total. A ello se suma la congestión del tránsito por el estacionamiento de los vehículos de carga y descarga”, añade el especialista, quien afirma que los siete millones que la comuna piensa recaudar con la ordenanza emitida no serán suficientes para rehabilitar las vías dañadas por el tránsito pesado.
LOS CIRCUITOS
El municipio ha establecido en su ordenanza como circuito las vías: Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre – Óvalo Eloy Ureta – Sáenz Peña – Mariscal Nieto – José Quiñones –Tarata –Miguel Grau – Francisco Cabrera – Hipólito Unanue y Avenida Jorge Chávez. El recorrido concluye en la Avenida Fitzcarrald.
En ese recorrido, la carga pesada ingresó a la calle Francisco Cabrera, vía que tiene adoquines de piedra y en cuyo trazo se ubica un colector del sistema de alcantarillado. Cuando la gestión de Roberto Torres ejecutó la obra de saneamiento básico en el casco central, valorizada en 28 millones de soles, varios componentes quedaron sin realizarse, debido a que la obra fue paralizada. Uno de esos componentes es la renovación del colector Cabrera.
Por otro lado, Expresión confirmó con la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, que la red matriz de agua potable se desplaza por debajo de la Avenida Sáenz Peña, por lo que una rotura, dada la capacidad de carga, tendría consecuencias catastróficas.
El otro circuito es el que comprende a la Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre – Santos Dumont – Juan Pablo Viscardo y Guzmán y Arenales. Actualmente, la avenida Santos Dumont tiene serios problemas con el alcantarillado.
“Nosotros hemos recogido la opinión del Comité Gremial de Transporte y hemos llegado a un punto de entendimiento, concluyendo que no existen las condiciones óptimas para que se implemente una medida de este tipo, debido a que la infraestructura de saneamiento está colapsada en la ciudad. La ordenanza sería positiva siempre y cuando las redes de agua y alcantarillado estén en buenas condiciones, pero no es el caso. Esto puede originar la ruptura de las tuberías de desagüe, pero además daños a las propiedades”, señala Carlos Burgos Montenegro, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
El también past decano del Colegio de Ingenieros refiere que la municipalidad debería reconsiderar la aplicación de la ordenanza, toda vez que se pone en riesgo la integridad de las personas porque el tránsito pesado podría afectar los cimientos de las edificaciones, pero también precipitar el afloramiento de aguas residuales al dañar aún más el alcantarillado.
+ NOTICIAS
Lambayeque es el primer departamento visitado por la flamante presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP, María Isabel León de Céspedes, quien se reunió con los representantes de los gremios locales, con los se comprometió a trabajar de manera estrecha en defensa del crecimiento económico y de obras fundamentales como el Terminal Portuario.
A su llegada a Chiclayo, León de Céspedes fue recibida por el presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Olivio Huancaruna Perales, y el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, quienes le expusieron algunos de los aspectos más relevantes del departamento, sobre todo los referidos a la reconstrucción, el mejoramiento de la infraestructura y de los servicios de salud.
La presidente de la CONFIEP, gremio que forma parte del directorio de EsSalud, visitó los hospitales Naylamp y Luis Heysen Incháustegui, con el objetivo de conocer la problemática que actualmente afecta a miles de asegurados con el cierre de parte del primer nosocomio y el embalsamiento de atenciones.
Del mismo modo, María Isabel León se reunió con los representantes de las micro y pequeñas empresas de la macroregión norte, a fin lograr su articulación e inserción en la CONFIEP.
En diálogo con Expresión, la dirigente gremial abordó diversos temas de la coyuntura nacional, ratificando su posición en contra de lo que denomina la judicialización del país y el uso excesivo de medidas de coerción como la prisión preventiva.
MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
“Tenemos un alto ruido político, confrontación entre los poderes del Estado y eso genera inestabilidad. Respecto a la carcelería, personalmente es un tema que veo con preocupación, pues no considero necesario abusar de ella. Las prisiones preventivas no necesariamente significan justicia, hay muchísimos casos de personas que han sido enviadas a prisión por tres años y después han terminado siendo inocentes. Esos tres años de prisión preventiva no se los devuelve nadie, como tampoco la reputación si es que resultan inocentes”, asevera León de Céspedes.
Sostiene que el sistema de justicia debe optar por medios menos gravosos como el arresto domiciliario, el uso de grilletes electrónicos o mandatos de comparecencia restringida, para aquellos investigados que muestran disposición de colaborar con la justicia.
Lo dicho por la presidente del CONFIEP sintoniza con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en América Latina y, particularmente en el Perú, situación que se hizo más compleja con la emisión del Decreto Legislativo 1307, que incrementa hasta 48 meses el mandato cautelar para casos de criminalidad organizada.
“Si vemos la cantidad de presos que tenemos en las cárceles, no solamente los políticos evidentemente, el 40 % no tiene sentencia firme. Eso nos debe llevar a reflexionar sobre cuáles casos ameritan una prisión preventiva. No es lo mismo un caso de asesinato que uno de corrupción. A los involucrados en estos últimos se les puede dar impedimento de salida y el Estado cumplir su función de cautela, evitando que se escapen del país, las cosas podrían hacerse de otra manera y con mayor prudencia”, sostiene.
