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POR EL DU Nº 014-2020: PACTOS COLECTIVOS PODRÍAN SER DESCONOCIDOS POR EL MEF

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1150

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  • El Ejecutivo estableció el marco normativo para las negociaciones colectivas en el sector público, pero dejó abierta la posibilidad de que los ya suscritos sean revisados.
  • Los trabajadores solo podrían plantear una negociación colectiva en cinco años.

 

El 23 de enero el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia Nº 014-2020 – ‘Decreto de Urgencia que Regula las Disposiciones Generales Necesarias para la Negociación Colectiva en el Sector Público’, mediante el cual se estableció el marco normativo para que los trabajadores de las instituciones públicas puedan negociar el mejoramiento de sus condiciones laborales y los incrementos salariales, estando esto último expresamente prohibido desde la ley del presupuesto del 2014.

 

Al respecto, el abogado laboralista Carlos Palomino Guerra señala que el referido decreto de urgencia es positivo en cuanto establece el punto de inicio para regular las negociaciones colectivas en el sector público, pues en los últimos años estas casi no se dieron, toda vez que no existía una autógrafa que las normara, lo cual conllevó a que se decidieran por medio de laudos arbitrales.

Si bien es cierto, la negociación colectiva es un derecho fundamental contemplado en el artículo 28 de la Constitución, la Ley Nº 30057 – ‘Ley General del Servicio Civil’, precisa que “los servidores civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sus compensaciones no económicas, incluyendo el cambio de condiciones de trabajo o condiciones de empleo de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la entidad”.

Asimismo, añade que la “contrapropuesta o propuestas de la entidad relativas a compensaciones económicas son nulas de pleno derecho”.

El letrado explica que en la negociación colectiva puede desarrollarse bajo dos formas: condiciones económicas y no económicas. Respecto a la primera, indica que está referida a aspectos remunerativos, mientras que la segunda contempla mejoras en cuanto a la situación en la que los trabajadores desarrollan sus labores.

 

NIVELES DE NEGOCIACIÓN

Según el citado decreto, la negociación colectiva se realizará a través de los sindicatos en tres niveles: el centralizado, que contempla los ministerios y gobierno regionales juntos a sus organismos públicos; el centralizado especial, que contempla los sectores salud y educación; y el descentralizado, que agrupa a los poderes Legislativo y Judicial, al Ministerio Público, la Contraloría, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el Seguro Social de Salud, el Instituto Nacional Penitenciario y los organismos públicos de los gobiernos locales.

“Los profesores de Lambayeque no podrían negociar de forma independiente respecto a los de La Libertad o San Martín, todos ellos forman parte del nivel centralizado especial porque son un solo sector: educación. Sin embargo, hay organismos que sí pueden negociar descentralizadamente como los gobiernos locales”, sostiene.

Añade que la norma está abriendo incluso la posibilidad de que la negociación colectiva se haga con una comisión ad hoc nombrada por el Poder Ejecutivo, con lo cual se estaría dejando de lado al empleador. De esa forma, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, tendría un papel relevante, puesto que se convertiría en un “cuasi negociador”.

 

NEGOCIACIONES LESIVAS

Por otro lado, Palomino Guerra indica que en los últimos años hubo negociaciones colectivas que, a través de laudos arbitrales, depararon en pactos colectivos que se constituyeron en un abuso económico, principalmente en las municipalidades, las mismas que muchas veces tuvieron la complacencia del empleador.

Explica que este decreto de urgencia no surge por aquellas organizaciones sindicales que han buscado siempre la proporcionalidad de sus acuerdos, sino por aquellas que han hecho un abuso del derecho hasta el punto de generar acuerdos desproporcionales, tales como el referido a que, tras el fallecimiento de un trabajador sea el hijo o familiar de este quien ocupe su puesto.

“Ese tipo de acuerdos son hasta discriminadores. Es decir, ¿solo por ser hijo de un servidor público tengo derecho a trabajar? ¿El resto de ciudadanos no tiene ese derecho? La Convención Interamericana de Derechos Humanos señala en su artículo 23 que todos  debemos tener acceso en igualdad de condiciones. No era posible tampoco que existiesen convenios por las fiestas patronales y aniversarios que obligaban a las municipalidad a hacer maravillas para poder cumplirlos”, asevera.

La legislación en países como Costa Rica establece que todos los años pueden hacerse negociaciones colectivas, pero de acuerdo a la inflación. Es decir, si esta en determinado año fue del 4 %, los aumentos virtud de los pactos deben ir sobre esa base.

