A propósito de acontecimientos relacionados con la falta de ética de algunos comunicadores lambayecanos, decía Gabriel García Márquez que “en la carrera en que andan los periodistas debe haber un minuto de silencio para reflexionar sobre la enorme responsabilidad que tienen”. También afirmó que “el periodismo es a la ética como el zumbido al moscardón”.
Las frases que anteceden las reforzaron, entre otros, el periodista costarricense Guido Fernández Saborio, con el libro “Agonía a la hora del cierre. El minuto de silencio que puede hacer cambiar al periodismo”; y luego el periodista colombiano Javier Darío Restrepo, con “El Zumbido y el moscardón”, libro de miles de consejos sobre ética para periodistas.
En efecto, creo que no ha habido y no habrá -no debe haber- día ni momento en que se ponga previamente de manifiesto la ética en el quehacer profesional de los periodistas y comunicadores que hacen periodismo. Me ha tocado vivirlo y reflexionarlo siempre que elaboro algún comentario, crónica o reportaje.
Hoy escribo estas anotaciones con mayor reflexión, habiendo sido decano del Colegio de Periodistas de Lambayeque y siendo -como aún soy-, presidente del Tribunal de Honor, entidad que tiene que ver con el honor y la dignidad, la responsabilidad e idoneidad, con los que debe proceder todo periodista o comunicador, así como las sanciones para aquellos que falten a sus normas. En 2014, en la gestión que en Lambayeque encabezó Baxter Gonzales Solano, cuando recuperamos el colegio copado por malos directivos -que finalmente expulsamos de la Orden-, me tocó también ocupar el mismo cargo; y hace un par de años integré el Tribunal de Honor nacional del Colegio de Periodistas del Perú, que presidió Karola Lara Manchego, quien en los próximos días asume el decanato nacional de la Orden.
El ejercicio periodístico
La Ley 23221 que crea el Colegio de Periodistas del Perú-CPP, firmada por el presidente Belaunde el 1 de octubre de 1980, textualmente señala:
Artículo Primero.- Créase el Colegio de Periodistas del Perú, como entidad autónoma de derecho público interno, representativa de la profesión periodística en todo el territorio de la República, sin perjuicio de las otras entidades gremiales o sindicales de periodistas amparadas por el inciso 11, del Artículo 2° de la Constitución. Sus fines son éticos. culturales y sociales.
Artículo Segundo.- La colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión periodística, de conformidad con el Artículo 33° de la Constitución del Estado. Esta norma no limita lo dispuesto por el inciso 4), del Artículo 2° de la Constitución.
Artículo Tercero.- Para la inscripción de los periodistas en el Colegio, es esencial la presentación del título profesional correspondiente otorgado por cualquiera de las universidades del país conforme a las leyes respectivas. También tendrán derecho a colegiarse, las personas que acrediten el ejercicio periodístico en forma permanente, y/o estable.
Aquí nos detenemos para repetir, letra por letra, la última frase: “También tendrán derecho a colegiarse, las personas que acrediten el ejercicio periodístico en forma permanente, y/o estable”.
Ya había antecedentes. Quince años antes, en 1965, el gobierno de Belaunde, a través de la Ley 15630 reconoció en todo el país la profesión de Periodista. Uno de sus artículos decía: “Las universidades nacionales y particulares, a través de sus facultades o escuelas de periodismo, extenderán los títulos correspondientes a los periodistas que, a la fecha de la dación de la presente ley, tengan por lo menos seis años en la función periodística, y acompañen el carnet de miembro activo de alguna de las instituciones que agremia a los hombres de prensa”. Y, un artículo adicional agregaba que “los periodistas sin título profesional, que al promulgarse la presente ley no tengan seis años en el ejercicio del periodismo, seguirán trabajando hasta cumplir el periodo de tiempo antes señalado, para su profesionalización por esta vez”. En Chiclayo, varios colegas de entonces recibieron su título a nombre de la Nación, por la Universidad Mayor de San Marcos. Y nadie les reprochó nada. Quizá porque el periodista era entonces más respetado que ahora en que -hay que decirlo- existe mucho improvisado y sin capacidad de lectura y reflexión.
En 1980, cuando se creó el Colegio, en Lambayeque no existía universidades que otorgaran títulos profesionales en periodismo o comunicación. Recién el 11 de enero de 1985 se creó la Universidad de Chiclayo mediante Ley 24086. Inició sus labores con Arquitectura y Urbanismo y Ciencias de la Salud (Obstetricia). Años después sería la primera en ofrecer la carrera de Periodismo y su primera promoción egresó recién en 1991.
