Demostrando una firme posición garantista de los derechos a la libertad de expresión, prensa y opinión, el Ministerio Público de Lambayeque, a través de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – Fecor, archivó la denuncia calumniosa contra la directora de Expresión, Rosa Chambergo Montejo, y otros, por el presunto delito de organización criminal. La denuncia fue presentada por un personaje allegado a la gestión del gobernador Jorge Pérez Flores.
A través de la Disposición n.° 1, del 22 de noviembre, contenida en la carpeta 92-2024, la fiscal Cinthiacrisa Gastulo Muro, de la Fecor Lambayeque, dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Rosa Chambergo Montejo y otros por el presunto delito de organización criminal.
La denuncia
El 8 de noviembre, el auxiliar de educación Lucio Pablo Chumán Castillo, antes denunciado por acoso sexual contra estudiantes de los colegios Elvira García y García y Pedro Labarthe Durand, de Chiclayo, presentó la denuncia ante el Ministerio Público, argumentando la supuesta existencia de una organización criminal para desprestigiar al gobernador de Lambayeque, Jorge Chávez Torres.
Según Chuman Castillo, Rosa Chambergo y los comunicadores Lester Solís Iturregui y Javier Castro Cruz, utilizan sus medios de comunicación para atacar a la autoridad.
Afirmó que los informes, reportajes u opiniones esgrimidas tanto por el Semanario Expresión, el medio digital El Fulminante y el programa El Peruanito, de Radio Kaliente, en los que se exponen las irregularidades de la administración regional, obedecen no al ejercicio libre del periodismo, sino a intereses de terceros.
¿Quiénes serían esos terceros? La denuncia señaló al ex gobernador regional Humberto Acuña Peralta; al detenido presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra, y a la actual vicegobernadora regional, Flor Saavedra López.
Según Chuman Castillo, los medios y los periodistas en mención reciben publicidad de la Universidad César Vallejo y promocionan a candidatos del partido Alianza Para el Progreso - APP, argumentos falsos que, al menos en el caso de Expresión, no tienen la menor cabida, pues desde el 2014 dicha casa de estudios dejó de anunciar en este medio, luego que se denunciara que el entonces candidato de APP a la alcaldía de Chiclayo, David Cornejo Chinguel (hoy preso por corrupción), abastecía con una conexión clandestina a su universidad, la desaparecida Juan Mejía Baca.
Es más, como supuesto medio probatorio de su delirante hipótesis, el denunciante adjuntó una portada de Expresión que data del 2014, en la que aparecen autoridades académicas de la UCV. Adjuntó también portadas recientes de este medio en el que se muestras los informes elaborados sobre la gestión de Jorge Pérez Flores, todos ellos documentados y sobre los cuales no ha existido un solo cuestionamiento, pedido de rectificación, carta aclaratoria o, en el extremo, querella.
Análisis fiscal
Al analizar los presupuestos que permitiesen valorar lo denunciado por Chumán Castillo, al fiscal señala en su disposición que su despacho “no considera que existe una sospecha reveladora sobre el carácter grupal de la presunta organización criminal denunciada”, pues si bien se puede considerar organización a la unión de tres o más personas, “estas deben repartirse diversas tareas o funciones, se crea, existe o funciona de manera concertada y coordinada con carácter estable o por tiempo indefinido, cuya finalidad es cometer uno o más delitos graves y su principal motivación es el lucro, que en el presente caso no se presenta”.
Respecto a la permanencia en el tiempo, la fiscal precisa que no se ha establecido desde cuándo vendría funcionando la supuesta organización y “no existe elemento de convicción alguno que pueda determinar el carácter estable o permanente”.
Asimismo, menciona que “la denuncia presentada no se ha precisado cuál es el rol que cada uno de los denunciados cumplen dentro de la presunta organización criminal, siendo que el denunciante se ha limitado a señalar la ocupación de las personas mencionadas y el lugar donde las mismas laboran, de modo que, no se evidencia la función delictiva ni el rol asignado a cada uno de los integrantes”.
Por otro lado, la fiscal refiere que “no se ha logrado identificar ningún tipo de consenso entre los sujetos que permita acreditar que se trataría de una estructura de una organización criminal, ni mucho menos el beneficio económico obtenido por esta presunta organización criminal”.
Del mismo modo, “la denuncia no advierte las ganancias que habrían obtenido los integrantes de la presunta organización criminal, siendo que el denunciante se limita a mencionar las presuntas conductas irregulares de los denunciados, sin embargo, no acredita con otro elemento de convicción sus afirmaciones”.
"Este despacho fiscal considera que en el presente caso no existen indicios reveladores que evidencien un grado de sospecha simple respecto a la comisión de un hecho delictivo que revista de las exigencias normativas, previstas en el artículo 317° del Código Penal, por ausencia de elementos objetivos y subjetivos de dicho tipo penal, por lo que no resulta posible, por el momento, iniciar investigación preliminar ante la existencia de dicho ilícito", señala la disposición fiscal, para concluir en que no corresponde formalizar ni continuar con la investigación preparatoria.
Rosa Chambergo y Expresión recibieron el respaldo del Colegio de Periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP, el Instituto Prensa y Sociedad - IPYS, el Colegio de Periodistas de Lambayeque, la Red de Medios Regionales del Perú, el Conrede Lambayeque y la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
Posición del IPYS
El Instituto Prensa y Sociedad, a través de su responsable de Libertades Informativas, Adriana León, advirtió que existiría una intención de acoso judicial contra medios regionales independientes, entre ellos Expresión, esto a raíz de la denuncia presentada por Chumán Castillo.
"Ya no son solo querellas o demandas por presuntos delitos contra el honor, como difamación o calumnia, ahora están utilizando otras figuras lavado de activos o crimen organizado para perseguir a periodistas, que es lo que ha sucedido con Gustavo Gorriti, Paola Ugaz, Pedro Salinas y ahora con Rosa Chambergo, directora de Expresión", señaló.
"Lo que se espera de las instituciones de justicia es que sean garantes de los derechos constitucionales como la libertad de expresión. Cualquier persona el libre de denunciar, pero lo que deben hacer instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial es aplicar criterios que cautelen los derechos de los periodistas, sobre todo porque en el Perú no hay delitos de opinión", indicó la representante del IPYS.
"Los periodistas debemos seguir trabajando, investigando y denunciando. Este tipo de acciones contra el periodismo buscan el acoso judicial, pero también asfixiar a los medios, porque una denuncia por organización criminal tiene efectos en la reputación no solo del periodista, sino también de la empresa a la que pertenece, y en el caso de Rosa Chambergo, del medio que dirige. Eso no se debe admitir", enfatizó.
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