“En el Perú la inflación es de 2 % o 3 %, pero los aumentos a veces son del 20 %, afectándose así el derecho de los ciudadanos a tener mejores servicios. Algunos especialistas coinciden en que el 94 % del presupuesto en el sector educación se va en el pago de planillas. Todos los años se aumenta el dinero destinado a dicho sector, ¿pero por qué no mejora la enseñanza? Porque los incrementos no son para infraestructura o mejora de las condiciones, sino para el pago de las convenciones colectivas acordadas por los trabajadores y los representantes del sector”, subraya. 

 

CUESTIONAMIENTOS

El letrado repara en que el decreto impone varios candados a la negociación colectiva, los cuales incluso rayan con lo inconstitucional. Dentro de estos se encuentran la prohibición de realizar pactos un año antes de las elecciones, así como uno previo a un desastre natural.

“La norma precisa que las negociaciones podrán darse cada dos años, pero pone limitaciones cuando hay elecciones y no especifica si son presidenciales y congresales o regionales y municipales. Además, si tenemos un fenómeno como El Niño Costero tampoco podría haber negociaciones. En la práctica, cada cinco años puede que haya una sola propuesta de pacto colectivo”, refiere.  

Apunta que otra observancia de carácter inconstitucional del decreto es la referida a que si un árbitro al momento de emitir su laudo no tiene en cuenta los montos máximos de negociación estipulados por el MEF podrá ser denunciado y excluido del registro de árbitros.

“El MEF va a determinar la base sobre la cual se puede negociar. Por ejemplo, si señala que solo tiene disponibles 50 soles, ¿qué negociación es posible? Y si un árbitro va más allá de ese informe económico será separado”, destaca.

Sin embargo, manifiesta que lo más preocupante es que la norma estipula que todo pacto colectivo contrario a la Ley de Presupuesto puede ser revisado por el MEF y dejado sin efecto.

“El MEF puede emitir un informe económico sobre un convenio suscrito por determinada municipalidad en el 2012, 2013, 2014 o 2015 y dejarlo sin efecto. Esto vulneraría un derecho de carácter constitucional como es la negociación colectiva. Además, el decreto indica que las organizaciones que hayan planteado negociaciones colectivas del 2016 en adelante no podrán presentar ningún pliego de reclamo en el 2020, salvo que este sea hecho hasta febrero de este año, de lo contrario no entrará en el presupuesto del 2021. Creo que esta norma no capta el espíritu de las sentencias del Tribunal Constitucional, sino que deja un vacío en los trabajadores del sector público”, afirma.

 

DERECHOS ADQUIRIDOS

En esa línea, explica que si el MEF estipulase que los pactos colectivos suscritos por los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo son contrarios al presupuesto, ellos podrían ir hasta el Poder Judicial, pero además de ser un proceso largo, hay pocos argumentos que podrían alegar, puesto que en el Perú no existen derechos adquiridos desde el 2004.

El concepto de derechos adquiridos gira en torno a que los beneficios laborales obtenidos mediante una ley no pueden ser disminuidos por una norma posterior. No obstante, en el 2004 mediante una reforma constitucional se derogó el principio de derechos adquiridos por el de hechos cumplidos.

“Antes los pensionistas de la Ley Nº 20530 recibían una pensión igual que la de un trabajador del sector. Es decir, si el jubilado ganaba cuatro mil soles, el trabajador debía ganar lo mismo y si les subían a seis mil, el incremento debía ir para ambos. El Tribunal Constitucional lo amparaba porque era un derecho adquirido, pero tras su modificación en el 2004 ahora ya no existen”, sentencia.

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GINO DÁVILA HERRERA: “SE NECESITAN 15 MILLONES DE SOLES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMANZOR”

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  • Saliente gerente de la Red Asistencial Lambayeque refiere que deja encaminado el mejoramiento de áreas, renovación de camas para hospitalización, reposición de equipos, mantenimiento de ambulancias y modernización de las cocinas.

 

A mediados de octubre pasado Gino Dávila Herrera asumió la gerencia de la Red Asistencial Lambayeque ‘Juan Aita Valle’, cargo que deja con tareas encaminadas para su sucesora, Olinda Velarde Huarcaya. Con una amplia experiencia en la seguridad social, Dávila Herrera asevera que no imaginó que la situación de la red que también abarca a centros hospitalarios de Cajamarca y La Libertad era tan crítica, por lo que se han priorizado acciones de mejora, cuyos efectos deben sentirse en los próximos meses.