Sin embargo, en 1980, antes de crearse el Colegio, muchos periodistas eran “prácticos” y otros contaban con título universitario de otra especialidad y también hacían periodismo. A todos ellos iba eso de: “También tendrán derecho a colegiarse, las personas que acrediten el ejercicio periodístico en forma permanente, y/o estable”.
Haciendo un acápite, el de Lambayeque se fundó en 1982 y su primera y segunda directiva, lograron que fuera el primero en el país en contar con local propio, en la calle Colón 643, Chiclayo. Ahora, 40 años después, el local está siendo remodelado por la directiva que encabeza Rosa Chambergo Montejo, en una ardua labor que aún espera continuar en favor de los agremiados.
Los recién egresados
Existe un principio jurídico que señala: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.
Muchos colegas que tenían años de servicios ejerciendo el periodismo se acogieron a la ley (Igual como en 1965). Para ello, fueron evaluados por un jurado de reconocidos periodistas, directivos de las entonces Federación de Periodistas del Perú, Asociación Nacional y el mismo presidente de la Comisión Organizadora del Colegio, Ricardo Miranda Tarrillo, quienes calificaron los expedientes para integrar esta naciente Orden. Al final, quedaron los que reunían los requisitos y fueron los fundadores del Colegio.
Nueve años después de la fundación de la Orden, se dio la Ley 25002, por la que se modifica el artículo 3° de la 23221 (de creación del CPP): “Para la inscripción de los periodistas en el Colegio, es obligatoria la presentación del título profesional universitario correspondiente, otorgado conforme a las leyes respectivas”. La ley fue firmada el 19 de enero de 1989 por Alan García.
A partir de ahí -y solo a partir de ahí-, cada uno de los profesionales egresados de Periodismo o Ciencias de la Comunicación, se registran obligatoriamente en el Colegio que, dígase de paso, tiende a llamarse Colegio de Periodistas y Comunicadores del Perú. Desde esa fecha, nadie que no cuente con título profesional, ha sido incorporado al Colegio. Y, como la ley no es retroactiva (esto lo deben entender los abogados que dicen ser periodistas o los periodistas que dicen ser abogados, como se quiera), quienes son miembros de la Orden, antiguos o nuevos, tienen todos los derechos que la ley les asiste.
Lo que no se debe
Traigo a colación todo esto, porque en el último proceso electoral, se puso al debate un antojadizo punto de vista en torno a los profesionales del Colegio de Periodistas de Lambayeque; incluso por parte de algunos miembros de la Orden, que se supone deberían estar enterados de las normas con las que se creó nuestra institución y que han derivado hoy en una de las más reconocidas, especialmente en esta parte del país.
Ahí, con Baxter Gonzales, Alex Cárpena y Karina Cuyate, miembros del TH, tratamos puntos que no deben quedar en el tintero, para bien de los colegas, porque -repito- o no estuvieron enterados, a pesar de algunos haber sido directivos; y otros ejercer la abogacía (que es contraproducente dada su falta de lectura de términos legales y de interpretación de la norma); o lo hicieron a propósito, para poner en tela de juicio la labor de actuales directivos o miembros, desprestigiando a la institución que en Lambayeque alberga a cerca de tres centenares de profesionales del periodismo y la comunicación.
Con la norma en mano, que comprenden nuestro Estatuto, Código de Ética y Reglamento del Tribunal de Honor, actualizados y proclamados en asambleas estatutaria y general, aclaramos y recordamos, en sendas resoluciones (privadas, por institucionales), lo que deberían y no deberían hacer, al menos en Lambayeque, los periodistas y comunicadores miembros del Colegio.
Y no hablemos de quienes, sin pertenecer al Colegio o habiendo salido de él con el rabo entre las piernas, siguen como supuestos comunicadores mancillando honras de personas o a la misma institución.
Al cierre de esta nota, observamos con mucha preocupación cómo en Lambayeque, a raíz de una nota casi policial publicada en redes, muchos comunicadores -colegiados o no- siguen mancillando el honor de personas, sin acudir a la comprobación debida que exige la técnica y ética del profesional. Es más, para divulgar la “noticia”, toman como “fuente” lo dicho por otros medios o portales. Y el hecho de buscar siempre la verdad, sin incurrir en libertinaje, que afecten la dignidad y derecho de las personas, queda por los suelos.