Reconoce, sin embargo, que el debate sobre la prisión preventiva se avivó recientemente en el país con los mandatos dispuestos sobre políticos vinculados a casos de corrupción, pese a que la norma procesal permite dicha medida desde el 2004.
“Es posible, pero también hay que tener en cuenta que la figura de organización criminal se legisló en el gobierno del presidente Humala. Los partidos políticos no son organizaciones criminales y lo que vemos es que se les está tratando de esa manera y al final veremos que casi todos los partidos han recibido aportes que no han sido declarados. Están todos en la misma situación. El tema es si esto realmente es una organización criminal o una forma en la que han trabajado cometiendo faltas administrativas. No creo que lo adecuado sea criminalizar a los partidos políticos en el país”, menciona.
ECONOMÍA FRENADA
En tanto – refiere – la economía nacional se mantiene estancada. León de Céspedes afirma que la CONFIEP ve con preocupación la ralentización del crecimiento.
“Hemos llegado a lo que se llama una meseta en la economía, no tenemos mayor crecimiento, estamos en una situación plana y necesitamos seguir creciendo porque cada punto del Producto Bruto Interno – PBI, significa la reducción de 0.3 % de pobreza. Necesitamos crecer, no mantenernos ni bajar, porque si reducimos en crecimiento habrá más peruanos que caigan nuevamente en la pobreza”, señala.
En ese sentido, anota que lo que le corresponde a los promotores de la inversión es generar riqueza, trabajo, bienestar y contribuir a la reducción de la pobreza. Para ello se hacen necesarias las condiciones adecuadas.
“Necesitamos que el gobierno entienda que tiene que ser un promotor de la inversión, porque no tiene los recursos para hacer frente a todas las necesidades de infraestructura y logística que tiene el país”, manifiesta, añadiendo que ello pasa también por reducir las barreras burocráticas que hoy impiden el aumento de las inversiones y la formalización de los agentes económicos.
TRABAS BUROCRÁTICAS
“Los niveles de obstrucción que tiene la regulación asfixian cualquier intento de crecimiento. Nosotros tenemos muchos cuellos de botella en la legislación, normas que no se cumplen o que son muy complicadas de cumplir y que generan retraso en la inversión. Sería interesante que el Estado haga una revisión de normas y estas puedan aligerarse. Yo no digo que se abran y se eliminen los candados, sino que estos sean realmente los que se necesitan sin caer en excesos”, asevera.
León de Céspedes menciona también que una negativa experiencia del país es que en cada cambio de gobierno se modifican las políticas de Estado sin dar continuidad a las iniciadas previamente, como sucedió, por ejemplo, con el Plan de Diversificación Productiva del gobierno de Ollanta Humala Tasso.
“No se entienden como políticas de Estado sino de gobierno. Lo que necesitamos es tener institucionalidad y políticas de largo plazo para diferentes aspectos, eso es muy importante. Tenemos un montón de normas que no han sido reguladas, como por ejemplo la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que está esperando su regulación hace más de un año y aún no se reglamenta. Necesitamos un Estado que sea más eficiente, que haga las cosas pensando en el país, en destrabar los problemas que hay para que la inversión pueda generar bienestar”, explica.
Cita como otro ejemplo el puerto de Paracas, obra que fue concesionada por Proinversión y que pese al inicio de los trabajos se ha visto paralizada por una controversia generada por el SENASA.
“Como país tenemos que pensar bien que si vamos a invitar a los inversionistas extranjeros a venir tenemos que ofrecerles proyectos bien desarrollados, no hechos un mes antes y luego sorprenderlos en el camino con una serie de trabas”, acota.
Infraestructura y legalidad
Sobre infraestructura, María Isabel León menciona que obras como el Terminal Portuario de Lambayeque, en Puerto Eten, se constituyen en ejes para el desarrollo del comercio a nivel nacional.
La ejecución de obras como esta – indica – hace necesaria también una revisión de Ley de Contrataciones.
“Debemos preguntarnos qué estamos haciendo para atraer a los capitales extranjeros y convencerlos de arriesgar en obras de infraestructura. Como país tenemos que garantizar el cumplimiento de la ley, ofrecer seguridad jurídica para todos los inversionistas, porque no podemos atraerlos para luego dejarlos sin el control necesario de que se cumpla la legalidad. Miremos lo que ha pasado en Las Bambas, donde la empresa ha hecho una inversión importante, ha cumplido los compromisos con la comunidad y se vio inmersa en situaciones posteriores a los acuerdos a los que había arribado, sin que el Estado pueda garantizar que las vías estén liberadas para el tránsito de su logística. Ese es un claro ejemplo de que es necesario imponer la ley”, manifiesta.
Finalmente, León de Céspedes afirma que toda reforma política o judicial es importante para el país siempre y cuando se respete la institucionalidad. Para ello – precisa – se debe respetar la constitución y la independencia de poderes.
“No podemos imponer desde otros poderes del Estado que las cosas se hagan de una forma u otra. Al Congreso yo le pediría prudencia, que mantenga la calma y la intención de diálogo. El gesto del presidente Martín Vizcarra de convocar a los voceros de los partidos políticos me pareció muy positivo, pero no debe quedar ahí. El diálogo no es de un solo día, es permanente, hay que tener apertura para conversar y no patear el tablero”, enfatiza.