 

“Esta es una red compleja, que tiene a su cargo también establecimientos que no solo le pertenecen a Lambayeque, sino también a La Libertad y Cajamarca, y que realmente están en condiciones que ameritan no solo la reflexión de pensar todo lo que se debe hacer o que estamos en deuda por hacer, sino también tratar de homogenizar todas esas necesidades para presentar a nivel central los requerimientos que se tienen en este momento y cumplir la misión que es la atención de calidad a nuestros asegurados”, refiere.

Dávila Herrera, quien se ha desempeñado como director del Hospital Nacional ‘Edgardo Rebagliati Martins’, sostiene que en una calificación del uno al 10, la Red Asistencial Lambayeque logra un puntaje de cuatro, debido a las deficiencias que tiene en infraestructura y recursos humanos.

“Nuestra brecha todavía no ha sido cubierta. Se han ejecutado una serie de modalidades para tratar de mejorar la oferta en cuanto al recurso humano, pero también hay que tener en cuenta que hay profesionales que comienzan a retirarse y especialidades que tienen que ser cubiertas. Incluso faltan médicos generales en la red. Un gran problema con los especialistas es que estos pocas veces retornan a sus ciudades de origen y eso obliga, por ejemplo, a que en un hospital nacional como el Almanzor Aguinaga tengamos que trabajar en condiciones técnicas muy diferentes”, señala.

 

DEUDAS Y BRECHAS

Anota que la problemática no es exclusiva de la seguridad social en Lambayeque. La situación es similar a nivel nacional, agudizada porque existe una abultada deuda de empresas privadas y del propio Estado con EsSalud. Actualmente, son casi 11 millones de personas las que reciben atención a través del seguro, en tanto la deuda se estima en cuatro mil millones de soles.

“Nosotros en este momento estamos en una etapa crucial por la universalización de la salud en el Perú, lo que conlleva a varias situaciones, entre ellas a preocuparnos por la calidad de nuestro servicio. Tenemos que ir cerrando esta brecha del recurso humano, pero no solo eso, sino también de infraestructura. Un ejemplo nuestro es que necesitamos más de 15 millones de soles para poder trabajar en el Hospital Almanzor Aguinaga como en un verdadero hospital nacional”, remarca.

Dávila Herrera explica que la cifra es exclusiva para el caso del Almanzor Aguinaga, pues se necesitan otros montos importantes para concretar, por ejemplo, la construcción del hospital de alta complejidad, del nuevo hospital Naymlap y del hospital de Ferreñafe.

“En cartera tenemos la construcción de una clínica que probablemente sea en el local de la Universidad de Lambayeque que ya no va a funcionar, donde se instalarían 100 camas para hospitalización, y también lo del Hospital de Tumán, que por los problemas judiciales de la empresa azucarera aún no se puede finiquitar”, precisa.

Menciona que la meta es para los próximos cinco años, tiempo en el cual EsSalud debe incrementar sus ingresos, recuperar parte de la deuda y descentralizar con mayor énfasis sus servicios de salud, debido a que las referencias a Lima ya no son una solución por la cantidad de pacientes que allá se atienden. Ello implica – lógicamente – mejorar el primer nivel de atención.

“Estamos totalmente de acuerdo en ese punto, tan es así que una medida que se hizo fue dar el soporte para que categoricen nuestros establecimientos de la red y eso significa abordar la infraestructura, recursos humanos y manejar los procesos internos. Es lo primero que hemos pensado”, manifiesta.

 

RECURSOS HUMANOS

En la Red Asistencial Lambayeque se requiere en promedio de 90 médicos, principalmente especialistas, sobre todo para atender la atención en el primer nivel. A ellos se suman 180 enfermeros y 250 auxiliares y técnicos.

“No los tenemos por falta de presupuesto. La presidente de EsSalud fue clara. A nivel de todo el país son como nueve mil profesionales lo que necesitamos. Lo que ocurre es que hay otro fenómeno que nunca lo evaluamos y es que los médicos especialistas se centralizan y todos quieren irse a trabajar a Lima. Por ejemplo, hay muchos chiclayanos, lambayecanos que están en Lima. Se han ido a estudiar allá y no regresan. Las probabilidades de trabajo tal vez son mejores y por eso se quedan, por eso también hay que buscar una política que nos permita contratar este tipo de profesionales y con una remuneración diferenciada, que sea competitiva”, comenta.