Es decir, la autorregulación, que debería primar por aquello del minuto de silencio para reflexionar sobre la enorme responsabilidad de los periodistas -con palabras de Gabo-; todo es desoído y más les vale lanzar despropósitos y calumnias, sin entender que pueden ir a procesos judiciales en donde peligre su libertad. Pero esto es materia de otra nota.
Recuerdo para los colegiados
Hace años, todas las leyes relacionadas al periodismo fueron positivas. Hoy, gran parte de esas normas han perdido vigencia, pero muestran la consideración del pueblo peruano con la sacrificada labor de los hombres y mujeres de prensa. Una última, la 24898 dada el 18.10.88, establece que deben ser necesariamente periodistas colegiados los que presten servicios como jefes de información, los agregados de prensa, los periodistas del sector público, gobiernos locales, organismos descentralizados.
Durante el gobierno fujimorista no hubo respeto por las leyes, las cambiaban según su conveniencia, y para acallar las protestas empezaron debilitando toda forma de asociación, agremiación, sindicalización u otro que pudiera representar una fuerza viva del pueblo. Así, se promulgó el D.L. 26032, el 28.12.92, que derogó la norma que estableció como recursos del Colegio, el 1% del valor de los avisos que publiquen los medios de comunicación masiva.
No contento el gobierno dictatorial de Fujimori, emitió la Ley 26937, el 30.03.98 que establece el libre ejercicio de la actividad periodística, retirando así la obligatoriedad de colegiación para el ejercicio del periodismo. Esto, no solo logró dañar al Colegio que representa a los periodistas profesionales, sino lo más grave: afectó la conciencia y los valores de todo el país; además propició que la profesión de periodista se viera venida a menos, al permitirse que cualquier ciudadano puede ejercer el periodismo; incluso que un improvisado tome un micrófono o escriba un artículo sin ninguna formación académica, ética y moral, desventajas que no se dan en otras profesiones que cada vez tienden a la especialización, perfeccionamiento y calidad.
El año en curso ha sido testigo de significativos avances y desafíos en el ámbito laboral, marcados por una serie de eventos que han impactado considerablemente las dinámicas laborales a nivel global. Desde modificaciones normativas hasta cambios impulsados por la tecnología, este artículo analizará las principales tendencias laborales del año actual, evaluando su impacto y proyectando escenarios para el próximo período.
Transformación laboral propulsada por la tecnología
Uno de los aspectos más notables ha sido la acelerada adopción de la transformación digital en los entornos laborales. La pandemia ha actuado como un catalizador, que ha sido un referente para avanzar en el uso de la tecnología tanto en las empresas como en las entidades estatales para adoptar rápidamente tecnologías remotas para mantener la continuidad operativa.
La implementación del trabajo remoto, también conocido como híbrido, se ha convertido en la norma en muchos sectores, lo que plantea desafíos en términos de ciberseguridad, productividad y bienestar laboral. Además, la irrupción y mayor utilización de la Inteligencia Artificial (IA) ha potenciado la automatización y herramientas de colaboración, transformando la naturaleza de numerosos trabajos a nivel mundial, una tendencia que se está consolidando en nuestro país y que plantea interrogantes sobre la redefinición de roles y la necesidad de habilidades actualizadas para adaptarse a estos cambios tecnológicos.
Desafíos normativos y derechos laborales
El panorama normativo ha experimentado cambios significativos en nuestro país. La adaptación de las leyes laborales para abordar el trabajo remoto sigue teniendo eco, a pesar que este año no es de carácter obligatorio sino potestativo, en cuanto a la protección de datos, la igualdad de género en el ámbito laboral ha seguido siendo una tendencia durante este año.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue emitiendo pronunciamientos relevantes sobre la justiciabilidad de los derechos laborales, generando debates sobre su aplicabilidad en distintos contextos, incluyendo nuestro país, donde existe un debate, por cuanto los plenos laborales de magistrados aceptan la aplicabilidad de las sentencias de la CIDH, mientras que los magistrados de la Corte Suprema aún no han emitido un pronunciamiento claro al respecto.
A su vez, se han intensificado los debates en torno a la regulación para una mayor flexibilidad laboral y la protección de los trabajadores independientes, planteando desafíos para equilibrar esta flexibilidad con la preservación de los derechos fundamentales.