El saliente gerente de la red indica que desde que asumió el cargo le ha tocado ver aproximadamente 14 procesos judiciales de reposición de trabajadores, a los mismos que se debe indemnizar, lo que afecta también la economía de la seguridad social. Otro aspecto es el de las deudas.

Por el momento, se tiene deudas con las tercerizadoras de servicios como radioterapia, lo que complica la atención de los pacientes oncológicos.

 

AVANCES

Dávila Herrera señala que deja el cargo estando encaminadas las mejoras en cuatro aspectos: infraestructura, emergencia, reposición de instrumental y cocinas.

“Se ha dispuesto el mantenimiento a todas las unidades de cuidados intensivos y la creación de la unidad de cuidados neonatales intensivos y eso significa el área física. Eso es para el primer trimestre y ya se ha dejado presupuestado. Lo segundo, que también es importante, es la emergencia. Ya se tenía un plan de trabajo pero no existía el presupuesto y ya se ha superado este problema, en tanto se ha ordenado el arreglo de nuestra cocina, algo fundamental en el Hospital Almanzor Aguinaga. Ciertamente ha entrado en mantenimiento nuestra concina con sus cámaras frigoríficas, chequear y supervisar no solo la calidad de alimentos, sino también las mejores condiciones higiénicas que debe tener un hospital”, asevera.

Anuncia la llegada de cien camas nuevas para el área de hospitalización y la adjudicación de los nuevos ascensores para el nosocomio, en tanto la reposición de equipos debe concretarse en mayo próximo.

“Otro tema crucial es el de las ambulancias, nos tocan aproximadamente 21 ambulancias que vamos a adquirir y a mediados de año ya deben estar aquí. Ya entregaron una remesa en Lima, justamente por las necesidades que se tienen allá. Ambulancias Mercedes Benz, de gran calidad y que también van a llegar a Lambayeque. Sin embargo, eso no quita que nosotros tengamos un staff ahora. Ya hemos presupuestado y ya se adjudicó el mantenimiento correctivo de todas las ambulancias que tenemos. Hay 19 ambulancias, aunque 16 son efectivas. Calculamos que en unos 60 días tendremos ya a todas las ambulancias para mejorar la atención a los asegurados”, enfatiza.

 

CAMBIOS NECESARIOS

Respecto a las irregularidades en compras y ejecución de presupuestos detectadas el año pasado por la Contraloría General de la República, Gino Dávila refiere que el problema radica en las deficiencias que existen en el monitoreo y control.

“Hay elementos responsables de esto y hay un área que se encarga de recursos médicos, que es la que se encarga de chequear medicamentos y material. Durante estos meses semanalmente he pedido el reporte de medicamentos o material médico que estaba por vencerse para conocer qué necesidades había que atender. Este año he planeado un control permanente de los déficit de medicamentos”, indica.

Acota que en su gestión se avanzó con el cambio del 70 % de gerentes de línea, en tanto otro grupo deberá ser evaluado por la nueva gerente de la red.

“Ya solicite el cambio de dos de los gerentes de línea. Esperaba terminar el año para hacer el pedido de cambio, pero lo adelanté porque era necesario, porque hay que empezar a renovar cuadros para mejorar nuestros servicios. Los pedidos de cambio fueron para el gerente quirúrgico y el gerente clínico, pero en los establecimientos también se han hecho cambios. Estoy seguro que la nueva responsable de la administración, cuando venga, tomará el resto de acciones que sean necesarias”, señala.

Entre los cambios sugeridos está el de los responsables de Ingeniería Médica y las áreas relacionadas a las compras y contrataciones de la entidad.

“Nuestro compromiso debe ser con el asegurado y ese compromiso implica no solamente la calidad de atención, el buen trato a ese ente bajo el cual giramos todos los trabajadores, sino también pensar que algún día nosotros seremos también pacientes, tener en cuenta que nosotros también estamos implicados en esto y debemos tener la mejor voluntad para sacar adelante a Lambayeque. Porque el seguro social no solamente es una persona, somos todos, tenemos que trabajar en equipo, no dormirnos en los laureles y velar por las personas que no tienen la capacidad económica para comprar un medicamento”, manifiesta.

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PABLO FERNÁNDEZ DÍAZ: “LAS EMPRESAS NO TIENEN CULTURA DE PREVENCIÓN”

Escribe: Semanario Expresión
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Con motivo del reciente siniestro en Villa El Salvador ocasionado por un camión cisterna contenedor de gas, el corredor de seguros Pablo Fernández Díaz menciona que ese incidente revela que en el Perú las empresas no son conscientes de la necesidad e importancia de la cultura de prevención.

 

“Las empresas no tienen una cultura de prevención. Si la manejaran se podrían solucionar una gran cantidad de problemas. Y cuando hablo de prevención hago referencia a los seguros que muchas empresas no toman porque los consideran muy costosos. Sin embargo, no toman en cuenta que esa es la única forma de salvar su inversión”, explica Pablo Fernández, corredor de seguros con 40 años de experiencia.

El especialista comenta que las empresas desde un inicio deben tomar el seguro, pues muchas de ellas ya nacen con una serie de fallas e inexperiencia que pueden ocasionar un siniestro en cualquier momento. Sin embargo, mayormente el seguro recién se contrata cuando ya la empresa ha crecido, debido a que no quieren perder todo el dinero y esfuerzo que han puesto.

“Los corredores de seguros, como yo, tenemos la obligación de hacer un análisis de todos los riesgos que tiene la empresa. Por ejemplo, si tienen un local alquilado o propio, qué maquinarias y vehículos posee, si maneja materia prima y demás cuestiones que son tomadas en cuenta en la evaluación”, comenta.

 

TIPOS DE SEGURO

En ese sentido, Fernández Díaz explica que existen seguros contra incendios para locales de las empresas, así como para su mercadería. Además, seguros para los vehículos y para los trabajadores.

“La empresa debe manejar el Sistema de Seguridad Social para sus trabajadores. Es ahí donde entra  a tallar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR, que brinda la cobertura de atención médica o prestaciones económicas que pueda requerir un trabajador a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional”, detalla

Por otro lado, en lo referente al Estado, Fernández Díaz indica que existe una norma que obliga a los funcionarios públicos a respaldar los patrimonios del Estado como los colegios, hospitales, carreteras o reservorios, debido a que en estos se invierten montos muy elevados que provienen de todos los peruanos.  

“Generalmente solamente se asegura a los proyectos grandes como es el caso de Tinajones  y es que en Perú no existe una cultura de prevención de riesgos y no se preocupan por resguardar el patrimonio nacional”, afirma.

Asimismo, señala que en el país existe el Seguro Agrícola, que fue una norma del Estado para cubrir los cultivos afectados por cualquier plaga o los daños ocasionados por lluvias, sequias y demás situaciones que afectan a la producción.

“Cuando se trata de seguros, es necesario mirar al futuro. En cuestiones agrícolas, si bien es el agricultor el que se ve afectado directamente, es también el Estado el que dejará de percibir impuestos y demás aportes provenientes de la agricultura”, señala.

 

SINIESTRO DE VILLA EL SALVADOR

En esa línea, en lo referente a lo sucedido en Villa El Salvador, el especialista menciona que las empresas que transportan productos peligrosos deben ser reguladas por los entes que hacen este tipo de control, para así garantizar que los vehículos estén en óptimas condiciones para circular.

“El camión cisterna que ocasionó el siniestro no tenía licencia, incluso, no contaba con permiso por parte del Ministerio de Energía y Minas – MINEN, y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC. Por ello, existe una responsabilidad tremenda por parte de los entes reguladores de las empresas”, explica.

El especialista señala que si esa empresa hubiera estado asegurada la cobertura habría sido la encargada de responder por los daños que ocasionó no solo al chofer del vehículo, sino también a los bienes de los alrededores y a las personas afectadas.

“Ese vehiculó debería tener una cobertura mínima de 150 mil dólares y adicionalmente debería tener un Seguro de Responsabilidad Civil por el transporte de mercaderías peligrosas. Sin embargo, debido a la magnitud del siniestro esa cantidad no habría alcanzado para cubrir todo lo ocasionado”, enfatiza.

Por ello, señala que es necesario que el Estado incremente las sumas para asegurar, pues estas no responden a los daños que se ocasionan.

En cuanto a las cifras, Fernández Díaz menciona que si el vehículo tiene hasta mil galones de capacidad, el monto del seguro es de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias – UIT, que equivalen a un aproximado de 400 mil soles. En caso la capacidad sea de mil a 10 mil galones, el monto sería de 200 UIT y si es de 10 mil a más, de 300 UIT.