Otro tema de mucha importancia ha sido la CADE 2023, llevada a cabo en Cusco, que tuvo como tema central "Una nueva formalidad", centrando la discusión en torno a propuestas gubernamentales y empresariales con el fin de impulsar una formalización que mejore la calidad del empleo. Sin embargo, es importante mencionar que esta temática surgió a raíz de un informe de gran relevancia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el Perú, donde se ha expresado preocupación por la elevada informalidad laboral que ronda el 80 %. Este indicador podría limitar las posibilidades del país para acceder a beneficios favorables. Durante la reunión, el reconocido economista Elmer Cuba señaló que los países desarrollados tienen una informalidad del 20 % y si deseamos ser parte de este “club exclusivo”, es importante avanzar en bajar nuestra alta tasa de informalidad.
Por último, a nuestra reflexión, este año, tanto el Congreso como el Ejecutivo presentaron sus propuestas de reforma del sistema de pensiones en junio y octubre respectivamente. Estas propuestas buscan una reforma necesaria, considerando la experiencia de aproximadamente 30 años del sistema pensionario y tomando en cuenta las lecciones aprendidas de otros países.
Proyecciones para el próximo año
Es altamente probable que la recesión genere pérdidas de empleo formal, lo que podría agravar la informalidad laboral.
Este Congreso puede ser determinante en la ampliación de derechos laborales o, por el contrario, en generar mayor rigidez, dado que no cuenta con una política respaldada por el ejecutivo para una verdadera reforma laboral, tal como lo exige la OCDE, para lo cual es crucial avanzar en la reducción de la alta tasa de informalidad.
El impacto de la IA y la automatización será sumamente relevante, generando debates sobre la capacitación y reestructuración de empleos.
Es imperativo aprobar la reforma del sistema de pensiones y, considerando la pérdida del poder adquisitivo como resultado de la inflación, el año 2024 es casi un hecho el aumento del Salario Mínimo Vital (SMV).
------------
(*) Abogado laboralista y docente universitario.
Después de casi una década la economía peruana no ha superado el lento crecimiento del Producto Bruto Interno – PBI, que de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú alcanzó el 4 % y cerramos un año 2023 con una caída del 0.5 % por dos sectores anclas en la economía del país referidos al sector construcción y manufactura, que han retrocedido en su crecimiento por el ambivalente entorno político y aspectos sociales que conllevan a un retroceso en el crecimiento de la economía peruana.
Al entrar en un proceso de recesión la economía peruana lo que se traduce que no hay ni reactivación ni crecimiento sostenido y lo que se requiere desde la política monetaria es frenar la recesión para evitar la bola de nieve de la caída del empleo, el quiebre de negocios y el riesgo del sector financiero que ingrese a contagiar al sistema financiero y contagie a una morosidad de los créditos de empresa, consumo e hipotecarios para lograr reactivar la economía a una tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno cercando al 3 % para el año 2023, para lo cual no sólo se requiere activar la inversión pública vía la palanca del gasto público, sino también incentivar la inversión privada para mejorar las expectativas empresariales, requiriendo un shock de inversiones que permita enfocar a reducir la pobreza que bordea el 28 % en el año 2023, siendo el primer desafió del país.
Inflación y El Niño
El segundo reto es el relacionado a lograr detener la inflación que para el año 2023 de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática se cerraría con el 8 % y con una informalidad del 80 % cuya preocupación parte del incremento de los precios que afectan a la canasta básica de alimentos ocasionaría una amenaza a la seguridad alimentaria principalmente por el impacto causado donde cinco de cada diez peruanos se encuentran vulnerables a ser pobres. De ahí que el Banco Central de Reserva del Perú ha generado una continua alza de las tasas de interés de referencia alcanzando el 7.5 % que produciría un efecto de desaceleración de la demanda interna que afecta al consumo privado.
El tercer reto es el relacionado al Fenómeno El Niño que complicaría el escenario económico del país en 13 regiones, donde el 60 % de la población se vería afectado por la vulnerabilidad frente a las inundaciones; lo que generaría un impacto negativo sobre las proyecciones de crecimiento económico al poner en riesgo la seguridad alimentaria del país.
Seguridad y servicios
El cuarto reto es el escenario al problema estructural de la delincuencia junto a la reforma estructurales en los diversos sectores como salud, que ante un posible incremento de la alerta epidemiológico es necesario considerarlo como una amenaza posible para las proyecciones económicas que implica aspectos institucionales del gobierno, donde la gestión pública que se inyecta del problema tóxico de gobernabilidad que no permite atraer inversión privada que conlleva a sobrecostos producto de la delincuencia que en promedio asciende al 10 % de las ganancias producidas por las empresas.