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EN INCAHUASI: MUNICIPIO CONTRATA CON EMPRESA QUE PRESENTÓ FIANZAS IRREGULARES

Escribe: Semanario Expresión
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  • Documentos fueron emitidos por la cuestionada cooperativa Financoop, la misma que no está autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS.
  • Cooperativa está involucrada en emisión de cartas fraudulentas por 57 millones de soles en Olmos.

 

Los controles posteriores en la Municipalidad Distrital de Incahuasi no se realizan oportuna y diligentemente, tan es así que los contratistas reiteradamente logran afianzar la ejecución de obras introduciendo para la suscripción de los respectivos contratos garantías aparentemente fraudulentas y sin respaldo alguno, emitidas por entidades que no se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP – SBS.

Esto pasa pese a las normas vigentes respecto a la autorización que deben contar las entidades financieras para emitir ciertas garantías, con el propósito de garantizar las obras públicas que se ejecutan.

 

LOS PROCEDIMIENTOS

En noviembre del año próximo pasado la comuna de Incahuasi convocó dos Procesos Especiales de Contratación – PEC, signados con el N° 1 y el N° 3-2019, ambos bajo el ámbito de la Ley de la Reconstrucción con Cambios.

El primer procedimiento fue considerado con la finalidad de ejecutar la obra: “Recuperación del local escolar 10249 San Lorenzo de Machaycaj en el distrito de Incahuasi”, valorizado en más de un millón y medio de soles, el cual fue adjudicado al Consorcio San Benito, conformado por Empresa de Servicios & Logística Transnacionales S.A.C. y Grupo de Empresas Constructoras Industriales y Afines S.R.L.

El segundo proceso fue convocado asignándole un presupuesto por un monto que supera los cuatro millones de soles, con el objeto de ejecutar la obra “Recuperación del local escolar 10791, del Centro Poblado La Tranca-Distrito de Incahuasi”, el cual fue adjudicado al Consorcio Marcet, coincidentemente conformado por las mismas empresas que integraron el Consorcio San Benito al que se le adjudicó el procedimiento N° 1; es decir, Empresa de Servicios & Logística Transnacionales S.A.C. y Grupo de Empresa Constructoras Industriales y Afines S.R.L.

 

LOS CONTRATOS   

El 12 de diciembre del 2019, el Consorcio San Benito suscribió el Contrato N° 01-2019-MDI, proveniente del procedimiento 1, cuyos firmantes fueron el alcalde del distrito William Hidalgo Manayay Manayay y la representante legal común del Consorcio San Benito, Nancy Margot Bedoya de Cortez, estableciendo en dicho documento contractual (Cláusula Séptima) que el mencionado consorcio entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva carta de garantía, en este caso de Fiel Cumplimiento.

En esas mismas condiciones, el 17 de diciembre, el Consorcio Marcet suscribió el Contrato N° 4-2019, refrendado por la autoridad edil y, para este caso, como representante legal común del consorcio Fanny Verónica Salazar Zavaleta, cuyo monto rebajado asciende a tres millones 845 mil soles, en el cual se consigna en la cláusula respectiva que el contratista hace entrega de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el monto equivalente al 10 % del importe contractual.

 

LAS GARANTÍAS IRREGULARES

Expresióntuvo acceso mediante el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, a las dos cartas fianzas de Fiel Cumplimiento entregadas por los dos consorcios para el perfeccionamiento de ambos contratos.

La primera, identificada con el N° 000244-2019, por un monto equivalente 148 mil 150.59 soles y, la segunda con la numeración 000230-2019/CACF, por el importe de 384 554.9 soles, montos equivalentes al 10 % de cada uno de los contratos suscritos.

Ambas cartas fueron emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop, la misma que no se encuentra en el listado de empresas autorizadas por la SBS para emitir este tipo de garantías, razón por la cual las mismas no cuentan el respaldo ni la autorización de este ente supervisor.

 

CONFIRMACIÓN DE LA SBS

De acuerdo al Oficio N° 014999-2020-SBS, cursado por la SBS el 13 de enero de este año al presidente del comité que tuvo a cargo los procesos en cuestión, a la cual este medio tuvo acceso, la superintendencia en una de sus conclusiones refiere textualmente lo siguiente:

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop no se encuentra en el listado de empresas autorizadas para emitir garantías en el marco de lo dispuesto por el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento”.

La SBS hace referencia a que dicho listado se encuentra publicado en la página web de la de la entidad, por lo que le sugiere al presidente del comité la revisión del respectivo enlace.

 

MALOS PRECEDENTES

Los antecedentes de Financoop en la emisión de fianzas no son precisamente los más positivos. Existen procesos judiciales en Amazonas, Lambayeque, Huancavelica y Junín debido a que contratistas presentaron cartas extendidas por la cooperativa, que en algún momento tuvo al hermano del excongresista Javier Velásquez Quesquén, César Velásquez Quesquén, como presidente.

Solo para obras de saneamiento básico en Olmos, Financoop emitió 21 cartas fianza fraudulentas por 57 millones de soles, permitiendo que diversos consorcios contraten con la municipalidad del mencionado distrito pese a que las garantías que ofrecían carecían de valor. Esto sucedió durante la gestión del exalcalde Willy Serrato Puse.

 

+NOTICIAS:

  • Expresióncorroboró ante la SBS que efectivamente Financoop no cuenta con autorización para emitir cartas fianzas.        

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PRIVILEGIADOS PROVEEDORES: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA PAGÓ CASI 23 MIL SOLES EN CHALECOS, POLOS, GORROS Y BOLSAS

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  • La entidad destinó en diciembre pasado ocho mil 595 soles para la compra de polos, pese a que ese mismo mes pagó 47 mil soles por uniformes para el personal.
  • Gastaron más de dos mil soles en desayuno navideño.
  • Gerencia alquiló una laptop con cinco mil 800 soles.

 

En diciembre del año pasado, la Gerencia Regional de Agricultura gastó dos mil 250 soles en un desayuno navideño y entre abril y diciembre compró chalecos, polos, gorros y bolsas de tela por casi 23 mil. Además, pagó por desayunos, almuerzos y ‘coffee break’ tres mil soles. Un verdadero festín.

 

A meses que el actual gerente regional de Agricultura, Juan Chapoñán Sánchez, asumiera el cargo se produjo la contratación de una serie de servicios y la adquisición de prendas de vestir por un valor que supera los 30 mil soles en la entidad.

Todo ello se dio entre abril y diciembre del 2019, como consta en el portal de transparencia de dependencia adscrita al Gobierno Regional de Lambayeque. 

 

LAS ÓRDENES

En abril, la gerencia sectorial giró la Orden de Servicio N° 241 a nombre de Comercial Palacios, con la finalidad de que se confeccionen 24 chalecos por un importe de mil 440 soles, a un costo de 47.50 cada uno.

Un mes después, se le encargó al mismo proveedor, Comercial Palacios, la confección de vestuario para el personal de campo por un monto mil 580 soles, para lo cual se le giró la Orden de Servicio N° 303.

Ese mismo mes se emitieron las órdenes de servicio N° 275 y 311 a nombre de la proveedora Mary Luz Díaz Vásquez con la finalidad de contratar el servicio de ‘coffee break’, por el cual se le canceló 385 soles y 182 por la preparación de almuerzos.

Igualmente, en mayo pasado, la Gerencia Regional de Agricultura le giró a Martha Magdalena Mera de Berrios la Orden de Servicio N° 298 por la preparación de desayunos por 455 soles, concluyendo el mes con la emisión de la Orden de Servicio N° 297, a favor de Esther Carolina Prado Chapoñán, para la preparación de refrigerios por el costo de 490 soles.

 

MESES SIGUIENTES

En junio, nuevamente el Comercial Palacios logra la contratación de la prestación del servicio de materiales para el evento denominado “Feria Hortofrutícula”, por el cual se le gira la Orden de Servicio N° 313 por dos mil 700 soles. Con Orden de Servicio N° 370 a la proveedora Mary Luz Díaz Vásquez se le requiere atender un segundo coffee break por un valor de 420 soles, en tanto que a favor de Martha Magdalena Mera de Berrios se giraron las órdenes de servicio signadas con los números 379, por la preparación de refrigerios por el importe de mil 414, y 393, por la atención de refrigerios por 231 soles.

En julio, Comercial Palacios fue otra vez contratado para prestar el servicio de confección de gorros y polos, emitiéndose para tal fin la Orden de Servicio N° 462, por un importe de 936 soles. Asimismo, la proveedora Mary Luz Díaz Vásquez fue contratada mediante la orden de servicio N° 463, en esta oportunidad para la preparación de almuerzos por 378 soles.

En agosto, Comercial Palacios, convertido ya en proveedor privilegiado, fue contratado para la confección de indumentaria para la identificación de personal por el importe de mil 50 soles, vía la Orden de Servicio N° 586. En septiembre, esta misma empresa logró la confección de chalecos mediante la Orden de Servicio N° 607, por lo cual se le considera cancelar 900 soles.