De ahí la necesidad del accionar de los actores políticos en los próximos comicios electorales que permita instaurar no solo un gobierno democrático, sino un gobierno orientado a las necesidades de la población bajo una mirada de las brechas sociales y también del actuar ciudadano donde cumple un rol fiscalizador clave para la gestión pública.
A este punto es necesario comprender que las frustradas expectativas de la población; así como el desperdicio de la bonanza de los precios internacionales de los minerales y un gobierno de confrontación que no comprende el escenario internacional y la situación interna del país que ocasiona la inestabilidad económica conllevará que sus tropiezos, escándalos y desatinos políticos ocasionarían un futuro sombrío para la economía peruana sobre el cual tiene que accionar el actual ministro de economía a través de la política fiscal, las políticas públicas y la relación con la política macroeconómica, requiriendo para ello tener gestores públicos que consideren al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional hacia el 2050 que es el documento orientador hacia los cuatro objetivos nacionales relacionados al desarrollo de las capacidades de las personas, gestionar el territorio de manera sostenible, elevar los niveles de productividad y competitividad con empleo y garantizar una sociedad justa, democrática, pacífico y un estado al servicio de las personas. De esta forma dicho instrumento orienta el accionar del estado en el mediano y largo plazo que permita mejorar las condiciones de vida de la población.
----------
(*) Economista de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Maestro en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
En las fiestas decembrinas, desde el siglo III d.C, el mundo de occidente celebra la venida de Jesús como renacer del sol o solsticio, reconociéndolo como luz verdadera siguiendo el evangelio de Juan en el versículo 12 del capítulo 8, e invitándonos a quienes creemos en Él, a ser también luz como se expresa en los versículos 14 y 15 del capítulo 5 en el evangelio de Mateo. Al mismo tiempo, se conmemora el cierre del año y el advenimiento de un año nuevo. Sin embargo, más allá de la concordancia de fechas o la aceptación de una fe, lo cierto es que cada persona se constituye en un ser que busca renovarse, es pues, un ser de esperanza.
Debemos considerar que la esperanza es la actitud humana de asumir como alcanzable y posible, un cambio positivo real, que se anhela en la vida o en cada momento de ella. La esperanza se convierte en motor que dinamiza nuestras acciones para emprender nuevas metas y transformar para bien nuestra propia existencia, paso a paso. Sin esperanza la desesperación viene y la muerte alcanza. De ahí el refrán popular sobre la persona sin esperanza ni motivaciones “está como un muerto en vida”.
El esfuerzo como base
En esta misma línea de reflexión, hay que recordar que la esperanza no es simple optimismo, sino que llama al esfuerzo, pues no significa esperar sin hacer nada, cruzados de brazos, por lo contrario, exige proyectarnos, exige acción planificada con inteligencia previsora, convoca a la confianza y al amor con que hacemos nuestros esfuerzos sean pequeños o grandes, según la magnitud de lo que se busca alcanzar. Pues, incluso estadísticamente, se denomina esperanza al valor medio que se puede alcanzar dentro de una distribución probable o de controlar una variable aleatoria, es decir, mayor probabilidad de que suceda algo a mayor cantidad de factores favorables que intervengan. En la vida cotidiana y en sencillo: La esperanza sin factores de esfuerzos no da frutos, no alcanzas nada.
Al relacionar la esperanza con la luz de la cual nos habla Cristo en los evangelios, nos brindan dos ideas de reflexión. Primero, la esperanza es también luz que alumbra situaciones de incertidumbre y de desconcierto pues ilumina y nos dispone al esfuerzo, es decir nos hace creativos para solucionar problemas; y segundo, esta luz necesita ser alimentada para que no se apague, el combustible que nutre la esperanza es el amor (la caridad) y la confianza (la fe). En efecto, anhelar algo en esperanza no es buscar hacer daño al otro o incluso a uno mismo deseándoles su mal, sino querer lo mejor para todos, en esa confianza que se puede lograr el bien deseado superando las dificultades transformándolas en oportunidades que fortalecen.
Actitud de renovación
Para terminar esta breve reflexión de cierre de año, amables lectores, dispongámonos a no perder la esperanza ni como persona ni como sociedad. Tengamos siempre la actitud de renovación positiva comenzando por nosotros mismos, y aunque tengamos dificultades, lejos de amilanarnos, se conviertan por la esperanza en motivación para seguir adelante. Tengamos siempre presente que el contexto de fin de año, es un buen momento para renovarnos en la esperanza, con fe y amor.
-------
(*) Miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía. Investigador RENACYT.