En noviembre, con la Orden de Servicio N° 848 volvió a confeccionar chalecos por el importe de 150 soles, cerrando su racha vendedora en diciembre – mes festivo – cuando se le giró la Orden de Compra N° 158, del 20 de diciembre, para la adquisición de polos para el personal de la Gerencia Regional de Agricultura por el importe ocho mil 595 soles, así como la Orden de Servicio N° 1074, del 19 de diciembre, para la confección de bolsas de tela por tres mil soles.

A ello se suma la Orden de Servicio N° 1078, del 20 de diciembre, para la confección de chalecos, por seis mil 52 soles.

Las compras que en diciembre pasado se hicieron al Comercial Palacios llaman la atención debido a que ese mismo mes la Gerencia Regional de Agricultura giró la Orden de Compra N° 151, del 17 de diciembre, a nombre de Aníbal Vásquez Saavedra, para la adquisición de uniformes para el personal nombrado de la entidad, por un valor total de 47 mil 520 soles.

 

SUERTE DE PROVEEDOR

La suerte del Comercial Palacios es única. De acuerdo al Registro Nacional de Proveedores del Estado, tiene vigencia como proveedor de bienes y de servicios desde el 30 de marzo del 2019 y el 17 de abril ya se había convertido en beneficiario de las compras de la Gerencia Regional de Agricultura.

De acuerdo a información pública que se consigna en el portal de Proveedores del Estado, la única venta realizada por dicha empresa, cuyo Registro Único de Contribuyente – RUC, N° 10028741435, figura a nombre de Floresmilda Julcahuanca Vda. De Palacios, fue a la Municipalidad Distrital de Jayanca, el 19 de marzo del año pasado, a la que proveyó dos juegos de indumentaria deportiva, recibiendo el pago ascendente a 840 soles.

En tanto, las nueve contrataciones con el Estado, que entre abril y diciembre del 2019 registra dicha empresa, son con la Gerencia Regional de Agricultura. Solo en prendas de vestir, la empresa facturó 19 mil 838 soles.

 

LOS REPUESTOS

Otras empresas fueron también proveedoras privilegiadas de la Gerencia Regional de Agricultura. En diciembre, a la empresa Coilnorte EIRL, se compró repuestos, baterías y aditivos para maquinaria con órdenes de servicio que suman en total 27 mil 847 soles.

En octubre, la entidad le compró a Coilnorte EIRL repuestos para una camioneta con la Orden de Compra N° 113; en septiembre se le reconocieron pagos y realizaron compras con las órdenes 081, 082, 085 y 086, haciendo un total de dos mil 143 soles; en agosto recibió las órdenes 072 y 075, que hacen un total de mil 175 soles, mientras que en julio se giró la Orden de Compra N° 067, por 580 soles.

En suma, Coilnorte EIRL le vendió a la Gerencia Regional de Agricultura repuestos y aditivos por 31 mil 835 soles solo entre julio y diciembre.

Por otro lado, en diciembre, la entidad compró a la Distribuidora Ferretera N&G SAC, por 18 mil 233.2 soles. En julio se le extendió la Orden de Compra N° 058, ascendente a 225 soles, para la adquisición de insumos para soldadura; en agosto las órdenes 077 y 078, que suman mil 924.7, en septiembre la Orden de Compra N° 093, de 278 soles, y en octubre la Orden de Compra N° 119, por cien soles en detergente.

Las compras a la Distribuidora Ferretera N&G SAC entre julio y diciembre suman 20 mil 760.90 soles.

 

EL ALQUILER

Otro hecho insólito en la Gerencia Regional de Agricultura es el alquiler de una laptop a la empresa Inversiones CH Computer SRL, a un monto de cinco mil 880 soles.

Los principales clientes de la empresa, en el 2019, fueron la Corte Superior de Justicia, el Colegio Militar Elías Aguirre y la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

 

EL DESAYUNO NAVIDEÑO

Como una celebración digna de ser resaltada, la gerencia a cargo de Juan Chapoñán Sánchez aprobó brindar a su personal un desayuno por fiestas navideñas, que según la Orden de Servicio N° 1073, del 19 de diciembre pasado, tuvo un costo de dos mil 250 soles.

Para tal efecto se contrató los servicios de Edwar Alberto Berrios Mera, cuyo nombre comercial es ‘Pimienta y Chocolate’.

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